sábado, diciembre 03, 2011

Felipe Calderón favorecen a Estados Unidos las compras de gasolina

Por decreto-Ahumada
Ni la burla perdonan-Fisgón

  • El precandidato presidencial de la izquierda expone a empresarios su visión política rumbo a 2012
Sólo con un nuevo pacto social se podrá sacar a México de la miseria, dice AMLO
  • Mayor presupuesto a educación y generación de empleos, entre sus propuestas en La Laguna
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El precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en reunión con empresarios de La LagunaFoto La Jornada

Torreón, Coah., 1° de diciembre. No se podrá sacar al país de la miseria y la decadencia si no es con la suma de voluntades y con un nuevo pacto social, afirmó el precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, al exponer ante empresarios laguneros su visión política en el contexto del proceso electoral de 2012.

En caso de ganar la Presidencia –dijo–, “vamos a mantener la independencia del Banco de México y a procurar hacer todo lo que esté de nuestra parte para mantener equilibrios macroeconómicos; no endeudaremos al país ni expropiaremos bienes, y vamos a sacar adelante a México con la participación de todos.

Con trabajo, buena fe e imaginación podemos lograr un crecimiento (económico) de 6 por ciento; se puede generar un millón 200 mil empleos al año. Todo eso se puede, me siento seguro para eso, pero no basta: hace falta el crecimiento humano, ése es el complemento, expuso.

Para lograr el crecimiento de la economía se necesita de los tres motores: el sector público, el sector privado y el sector social, agregó el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.

También dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó que en materia de educación pública se deberá fortalecer la calidad a nivel básico, pues en la actualidad sí existe cobertura. En cuanto a la enseñanza media y superior, indicó que su gobierno plantearía 100 por ciento de inscripción, evitando el rechazo de jóvenes para ingresar a la universidad.

En la UNAM se tiene un presupuesto de 20 mil millones de pesos anuales. La idea es duplicarlo. ¿Qué representan en un presupuesto de 3 billones 500 mil? Ni el uno por ciento; entonces, hay que reorientar el gasto público.

Propone reducir 50% sueldos de funcionarios de primer nivel

Con el combate a la corrupción –agregó–, se deben reducir a la mitad los sueldos de los funcionarios de primer nivel y aplicar una reforma fiscal progresiva, se liberarían recursos presupuestales hasta por 800 mil millones de pesos anuales, suficientes para financiar las actividades productivas, generar empleos y garantizar mínimos de bienestar a la población.

López Obrador delineó el gabinete del priísta Enrique Peña Nieto, en caso de que ganara la elección presidencial. El ex gobernador mexiquense Arturo Montiel sería nombrado secretario de la Contraloría; el dirigente del PRI, Humberto Moreira, ocuparía la Secretaría de Gobernación, y la lideresa sindical Elba Esther Gordillo sería titular de la Secretaría de Educación Pública, dijo.

A la reunión con empresarios, efectuada en el hotel Camino Real, asistieron Alejandro Gurza Obregón, hasta hace poco líder moral del panismo local; Fernando Turner Dávila, Armando Guadiana Tijerina, Francisco Rojas Cuevas; el regiomontano Alfonso Romo Garza y Fernando Canales, hijo del ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond, entre otros.

Guadiana Tijerina dijo que en Coahuila hubo un día claro por la visita de López Obrador, un hombre que ha estado en todos los rincones del país en la búsqueda del mejoramiento de la vida económica y social de México. Pero también un día oscuro, porque estamos dando pasos hacia atrás, porque este día se transmite el poder de un hermano a otro hermano, afirmó en relación con la toma de posesión de Rubén Moreira.

Turner Dávila anunció que el próximo 17 de enero se realizará un encuentro nacional de empresarios en Saltillo, Coahuila, auspiciado por la organización Despierta México.
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Acotan senadores el fuero a integrantes de los tres poderes

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer reformas constitucionales que limitan el fuero pero mantienen la inmunidad de los integrantes de los tres poderes, incluido el presidente de la República, con el propósito de que no sean sujetos de represalias o presiones políticas.

Legisladores, funcionarios, jueces, ministros de la Suprema Corte e integrantes de organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, podrán ser sujetos a proceso penal sin perder la libertad y el cargo. Sólo cuando termine el juicio y exista sentencia condenatoria, el juez podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad.

