Daño patrimonial por 44 MDP en Sedena

La Dirección General de Administración de la Sedena habría incurrido en un daño al erario por 44.4 millones de pesos relacionado con el contrato para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, revela la Auditoría Superior. Los recursos fueron erogados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar entre 2008 y 2009.

Redacción

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría incurrido en irregularidades respecto del contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, que involucró recursos públicos por 184 millones 236 mil 700 pesos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De su Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, se desprende que el costo original del contrato ascendió a 147 millones 985 mil 400 pesos; pero, posteriormente, tuvo sobrecostos que superaron los 36 millones de pesos, pagados con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.

Las anomalías detectadas por la ASF habrían costado al erario además de los 36 millones 251 mil 300 pesos por sobreprecios, 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, con la cual se dio la relación contractual.

Como lo informó la columna Oficio de Papel el pasado 14 de febrero, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans.

La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual en el ejercicio 2009 se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).

En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.

No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.

El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.

Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756.8 miles de dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.

Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).

De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.

Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.

Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.

Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado, porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.

La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indicaron fuentes de la Secretaría de la Función Pública a la columna Oficio de Papel, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.

Chile: el oro o la vida

FRANCISCO MARíN

VALPARAÍSO, 7 de agosto (apro).- La disputa en torno al megaproyecto aurífero Pascua Lama está que arde: mientras la canadiense Barrick Gold Corporation espera comenzar en septiembre la construcción de la mina Pascua Lama, sus opositores realizan una serie de acciones con el propósito de detenerla.
El pasado 7 de mayo Barrick anunció simultáneamente en Chile y Argentina el comienzo de las obras. En este último país fue Cristina Kirchner quien hizo el anuncio. Lo hizo desde la Casa Rosada y en compañía de ejecutivos de la trasnacional canadiense. Al hacerlo sostuvo que el desarrollo de este proyecto demostrará "la vigencia del Tratado de Integración y Complementación Minera" existente entre ambos países. Hacía alusión al acuerdo firmado el 29 de diciembre de 1997 por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei, que aporta el marco jurídico que hace posible la explotación por parte de transnacionales de inmensos yacimientos existentes en la extensa frontera binacional.

Visitas canadienses
Pascua Lama es el primero de los proyectos enmarcados en este polémico tratado que podría comenzar a realizarse. Una docena de otros megaproyectos esperan que esto ocurra para poder hacer lo mismo.
En Santiago, el ministro de minería de Chile, Santiago González, dio aquel día una conferencia de prensa junto a los ejecutivos de Barrick, José Urrutia y Rodrigo Rivas. En ésta elogió el proyecto Pascua Lama y destacó que la mina de oro generará mil 600 empleos durante 23 años. Expresó, además, el total compromiso del gobierno encabezado por Michelle Bachelet con la citada explotación minera.
El pasado 14 de abril --pocas semanas antes que el inicio de Pascua Lama se diera a conocer-- la presidenta Fernández recibió en la Casa Rosada al fundador y presidente de Barrick, Peter Munk. Nueve días después, Aaron Regent, director ejecutivo de esta empresa visitó a la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda.
Ambos encuentros fueron a puertas cerradas y no hubo información oficial respecto a lo acordado.
Pero no quedan dudas que ambos gobiernos se comprometieron a impulsar el proyecto. Prueba de ello es que, el 28 de abril, el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) dio a conocer --a través de un comunicado de prensa-- que el Subgrupo de Trabajo de Asuntos Tributarios del Tratado Minero, había alcanzado "un acuerdo para resolver aspectos tributarios relativos a los denominados servicios transfronterizos indivisibles". La disputa sobre la repartición de impuestos aparecía, hasta entonces, como el principal obstáculo para la puesta en marcha del proyecto. Apenas concretado este acuerdo, la subsecretaria de Minería chilena, Verónica Barahona, aseguró que la empresa "ya puede comenzar las obras".
El 12 de mayo el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, se encargó de diluir estas certezas. En entrevista con diario El Mercurio expresó que a Pascua Lama aún le faltan dos permisos: la aprobación del modelo hidrogeológico (comportamiento futuro de recursos hídricos en el área del proyecto) y el que permitiría la construcción de dos piscinas de almacenamiento de las aguas que están en contacto con el depósito de estériles de la mina. Estos permisos aún no se han entregado, a pesar de las presiones que sobre la DGA ha ejercido el Ministerio de Minería. En todo caso, el propio Weisner declaró que en el transcurso de agosto éstos serán emitidos.

