A Enrique Peña Nieto se le empieza a borrar la sonrisa. Primero su equipo le advirtió que el PRI podría perder cinco estados en los próximos comicios, y para rematar la semana alumnos de la Universidad Iberoamericana lo corrieron a gritos (y hasta con un zapatazo) del campus de Santa Fe. Mientras tanto sus defensores mediáticos se enredan sin poder ocultar los exorbitantes gastos en comunicación social cuando encabezó el gobierno mexiquense y quería impulsar su imagen rumbo a Los Pinos. Se trata de millonadas que fueron a parar –sobre todo– a las arcas de Televisa: hay documentos que así lo prueban y que sistemáticamente han tratado de ser negados por la televisora y por algunos de los intelectuales de su nómina.
En el primer debate televisivo entre los cuatro candidatos
presidenciales Enrique Peña Nieto, el aspirante del PRI-PVEM, lanzó una
frase que abrió las puertas de una nueva polémica sobre los millonarios
contratos para promover su figura y su candidatura en Televisa y TV
Azteca, las dos principales empresas de televisión abierta:
“Yo le
diría a Andrés Manuel (López Obrador): Si la televisión hiciera
presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, porque durante su
gestión como jefe de gobierno destinó más de mil millones de pesos –y
tengo aquí los documentos– de la cuenta pública, que representan más del
doble de lo que el Estado de México gastó en Comunicación Social”.En su réplica López Obrador le presentó el resumen de ocho cuartillas de un presupuesto elaborado para los años 2005 y 2006, negociado por el gobierno de Peña Nieto y las empresas TV Promo y Radar Servicios Especializados, ambas intermediarias o brokers de Televisa.
Para el primer año de la administración del priista presupuestaron 691 millones 734 mil pesos en tiempos de televisión: 327.4 millones vía spots y 364.3 en compra de información, incluyendo 180 notas informativas en los noticiarios de Televisa.
El proyecto original fue publicado por Proceso en su edición 1512 el 23 de octubre de 2005. El presupuesto total ascendía a 742.1 millones de pesos porque incluía 50.3 millones en estrategia integral de comunicación, es decir producción de spots y asesoría permanente.
Ese documento, entregado a Proceso junto con un CD, incluyó 50 páginas de un detallado Plan de trabajo 2005-2011, cuyos objetivos principales eran deslindar a Peña Nieto –recién electo gobernador– del “escándalo Arturo Montiel”, su antecesor y padrino político, y convertir al joven mandatario en una figura política conocida a escala nacional y “posible candidato” del PRI a la Presidencia de la República.
La información fue entregada por una fuente plenamente identificada por el reportero y que pidió el anonimato “para proteger mi vida y la de mi familia”. Señalaba a TV Promo –“brazo político y financiero de Televisa”– como un instrumento “a través del cual esta empresa vende sus espacios publicitarios, sus contenidos noticiosos e incluso su línea editorial a cambio de favores y retribuciones futuras”.
La misma fuente advirtió en su escrito que Televisa lleva una doble contabilidad a través de TV Promo: “Esta televisora logra maquillar cifras y montos relacionados con los gastos de campaña de sus clientes a fin de evitar que sean sancionados por las autoridades electorales”.
El presupuesto para el primer año de gobierno vino acompañado de una factura a nombre de Radar Servicios Especializados, S.A. de C.V. El “cliente” es el Estado de México. Como “responsable del proyecto” aparece Yessica de Lamadrid, que en ese entonces trabajaba para esta empresa.
TV Promo y Radar Servicios Especializados fueron empresas creadas por Alejandro Quintero, vicepresidente corporativo de Comercialización de Televisa, según consta en las actas números 95361 y 293222, respectivamente, del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.
Finalmente en 2007 Televisa admitió ante la Securities and Exchange Commision –el organismo regulador bursátil de Estados Unidos– que TV Promo sí realiza intermediación con diversos clientes. Junto con otras empresas broker “definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, los cuales son más bajos que las tarifas que regularmente se pagan”. La auditoría que mandó hacer Televisa en abril de 2008, realizada por Price Waterhouse Coopers, anota que durante 2006 y 2007 la televisora “pagó comisiones sobre ventas a una empresa en donde un miembro del consejo y ejecutivo de la compañía es un accionista por un monto de 113 millones 972 mil pesos y 49 millones 614 mil pesos, respectivamente”.
