Calderón ahora endosa su incompetencia a los medios, sostiene López Obrador

La doctrina neoliberal es la causa de la violencia en el país, expresa en Acapulco

Lejos de abatir la inseguridad, el michoacano ha dado ejemplos de corrupción e impunidad, señala

Ciro Pérez Silva y Misael Habana (Enviado y corresponsal)

Acapulco, Gro., 13 de mayo. La incompetencia, irresponsabilidad y falta de argumentos políticos del “espurio” Felipe Calderón son las razones que lo llevan a culpar a terceros por la falta de resultados en la lucha contra la inseguridad en el país, afirmó aquí Andrés Manuel López Obrador.

Un dato incontrovertible, dijo, ejemplifica la situación en que se encuentra México: nunca hubo tanta violencia, tantos asesinatos y crímenes como ahora, insistió al preguntarse: “¿por qué Calderón le echa la culpa a los medios? El culpable es él y sus jefes que lo impusieron en el cargo, ¿por qué no van al fondo del problema de la inseguridad e insisten en mantener la misma política económica antipopular y entreguista?”, agregó.

“Ayer (el lunes pasado), queriendo distraer la atención, todo nervioso, culpa a los medios de comunicación y dice: ‘¡Ya basta. Ayúdenme!’ Pero si existe algún sector al que, salvo honrosas excepciones, el espurio Calderón le debe estar agradecido por haberle allanado el camino al gobierno, son los medios de comunicación. ¿Qué sería del pelele sin la tele?”, se preguntó el tabasqueño.

Al continuar en esta ciudad la segunda semana de reuniones con las brigadas de defensa del petróleo, López Obrador fue entrevistado sobre la convocatoria a la unidad que hizo la víspera el presidente Calderón y la condena a los medios de comunicación, a quienes acusa de ser cómplices del narcotráfico.

“Lo que vemos es una consecuencia natural de la aplicación de políticas neoliberales que han impedido que el país crezca en más de 25 años; no sólo no ha crecido, sino que tampoco se han generado los empleos que demanda la población, ni se garantiza a los jóvenes del país el acceso a las universidades; ésas son las causas de la violencia que, como nunca en la historia de México, ha resentido el país; mientras no se resuelvan esas condiciones a través de programas sociales adecuados, la violencia no va a ceder, no es con acciones de relumbrón como se va a contener la inseguridad en el país”, respondió.

Ante las insistentes preguntas sobre este tema, el tabasqueño destacó que desde el principio Felipe Calderón atendió el problema de la violencia de manera “frívola, disfrazándose de militar, pensando que así iba a resolver el problema en vez de proponer un programa para combatir la pobreza. Sólo ha arrojado malos ejemplos de corrupción, de impunidad y de deshonestidad, como el caso del delincuente confeso Juan Camilo Mouriño, en lugar de combatir la corrupción, cambiar la actual política económica y ofrecer oportunidades de empleo, de educación y de bienestar a los mexicanos”.

López Obrador hizo énfasis en que sin salud, educación, empleo, progreso, bienestar y sin un combate a la corrupción, “no debe extrañar que haya violencia e inseguridad”. Ambos problemas, señaló, no se resolverán con un mayor número de policías y efectivos del Ejército en las calles, y tampoco con amenazas de mano dura, leyes más severas y más cárceles.

La seguridad, insistió, se garantiza con la creación de fuentes de empleo y oportunidades de estudio para miles de jóvenes que desean ingresar en los niveles medio superior y superior, afirmó al mencionar que Felipe Calderón Hinojosa incurrió en una irresponsabilidad al culpar a los medios de comunicación y a los Poderes Judicial y Legislativo del clima de inseguridad.

La privatización de Pemex sólo favorece a los tiburones de los negocios: AMLO

La iniciativa oficialista no beneficia a los empresarios nacionales, advierte

Si se aprueba, las trasnacionales serán proveedoras de todos los servicios del gobierno, afirma

Ciro Pérez y Misael Habana (Enviado y corresponsal)

Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión que sostuvo con brigadistas defensores del petróleo en el Centro de Convenciones de Acapulco, en el estado de Guerrero
Foto: Javier Verdín

Acapulco, Gro., 13 de mayo. La reforma a Pemex que propone el gobierno “usurpador” no sólo carece de beneficios para el país, sino que ni siquiera favorece a pequeños, medianos y grandes empresarios mexicanos, ya que abre la puerta para que sean proveedores extranjeros los que atiendan la demanda del sector, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Ante un auditorio colmado en el Centro de Convenciones de este puerto, el político tabasqueño sostuvo que dicha propuesta de reformas no sólo viola la Constitución, sino que “beneficia a los grandes tiburones de las aguas profundas del mundo que se mueven en los grandes negocios, y que son quienes proveerán todos los servicios no sólo a Petróleos Mexicanos, sino al gobierno en su conjunto”, aseveró.

Ante más de mil brigadistas defensores del petróleo, López Obrador expresó que a lo largo de la historia del país los procesos de privatización sólo han beneficiado a grandes consorcios internacionales y no a pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

“Los procesos de privatización han sido sinónimo de corrupción y el pueblo de México no ha obtenido un solo beneficio por la venta de aproximadamente mil empresas públicas en los últimos 25 años”, enfatizó.

Señaló que la política económica “antipopular y entreguista” ha derivado en más pobreza y desigualdad. “Han privatizado los bancos, Teléfonos de México, los ferrocarriles, los aeropuertos y de manera silenciosa la industria eléctrica, porque 40 por ciento del consumo nacional se compra a compañías extranjeras, particularmente a firmas españolas”.

En el auditorio Juan Ruiz de Alarcón, el ex candidato presidencial tomó protesta a subcoordinadores de los comités de defensa del petróleo, la mayoría de ellos líderes sociales en la entidad, que encabeza el ex preso político, profesor Eloy Cisneros Guillén.

Más tarde, en asamblea con integrantes de los comités en defensa del petróleo, realizada en Cuernavaca, López Obrador estuvo acompañado por representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes manifestaron de manera pública su rechazo al intento privatizador de la industria petrolera.

En su mensaje, López Obrador advirtió a su vez que si los ciudadanos permiten que la renta petrolera se comparta con empresas extranjeras, “entonces no habrá futuro ni posibilidad de desarrollo nacional”.

Subrayó que el interés de las empresas trasnacionales por el petróleo se explica porque éste “es el mejor negocio del mundo, porque extraer un barril de crudo cuesta cuatro dólares y se vende posteriormente en el mercado internacional a razón de 100 dólares, pero si se vende a los intereses privados no habrá recursos suficientes para financiar la educación y la salud”, insistió.