Sin necesidad de realizar un juicio de procedencia, ese órgano del Congreso decidirá y en caso de no aceptar la petición judicial el servidor público seguirá en su encargo y al concluir el mismo cumplirá la condena.

La reforma a los artículos 61, 111 y 112 de la Carta Magna fue aprobada con 81 votos en favor y ninguno en contra.
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Exigen reporte sobre actividades de agentes de EU

Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado acordó solicitar al gobierno de Felipe Calderón un informe sobre operaciones de interferencia y monitoreo telefónico que presuntamente realizan agencias de inteligencia de Estados Unidos en territorio nacional.

En el dictamen aprobado ayer se señala que no pueden permitirse acciones de extraterritorialidad de agentes extranjeros y que todo acto que vulnere la soberanía nacional y el estricto cumplimiento de la ley debe ser investigado.

Se destaca que ninguna agencia extranjera está autorizada a realizar acciones propias de las autoridades mexicanas, por lo que sería útil que el Senado conozca con qué información cuenta el gobierno federal sobre esta posible intromisión a las comunicaciones de nuestro país, y se señala que falta información sobre los verdaderos alcances de los acuerdos vigentes con distintas agencias estadunidenses y los resultados que han obtenido.

La propuesta del senador Ricardo Monreal, del PT, fue aprobada sin discusión y turnada a la Secretaría de Gobernación.
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No avalarán una ley que criminalice la protesta social, advierten PRI y PT

Senadores de PRI y PT advirtieron este jueves que no avalarán ninguna reforma que criminalice la protesta social.

El priísta Francisco Arroyo Vieyra dijo que tratándose de nuevos tipos penales, los legisladores deben actuar con sumo cuidado, porque no queremos regresar a aquella época en que mediante el delito de disolución social se metía en la cárcel a inocentes, por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos. Cuando se trata de cambios al Código Penal hay que tener la mano temblorosa para que la ley tenga un contenido ético y no vulnere derechos.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del PT, lamentó que el PAN se preste a recibir propuestas del Ejecutivo que vulneran derechos humanos y dijo que es preocupante que el gobierno insista en intentar equiparar movimientos y protestas sociales con actos de terrorismo.

El senador petista resaltó que si ya se evidenció y se confesó que no es autoría de los legisladores ese capítulo de financiamiento al terrorismo, que se introdujo en el dictamen de la miscelánea penal en materia de lavado de dinero, debemos preguntar al Ejecutivo federal si es una decisión, convenio o imposición del gobierno estadunidense con el propósito de proteger a sus agentes en México
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Calderón busca heredar un Estado represor: ONG

La propuesta de endurecer los tipos penales sobre terrorismo y ligarlos a la protesta social mediante definiciones ambiguas, demuestra que el gobierno de Felipe Calderón sigue intentando afinar la estructura jurídica que le permita configurar un Estado represor donde se criminalice cualquier manifestación de descontento, advirtieron activistas de derechos humanos.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que esos cambios legales ya se incluyeron en el código penal de varias entidades, como el estado de México, donde se usaron para justificar la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco en mayo de 2006.

Así, la retención de funcionarios en el contexto de una negociación, por ejemplo, es penada incluso con más severidad que un secuestro por motivos económicos, y no tiene atenuantes.

Con el intento de modificar de manera velada parte de la miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el gobierno manifiesta su vocación de favorecer los intereses de determinados grupos que tienen una capacidad fuerte de decisión, indicó.

Tratar de equiparar la protesta social con el terrorismo es un despropósito y no tiene sustento. El gobierno quiere aterrorizar a los ciudadanos, quienes en el marco de la democracia tienen derecho de posicionarse y buscar atención a sus demandas
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La familia de Nepomuceno Moreno abandonará Sonora la próxima semana

Realizan marcha silenciosa en Monterrey para demandar el esclarecimiento del homicidio

El gobierno de Sonora informó que colaborará con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) para garantizar la seguridad de la familia de Nepomuceno Moreno Muñoz, la cual saldrá del estado la próxima semana ante el riesgo de sufrir un atentado.

Aseguró que trabajará en la pronta aplicación de la justicia y detención de los responsables, tanto del asesinato del activista social, el pasado lunes, como del secuestro de su hijo, Jorge Mario Moreno, y otros cuatro jóvenes, en julio de 2010.