En el debate presidencial Peña Nieto le respondió a López Obrador que esa información era “totalmente falsa” y provenía “de una revista que de manera especulativa” la ha publicado. Nunca mencionó a Proceso por su nombre. Mucho menos admitió que existiera una intermediación a través de Alejandro Quintero.
La danza de las cifras
Apenas terminó el debate la oficina de prensa del PRI distribuyó cifras con los montos que el Estado de México destinó de 2005 a 2011 a Comunicación Social durante la administración de Peña Nieto: 646 millones de pesos. Era apenas un recuadro. Citaban a Fundar y Artículo 19, especializadas en acceso a la información y transparencia que, a su vez, abrevaban de las fuentes oficiales mexiquenses. Es decir, se autocitaron utilizando a un tercer organismo.
La información proporcionada por el PRI no desglosaba la inversión en televisión abierta y menos mostraba los contratos originales. Desde finales del gobierno de Arturo Montiel la Oficina de Comunicación Social calificó como “reservada” la información de los contratos con medios de comunicación, impresos o electrónicos. La administración de Peña Nieto siguió manteniendo en “reserva” esa información.
En contraste, el PRI informó también que durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas (2000-2006) el Gobierno del Distrito Federal gastó mil 209 millones de pesos en Comunicación Social. Según el equipo peñista, el gasto per cápita anual de la administración capitalina en ese periodo fue de 23 pesos, mientras el gobierno peñista destinó sólo siete pesos per cápita.
También citó a Fundar para indicar que el gobierno federal invirtió de 2005 a 2011 un total de 16 mil 566 millones de pesos en Comunicación Social, “25 veces más que el Estado de México”.
Los primeros días posteriores al debate la polémica por los gastos de Comunicación Social del Estado de México, el Gobierno del Distrito Federal y el federal quedaron en segundo plano. Los distractores más importantes fueron la polémica presencia de la edecán Julia Orayén –quien llevó un vestido escotado que generó fervor en las redes sociales– y las fallas en la producción televisiva del debate, atribuidas a Jesús Tapia, quien terminó presentando su renuncia ante el IFE.
Sin embargo la polémica adquirió un nuevo aire el miércoles 9. López Obrador desmintió las cifras del gasto de Comunicación Social de su gobierno ofrecidas por Peña Nieto. Según el candidato presidencial del PRD sus gastos fueron: 148 millones de pesos en 2001; 149 en 2002; 72.9 en 2003; 92.9 en 2004, y 93.3 en 2005. Un total de 556.1 millones de pesos.
El periódico Reforma publicó un comparativo con estas cifras y los datos de la Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No coincidieron las cifras de 2001 y 2002. En el primer año fueron 202.6 millones de pesos y en el segundo fueron 212.7. El monto total es de 674 millones de pesos; una diferencia de 118 millones.
Las cifras del gobierno del Estado de México son más contrastantes. Según la información difundida en la página oficial de Enrique Peña Nieto, su administración destinó 646.6 millones de pesos entre 2005 y 2011. Según la cifra derivada de la Cuenta Pública, se destinó a Comunicación Social un total de mil millones de pesos. Es decir casi 354 millones de pesos de diferencia.
En entrevista con Carmen Aristegui, en el programa MVS Noticias el jueves 10, López Obrador desafió a Peña Nieto: “Si es cierto lo que él dice (Peña Nieto) en el manejo de los gastos en medios, yo renuncio a mi candidatura; pero si no es cierto lo que él dice, que haga lo propio”.
Y planteó la necesidad de contrastar las cifras y las pautas publicitarias con las televisoras y el monitoreo de ambos periodos.
El viernes 11, Peña Nieto defendió las cifras de gasto en Comunicación Social de su gobierno. Insistió en que entre 2001 y 2006 el GDF destinó mil 209 millones de pesos en este rubro y evadió aceptar el reto de López Obrador. “Él puso esa condición. Nadie le pide que renuncie a su candidatura”, atajó el mexiquense en entrevista con Aristegui.
Volvió a desacreditar el extenso plan de acción que Televisa le ofreció a Peña Nieto desde octubre de 2005 –publicado por Proceso– por un monto de 742.1 millones de pesos, de los cuales 691.7 millones serían en “inversión en tiempos de televisión”.