López Obrador continuará este miércoles las reuniones informativas con los comités de defensa del petróleo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

En breve, AMLO presentará su proyecto para fortalecer Pemex: Ortiz Pinchetti

Desmenuza en Xicoténcatl los cinco lineamientos de que se compone la propuesta

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

José Agustín Ortiz Pinchetti, representante del “gobierno legítimo”, durante el debate petrolero realizado ayer en el Senado de la República
Foto: Francisco Olvera

En los próximos días, Andrés Manuel López Obrador presentará su proyecto de reforma para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de evitar que los energéticos sean entregados “a los grandes tiburones de las aguas profundas del mundo de los negocios”, anunció José Agustín Ortiz Pinchetti.

Durante su intervención en la primera sesión del debate nacional sobre las iniciativas de Felipe Calderón en torno a Pemex, y al hablar con la representación del “gobierno legítimo”, rechazó los cuestionamientos que momentos antes formuló en ese foro el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares, quien sostuvo que los opositores a la reforma sólo se dedican a criticar.

Ortiz Pinchetti dijo que desde el pasado 18 de marzo, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sus planteamientos en torno a la industria petrolera, y en unos días más la dará a conocer de manera detallada.

Se trata, dijo Ortiz Pinchetti, de un proyecto que contiene cinco lineamientos básicos: que se destinen todos los excedentes petroleros al fortalecimiento de Pemex, a fin de que sean invertidos en exploración, perforación, refinación, petroquímica, mantenimiento y construcción de ductos e instalaciones petroleras, así como para el desarrollo tecnológico. Para este año, esos excedentes significarían 20 mil millones de dólares adicionales que, al ser entregados a Pemex, representarán más del doble del presupuesto actual de la paraestatal.

El segundo punto de la propuesta lopezobradorista es fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), a fin de que ese organismo lleve a cabo todas las investigaciones para exploración de yacimientos petroleros en tierra y aguas someras, fundamentalmente en el sureste del país, donde existen reservas posibles y probables hasta para 20 años.

Igualmente, la propuesta de López Obrador contempla reducir el número de integrantes del consejo de administración de Pemex, sobre todo los que dependen del Ejecutivo federal y del sindicato petrolero, y dar al Congreso la facultad de elegir a representantes de la sociedad civil de inobjetable honestidad, toda vez que su tarea primordial sería evitar la corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias en la asignación de contratos.

Otro punto es fortalecer las áreas sustantivas de la paraestatal para que pueda atender todos los problemas operativos que tienen que ver con la disminución de la producción en la zona de Campeche, además de la contaminación de nitrógeno y de agua que ha llevado a cerrar 100 pozos y quemar alrededor de 700 millones de metros cúbicos diarios de gas por falta de inversión y también por negligencia.

Finalmente, la propuesta de López Obrador comprende reunificar Petróleos Mexicanos en una sola empresa de Estado, revirtiendo la actual división artificial en diferentes subsidiarias.

Ortiz Pinchetti pidió a los legisladores participantes en el foro contemplar y analizar desde ahora la posibilidad de llevar a cabo una consulta ciudadana sobre el tema del petróleo. “Es posible que la última palabra sobre las reformas petroleras la tengan los legisladores, pero la primera palabra siempre la tendrá el pueblo de México”.

¿Sería sano que desapareciese el PRD?

Arnoldo Kraus

A la pregunta, ¿sería sano que despareciese el Partido de la Revolución Democrática (PRD)?, sigue otra, ¿es hoy posible seguir confiando en ese partido? Las respuestas se complementan: debería desaparecer y luego reinventarse; imposible apostar por esa institución: el cáncer representado por las enfermedades y la inoperancia de sus dirigentes ha penetrado “casi” hasta el último resquicio.

Son tantos los días desde que el partido mostró lo peor de su priísmo, tantas las oportunidades que le ha brindado al panismo para que lo denueste, y tantos los sinsabores generados en la opinión pública por sus incapacidades internas, que hoy, se anuncie lo que se anuncie, es muy difícil, si no imposible, confiar en ese partido. ¡Qué pena lo que ha sucedido en el PRD: autoflagelarse y desterrar a sus correligionarios! ¡Qué ridículo lo que han hecho las últimas semanas: la falta de voluntad y de sagacidad mostrada por los directivos del partido para solventar “su situación” hiede!

Sin ser escépticos, tan sólo realistas, es imposible pensar que el partido pueda hoy reconstruirse y convencer a la sociedad de que su ideario y su forma de luchar representa lo mejor para la nación. Es demasiado el daño que se han hecho (y que han hecho). Difícil, muy difícil, creer “en ellos”. No hay como encontrar las pócimas que aminoren los daños generados por sus incontables traspiés. La conflagración interna, la prolongación de la incertidumbre, y la manifiesta incapacidad para nombrar, dentro de sus mismos cuadros, árbitros competentes y voces conciliadoras con suficiente ética han derruido la imagen del partido y han generado un hueco interno ominoso en el políticamente más ominoso México de hoy.

Las últimas informaciones de la Comisión Técnica Electoral (CTE) del PRD –9 de mayo– atizan el fuego y certifican la incapacidad del partido. Leer para creer: “Da el Comité Técnico Electoral triunfo a Ortega”; “hubo irregularidades en Chiapas, Oaxaca y Veracruz”; “fue un albazo, dice Encinas”; “la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, Ernestina Godoy, cuestionó la celeridad con la que operó la CTE”. Entre las acusaciones que se hacen la Nueva Izquierda y la Izquierda Unida quien se ha hundido es el PRD. Aunque bien se sabe que en aras del poder todo se sacrifica, esa opción no debería ser válida en un grupo político que se anuncia como defensor de los derechos humanos y que ha bregado por promover la democracia, la justicia y la ética. Imposible confiar en un partido que se traiciona a sí mismo.

La irresponsabilidad de los líderes del PRD y de quienes resulten culpables es doblemente grave: han ahuyentado a muchos de sus seguidores y han creado un hueco que será aprovechado por los partidos opositores. Me repito y apuesto: el daño es irreversible. Aminorar su irresponsabilidad debería ser obligación inmediata de los políticos perredistas. Aunque es muy fácil escribirlo, pero muy complejo hacerlo, el partido debería buscar la forma de reinventarse y de reconstruirse.

Da pena decirlo, pero hay que decirlo. El daño que le han causado los dirigentes del PRD al partido, a México y a su ideario es demasiado. El descrédito generado en la sociedad ha opacado el sol azteca. En aras de la ética el sol azteca tiene la obligación de reinventarse.