Asunto de vida o muerte
Para el pueblo diaguita, una de cuyas últimas comunidades sobrevivientes a la llegada de los europeos se encuentra en el Valle del Huayco, muy cerca de donde se ubica el proyecto, el "Sí" o "No" a Pascua Lama es un asunto de vida o muerte. Es por eso que a las acciones de protesta y judiciales que han emprendido contra el proyecto, han sumado otra de relevancia internacional: el pasado 25 de mayo solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "se adopten medidas cautelares destinadas a proteger a la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos y sus miembros frente al inminente inicio del proyecto minero Pascua Lama en su territorio ancestral, ordenando su inmediata suspensión".
Esto, con el fin que no se realicen "daños irreparables" mientras esta Comisión no resuelva la demanda contra el Estado de Chile interpuesta por los diaguitas el 5 de enero de 2007, rotulada como Denuncia 415-07, Diaguitas versus Estado de Chile, que fuera acogida a trámite el 11 de mayo de dicho año.
Los diaguitas sostuvieron en dicha denuncia, que con la autorización de Pascua Lama, hecha por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), en resolución 24, de 15 de Febrero del año 2006, se les "priva de recursos naturales esenciales para garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales, colocándolos en situación de vulnerabilidad alimenticia y económica y, consecuencialmente, amenazando su supervivencia e integridad territorial y cultural, al poner en riesgo la totalidad del ecosistema que sustenta tales espacios territoriales".
La base de la reclamación indígena es que el proyecto de Barrick sustraería "el dominio ancestral del Pueblo Diaguita: tierras, recursos hídricos (glaciares, aguas superficiales y subterráneas), patrimonio arqueológico; flora y fauna endémica; y, finalmente, genera daños irreversibles en el ecosistema donde han vivido los Diaguitas Huascoaltinos desde tiempos inmemoriales".
En entrevista con Apro, la abogada de los diaguitas y autora de las denuncias ante la CIDH, Nancy Yáñez, dice que la tramitación de la causa 415-07 Diaguita versus Estado de Chile, "ha sido muy lenta debido a una actitud dilatoria y de mala fe por parte del gobierno chileno que no ha contestado el fondo de las denuncias y, por el contrario, ha ido presentando escritos pidiendo nuevas prorrogas". Asegura que lo que busca es "ganar tiempo para darle luz verde a Pascua Lama".
Yáñez expuso en su petición de medida cautelar que el anuncio del inicio de Pascua Lama "ocurre a pesar que el gobierno sabe que existe una denuncia pendiente ante la Comisión y pese a que está al tanto de que no se han cautelado los derechos de las comunidades indígenas".
Agrega: "¡El gobierno de Michelle Bachelet procede sin la licencia indígena, sin la licencia social y en contra de la voluntad de las comunidades afectadas."
La jurista cree que es imprescindible que la CIDH acoja esta solicitud: "Si se pone en marcha el proyecto, el daño para la comunidad indígena es absolutamente irreversible y de nada va a servir que en cinco años más la Corte Interamericana se pronuncie sobre una denuncia en contra de un proyecto que está en pleno ejecución."
La solicitud de Yáñez y los diaguitas tiene antecedentes concretos que la avalan. El 8 de agosto de 2002 la CIDH decretó medidas cautelares para resguardar a 12 clanes Saramaka de Surinam. Los denunciantes habían demandado previamente al Estado de su país por haber otorgado numerosas concesiones madereras, mineras y de construcción de caminos en su territorio ancestral sin consultarles. La actividad minera había derivado en el vertimiento de decenas de toneladas de mercurio en el ambiente lo que había contaminado las fuentes de agua y la vida marina. Surinam acogió la solicitud.
Más recientemente, el pasado 17 de junio de 2009, solicitó al gobierno de Panamá adoptar medidas con el fin de evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad del pueblo Ngobe asentado en el Valle del río Changuinola, provincia de Bocas del Toro, afectados por los proyectos hidroeléctricos de la empresa AES Corporation.
Al ser consultado por Apro respecto de esta solicitud, el comisionado de la CIDH, Florentín Meléndez, sostuvo que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, con sede en Washington D.C. debe estudiar la solicitud, tras lo cual deberá ser enviada a los comisionados para que tomen una decisión.
La CIDH es uno de los dos órganos del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. La otra entidad es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica. La CIDH está compuesta por siete miembros independientes, que no representan a ningún país y que son electos por la Asamblea General de la OEA. Su Secretaría Ejecutiva cumple las disposiciones de la CIDH y apoya la preparación legal y administrativa de sus tareas.
De no pronunciarse la CIDH en el sentido requerido por los diaguitas, los opositores a Pascua Lama tienen una última opción: que el Octavo Juzgado Civil de Santiago acepte tomar medidas precautorias contra el desarrollo de este proyecto. La razón: El gobierno de Chile --bajo la administración de Ricardo Lagos-- habría incurrido en una inconstitucionalidad evidente al dictar el decreto 116 de Minería (emanado el 9 de febrero de 2003), mediante el cual autorizó a Barrick y otras transnacionales que se acojan al Tratado Minero, pagar directamente a las instituciones involucradas en fiscalizarlas. Esto es: Carabineros (policía), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los servicios de Aduanas, entre otras.
A juicio del economista Julián Alcayaga, autor del libro País Virtual: la historia oculta del tratado minero, el decreto 116 de Minería infringe el número 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: "Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado."
Al margen de esta inconstitucionalidad, Alcayaga expresa que sería "impresentable" que en Chile los fiscalizados pudieran comenzar a pagar los gastos de sus fiscalizadores.
A raíz de esta irregularidad el Comando de Defensa del Valle del Huasco, y otras organizaciones, presentaron una acción constitucional de nulidad de derecho público del decreto supremo 116, que tiene el rol 4670-2008 en el Noveno Juzgado Civil de Santiago. Esta se encuentra en etapa de prueba. Si prosperara, sería el fin del proyecto Pascua Lama. En los próximos días se sumaría a esta iniciativa, como abogado patrocinador, el exjuez Juan Guzmán, mundialmente conocido por haber procesado y encarcelado al dictador Augusto Pinochet. Éste pedirá medidas urgentes e inmediatas con el fin de frenar este proyecto que amenaza la existencia misma de numerosas comunidades que habitan el Valle del Huasco, que es la frontera sur del Desierto de Atacama, el más árido del mundo.