“Es un documento no nuevo. Es un documento publicado hace cinco o seis años por una revista (sic) y que no tiene fundamento ni sustento alguno. No es información oficial ni está sustentado, menos avalado por información pública del gobierno. No sé de la empresa televisiva, pero del gobierno evidentemente no tiene sustento alguno”, insistió Peña Nieto.
Peña Nieto sí aceptó que su gobierno destinó al menos 32.3 millones de pesos en “apoyos informativos” para programas radiofónicos, además de 19.7 millones de pesos en spots de radio como parte de sus campañas informativas. Los “apoyos informativos” incluyeron el pago de 9.2 millones de pesos a la empresa Astron Publicidad, S.A., por “comentarios de Joaquín López Dóriga transmitidos dentro de su noticiario ‘López Dóriga’ y en el noticiario de Óscar Mario Beteta”.
El candidato presidencial priista se justificó diciendo que era pago para patrocinar el segmento, no para que hablaran bien de su persona. Es “como el comercial de tequila Don Ramón”, afirmó Peña Nieto. “No es algo nuevo. Esos documentos son de tres años”, minimizó.
La misma empresa Astron Publicidad cobró varios de estos servicios a otros gobiernos estatales. Por ejemplo, el 15 de enero de 2008 el gobierno de Nuevo León le pagó 575 mil pesos para obtener comentarios favorables al mandatario estatal priista.
Peña Nieto negó que dependiera de Televisa o que pagara para que en los espacios informativos de la empresa hablaran bien de él. Calificó de “absurdo y falaz” que Televisa hiciera una inversión política a través de él.
Monitoreo y “publicidad encubierta”
Un monitoreo realizado por la empresa Intelcast, al cual tuvo acceso Proceso, confirma que por lo menos entre 2005 y 2009 –los primeros cuatro años de su gobierno–, la presencia de Enrique Peña Nieto en medios electrónicos, especialmente en Televisa, se realizó en clara sintonía con el documento firmado por su gobierno por un monto de 691 millones de pesos en “tiempos de televisión”, tan sólo para el primer año.
Por ejemplo entre el 1 de septiembre de 2005, cuando asumió la gubernatura Peña Nieto, y el 12 de julio de 2009 Intelcast contabiliza mil 880 menciones del exmandatario, de las cuales mil 84 fueron en medios electrónicos.
Específicamente en Televisa, entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006 tuvo 226 menciones, incluyendo entrevistas y notas informativas. Entre 2006 y 2007 se elevaron a 310 menciones; de 2007 a 2008 fueron 261 y entre septiembre de 2008 y julio de 2009, en vísperas de las elecciones federales intermedias, aumentaron a 398 menciones monitoreadas.
El dato más relevante es que se incrementaron en Televisa las llamadas “transmisiones especiales” –clasificadas así en el monitoreo como una forma de llamar a los infomerciales o a la publicidad encubierta– a favor de Peña Nieto, en los distintos contenidos.
En el último periodo, entre septiembre de 2008 y julio de 2009 las transmisiones especiales se elevaron a 2 horas, 12 minutos y 42 segundos, que es el doble del tiempo de transmisión en “notas informativas” que tuvo Peña Nieto en Las Noticias por Adela, en el Canal 9, el metropolitano, que fue de 1 hora 14 minutos y 50 segundos.
En El Noticiero, con Joaquín López Dóriga, en Canal 2, las menciones a Peña Nieto sumaron 1 hora, 41 minutos y 18 segundos.
Una de esas “transmisiones especiales” fue el acto de apoyo de Antorcha Campesina a Peña Nieto en el estadio Azteca, de Televisa, difundido en la señal de televisión abierta el Día del Padre, el 21 de junio de 2009. Esto provocó una queja del PAN ante el IFE y el inicio de un proceso especial sancionador argumentando que el mandatario mexiquense violó el principio de equidad.
La discusión en el IFE versó sobre la legalidad o no de los spots o “cápsulas informativas” que implican publicidad encubierta. El consejero Alfredo Figueroa argumentó que había una responsabilidad de Televisa al difundir cápsulas de propaganda política en El Noticiero de López Dóriga. Su propuesta fue rechazada por ocho votos contra uno.
Entrevistado por Proceso durante aquel episodio, Figueroa admitió que era “evidente” que se trató de propaganda encubierta o “publicidad integrada”, aunque Televisa negó que hubiera existido un pago a cambio.