No poca ha sido la contribución de los otros partidos a que esto sucediera, se infiltró gente del PRI y del PAN, no nomás fueron perredistas los que ocasionaron esta debacle y ni hablar de los medios de comunicación y el poder espurio federal. Dar la espalda y decir pues ya se acabó significaría dejar que el PRIAN ya sin obstáculos siga ultrajando a los mexicanos, así que o se refunda o se reinventa o sea recrea pero no podemos tomar la actitud de bueno pues ya ni modo, lástima y a otra cosa mariposa porque nos lleva la chingada.

Zopiloteo sobre la renta petrolera

http://www.youtube.com/watch?v=6pU1wGNLOXs

Luis Linares Zapata

Salidos de las entrañas del manipulado contratismo y la corrupción secular, aparecen sendas propuestas petroleras patrocinadas por algunos gobernadores de estados que se autocalifican como productores de hidrocarburos. Priístas, la mayoría de ellos, se dicen preparados para introducir sus propias visiones y proyectos. La inocultable pretensión, parapetada tras de esos desplantes de seudoemprendedores, es dar una tarascada adicional a la inmensa renta petrolera. No cabe la menor duda de que la más desatada ambición ronda por las costas del Golfo de México y otros terrenos adyacentes del país. Sin recato, los que se denominan primeros servidores de sus respectivos pueblos, proponen modificar la misma letra y el espíritu de la Constitución para beneficio de un grupo reducido de traficantes de influencias y grupos de presión locales.

Los panistas no se quedan atrás y el elegido por Guanajuato ya decidió engrosar las filas de los pretensos a recibir algo más sustancioso que las participaciones de que, en estos momentos, disfrutan todos los gobernadores, hasta ahora sin cortapisas ni transparencia. Para 2008, se calcula que, con los precios actuales y el volumen de las exportaciones de crudos, los gobiernos locales podrán recibir un monto superior a los 120 mil millones de pesos. Un gran tesoro para el uso y desuso más discrecional que se conoce. Atractivas cantidades de recursos con los que se pueden financiar los apoyos legislativos necesarios para dar a las reformas del oficialismo más entreguista y privatizador el empujón requerido por los negociantes de dentro y fuera del país.

El epicentro de tal movimiento con apariencias empresariales se puede identificar con telemétrica claridad por las distintas biografías en acción. Tal núcleo se concentra en los, sin duda alguna, desinteresados, democráticos y capaces ejecutivos de Tamaulipas y Veracruz. Uno de juventud apabullante pero, sin embargo, bien sobregirado movilizador de votos espurios y empujador de negocios tan rentables como opacos para los de su terruño. El otro, en su ya callosa marca de personero de causas ajenas pero rentables, busca trasmutarse ahora en conductor de huestes ávidas de fortuna, decididos a saltar los escalones de poder que fueran necesarios para extender sus dominios. Son ellos los que encabezan la cruzada para que emprendedores de sus localidades entren, sin tapujos ni resquemores legislativos, al lucrativo trafique de influencias patrocinadas desde los palacios de gobierno locales. Para tal causa cuentan con sus abundantes bancadas de legisladores dependientes y sumisos. Serán estos los agentes finales por los cuales se intentarán quebrar las ya debilitadas resistencias de los mexicanos, al fin que éstos son asiduos oyentes y mirones de los medios de comunicación electrónica, asumen con cínico menosprecio.

Adelantan estos gobernadores irresponsables su decidido arrojo para modificar la propia Constitución de la República, en especial, arguyen, ese tiránico artículo 27 que les impide moverse a sus anchas de grandes gambusinos del oro negro. Quieren que se les permita explotar, junto con inversionistas afines, pozos abandonados. Pero no se detienen ahí, van más allá, como todo aventurero que expande horizontes de conquista. Atisban, también, petroquímicas. Visualizan, allá en un cercano y prometedor futuro, fundar sus Pemex espejos, personales reflejos de su asumida grandeza. Pero también pretenden integrar sendas cadenas industriales, todas ellas compartidas (en democracia) con sus coterráneos, ya sean éstos de medianos alcances pero sin agotarse en ello. Quieren buscar alianzas externas con los que quieran, de manera interesada pero segura, acompañarles en las tareas constructoras de una bonanza regional asegurada. El bienestar para sus personales famiglias, carnales o políticas, se cristalizarán en jugosos negocios, todos al amparo de los bienes colectivos. Un inagotable venero de poder, las rápidas y fáciles veredas hacia los cacicazgos de la energía futura.

Pero el zopiloteo sobre la parte de la renta petrolera que proviene de la venta de crudo al exterior no se extingue en las ambiciones de los gobernadores de esos bendecidos estados ribereños, sino que abarca al resto de sus adláteres y toca hasta los menos agraciados por la fosilización milenaria. Uno de ellos (Tabasco), con la humildad inherente, extiende la palma de su inundada mano para que, a lo mejor, pueda caerle, mediante la generosidad de alguna voluntad asequible, tal vez una refinería o se le aumenten las participaciones para subvencionar los votos que les exigirá 2009 y 2012 de toda su continuidad partidaria. Para entrarle a la construcción de ductos para gas y crudo, almacenes y hasta plantas refinadoras, otros gobernadores y sus cortes de inversionistas que los acompañarán en tan duro trayecto, no podrán resistir los masivos empujes de sus empresarios locales, ya sean estos aguerridos norteños de grandes vuelos algunos (Nuevo León) que se han convertido en reales conductores del destino de sus ciudadanos, o sureños de escasa capacidad movilizadora de recursos pero dispuestos a sumarse a los que detentan los botones del mando burocrático. Otro más, norteño también, (Sonora) apoyará, sin cortapisas, la privatización de todas y cada una de las áreas reservadas al Estado siempre y cuando los beneficiarios fueran, como allá se acostumbra, los negocios de sus familiares. Otro, más visionario y desconfiado de sus dotes políticas sabe que, para financiar su escandalosa campaña de promoción personal, requiere de abundantes fondos, libres de controles: todo un caudal enorme e inagotable, similar al empleado por su antecesor para los mismos propósitos. En fin, toda una pléyade de políticos trepadores, con su tupida red de complicidades, que se mueven ávidos de cristalizar sus ambiciones a costa de cualquier atraco a la nación.

Rotundo no a la privatización del petróleo

Carlos Fernández-Vega

Germán Martínez descalificador de opositores

Flaco favor le hace al país un partido político que en nada cuestiona al gobierno, que lo “apoya sin reservas” –excesos, resbalones y desvaríos incluidos–, que se presume acrítico y agachado al “mando supremo”, y que, en pocas palabras, “propone un futuro para el país” con base en el más negro pasado de la historia mexicana.

Lo anterior resume lo que Germán Martínez fue a decir al Senado de la República, en el arranque del debate sobre las “reforma” petrolera, a donde fue a descalificar a los opositores y no a convencerlos de las “bondades” que ofrece la vergonzante propuesta privatizadora de su patrón, el inquilino de Los Pinos.

