MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 25 de diciembre, las actividades no cesaron en un pocito de carbón clandestino ubicado cerca de la villa de Barroterán, Coahuila, a pesar de tratarse de un día de descanso obligatorio.
Inicialmente, el patrón, Juan Manuel Lares, había dado instrucciones a sus trabajadores de que no se presentaran a trabajar hasta enero; sin embargo, de último momento cambio de opinión y citó a cuatro trabajadores. Poco antes de terminar el turno, una enorme roca se vino abajo, cubriendo por completo a Javier Alejandro Martínez Álvarez.
La roca cayó sobre su cabeza, la quijada se le fracturó. Las secuelas del golpazo son más que evidentes: actualmente, presenta convulsiones, su rostro está cubierto por marcas de costura que no cicatrizan. No puede mover los hombros y tiene todas las vértebras saltadas. El frío del norte, a veces bajo cero, lo hace gritar del dolor en la pierna izquierda, sujeta por cinco clavos que llevará de por vida para mantener su extremidad en su lugar. Javier Alejandro tiene 32 años, esposa y dos hijos pequeños.
Hace siete años, su tío Jesús Álvarez, murió en la mina Pasta de Conchos. Como sucede en esa región, las familias de obreros mueren en la miseria, por accidentes en minas propiedad de otras familias que viven millonarias por el carbón… como Javier Alejandro, empleado de Juan Manuel Lares, en cuyos pocitos han quedado lisiados varios mineros y dos han muerto.
El pasado 19 de febrero, al cumplirse siete años del derrumbe en el que murieron 65 trabajadores en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el gobierno de Enrique Peña Nieto informó que se realizaría un peritaje para determinar si es posible recuperar los 63 cuerpos que continúan dentro de la estructura colapsada.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE) se valieron de informes falsos y dictámenes tergiversados, para avalar que la mina continuara cerrada y los cuerpos insepultos. Fue imposible saber qué ocurrió y a la averiguación previa federal se le dio carpetazo.
De acuerdo con el oficio número OS/057/13, de fecha 11 de febrero de 2013, el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, solicitó al procurador general, Jesús Murillo Karam, un nuevo peritaje para saber si las condiciones de Pasta de Conchos hacían factible la recuperación de los cuerpos, como piden los deudos agrupados en la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC).
La información fue dada a conocer durante la misa en la que cada día 19 de cada mes, participa la FPC frente al edificio corporativo de Grupo México –propietario de la mina—en la colonia Polanco de esta ciudad. En su mensaje, la presidenta de la FPC, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, fallecido en Pasta de Conchos, calificó el anuncio como “una luz de esperanza” y reconoció que Navarrete Prida había cumplido su palabra, pero advirtió que era apenas el comienzo.
El lema del memorial fue “Rescatar a los vivos para honrar a los muertos”, pues a la FPC se han sumado familiares de los 94 mineros fallecidos en accidentes posteriores a Pasta de Conchos.
En total, se cuentan 159 trabajadores muertos por condiciones inseguras en siete años, la mitad en los tiros verticales, llamados pocitos que abastecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Política letal
A diez años de su creación, la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), se ha convertido en el instrumento que posibilita la subsistencia de un tipo de minería letal, ajena a controles de seguridad social, laboral, e incluso, fiscal y penal.
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