“Las propias compañías de televisión lo hacen evidente al mandar a comerciales y aparecer una cápsula, que ciertamente tiene un contenido, digamos, informativo, pero que es parte de propaganda.
“Simplemente hay que revisar los catálogos de productos que tienen particularmente Televisa y TV Azteca. Ellos venden este tipo de productos, los comercializan y hay un enorme debate que hay que dar respecto de este tema porque no es simplemente un asunto que tenga que ver con un partido político ni con una sola persona. Tiene que ver con distintas acciones políticas, tanto de gobernantes como de partidos políticos”, argumentó Figueroa.
El proyecto de inversión de Televisa y Enrique Peña Nieto –negociado a través de TV Promo y negado insistentemente por la televisora, el gobierno del Estado de México y el actual candidato presidencial– incluyó un presupuesto para este tipo de “publicidad encubierta”.
Le puso un precio de 305 millones 688 mil pesos a 180 notas informativas en los distintos noticiarios de Televisa. Un costo de 5 millones 780 mil a tres reportajes en la serie Los reporteros y 42.8 millones de pesos a seis entrevistas con Peña Nieto en “varios noticiarios”. Incluyó un presupuesto de 10 millones de pesos en tres programas de Zona Abierta, entonces conducido por Héctor Aguilar Camín.
Éste rechazó vehementemente que hubiera vendido ese espacio al gobierno del Estado de México y que Enrique Peña Nieto nunca estuvo en ese programa. No negó su vieja relación de amistad con el artífice de este proyecto: Alejandro Quintero.
Ambos formaron parte, junto con Bruno Newman, de las primeras generaciones de estudiantes de la carrera de ciencias y técnicas de la comunicación en la Universidad Iberoamericana.
Luis Hernández, columnista y coordinador de opinión en La Jornada, publicó el viernes 11 que estos tres personajes “fueron socios de la empresa Quan (por los apellidos de Quintero, Aguilar y Bruno Newman)”.
La crítica de Fundar
En el posdebate sobre los gastos de Comunicación Social el equipo de Peña Nieto y el comentarista Héctor Aguilar Camín han citado las cifras que ha publicado el centro de análisis e investigación Fundar, especializado en temas de acceso a la información pública y transparencia en las cuentas públicas.
Desde marzo de 2011 Fundar publicó un diagnóstico sobre las cuentas de los gobiernos estatales en matera de comunicación social y advirtió que existen “cifras negras” a las cuales no se puede acceder ante “la falta de criterios claros y objetivos para la distribución de la pauta gubernamental” en los medios de comunicación.
“La posibilidad de ‘negociar’ la pauta publicitaria inhibe el rol social que los medios de comunicación social deberían cumplir con una sociedad democrática y promueven la autocensura”, sentencia el organismo dirigido por Miguel Pulido.
En las conclusiones del estudio realizado junto con Artículo 19, dirigido por Darío Ramírez, ambos organismos advierten:
“1.- El uso de la pauta como mecanismo para premiar a los medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno y como castigo en caso contrario.
“2.- Uso de los recursos destinados a comunicación social como herramienta de autopromoción, propaganda o para publicitar acciones y programas que legitimen el proceder de las instancias de gobierno.
“Además se han desarrollado diversas formas de propaganda gubernamental que buscan perpetuar la opacidad en el manejo de los recursos públicos y atentan contra el derecho a la información de la sociedad, tales como las entrevistas o reportajes pactados, la inclusión de ‘infomerciales’ en noticiarios o las menciones sobre acciones de gobierno en programas de entretenimiento (‘publicidad encubierta’). A ello se suma la ya tradicional existencia de gacetillas (propaganda que aparece como información) práctica que aún es recurrente, principalmente en medios impresos locales.”
La crítica de Fundar y Artículo 19 se dirigía al gobierno federal, al del Distrito Federal y también al del Estado de México. En vísperas de la contienda presidencial de 2012 ambos organismos calificaron de “alarmante” esta situación.
En el documento titulado Publicidad oficial en México: la censura estructural establece: “La situación es más alarmante si se toma en consideración el aumento sostenido en la cantidad de recursos destinados a los rubros de comunicación social y publicidad oficial, lo que ha derivado en la proliferación de campañas propagandísticas en detrimento de la difusión de información de interés público; tendencia que implica un aumento en el potencial de las instancias de gobierno de incidir sobre las líneas editoriales. Lo anterior exige particular atención de cara a las elecciones de 2012”.
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