El ex becario de la Secretaría de la Función Pública fue a Xicoténcatl a calificar de “nacionalistas falsarios” a los que se oponen a la “reforma” calderonista, dicho lo cual, como cada que abre la boca, el presidente panista escucha el coro: “no me ayudes compadre”. Germán Martínez, el Manuel Espino de la “continuidad”, mete la pata cada que puede, y puede seguido, como ayer, en el arranque del foro de debate petrolero, porque si algún “falsario” (iniciativa petrolera incluida) está a la vista de todos ese es su patrón, quien obviamente intenta “conseguir fines políticos propios” (GM dixit).

La primera coincidencia entre la mayoría de los ponentes en esta primera ronda fue un rotundo no a la violación constitucional a favor del capital privado (“teólogos del petróleo”, les llamó Germancito); en sentido contrario, sólo el dirigente partidista que es feliz siendo acrítico y agachón, más un académico que a veces labora de diplomático, quienes disfrazaron de “futuro para el país” la intentona calderonista (un niño verde balbuceó por allí sus clásicos disparates y “conmemoró” los “80 años de la expropiación” petrolera 10 años atrás).

Los demás, con sus matices, dijeron no a la privatización y a la modificación constitucional. David Ibarra Muñoz se manifestó por un rotundo no a la privatización, así sea “hormiga”, de la industria petrolera; Cuauhtémoc Cárdenas por un no a iniciativas como la de Calderón, “que permite violar la Constitución”, amén de presentar una “visión falaz, pretendidamente catastrófica” de la paraestatal; Lorenzo Meyer por un Pemex para los mexicanos y Beatriz Paredes, presidenta del PRI, por la imposibilidad de que su partido se pronuncie a favor de “la participación –abierta o encubierta– de capital privado en sectores básicos”, aunque todo indica que el término preciso es “en sectores estratégicos”, constitucionalmente amparados.

Y precisamente esa es la primera intención de la “reforma” calderonista: “trasladar” al sector petrolero nacional, sin cambios constitucionales, del sector estratégico al prioritario, como un primer paso para su privatización total. Es el mismo truco que aplicaron para los ferrocarriles, los satélites, la petroquímica “secundaria”, la banca y tantos otros sectores hoy privatizados íntegramente.

Como recientemente lo comentamos en este espacio, la Constitución no deja lugar a duda sobre la diferencia entre áreas estratégicas y prioritarias: en las primeras la participación del Estado es exclusiva (como en la petrolera), mientras que en las segundas es legal la presencia del capital privado y el llamado sector social. Desde hace 25 años el camino más fácil, que no legal, para que unas se conviertan en otras ha sido la “reclasificación” y las modificaciones a leyes secundarias, como Calderón lo ratifica en su iniciativa de “reforma”.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM puntualiza la diferencia. Areas estratégicas: conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que exclusivamente realiza el gobierno federal a través de organismos públicos descentralizados, y unidades de la administración pública; áreas prioritarias: conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado, a fin de impulsarlas y organizarlas con antelación a otras, por razones circunstanciales e imperativos de interés general, proveyendo de esta forma al desarrollo nacional. Las razones de fondo que marcan la diferencia son: las estratégicas se basan en imperativos de seguridad nacional, interés general y beneficio social básico para el desarrollo nacional; las prioritarias, en cuestiones circunstanciales y el imperativo de interés general, proveyendo al desarrollo nacional.

Los privatizadores pretenden que no existe diferencia alguna entre las áreas estratégicas y las prioritarias; muchos, felizmente, conocen y ponderan la diferencia. La intención, pues, es privatizar “reclasificando” a la industria petrolera nacional.

Y mientras unos debatían sobre la “reforma” petrolera, una palomita adicional a las “manos limpias”: la supuesta comisión legislativa que supuestamente “investigó” los muy reales cuan suculentos contratos de Juan Camilo Mouriño con Pemex-Refinación (misteriosamente “desaparecidos” del Portal de Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos), confirmó la “exoneración” del empresario-funcionario. Los falsarios, diría, Germancito.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría y el tenebroso régimen de pensiones: “mi esposa trabajó hasta diciembre de 2000; acaba de cumplir 50 años y vemos con terror que su ahorro en la Afore se va haciendo más pequeño por las comisiones que cobran. ¿Habrá algún tipo de amparo para poder retirar su dinero? Creo que con la edad que tiene, ninguna empresa la emplearía, además que ella ya no lo desea” (Joaquín Hernández, joaquin@expertosenevaluacion.com.mx)... Y de los trabajadores mineros, que mandaron muy lejos al Congreso del Trabajo, organismo al que renunciaron “como resultado de su falta de interés, atención y solidaridad mostrada ante el conflicto que cumplió ya dos años, y su indiferencia hacia la agresión que con ese motivo sufre nuestro sindicato”.

Petróleo: comenzó el debate

Editorial

La primera jornada de debates en torno a la iniciativa de reforma petrolera, celebrada ayer en el Senado de la República, constituye el inicio de un ejercicio democrático y plural sin precedente, en el que distintos actores de la vida política y académica del país discuten la viabilidad, legalidad y pertinencia de la iniciativa para privatizar parcialmente la industria petrolera, enviada por el Ejecutivo federal a Xicoténcatl el pasado 8 de abril.

Entre las críticas planteadas ayer a la propuesta calderonista destacan las de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien subrayó el carácter inconstitucional de los llamados “contratos de desarrollo”, parte integral del paquete de propuestas, “que no son otra cosa que contratos de riesgo, cuyo pago se vincula con resultados obtenidos, prohibidos expresamente por nuestras leyes”. En el mismo sentido, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien asistió en representación del ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, dijo que “las propuestas de Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a intereses creados que han estado al acecho para consumar el gran atraco de la privatización” y que, de ser aprobadas, cancelarían la posibilidad de que Petróleos Mexicanos (Pemex) funja “como palanca de desarrollo” nacional, y se reduciría a la paraestatal a “simple administradora de contratos de petróleo crudo”.

De su lado, la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, dijo que su partido rechaza “la privatización abierta o encubierta” y que “no apoyará contratos de riesgo”, ni forma alguna de participación de intereses privados “que pueda implicar la entrega de Pemex a particulares”. Así, en esta primera jornada de debates ha quedado de manifiesto un punto en común entre Cárdenas y López Obrador, ambos perredistas, y la priísta Paredes. En el caso de ésta, además, se pone nuevamente en evidencia el resquebrajamiento de lo que hasta hace unas semanas parecía un frente sólido entre el gobierno y las cúpulas tricolores para respaldar la reforma presentada por el Ejecutivo.