Luego de la reunión que tuvo lugar la noche del miércoles en el palacio de gobierno con la participación de integrantes del MPJD, así como funcionarios estatales, el gobierno estatal prometió dar una “completa apertura, transparencia y voluntad de cooperación para colaborar en el esclarecimiento del homicidio de Moreno Muñoz.
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La familia Morlett exige al gobierno esclarecer la muerte de Adriana

Chilpancingo, Gro., 1º de diciembre. Javier Morlett Macho anunció que luego de que se corroboró que una osamenta hallada en el Distrito Federal correspondía a su hija Adriana Morlett, asesinada en septiembre de 2010, ahora nos dedicaremos de tiempo completo a luchar para que el gobierno federal castigue a los autores intelectuales y materiales del homicidio, lo haremos hasta el final de nuestros días.

Entrevistado antes del inicio del foro Diálogo por la convivencia y la paz, realizado en esta capital, Morlett manifestó: Primero le vamos a dar sepultura honrosa a mi hija, eso lo haremos en estos días, y en segundo lugar la lucha continúa con la búsqueda de los responsables del homicidio.

Consideró que el problema de la violencia en el país supera las capacidades de fuerza policiaca que tienen los ayuntamientos y el gobierno estatal, e incluso ninguna entidad en el país tiene la fuerza suficiente para acabar con la capacidad económica que tienen las bandas, se requiere el apoyo del gobierno federal"
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Impugnará el PRD asignación de tiempos en radio y tv para precampañas y campañas

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnará este viernes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el criterio de asignación de tiempos de radio y televisión para las precampañas y campañas rumbo a 2012, por considerarlo injusto, inequitativo y benéfico para la coalición Compromiso por México, que integran PRI, PVEM y Panal.

Camerino Eleazar Márquez, representante perredista ante el IFE, indicó que el Comité de Radio y Televisión del instituto comicial particularmente sobrerrepresentó a los aliados del PRI, al considerar su coalición como parcial, por lo que aplicó la distribución de espots de manera individual, mientras a Movimiento Progresista, conformado por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, se le trató como un solo partido, por ir en coalición total, y entre los tres pierden un millón 800 mil promocionales.

Destacó que no se aplicó el principio de proporcionalidad, así que con un porcentaje de votación de 7.18 por ciento, el PVEM obtiene 11.02 por ciento de promocionales, mientras el Panal, con 3.66 por ciento de votación, alcanza 8.56.
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Insiste la Fedessp en auditar al Issste y desentrañar manejos irregulares

Mantendrá demanda ante Función Pública y las cámaras legislativas

La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) señaló que mantendrá su demanda ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las cámaras de Diputados y Senadores, para que se lleve a cabo una auditoría en el Issste, a fin de desentrañar los manejos irregulares que se hicieron con los fondos de esta institución durante la administración del anterior director, Jesús Villalobos.
En conferencia de prensa, el líder de la presidencia colegiada de esta central obrera, Bernardo Quezada Salas, planteó que a la SFP se han entregado expedientes completos que indican irregularidades en compras de medicamentos, licitaciones, adquisición de inmuebles, contratación de servicios tecnológicos, entre muchas otras, las cuales tuvieron lugar mientras Villalobos estaba al frente de esta institución, y que no pueden quedar impunes, porque al desfalco que se cometió, hay que agregar la precaria situación en que dejó el organismo, con una crisis de desabasto de fármacos y la prestación de servicios en grave deterioro.
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Comunican a defraudadores de CFE nueva orden de aprehensión

La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que en el interior del penal de Los Mochis, Sinaloa, José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia en Mocorito, y Francisco Ladislao Rodríguez Retes, apoderado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron notificados del cumplimiento de una nueva orden de aprehensión en su contra.

En un comunicado, la dependencia indicó que el mandamiento judicial también le fue girado al perito en topografía y valuación Martín López López; sin embargo, a éste no le fue notificado porque interpuso un amparo y se está a la espera de que se desahogue el juicio.

La PGR agregó que la orden de aprehensión para Soto Conde fue por delitos contra la administración de justicia, para Rodríguez Retes por ejercicio indebido del servicio público y para López López por falsedad en declaraciones judiciales.
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Cerca de 150 intelectuales y artistas de 30 países piden cerrar la mina de Wirikuta

En el documento piden al presidente Calderón cancelar las concesiones otorgadas a las mineras canadienses que esperan extraer 7 millones y medio de onzas de plata de México.

