En duda, la fortaleza del gobierno de Calderón: Washington

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- El aumento de la violencia generada por el narcotráfico pone en duda “la fortaleza” del gobierno de Felipe Calderón, y a México lo coloca en la posibilidad de convertirse en “un Estado fallido”, advierte una investigación ordenada por el Congreso de Estados Unidos.
Con el título: Relaciones México-Estados Unidos: Asuntos para el Congreso, el estudio de 36 páginas –una copia del cual tiene Proceso– presenta un escenario caótico debido a la inseguridad que ha generado en todo el país la guerra de Calderón contra los cárteles de la droga.
Los especialistas en temas latinoamericanos del Servicio de Investigaciones del Congreso (Congressional Research Service, CRS) Clare Ribando Seelke, Mark P. Sullivan y June S. Beittel recuerdan que un reporte dado a conocer en diciembre de 2008 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos señaló que “México potencialmente puede enfrentar en el futuro un rápido y súbito colapso porque su gobierno, sus políticos, policía y su infraestructura judicial están bajo un asalto constante por parte de bandas criminales y los cárteles de la droga”.
Unos meses después, a finales de marzo de 2009, continúan, “Dennis Blair, el director nacional de Inteligencia, aseguró a la prensa que México no estaba en peligro de convertirse en un Estado fallido”.
Y es que, explican en su reporte, la simple mención de que México corre riesgo de convertirse en un Estado fallido causó mucha molestia al gobierno de Calderón y tensión en la relación bilateral.
Ante ello, “el gobierno de México reconoce que el país enfrenta un reto significativo ante las bien financiadas bandas de criminales, debido a la corrupción y la violencia, pero asegura que la descripción de México como un Estado fallido es una distorsión grotesca de los hechos que acontecen en el país”.
No obstante, el documento del CRS que fue distribuido el 10 de septiembre pasado entre los miembros de los comités y subcomités de las cámaras de Senadores y de Representantes a cargo de los asuntos relativos a la relación con México, asienta:
“…El aumento y el carácter tan dramático de la violencia ha llevado a que algunos observadores cuestionen la fortaleza del gobierno de México, hasta caracterizarlo potencialmente como un Estado fallido.”
La investigación, realizada por órdenes del Poder Legislativo estadunidense, y cuyas conclusiones son tomadas en cuenta por los congresistas para la formulación de leyes y presupuestos relacionados con México, como los fondos que autoriza el Capitolio para apoyar con dinero y asistencia técnica y militar la Iniciativa Mérida, apunta que en 2008 la rivalidad entre los cárteles del narcotráfico, más la campaña militarizada que contra ellos lanzó Felipe Calderón, provocaron una escalada de violencia muy fuerte en la mayoría de las poblaciones y ciudades aledañas a la frontera con Estados Unidos.
“Entre principios del año 2008 y el mes de mayo de 2009 –puntualiza el documento– murieron unos 7 mil 500 mexicanos, incluidos cientos de policías y oficiales del Ejercito, por la violencia relacionada con el tráfico de drogas”.
En el mismo periodo “también aumentó el número de asesinatos de mandos policiacos de alto nivel, de crímenes grotescos, como decapitaciones, y hubo por lo menos un incidente que involucró el asesinato indiscriminado de civiles”, dice, para concluir que “el problema del narcotráfico y la violencia en México” es posiblemente el asunto de la relación bilateral más importante y el que más preocupa a la presidencia de Barack Obama.
Consigna el hecho de que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la visita que realizó el 25 y 26 de marzo de este año a la Ciudad de México y a Monterrey, advirtió a la canciller mexicana, Patricia Espinosa, que en la lucha contra el narcotráfico “se requiere de una sociedad fuerte y duradera basada en un involucramiento amplio, de gran equilibrio, de responsabilidad compartida y de esfuerzos conjuntos”.