Del mismo modo, durante la sesión de ayer en el Senado se pusieron sobre la mesa asuntos de primera importancia, hasta ahora soslayados en el discurso oficial. En particular, destacan las observaciones del historiador Lorenzo Meyer, quien apuntó la gran dependencia del gobierno con relación a la industria petrolera, por su falta de eficiencia en la recaudación fiscal. Con ello, el académico apuntó hacia uno de los puntos nodales de la discusión en torno a Pemex: la urgencia de una reforma fiscal que permita al gobierno allegarse los recursos necesarios para desempeñar sus funciones sin necesidad de saquear a la paraestatal por la vía impositiva, a fin de que ésta pueda reinvertir sus ganancias en el mejoramiento de su infraestructura y en el desarrollo de tecnología y se convierta en la empresa fuerte, próspera y competitiva que el país requiere.

Por lo demás, a la par de las incoherencias exhibidas en la propuesta de reforma petrolera del grupo gobernante, quedó al descubierto su orfandad de argumentos y su falta de capacidad para sostener un debate que, cabe recordar, intentó eludir por todos los medios. En su ponencia, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien supuestamente había asistido a defender la iniciativa, se limitó a repetir las consignas del gobierno federal y a denostar a los opositores, a quienes se refirió como “nacionalistas falsarios” y “teólogos del petróleo”.

No puede dejar de señalarse que, como expresó el propio Ortiz Pinchetti, el debate que se inició ayer no habría sido posible sin las acciones de resistencia cívica que emprendieron diversos sectores de la sociedad y que secundaron los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) mediante la toma de las tribunas legislativas. Hoy es inevitable reconocer que tales medidas, que fueron objeto de una virulenta condena y de una descalificación orquestada en la mayoría de los medios informativos, lograron frenar un albazo que hubiese aprobado sin debate la iniciativa privatizadora, y sentaron las bases para una discusión sana, plural y necesaria en la que, cabe esperar, imperen el sentido de país y los intereses nacionales.

Por último, si la discusión sigue en los próximos días el curso que tomó hoy, se volverá inevitable la completa bancarrota argumental de la iniciativa privatizadora presentada el 8 de abril, y sumamente difícil su aprobación legislativa.

Evo Morales por Avila TV

Grata entrevista de Evo Morales

PRD: IU anuncia que impugnará la elección interna ante CNGV

Izquierda Unida, que postuló a Alejandro Encinas, irá ante los órganos del partido.

Notimex / La Jornada On Line

México, DF. Izquierda Unida (IU) anunció que el próximo jueves presentará ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) un recurso de impugnación de la elección interna del sol azteca.
Asimismo, iniciará una serie de acciones en defensa de Alejandro Encinas, entre ellas una exposición de fotos, videos y actas del presunto fraude cometido por Nueva Izquierda (NI) en la elección de marzo pasado.
En rueda de prensa, el diputado federal Alejandro Sánchez Camacho informó que este miércoles se efectuará una conferencia simultánea en varios estados del país para dar a conocer elementos del presunto fraude cometido por NI -que apoya a Jesús Ortega-, sobre todo en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.
En la sede nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que el viernes 16 participarán en una concertación con diferentes actores del movimiento nacional por la Defensa del Petróleo y representantes del Frente Amplio Progresista (FAP) para convocar a una actividad en defensa del petróleo, en el que se pretende asista la representación del PT y Convergencia, así como Encinas.
En tanto, se llamó a una concentración masiva para el domingo 18 de mayo por la mañana en el Monumento a la Revolución.
El legislador informó que del lunes 19 al jueves 22 de mayo se presentará la Expo Fraude en distintas sedes, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se dará a conocer la manera "sucia" como NI participó el 16 de marzo en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México.
Finalmente, a partir del 22 de mayo, cuando estaría por concluir la calificación del proceso, los integrantes del equipo de Encinas permanecerán en el edificio que alberga a la CNGV del PRD, en la calle Monterrey 50, para presentar más pruebas del caso.

MENSAJE PARA LOS JUBILADOS DEL ISSSTE

De manera atenta pero urgente te solicito tu apoyo para poder difundir entre todos los profesores jubilados del ISSSTE, que revisen sus talones de pago pues nos han hecho de manera arbitraria una afiliación para ser usuarios de un SUPÛESTO SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS por la via del fast track ,- concepto 95- es decir..SIMPLEMENTE NOS PELLIZCARON LAS PENSIONES A PARTIR DE ESTE MES DE MAYO.
Urge la cancelacion de este seguro y los profesores se están movilizando a las oficinas del SNTE nacional en la calle de Venezuela 44 en el D:F.
ESTA ES UNA MAS DE LAS ARBITRARIEDADES DE LA DUPLA gordillo yunes. de eso se trataba..
GRACIAS ANTICIPADAS POR TU APOYO
Las personas deben presentarse con una copia del talón de mayo que deben sacar por internet ya que -eso si- nos llegan si bien nos va cada 4 o seis meses, si es que llegan.
La página es www.issstenet.issste.gob.mx.pd.. se supone que el último día, si nos dejamos, será mañana miércoles a las tres de la tarde. La otra sede es el hotel Sevilla Palace.

Ja, y hara caso omiso!

ONG española exigirá respeto de derechos de pueblos indígenas a multinacional Repsol YPF

TeleSur

Varios miembros de la organización no gubernamental (ONG) Intermón Oxfam participarán el miércoles en la Junta general de accionistas de la multinacional española Repsol YPF para exigir una política que garantice el respeto a los derechos de pueblos indígenas.
Según un comunicado de la ONG, además de seguir insistiendo para que la empresa apruebe una política transparente y verificable sobre estos derechos, sus voceros harán entrega de las 11 mil firmas de apoyo recogidas entre la ciudadanía.
Los pueblos indígenas denuncian que Repsol YPF vulnera sus derechos. La petrolera, que opera en 14 países de América Latina, asegura tener una política de responsabilidad social corporativa que respeta y garantiza los derechos de estos pueblos.
“Sin embargo, diferentes informes elaborados por Intermón Oxfam y otras organizaciones y nuestro trabajo en terreno, indican que la empresa, en la práctica, no cumple con lo que dice”, denuncia el documento.
Intermón Oxfam pedirá a Repsol YPF que respete los derechos recogidos en la legislación internacional: Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre de 2007 por la ONU, de la que España es firmante.
La ONG estima que “hay que reconocer que la empresa ha dado un pequeño paso adelante: Repsol YPF ha elaborado un borrador de política de pueblos indígenas que ha circulado entre diferentes entidades (Intermón Oxfam entre ellas) para que valoremos el contenido del texto”.
Sin embargo “el borrador actual es claramente insuficiente, y así lo hemos manifestado a la empresa petrolera”, enfatiza el comunicado.

TeleSUR - Intermón / sb - SB

unidos en defensa del televidente mexicano

Gallut

Para ampliar imagen AQUI.

