Nueve directores generales ya retirados de su cargo reciben del Instituto Politécnico Nacional un “sueldo” mensual de 95 mil 354 pesos. Éste supera en 380 por ciento el sueldo de los catedráticos mejor pagados del Instituto. En conjunto, la partida destinada a los exdirectores supera en 58 por ciento el total de los recursos del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, que en 2010 fue de menos de 6 millones de pesos. Ante la información obtenida por Contralínea mediante la Ley Federal de Transparencia, las autoridades de una de las más importantes casas de estudio del país decidieron guardar silencio. 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) eroga cada año 10 millones 298 mil 237 pesos en “sueldos” para los exdirectores generales. Según esa casa de estudios, los pagos se “justifican” porque éstos participan en el Consejo de Exdirectores.
El monto representan el 172 por ciento de los apoyos otorgados a las instituciones por el desempeño de los investigadores de nivel medio superior y superior, del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, que en 2010 sumaron apenas 5 millones 963 mil 986 pesos.
Al menos nueve exdirectores generales –de los 11 que todavía viven– son los beneficiarios, informa el IPN a Contralínea en respuesta a la solicitud de información 1117100048911 presentada por este semanario mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De acuerdo con la respuesta, los exdirectores que cobran de manera individual 95 mil 354 pesos cada mes son: Miguel Ángel Correa Jasso, Óscar Javier Joffre Velázquez, Manuel Garza Caballero, José Gerstl Valenzuela, Raúl Eric Talán Ramírez, Eugenio Manuel Méndez Docurro, José Antonio Padilla Segura, Héctor Mayagoitia Domínguez y Sergio Viñals Padilla.
El monto que perciben los exfuncionarios politécnicos es el mismo que cobran el secretario particular de la directora general, los coordinadores y los directores de área en funciones. Se trata de la quinta remuneración más alta en el IPN, según el Apartado IV Remuneración Mensual, del Portal de Obligaciones y Transparencia de la Administración Pública Federal.
Además, superan en 380 por ciento el sueldo de los catedráticos mejor pagados de la institución: los profesores titulares de educación superior y media superior, foráneos, de tiempo completo y con estudios de doctorado, quienes reciben al mes sólo 25 mil 138 pesos.
En entrevista con Contralínea, José Enrique Villa Rivera –quien por designación del presidente de la República se desempeñó como director general del IPN de 2003 a 2009–se niega a hablar de la razón de ser de dicha compensación. No obstante, asegura que él no recibe “ningún sueldo, ni un sólo quinto pagado por el Politécnico por ser exdirector general”.
—¿El “sueldo” que reciben los exdirectores generales es por su desempeño en el Consejo de Exdirectores Generales del Politécnico?
—Eso no le puedo contestar yo. Es un asunto administrativo. Pregúnteselo a la directora. Yo no sé si hay un salario para éstos –responde el actual director del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología.
De acuerdo con los Lineamientos para el Funcionamiento y la Operación del Consejo de Exdirectores Generales del IPN –uno de los cuatro órganos de asesoría del Instituto, cuyo acuerdo de creación data de 1980– “la condición de miembro del Consejo se adquiere automáticamente al concluir el cargo de director general del Instituto, lo mismo que el derecho a desempeñar las actividades previstas en estos lineamientos, con la remuneración que para tal efecto haya sido determinada”.
Villa Rivera indica que la normatividad establece que “el cargo de consejero será vitalicio e indelegable”; por eso, y por el “interés y el amor que tenemos a la institución”, ningún exdirector general ha declinado de participar “de manera genuina” en este órgano, que por reglamento se reúne a solicitud del director general en turno.
A decir del doctor en ingeniería en ciencias petroleras, actualmente son 11 los exdirectores generales que integran este órgano.
Sin embargo, la actual administración politécnica lo contradice: sólo son nueve. En la respuesta a la solicitud de información pública 1117100048911 presentada por Contralínea, no figuran Diódoro Guerra Rodríguez ni Villa Rivera. El encargado de formular la respuesta fue Hugo Castillo Fernández, director de Capital Humano del IPN.
Con el objetivo de aclarar el fundamento jurídico de la remuneración que el IPN otorga a sus extitulares, así como las labores que durante la reciente gestión ha realizado el Consejo de Exdirectores Generales, se solicitaron entrevistas con la directora general de la institución, Yoloxóchitl Bustamante Díez, y con el secretario general, Juan Manuel Cantú Vázquez. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
“Se trata de asuntos que la institución maneja de manera muy interna”, dice a Contralínea Patricia Hernández, del Departamento de Atención a Medios del IPN, oficina encabezada por José Clemente Castro Landaverde.
“Pensiones vitalicias” atentan contra el “espíritu universitario”
Para la investigadora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, las “onerosas pensiones vitalicias” que, a expensas del pueblo mexicano, cobran quienes han ejercido altos cargos en la administración pública del país, como los expresidentes de la República, los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los exrectores y exdirectores de las instituciones públicas de educación superior, deben “ser completamente abolidas”.Además, porque la mayoría de los beneficiarios “han saltado de cargo en cargo”, por lo que perciben “bastantes y generosos ingresos”, en contraste con los “disminuidos” salarios de la clase trabajadora y de los pensionados en general, explica la especialista en corrupción, transparencia y rendición de cuentas.
Sandoval Ballesteros califica de “desafortunada” la tradición mexicana de “separar” los sueldos de los altos funcionarios de los ingresos del resto de los trabajadores y profesores de las instituciones de educación superior, en particular del IPN y de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se ha generado una “burocracia” que pone en entredicho el “espíritu” de las universidades, cuya vocación debería ser la “búsqueda de un país más justo y más sano en términos sociales”.
Lo que sucede en el IPN, en donde el “sueldo” mensual de un exdirector general es 1 mil 642 veces mayor que un salario mínimo, es un reflejo de lo que ocurre a nivel gubernamental, pero también una expresión de la debacle de los movimientos sindicales universitarios.
Abolir las onerosas pensiones, fiscalizar desde la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto a las instituciones de educación superior y aplicar la Ley de Salarios Mínimos, que a la fecha es letra muerta, son algunas de las alternativas, a decir de la doctora en ciencia política.
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