El JorobadoMÉXICO, D.F. (apro).- Ninguna de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos ha dejado de calificar como un fracaso la guerra que Felipe Calderón declaró al narcotráfico en junio del 2006.
Desde Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Artículo 21, Reporteros sin Fronteras, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad y otras tantas agrupaciones ciudadanas han señalado al presidente mexicano que su política militar y policiaca no ha fructificado y, por el contrario, ha ocasionado más muertes y violencia.
Pero la respuesta del Ejecutivo federal siempre es la misma: empecinamiento, enojo y una visión equivocada al responsabilizar al crimen organizado de este problema que arrojará efectos letales de largo plazo para las futuras generaciones.
A lo largo de estos cinco años, Calderón Hinojosa ha tenido varias oportunidades de cambiar su estrategia de guerra contra el crimen organizado: la primera fue cuando en Ciudad Juárez ocurrió la matanza de Villas de Salválcar, y la última de ellas fueron los dos encuentros que tuvo en el Castillo de Chapultepec con el movimiento de víctimas que encabeza el poeta Javier Sicilia.
A pesar de que se abrieron estas posibilidades de modificar su manera de enfrentar este conflicto, Calderón no cedió y refrendó su voluntad tratando de justificar que sólo así se podría combatir al crimen organizado.
Esta obstinación podría tener, sin embargo, otra explicación de más largo alcance, la cual iría en el sentido de un acuerdo con Estados Unidos para seguir los mismos pasos, la misma estrategia, que siguió Colombia en los años ochenta y noventa, de combatir con las armas y la fuerza a las cabezas del narcotráfico, sin importar los costos sociales.
Esta idea parte de dos elementos evidentes. Antes de asumir la Presidencia, ya como presidente electo, Felipe Calderón viajó a Colombia para hablar con el gobierno de ese país y copiar la estrategia de lucha contra los cárteles de la droga, la cual fue diseñada desde Washington. Y así fue. Sin tener una idea propia para enfrentar al crimen y con un déficit de legitimidad para asumir el cargo presidencial, Calderón vio la salida más fácil lanzando una declaración de guerra, y hasta se vistió de militar junto con sus hijos, para reforzar su imagen beligerante.
El otro elemento que hay que resaltar es que Calderón contrató como su asesor para la lucha contra el narcotráfico al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien durante su gobierno siguió lo pasos dictados desde la Casa Blanca con el Plan Colombia.
La Iniciativa Mérida de hecho es una copia del modelo colombiano, salvo en una parte fundamental: en el caso de México los Estados Unidos no pudieron enviar tropas como en la nación sudamericana, donde la injerencia estadunidense no fue mal vista por la propia sociedad.
El descabezamiento de los principales cárteles colombianos y la disminución de la violencia, así como los desesperados atentados terroristas, crearon una percepción de éxito. Aunque en la realidad, de acuerdo con los últimos informes de la ONU, la producción de drogas –principalmente las sintéticas– y la violencia no desaparecieron en aquel país, como se pretende vender la idea ante la opinión pública internacional.
A un año de que concluya su administración, Calderón sigue recibiendo críticas a su voluntarismo. Apenas esta semana la organización internacional Human Rights Watch presentó su último informe que por dos años elaboró sobre México.
Con el título Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, HRW concluye de manera determinante que la estrategia de Calderón, “en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.
Además, establece que miembros de las fuerzas de seguridad “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”.
El gobernante panista poco puede argumentar a su favor con los números en contra. Además de los miles de muertos y desaparecidos y el creciente poder del crimen organizado en todo el país, el narco ha creado verdaderos ‘cogobiernos’ en distintas regiones, imponiendo un imperio de terror.
Peor aún, existe una profunda decepción social en el gobierno de Calderón, lo cual muestra una vez más el fracaso de una estrategia mal diseñada desde su origen, un plan creado para ganar legitimidad antes que enfrentar el fenómeno internacional del crimen organizado.
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