La era del hambre

Erosión creciente

Leonardo Boix

El Chatham House, un think tank británico al que recurren con frecuencia los hombres del poder, presentó recientemente un informe sobre el futuro alimentario que enfrentará el planeta. Su diagnóstico es pesimista: si no se frenan los precios de los alimentos, si no se discuten los temas de oferta y demanda, el porvenir será catastrófico...LONDRES.- En los últimos tres años, los precios globales de los alimentos crecieron hasta en 83%, según reportes del Banco Mundial.El organismo advierte: si esta tendencia continúa las consecuencias serán catastróficas para el planeta. Y explica que en los próximos años habrá hambrunas que golpearán a los pueblos más vulnerables.A pesar de que los altos precios de estos productos no son inusuales en los mercados agrícolas, sí es alarmante que los incrementos se extiendan a los principales alimentos y materias primas, sostiene el organismo.En septiembre de 2005, la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió “resolver el impacto de precios de materias primas volátil, así como apoyar los esfuerzos de países dependientes de dichas materias primas para reestructurar, diversificar y reforzar la competencia de esos sectores”.Tres años más tarde, los precios del maíz, el arroz, la soja y el trigo alcanzaron su mayor nivel, lo mismo que el petróleo y el oro, cuya cotización es la más elevada en la historia contemporánea.El Chatham House de Londres, el prestigioso think tank inglés en materia de estrategias políticas y de desarrollo que consultan con frecuencia los gobiernos de todo el mundo, publicó recientemente un informe en el que hace una evaluación de la crisis que se avecina.Este documento –difundido el pasado 30 de abril bajo el título Aumento de precios de alimentos. Responsables e implicaciones para el desarrollo y firmado por Alex Evans, especialista del Centro de Cooperación Internacional de la New York University, donde preside el Programa sobre Cambio Climático y Bienes Públicos Globales– propone un debate profundo para lograr un desarrollo a nivel internacional y se pronuncia por cambios estructurales.“Aunque a corto plazo la presión recaerá en la demanda, es imprescindible tener en cuenta factores ‘de escasez’ a largo plazo que afectarán la situación, como el cambio climático, la escasez de fuentes hídricas, la seguridad energética y la presión a la tierra”, detalla Evans.De acuerdo al texto, la demanda es el principal factor que dispara los precios de los alimentos. Históricamente, el crecimiento de la demanda para los alimentos era de 1.5% anual; en el último año ese índice aumentó a 2%.Otro elemento que destaca Evans es el rápido crecimiento económico, en particular el de las economías emergentes como las de China e India; así mismo, explica que ese crecimiento correspondería a 50% del factor que ha impulsado el aumento en los precios de los alimentos.Subraya también que los mayores ingresos en las familias de clase media en la mayoría de los países conllevan una modificación de los patrones de consumo de alimentos, como las dietas basadas en carnes y lácteos.Por lo que atañe al papel de los biocombustibles como fuente de demanda para los granos, el informe del Chatham House sostiene que “éstos han sido un elemento significativo” en la tendencia alcista de precios alimenticios. Estados Unidos, por ejemplo, ya destina alrededor de 7 mil millones de dólares anuales para apoyar los combustibles con etanol. Este tipo de combustible consume 20% de los granos de maíz de ese país, promedio que, se estima, aumentará a 32% para 2016, asienta el informe.En Europa, la situación es igual de preocupante. La Unión Europea (UE) propone que para 2020 el 10% del transporte utilice biodiesel, un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales.Las proyecciones del grupo de inversión Goldman Sachs, con sede en Nueva York, son todavía más dramáticas: la demanda de alimentos crecerá hasta 2.6% en una década. En ese sentido, el Banco Mundial informó el pasado 27 de marzo que la producción de alimentos deberá crecer otro 50% para 2030 (y 85% para la carne) para satisfacer la creciente demanda.En ese sentido, el lunes 5 la ONU solicitó a Estados Unidos y a la UE reducir la producción de biocombustibles para no empeorar la crisis alimentaria mundial.“Era comprensible en momentos en que los precios de los alimentos eran muchos más bajos y las reservas más grandes, pero no tiene sentido ahora que existe una escasez global de alimentos”, explicó Jeffrey Sachs, el economista estadunidense que asesora al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, después de discutir el tema en el Parlamento Europeo.
Escenarios críticos
Evans también considera en su investigación la oferta de alimentos. A corto plazo, dice, ésta responderá lentamente al incremento de la demanda. Y con respecto a la reducción de las exportaciones de países productores de alimentos como India, Argentina o Kazajstán, sostiene que este aspecto se vuelve problemático cuando los países importadores adquieren grandes volúmenes de alimentos para incrementar sus reservas en caso de escasez.Otro elemento que destaca el think tank británico es la volatilidad de los precios actuales atribuidos a inversores especuladores que buscan garantías en los mercados de materias primas debido a un dólar débil y como consecuencia de las caídas de los mercados de bonos y de capitales accionarios (equity).A corto plazo, afirma Evans, los problemas de precios de alimentos se resolverán gracias a que en el hemisferio norte se registró una buena cosecha de granos; pero a largo plazo, la escasez “se hará sentir de forma significativa”.Y plantea un escenario pesimista: Un aumento prolongado de los precios del petróleo, sumado a sequías masivas provocadas por la falta de agua, el cambio climático y por problemas con las reservas energéticas “harán que en un futuro no muy lejano los países en desarrollo sufran una crisis sin precedentes por los precios de alimentos”.Para el autor de Aumento de precios de alimentos. Responsables e implicaciones para el desarrollo, de todos los flagelos, el de la