Resolución del IFE incongruente, es evidente el exceso de públicidad

Reforma.com

La coalición Movimiento Progresista acusó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la resolución del IFE que descarta propaganda encubierta de Televisa a favor del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto carece de congruencia.

"La resolución que se impugna carece de congruencia en virtud de que no existe correspondencia entre la naturaleza de los hechos denunciados y pruebas ofrecidas, que se relacionan con la realización de propaganda encubierta y trato favorable en los medios de comunicación como es la radio, la televisión y revistas, destacando en ello, la empresa Televisa-Televimex a favor de Enrique Peña Nieto", se expone en el recurso presentado anoche.

Los fines de la reforma en materia electoral más reciente, agrega, obligan a las autoridades electorales a tener especial cuidado en lo que se refiere al posible abuso de los medios de comunicación, dada su notoria y determinante influencia que puede llegar a trastocar los principios de equidad, el derecho a la información y de elecciones libres y auténticas.

La izquierda explica que las diligencias debieron realizarse desde el primer acuerdo del 11 de junio, por lo que no reúne los requisitos de una investigación seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

Es hasta el 3 de julio de 2012, es decir, 23 días después del acuerdo de tener por recibida la queja, que realiza un primer requerimiento parcial de información a los involucrados en los hechos denunciados, y un segundo requerimiento hasta el 13 de julio, 43 días después.

"De manera incongruente, el IFE se limita a cuestionar a los denunciados expresamente respecto de la existencia de contratos y plan de publicidad, cuando los hechos denunciados versan precisamente sobre entendimientos ocultos y no directos entre los involucrados, omitiendo líneas de investigación", se detalla en el documento.

Incluso, sostiene que los interpelados no negaron la existencia de algún contrato con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o con Enrique Peña Nieto, afirmaron, y tan solo se limitaron a señalar que no lo existía en los términos formulados por la responsable, respecto de lo cual la responsable pasa por alto en la investigación y por tanto en la resolución que se impugna.