MÉXICO, D.F. (apro).- Lo que inició como un escándalo detonado por el seguimiento del periódico Reforma al endeudamiento escandaloso del gobierno de Coahuila –dominado por la familia Moreira–, se ha convertido en el principal foco rojo no sólo para el actual dirigente nacional del PRI, sino para quien lo promovió, lo apoyó y ahora le da un salvavidas temporal: Enrique Peña Nieto, exmandatario del gobierno del Estado de México.
Lo increíble en esta historia es que el escándalo, lejos de afectar a Peña Nieto, parece mantenerlo en una burbuja política donde los medios masivos (sus grandes clientes y promotores), los grupos y camarillas priistas, y hasta los sectores empresariales se unifican para salvar al Becerro de oro, y darle la mágica potestad de nombrar al sustituto de Moreira, por encima de las reglas internas del PRI y de un mínimo decoro estatutario.
A cada defensa de Humberto Moreira en su cargo como dirigente nacional del PRI, más crecen los rumores de su salida antes o después de diciembre de este año. Las quinielas en el PRI apuntan hacia el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, pero nadie duda que ese cargo le corresponde a Peña Nieto, como si se tratara de un dedazo anticipado de quien aún no es candidato a la Presidencia, pero ya actúa con los mismos poderes metaconstitucionales o “metaestatutarios” (en el caso del PRI) que un presidente de la República de facto.
La última información, publicada en Reforma, documenta a través de oficios presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR) que Moreira sí supo y respaldó los créditos irregulares. Por lo menos, en el caso de 2 mil 100 millones de pesos contratados con BBVA Bancomer y que incluyen escritos falsificados que fueron enviados para su conocimiento al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Moreira solicitó licencia el 4 de enero de 2011 y los oficios remitidos a la oficina del gobernador tienen fecha del 2 de diciembre de 2010, al menos el que corresponde al empréstito de mil 650 millones de pesos. Lo más grave es que nadie sabe explicar a dónde fue a parar esta deuda contratada de manera fraudulenta ni cuáles son las obras públicas o las inversiones que respaldan esta operación.
Los chivos expiatorios en esta historia se han ido librando de la responsabilidad directa. Así sucedió con Fausto Destenave, director con licencia de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila. Un juez de Distrito le dictó auto de libertad. Un crédito por mil millones de pesos, contratado también de forma irregular, fue parar a esta comisión de aguas.
La investigación revela que el empréstito contratado con Banco Santander fue autorizado por el Consejo Directivo de la CEAS de Coahuila. Y este consejo directivo estaba integrado por el propio gobernador Humberto Moreira; por el titular del Servicio de Administración Tributaria estatal, los titulares de Salud y Obras Públicas, así como el tesorero estatal. En otras palabras, Moreira no es una “víctima más” de este fraude, sino que él estuvo implicado.
El problema político es que todo parece apuntar a que el mismo Moreira resulta ser apenas la punta del iceberg de un escándalo mayúsculo: no es el único gobernador que autorizó endeudamientos de manera irregular.
En esta lista también está el propio Enrique Peña Nieto. Ahí están las obras realizadas a través de créditos amparados en la figura de asociaciones pública-privadas (PPS) cuyas cuentas son multimillonarias y sin fiscalización clara. ¿Cómo se manejaron los 7 mil millones de pesos en la construcción del hospital de Zumpango, por mencionar un caso, que ni siquiera cumplió con los requisitos prometidos para una obra de esta dimensión? Ahí está también la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, cuyo endeudamiento ha sido criticado por la oposición política y organizaciones civiles que están pidiendo juicio político en su contra.
En la Cámara de Diputados se presentó una solicitud de juicio político en contra de Humberto Moreira. Las organizaciones que lo promueven argumentan que la administración moreirista comprometió los presupuestos estatales de los próximos años. Lo caracterizan como “el peor desorden financiero de la historia del estado, con impúdico desacato a los ordenamientos constitucionales, federal y local”.
Si este juicio político prospera, junto con las investigaciones de la PGR, los días de Moreira al frente del PRI están contados. Pero también algo tendrá que decir su principal padrino e impulsor no sólo en torno al caso Moreira, sino al propio endeudamiento en el gobierno del Estado de México y en otras entidades que forman parte ya del “cordón peñista”.
El extitular de Hacienda y precandidato panista, Ernesto Cordero, ha convertido este escándalo en una causa para adquirir la relevancia que las encuestas no le dan. Pero también existen indicios que los endeudamientos irregulares se hicieron con la venia o con la complicidad de algunos funcionarios de la misma dependencia que Cordero encabezó.
Lo peor de esta historia es que sólo se trate de una guerra política y mediática más entre el gobierno de Felipe Calderón y sus exaliados del PRI. Y que las deudas por cobrar sean de tales dimensiones que concluyan en un pacto de impunidad entre ambas partes.
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