E indica que, a partir de entonces, el gobierno de Calderón aceptó la creación y ubicación en la capital mexicana de “la Oficina Bilateral de Implementación” (Proceso 1693), por medio de la cual el gobierno estadunidense participa físicamente y de manera directa en el diseño, la ejecución y la supervisión de políticas y estrategias antinarcóticos del gobierno calderonista.
“La Oficina Bilateral de Implementación es donde trabajarán juntos funcionarios de México y de Estados Unidos para combatir a los traficantes de drogas y a la violencia asociada con éstos”, enfatiza.
Posteriormente, en un balance de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, los investigadores subrayan que el año pasado disminuyeron notablemente las cantidades de drogas decomisadas en México. “En 2008 –calculan– el gobierno mexicano decomisó poco más de 19 toneladas de cocaína, contra las 47 toneladas que confiscó en 2007, al tiempo que también disminuyeron de manera significativa las confiscaciones de mariguana, heroína y metanfetaminas”.
Algunas agencias federales de Estados Unidos, prosiguen, han atribuido la reducción en las cantidades de drogas decomisadas a una mejor estrategia antinarcóticos por parte del gobierno de Calderón, lo que ha obligado a que los narcotraficantes busquen rutas alternativas para el trasiego de los narcóticos.
Pero no dejan de aludir a la corresponsabilidad que implica la Iniciativa Mérida, a raíz de la cual el Pentágono firmó un contrato para donar cinco helicópteros tipo Bell 412 que se entregarán a México este 17 de diciembre.
“La asistencia militar que se da a México bajo la Iniciativa Mérida está condicionada a la preservación de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico, y a que la Procuraduría General de la República resuelva el caso del asesinato del periodista estadunidense Bradley Will (conocido como Brad Will), que ocurrió en 2006 durante las manifestaciones de maestros en el estado de Oaxaca.”
Como parte del compromiso bilateral que tiene Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, el CRS informa asimismo a los legisladores que “México pasó a ser uno de los países del hemisferio que más dinero reciben” de Washington.
El año fiscal 2007, precisa, México recibió 65 millones de dólares del gobierno estadunidense, cifra que se elevó a 406 millones en 2008 y a 786.78 millones en 2009, además de que la cantidad correspondiente al año fiscal de 2010 –que termina el 1 de octubre próximo– será de 502 millones de dólares.
La investigación resalta la presencia de agentes federales estadunidenses en territorio mexicano –distintos a los que se encuentran en la Oficina Bilateral de Implementación–, los cuales desarrollan una tarea de apoyo (no solicitado) contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“La Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha trabajado con el gobierno mexicano por varias décadas y ahora cuenta con 11 oficinas en México”, apunta, para luego aclarar que la misma DEA “está aumentando el número de sus agentes ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, y está formando unidades móviles dedicadas a combatir las operaciones de los cárteles mexicanos que trafican metanfetaminas”.
El trasiego de las drogas de México a Estados Unidos es un negocio ilícito tan lucrativo para el crimen organizado que “genera ganancias anuales de 15 mil a 25 mil millones de dólares”, anota el documento, según el cual la crisis económica mexicana es otra de las preocupaciones estadunidenses, pues ante la recesión económica el gobierno de Calderón tuvo que destinar “miles de millones de dólares de sus reservas internacionales para salvaguardar la viabilidad de su moneda”.
La investigación concluye que otro de los aspectos que deben captar la atención del Capitolio es la epidemia del virus de la influenza A/H1N1, que “sigue teniendo un gran potencial de alerta y alarma, por lo que el Congreso y el gobierno de Obama deben seguir considerando la posibilidad y preparación para cerrar totalmente toda la frontera con México”.