Guadalajara, Jal., 1º de diciembre. Unos 150 intelectuales y artistas de 30 países –entre ellos tres premios Nobel de Literatura– piden en un documento al presidente Felipe Calderón que cancele las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano a las empresas mineras canadienses que extraen plata y oro en Wirikuta, territorio sagrado de los huicholes, ubicado en el desierto de San Luis Potosí y que abarca unas 140 mil hectáres.

Entre los firmantes del escrito se encuentran tres premios Nobel de Literatura: Jean-Marie Le Clézio, Orhan Pamuk y Tomas Tranströmer, además de los escritores y artistas Paul Auster, Francisco Toledo, Lawrence Ferlinghetti, Sergio Ramírez, Ledo Ivo, Ariel Dorfman, Alejandro Jodorowsky, Vicente Rojo y Homero Aridjis, este último promotor del documento por medio del Grupo de los Cien Internacional.

En el texto se lee: “Los firmantes pedimos al presidente Felipe Calderón –quien fue testigo de la firma del Pacto Huaxa Manaka, mediante el cual los gobernadores de cinco estados se comprometieron a preservar la tierra santa del pueblo huichol– que cancele las concesiones otorgadas a las empresas canadienses. Esperamos que el presidente Calderón no pase a la historia como el hombre que autorizó la destrucción de Wirikuta y sus lugares sagrados".
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Resuelve la JLCADF mantener los criterios administrativos que le han sido cuestionados

Acuerda invitar a los inconformes a que hagan llegar en forma respetuosa al pleno sus observaciones

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Aspecto de la manifestación efectuada anteayer contra los criterios de la JLCADF puestos en vigor en octubre pasadoFoto Yazmín Ortega Cortés

Los representantes patronales, laborales y del gobierno, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF), resolvieron ayer, en sesión plenaria, no revocar los criterios administrativos puestos en marcha por este organismo a partir del 25 de octubre, mediante los cuales se ampliaron los requisitos para los emplazamientos a huelga, las solicitudes de toma de nota, y registros de nuevos sindicatos, entre otros procesos.

En el pleno, 29 de los representantes ante esta junta votaron a favor de mantener los cuestionados criterios fijados por esta instancia, y únicamente dos de ellos lo hicieron en contra.

Según informó la JLCADF, se llevó a cabo una sesión extraordinaria ayer, en la que el único punto tratado fue la revisión, o en su caso revocación, de los criterios administrativos colectivos. La decisión que tomaron los representantes es que van a esperar las sentencias que dicten los jueces que llevan las demandas interpuestas contra esta nueva normativa, para que indiquen cuáles resultan contrarios a la ley.

Esto se debe a que las nuevas regulaciones que estableció la junta han sido sumamente criticadas por abogados laboralistas, expertos y sindicatos diversos, y corrientes que han comparado esta normatividad con los lineamientos contenidos en la reforma laboral PAN-PRI, señalando que en realidad significan obstáculos para el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores. Incluso han presentado demandas ante diversos juzgados, las cuales ya obtuvieron dos suspensiones provisionales y una definitiva.
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México debe tomar con calma exploración petrolera en aguas profundas: experto

México debe tomar con calma la exploración petrolera en aguas profundas ante la falta de experiencia de la petrolera Pemex en la materia, dijo Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el ente regulador de la industria en el país.

México tiene poco tiempo explorando en aguas profundas del Golfo de México, donde aún no posee reservas cuantificadas pero se calcula que tiene recursos potenciales por 29 mil millones de barriles de crudo equivalente, 58 por ciento de los recursos prospectivos del país.

Aguas profundas es un tema que tiene que estar en la agenda, es un tema que tiene que estar en el portafolio, dijo el presidente de la comisión.

No obstante, la velocidad a la que avanzamos en aguas profundas, la velocidad y los recursos que invertimos ahí tenemos que ponderarlos frente a otras alternativas, añadió en un foro organizado por Greenpeace.
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  • Esta industria vende equipo tecnológico tanto a dictaduras como a democracias, asegura
Assange lanza nueva fase de Wikileaks con documentos sobre la vigilancia de masas

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Julian Assange, fundador de Wikileaks (extremo izquierdo), presentó ayer en Londres el nuevo proyecto de la página webFoto Xinhua
Afp

Londres, 1º de diciembre. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, lanzó este jueves el nuevo proyecto de su página web con la publicación de cientos de documentos que, según él, revelan una industria mundial que ofrece a los gobiernos herramientas para espiar a sus ciudadanos.

Los documentos exponen las actividades de unas 160 compañías en 25 países que desarrollan tecnologías para rastrear y vigilar a personas mediante sus teléfonos celulares, cuentas de correo electrónico e historial de búsqueda en Internet.

