Ante el IFE, Carlos Antonio Romero Deschamps está enlistado como el
candidato número siete a senador por la vía plurinominal de la coalición
PRI-PVEM. Pero podría no alcanzar el escaño ante diversas acusaciones
penales integradas en su contra por la PGR y la PGJDF. Además,
legisladores y opositores del gremio petrolero impugnarán su candidatura
ante la autoridad electoral.
La sombra del Pemexgate aún pesa sobre Carlos Antonio Romero
Deschamps. Transcurrieron ya 12 años desde que el dirigente del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
Romero Deschamps, y el exdirector general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, desviaron 1 mil 500 millones de pesos
de la paraestatal para transferir 640 millones a la campaña
presidencial de Francisco Labastida Ochoa, y cuya indagatoria penal que
autoridades federales abrieron en su contra aún no es cosa juzgada.
El 10 de septiembre de 2001, el periodista Miguel Badillo reveló –en el periódico El Universal– el desvío de los millones de pesos de Pemex a la campaña del priísta, caso que fue identificado como Pemexgate,
que hasta hoy es considerado uno de los mayores escándalos de
corrupción en México. Y aún cuando al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se le impuso una multa de 1 mil millones de pesos,
Romero Deschamps todavía tiene cuentas pendientes con la justicia,
relacionadas con el expediente 55/FEPADE/02, en el cual se le acusa por
los delitos de peculado electoral y fraude.
“Asunto de seguridad nacional”
El caso Romero Deschamps, las múltiples acusaciones en su contra y
su candidatura al Senado son hoy uno de los asuntos que el gobierno de
Felipe Calderón considera como “de seguridad nacional”. Así lo
confirmaron senadores de la República que hace unos días acudieron a la
Secretaría de Gobernación (Segob) para conocer la situación jurídica de
las indagatorias que implican al líder sindical en asuntos de carácter
penal. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR)
dijeron a los legisladores que desde 2008 se giró una orden de
aprehensión que no se ha ejecutado. La versión les fue confirmada por un
alto funcionario de la Secretaría de Gobernación.
El
área responsable de los “asuntos especiales” de la Segob integra un
grueso expediente del líder sindical, incluidas las acusaciones penales
que durante el sexenio prácticamente se han mantenido empantanadas.
Son diversas las acusaciones penales aún en curso contra Romero
Deschamps, dos de ellas, la AP1072/DDF/2004 en la PGR y la
FDF/T/T1/467/06-06 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal. Se le acusa de supuesta administración fraudulenta, abuso de
autoridad, usurpación de funciones y asociación delictuosa.
Raúl Romero Maldonado, presidente del Frente Nacionalista de
Petróleo, asegura que “hemos presentado pruebas suficientes para que a
Romero Deschamps se le finquen responsabilidades, pero en el proceso ha
habido muchas actuaciones dilatorias”.
La misma PGR integró un expediente derivado del controvertido convenio 10-275/04 (Contralínea,
octubre de 2004
http://contralinea.com.mx/archivo/2004/octubre/html/politica/pemex2.html),
mediante el cual Raúl Muñoz Leos y Carlos Romero Deschamps acordaron la
transferencia de 8 mil millones de pesos de las arcas de Pemex al
Sindicato, en un periodo de dos años, al margen del Consejo de
Administración de la paraestatal, y apoyados por el entonces abogado
general de Pemex, Juan Soriano Rosas.
En 2007 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a
Muñoz Leos y a Soriano Rosas para ejercer cargo público alguno durante
10 años. Y la PGR abrió indagatorias penales en las que se investiga la
responsabilidad del dirigente sindical en el caso.
También enfrenta denuncias de sus agremiados por el manejo de las
“donaciones” que la paraestatal ha transferido al STPRM, las cuales
continuaron aún después del escándalo que llevó a Muñoz Leos a su
destitución. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), en 2007 Pemex donó al Sindicato 318 millones de pesos; en 2008,
236 millones 800 mil pesos; en 2009, 256 millones y en 2010 la cifra
alcanzó los 250 millones de pesos.
En 2008, la PGR integró otro expediente identificado con el número
15/03/ 02/2008 por el delito de fraude. El caso deriva de la denuncia
que presentó el líder petrolero Mario Rubicel Ross García, en la que se
acusa a Romero de la malversación de 3 mil millones de pesos
correspondiente a las cuotas sindicales.
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