Campaña por liberación de Juan Martínez - Caso Brad Will

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Por la libertad de Juan Martínez Moreno

JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO, INJUSTAMENTE ACUSADO POR EL HOMICIDIO DE BRAD WILL, ESPERA QUE UN JUEZ FEDERAL LE OTORGUE AMPARO

Juan Manuel Martínez Moreno se encuentra en espera de que el Juez Quinto de Distrito en materia Mixta de Oaxaca, le conceda el amparo respecto del auto de formal prisión que le dictó el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, también de Oaxaca, bajo la imputación de haber sido el autor material del homicidio del periodista Bradley Roland Will el día 27 de octubre de 2006 en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca
Actualmente, Juan Manuel enfrenta su proceso penal privado de su libertad, en el Penal de Ixcotel, Oaxaca. Elllo en virtud de que el mencionado Juez Cuarto, el día 22 de octubre, consideró que era procedente dictar auto de formal prisión en su contra, otorgando valor probatorio pleno a las pruebas periciales y testimoniales de la PGR. El juez penal también desestimó los señalamientos que la CNDH presentará en su recomendación 50/2008 sobre el asesinato de Brad Will, así como el peritaje independiente realizado por el Programa Internacional Forense de Médicos por los Derechos Humanos, realizado por expertos internacionales en patología forense y criminalística. Es importante destacar tanto la CNDH como el Programa Internacional Forense de Médicos por los Derechos Humanos, coinciden en establecer que el disparo fue realizado a 32 metros de Brad Will y no a 2 metros como afirma la PGR. Con ello no solo se diluye la acusación en contra de Juan Manuel Martínez Moreno, sino que se refuerza la hipótesis sobre la probable responsabilidad en los hechos de los grupos afines al priísmo oaxaqueño y servidores públicos del municipio de Santa Lucía del Camino.
Frente a los vicios de forma y fondo que presenta el auto de formal prisión, Juan Manuel ha recurrido a la Justicia Federal para demandar el amparo. De esta manera, la Juez Quinto Distrito en materia Mixta tiene en sus manos la posibilidad de restituir en su libertad a Juan Manuel Martínez y reparar las irregularidades cometidas tanto por la PGR, que atrajo el caso y consignó al juez la averiguación integrada, como por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, que inicialmente llevó a cabo las investigaciones. Habiéndose celebrado la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo el pasado 15 de diciembre, la Juez Quinto de Distrito deberá dictar sentencia a la brevedad.
En este contexto, tanto Juan Manuel Martínez Moreno y sus familiares, como el Comité 25 de noviembre y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideramos que la Juez Quinto de Distrito debe tomar en consideración las irregularidades que presenta la acusación y revocar el auto de formal prisión dictado por el C. Juez Cuarto Penal del Centro de Oaxaca. Estando en puertas su decisión, además de exhortar una resolución conforme a derecho, anunciamos una breve campaña de firmas para la cual convocamos tanto a organizaciones como individuos a que se dirijan mediante una carta a la juez de amparo y le demanden una actuación respetuosa de los derechos humanos.

Más información en los sitios: www.centroprodh.org.mx y http://comite25denoviembre.org/

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS!

¡VERDAD Y JUSTICIA PARA BRAD!

Oran en Oaxaca por liberación de presunto homicida de Brad Will

PEDRO MATíAS

OAXACA, Oax., 15 de diciembre (apro).- Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), familiares y representantes de organizaciones civiles hicieron un ayuno de nueve horas y oraron por la libertad de Juan Manuel Martínez Moreno, a quien la Procuraduría General de la República acusó del asesinato del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006.Los ayunantes esperaron a un costado de la Catedral, mientras en el Juzgado V de Distrito se efectuaba la audiencia constitucional con la jueza Rosa Ileana Noriega Pérez, a quien los abogados del detenido entregaron los alegatos para que resuelva en torno al amparo que presentaron.Liliana Ivette Tejada Romero, esposa de Martínez Moreno, detenido el 16 de octubre pasado, manifestó que el ayuno inició este lunes a las 9 de la mañana, como "un acto de fe para pedir a Dios que le dé fortaleza y valor", porque saben perfectamente que este caso tiene "un gran peso político".Desde el atrio de la Catedral, donde se colocaron fotografías de Martínez Moreno, la esposa del detenido no pidió "milagros" a la jueza, sino que únicamente "se apegue a derecho, ya que es la autoridad que le puede dar su libertad o lo hunda más".Al ayuno se sumaron el consejero de la APPO y representante de la Comuna-Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, así como el indiciado Miguel Cruz Moreno, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca.Además, participaron las integrantes del Comité de Liberación 25 de Noviembre, Sara Méndez y Alma Soto.La hermana del acusado, Libia Martínez Moreno, calificó como una "infame injusticia" la detención de Juan Manuel, y advirtió que seguirán exigiendo la libertad de éste por las vías jurídicas y por medio de la solidaridad comunitaria. Por su parte, Martínez Moreno envió una carta a la jueza de Distrito, en la que afirma: "Yo soy inocente y confío en Dios".Además, le pide que "no manche sus manos condenando a un inocente (y) tenga valor para dictaminar con la verdad y me libere de este cautiverio que injustamente me encuentro privado de mi libertad ".Continúa la misiva:"Para su familia y usted es mas honroso y honorable que la etiqueten como una verdadera juez y no como un verdugo que lucra con la libertad de un inocente, y créame que el mundo le admirará que solamente sea imparcial antes de dictaminar el fallo de la causa penal 155\2008".Los abogados de Juan Manuel, Alba Cruz Ramos y Gilberto López Jiménez, informaron que no hubo una sola objeción para realizar la audiencia constitucional, y manifestaron su confianza de que "si la jueza se apega estrictamente a la cuestión jurídica, la resolución tiene que ser favorable a Juan Manuel Martínez Moreno", es decir, tendrá que salir libre por falta de elementos.