escasez de agua será “el de mayor preocupación”, ya que la demanda global del líquido se triplicó en los últimos 50 años.En la actualidad, destaca, alrededor de 500 millones de personas viven en países con escasez crónica de agua. Y agrega que probablemente esta cifra aumente a 4 mil millones para 2050.Según el informe, otro factor relevante en la ecuación de precios alimenticios es el fin de reservas acuíferas subterráneas sobreexplotadas en las últimas tres décadas por países como Estados Unidos, Egipto, Pakistán, India y China. Pero el “factor clave” será sin duda la disponibilidad de la tierra.Ante un aumento desmesurado de la demanda de alimentos, arguye Evans, “se deberán cultivar nuevas tierras; en la actualidad las mejores superficies son cultivadas en forma extensiva, lo que resulta funesto para el medio ambiente del planeta”.La Chatham House advierte también que el cambio climático incidirá de manera notable en el precio de los alimentos. Menciona, entre otros aspectos, el descongelamiento de glaciares y las sequías de extensas tierras arables, especialmente en China e India, donde miles de hectáreas dejaron de ser cultivables.Si las temperaturas aumentan entre 1 y 3 grados centígrados, como pronosticó el 17 de noviembre pasado el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), “las implicaciones serán dramáticas en los precios de alimentos”, afirma el organismo británico.Así mismo, afirma que el cambio climático incrementará el número de personas en peligro de morir por hambruna, y aumentará de 40 a 170 millones el número de desnutridos en el mundo.
Qué hacer
En su informe State of World Aquaculture de diciembre de 2006, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organization, FAO), dependiente de la ONU, sostiene que hay otro 12% de tierras disponibles que no han sido deforestadas o sujetas a la erosión o desmineralización. Del total de las tierras que pueden ser cultivadas, 16% están degradadas.El organismo agrega que en 36 países la seguridad alimenticia es crítica; necesitarán de algún tipo de ayuda externa para que su población no padezca hambrunas y muertes masivas. De éstos, 21 se encuentran ubicados en África, aunque no todos están afectados de la misma forma, afirma el organismo.El informe de Chatham House cita que mediante el Programa Mundial de Alimentación (PMA), la ONU proporciona ayuda a 73 millones de personas en 78 países. Su presupuesto para este año es de 2 mil 900 millones de dólares, que resulta insuficiente debido al aumento en los precios de alimentos. Si continúa esta tendencia, el programa precisará 500 millones de dólares para hacer frente al problema de desnutrición en países en desarrollo, menciona el documento elaborado por Evans.El autor explica que frente al incremento en los precios de los alimentos, los países de la UE, así como China, Egipto, México, Perú y Rusia han optado por reducir o eliminar las tarifas de importación.“Sin embargo, parte de esas reducciones se han visto afectadas o se han perdido por la imposición de tarifas de exportación adicionales o cuotas de otros países, algunos de estos productores de gran envergadura, como es el caso de Argentina (donde) las medidas para reducir los precios domésticos provocaron ya malestares sociales. Algo similar ocurrió en México, China, India, Kazajstán, Ucrania y Vietnam”, sostiene el informe.Para el think tank, la cuestión crucial es “cómo incrementará el mundo la oferta de alimentos para satisfacer la enorme demanda”.Y expone: “La comunidad internacional debe trabajar de lleno y rápidamente para determinar de dónde vendrá este incremento de demanda, tanto en términos geográficos como de nuevas técnicas agrícolas y de tecnologías.“La comunidad internacional debe ayudar a los países más pobres para que éstos se beneficien de los altos precios de alimentos. En ese sentido, naciones como Canadá, Rusia, Ucrania, Brasil y Argentina, que son importantes exportadores de alimentos, deberían integrar a largo plazo a países de África donde en la actualidad la producción alimenticia sigue siendo mucho más baja que en otras regiones por falta de inversión, infraestructura, sistemas de transporte y tecnología.”Lo anterior podrá lograrse mediante políticas de inversión y cooperación entre naciones cuyas desigualdades se están reduciendo por primera vez en las últimas décadas, precisa. Y asegura que entre 2003 y 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) de los países del hemisferio sur creció más rápido que en los países en desarrollo, lo que es gratificante para América Latina y África.En 1980, el PIB de países desarrollados era 23 veces mayor que en los países en desarrollo; para 2007 ese producto bajó a 18. “Este es un momento de enormes cambios para las políticas globales de alimentos, tanto en países en desarrollo como en los desarrollados. ¿Qué deberían lograr estas políticas? Antes que nada claridad en la naturaleza de las opciones que enfrenta la población mundial”, destaca Chatham House en su informe.Más: “Hay beneficios importantes en los objetivos para las políticas de alimentos, entre éstos la competitividad para consumidores, la seguridad en la oferta, la conservación medioambiental y medidas para garantizar los cultivos locales. Es vital que los seguidores de las políticas desarrollistas se sumen a este debate y ayuden a delinear los objetivos para un sistema alimenticio viable para el siglo XXI que incluya a todos por igual.”Sin embargo, advierte Evans: si las preguntas más difíciles sobre los objetivos generales para resolver la crisis de precios alimenticios son escondidas bajo la alfombra o no se responden de manera adecuada, “los más pobres del mundo serán mal representados en el debate”, incluso marginados.Enemigo de lo que él llama “falsos debates”, exhorta a los grupos desarrollistas a buscar nuevas alianzas y mecanismos para el intercambio entre naciones: “En ese sentido –dice–, habrá que comenzar a utilizar el término de ‘democracia alimentaria’, en lugar de ‘seguridad alimentaria’. Un aspecto clave a la hora de pensar entre todos una salida a este problema que afectará a los (países) más débiles.”