Hoy hemos dado a conocer más de 287 archivos que documentan la realidad de la industria de vigilancia de masas internacional, una industria que ahora vende equipos tanto a dictadores como a democracias para vigilar a poblaciones enteras, anunció Assange en una rueda de prensa en Londres.

El australiano dijo que en los últimos 10 años ha pasado de ser una industria secreta que abastecía principalmente a las agencias de inteligencia gubernamentales, a convertirse en un gran negocio trasnacional.

Assange lleva un año en el Reino Unido a la espera de una decisión sobre su extradición a Suecia, país que le reclama para interrogarle por cuatro presuntos delitos sexuales.

Los documentos en la página http://wikileaks.org/the-spyfiles.html incluyen manuales de productos de vigilancia vendidos a regímenes árabes represivos.
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Astillero
  • Privatización en el Año de Hidalgo
  • Saqueo transexenal
  • Contratos a discrecionalidad
  • EPN sentencia a Moreira
Julio Hernández López

El calderonismo, aliado con el priísmo igual de depredador y algunos miembros de la izquierda moderna y comprensiva, está a punto de conseguir un impactante bono de retiro transexenal: anoche se daban los toques finales al proyecto de dictamen de una minuta para que el pleno de la Cámara de Diputados vote una propuesta de ley que permitirá a los actuales administradores federales de la riqueza pública asignar contratos y hacer negocio con particulares sin mayores restricciones, en una suerte de golpe privatizador de fin de fiesta que hará a un lado las de por sí usualmente desatendidas restricciones legales y permitirá asignar partidas presupuestales abiertamente, a pura discrecionalidad de quien ejerce la autoridad.

Dicha consagración del saqueo legalizado (en el último tramo de una administración federal que se ha especializado en violentar toda normativa en aras de asignar negocios a agradecidos particulares) está contenida en el proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas que Calderón presentó el 10 de noviembre de 2009. En esencia, se busca autorizar mecanismos ventajosos para la iniciativa privada en materia de prestación de servicios, incluso en la construcción de infraestructura, mediante nuevos esquemas de financiamiento que acabarían poniendo el erario al servicio de los negocios autorizados por la elite en turno, en este caso la calderonista.

En una nota de Enrique Méndez en La Jornada, el pasado 29 de noviembre, se menciona que, a juicio de diputados del PRD y el PT, con estas nuevas reglas se permitiría la entrega, sin licitación, de contratos a empresas en áreas reservadas al Estado, como la explotación de petróleo y generación de energía eléctrica. Incluso Ifigenia Martínez advirtió que se pretende que los contratos con empresas privadas para obras, bienes y servicios sean pagados desde los fideicomisos integrados por el gobierno federal. En la Cámara de Senadores ya fue aprobado el proyecto, y toca el turno a San Lázaro, donde debe ser dictaminado por las comisiones de Economía y de la Función Pública para luego, en su caso, pasar al pleno para la resolución definitiva. La primera comisión la preside el priísta Ildefonso Guajardo Villarreal, y la segunda el verde Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones.
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Dinero
  • Otra vez reprueba México en corrupción
  • Telmex demanda a la constructora OHL
  • Favorecen a Estados Unidos las compras de gasolina
Enrique Galván Ochoa

A pesar de los muchos discursos oficiales, México sigue figurando entre los países más corruptos del orbe. Todavía peor: hoy es más corrupto que hace una década. Transparencia Internacional dio a conocer sus calificaciones a casi 200 países. La de México es de 3, en escala de 0 a 10 puntos. Transparencia da seguimiento a nuestro país desde 1999, es decir, a lo largo de los últimos 13 años: dos del zedillato, seis del foximato y los cinco de Calderón (ver gráfica). La calificación del año reciente es la más baja de todas. Significa que todos los supuestos esfuerzos para combatir la corrupción no han dado buenos resultados. La menos mala (3.7) se registró el primer año de Fox, pero no se sostuvo. Ese primer año fue cuando se dejó escapar al Chapo Guzmán de la prisión de Puente Grande. La peor es la última. En mucho contribuyó el escándalo en la CFE, el turbio enjuague de los yates y los Ferraris, el escándalo Elba Esther-Yunes y el moreirazo. Al primero se le dejó huir, al Chapo no se atreven a tocarlo y el presidente del PRI, Humberto Moreira, se pasea envuelto en un manto de impunidad. Y lo que viene. El 2012 es el año de Carranza porque el de Hidalgo ya no alcanza. Por lo demás, Somalia sigue siendo el país más corrupto y Nueva Zelanda el más honesto, mientras la crisis de deuda hace aumentar la corrupción en Europa. En una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente), Somalia, Corea del Norte y Myanmar son los países más corruptos del mundo, mientras que Nueva Zelanda alcanza el liderato en honestidad, seguida de Dinamarca y Finlandia.
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México SA
  • El encomio de Lagarde
  • Ciega y sorda, pero no muda
  • Otra de jóvenes panistas
Carlos Fernández-Vega

Nadie, con un poquito de sentido de la realidad, puede afirmar, con enorme sonrisa, que no tenemos más que alabar y encomiar la conducción económica y la fortaleza de la economía mexicana. Tal vez la atareada señora Cristina Lagarde no tuvo tiempo de revisar el saldo de tres décadas neoliberales en México, ni los estragos causados por el actual inquilino de Los Pinos, y por ese motivo dijo la barbaridad que dijo, pero es verdaderamente ridículo que la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional se aviente al ruedo con esa delirante frase, cuando los resultados más tangibles del quinquenio –el calderonista– son el impresionante incremento en el número de pobres, 60 por ciento de aumento en el desempleo (por la parte de la encomiable conducción) y 1.7 por ciento de crecimiento anual promedio en ese lapso (por el lado de la fortaleza).

Sólo con los ojos cerrados, el decoro en el suelo o el cinismo a tope puede declararse algo similar y todavía sonreír. Congruente con su visión de las cosas, la señora Lagarde debió declarar que el gobierno mexicano ha sido, es, un fiel servidor de las instrucciones fondomonetaristas y, sin importarle el brutal costo social, un pagador puntual de sus crecientes deudas, de tal suerte que lo encomiable de la fuerte economía nacional sería que a pesar de las barbaridades cometidas y acumuladas por cinco administraciones neoliberales al hilo, México todavía tiene habitantes, hambrientos y jodidos, pero al fin explotables.
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Fuero e impunidad: signos de avance

Por unanimidad, el pleno del Senado apoyó ayer una serie de reformas constitucionales que eliminan el fuero para servidores públicos de los tres poderes de la Unión –diputados y senadores; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Federal Electoral; presidentes de la República, procuradores federales y secretarios de Estado–, así como para consejeros del Instituto Federal Electoral, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jefes de Gobierno y procuradores de la capital.

Se trata de un mecanismo novedoso que mantiene, al mismo tiempo, la condición de inmunidad de los citados cargos, a efecto de proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos, y que permitirá –en caso de ser avalada en San Lázaro– que los funcionarios que incurran en acciones ilícitas sean sometidos a proceso judicial sin tener que separarse del puesto. Solamente cuando concluya el proceso penal, y en caso de que haya sentencia condenatoria, el juez responsable de la causa podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad y, si esa instancia legislativa rechaza dicha petición, el servidor público acusado cumplirá la condena al concluir el tiempo que dure su cargo.

La decisión legislativa referida es una noticia alentadora y auspiciosa en el contexto del profundo deterioro que afecta a las instancias del poder político en el país, por cuanto contribuye a generar límites indispensables a los abusos en el ejercicio de cargos públicos.
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Cumplir los acuerdos de San Andrés: acción impostergable

Jaime Martínez Veloz

En el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de México, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha comenzado una nueva iniciativa política, en la búsqueda de los consensos necesarios para concretar en nuestra carta máxima los derechos indígenas, hasta hoy excluidos del pacto nacional.

Habrá quien piense que este no es el momento o quienes afirmen que habría que esperar mejores condiciones, pero lo cierto es que en la vida y en la política no hay más cera que la que arde. Por ello, esta iniciativa de paz, por buscar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, debe ser una acción apoyada por las diferentes corrientes de pensamiento progresista que confluyen en la sociedad mexicana.

La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a cuatro municipios de la geografía chiapaneca, que responde a la lógica reduccionista de aquellos que pretenden minimizar el impacto del levantamiento armado de enero de 1994, ha demostrado su falsedad, cuando los conflictos que enfrentan las comunidades, en todos los rincones del país, tienen como común denominador el despojo, la exclusión y la violación constante de sus derechos por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voraces compañías trasnacionales, que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo– los recursos naturales de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales de nuestro país.
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