Cumbres inciertas

Programas contra la pobreza. Recortes

Marco Appel

Poco o nada se espera ya de la quinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe que se realizará en Perú esta semana. Los investigadores consideran que estas reuniones están prácticamente agotadas por factores como el crecimiento de la UE y su falta de consenso, la atención al terrorismo y la falta de integración regional de América Latina, con el régimen de Chávez en Venezuela y el apoyo de Bolivia, Cuba y Nicaragua. Ahora, dicen, la UE no sabe lo que espera de Latinoamérica y viceversa...

BRUSELAS.- Las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), Latinoamérica y el Caribe –cuya quinta edición se realizará este 16 y 17 de mayo en Lima, Perú– están agotadas.“Las cumbres han ido perdiendo gas después de las tres celebradas en Río de Janeiro (1999), Madrid (2002) y Guadalajara (2004). La cumbre de Viena (2006) vivió una clara devaluación de sus objetivos. Este hecho y el desánimo instalado en muchos de los participantes nos deben llevar a reflexionar sobre el futuro de las cumabres”, señala Carlos Malamud, investigador principal de temas latinoamericanos del Real Instituto Elcano de Madrid.En la primera de esas cumbres –celebrada los días 28 y 29 de junio de 1999 en Brasil–, ambas regiones proclamaron una “alianza estratégica” en los ámbitos político, económico y cultural, detallada en los 55 puntos del Plan de Acción que acompaña a la Declaración de Río.Allí, los asistentes se comprometieron, por ejemplo, a impulsar “una cooperación más estrecha en los foros internacionales”, a “fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos”, a “invitar a la sociedad civil a participar en la implementación de iniciativas”, y a “trabajar con miras a la modernización” de los Estados. En este último aspecto, aclararon que se trabajaría “en especial con respecto a los sistemas electorales, la administración de justicia, los sistemas tributarios y las políticas presupuestarias, como mecanismos para la redistribución de la riqueza y de los ingresos generados por el desarrollo económico”.A pesar de la existencia de ese marco teórico, apunta Malamud en un reporte aparecido el 10 de enero pasado, “ambas partes han sido incapaces de dotar de sustancia al que hasta ahora se estima como su mayor producto”.Retomando la opinión de Stephan Sberro, codirector del Instituto de Estudios de Integración Europea del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Malamud estima que “el único resultado concreto” que se puede atribuir a las cumbres es el programa EurosociAL.Ese programa, aprobado en Guadalajara y dotado de un modesto fondo de 30 millones de euros, se creó “para facilitar los intercambios de buenas prácticas” en materia de lucha contra la pobreza, la que alcanza a 194 millones de latinoamericanos, 36.5% de la población total, según datos de 2006 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).No obstante, el pasado 28 de agosto, el gobierno de Suecia anunció un plan que recortó a menos de la mitad la cooperación para el desarrollo de Latinoamérica.Ese país nórdico decidió reducir de 70 a 33 el número de naciones beneficiadas por esos fondos. Así, en su programa “a largo plazo” sólo figura Bolivia y, en lo que respecta a los apoyos a “países en conflicto o post-conflicto”, aparecen Colombia y Guatemala.Quedaron excluidos de tales fondos Nicaragua, Honduras, El Salvador, Cuba y el anfitrión de la próxima cumbre, Perú. En conjunto, las naciones mencionadas recibieron 65.6 millones de euros en 2006, según estadísticas de la Dirección para la Cooperación Internacional al Desarrollo de Suecia.“Y esto ocurre en un contexto en el que se decide darle prioridad a combatir la pobreza, pero se elimina a países como El Salvador, Nicaragua y Haití, manteniendo a otros como Serbia y Turquía”, lamenta Malamud.
Agenda doble
El pasado martes 6, durante una rueda de prensa, la comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, defendió la utilidad de las cumbres con el argumento de que “representan una excelente oportunidad para que los líderes se hablen directamente” y “establezcan estrategias” tendentes a solucionar los problemas globales.Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad, opina lo contrario: “La diplomacia de las cumbres parece haber llegado a su fin con la ampliación de la UE el 1 de mayo de 2004, lo cual llevó a 10 presidentes adicionales a la mesa de negociación de la Cumbre de Viena” (del 11 al 13 de mayo de 2006).La cumbre de 1999 convocó a 48 gobernantes, mientras que para la de Lima se espera la asistencia de 60, ya que el 1 de enero de 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania a la UE. Lo anterior –abunda Maihold en el reporte ¿Sirve de algo el diálogo político entre la UE y Latinoamérica?, financiado por la Fundación Carolina de España– ha provocado “la pérdida de intimidad entre los mismos presidentes, ya que apenas logran entablar conversaciones más allá de sus encuentros bilaterales”. Menciona que, por otro lado, la celebración, en el marco de la cumbre de Viena, del Primer Foro de Negocios Eurolatinoamericano y de una cumbre alternativa –el encuentro social Enlazando Alternativas–, a la que asistieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez, así como el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, “dieron un acento diferente a la ya rutinaria diplomacia de cumbres”.Así, continúa Maihold, a raíz del interés de tales mandatarios por influir en los sectores alternativos y tener presencia en los medios de comunicación, se ha establecido una nueva “agenda doble”, que “desvirtúa y quita legitimidad” a las deliberaciones de la cumbre oficial. Malamud sostiene que detrás de todo esto hay una grave falta de “claridad conceptual”: “La UE no tiene claro qué espera de Latinoamérica y viceversa”.Y refiere la anécdota de un hecho que se produjo el 9 de octubre pasado, en Santiago de Chile, durante la última reunión anual del Foro de Biarritz, evento que se creó un año después de la Cumbre de Río para “reflexionar” sobre la relación entre ambas regiones.En la discusión, el ministro de Exteriores argentino, Jorge Taina, comenzó su intervención mencionando el conflicto que sostiene su país con Gran Bretaña respecto a la soberanía de las islas Malvinas.“De este modo, explica Malamud, Taina no sólo mandaba señales equívocas de lo que espera Argentina del diálogo con la UE, sino que también supeditaba la relación birregional, y toda su potencialidad, a la superación de un conflicto que debe resolverse en otras instancias y ante el cual la UE en su conjunto no puede dejar de apoyar la postura británica.”Aunado a ello, añade, los gobiernos latinoamericanos carecen de un “lobby eficiente y eficaz” en Europa. Ello deriva en una incapacidad para “movilizar” a favor de algunas de sus demandas a países europeos con intereses económicos y lazos culturales en la región, como España, Portugal, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. “Hacen la guerra por su cuenta, incluso en Bruselas, lo que resta fuerza a sus posiciones ante las instituciones de la UE”, advierte el académico.
Incertidumbre
José Antonio Sanahuja, director del Departamento de Cooperación y Desarrollo del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, también apunta que “en la relación birregional hoy existe malestar, incertidumbre y, a veces, perplejidad”, lo que pone “en duda” su “relevancia y eficacia”.En el referido reporte de la Fundación Carolina, Sanahuja expresa que una de las causas de que eso ocurra es que la actual estrategia hacia Latinoamérica de la UE, que se estableció en 1995 en el documento Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación, obedecía a otra época.Explica que tal estrategia apostaba a la integración latinoamericana a través de la concertación de políticas en la región, y después a los diálogos con otras regiones, así como a una “auténtica” integración del tipo europeo, con un mercado único, mayor igualdad social y fortalecimiento de las instituciones colectivas.Para alcanzar esos objetivos, la UE decidió entablar un diálogo político regional con los países latinoamericanos y sus proyectos de integración (Mercosur, la Comunidad Andina y el Sistema Centroamericano), apoyarlos con programas de cooperación y ofrecerles “acuerdos de asociación” a cambio de un “nivel suficiente” de integración.“La pertinencia y la validez de tal estrategia –expone Sanahuja– están en duda por los cambios que se han dado desde entonces: En el contexto internacional la agenda está marcada por la primacía de la seguridad y ‘la guerra global contra el terrorismo’ que se inicia con los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la nueva agenda de desarrollo definida por los Objetivos del Milenio, que reclama mayor atención hacia los países afectados por el terrorismo trasnacional y el integrismo religioso, o bien hacia los países más pobres.”A escala interna, prosigue el investigador español, la UE atraviesa una “etapa de incertidumbre” respecto a su futuro debido a la ampliación de Europa en 2004 y al “no” de Francia y Holanda a la Constitución Europea al año siguiente, mientras que Latinoamérica atraviesa un nuevo ciclo político con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, y con el debate sobre una vinculación más estrecha con Estados Unidos o la apuesta por la integración sudamericana.Malamud plantea que una paradoja de tal estrategia europea es que los únicos acuerdos de asociación económica, concertación política y cooperación han sido firmados con países individuales: México en 2000 y Chile dos años después.“Sin embargo –dice–, nada indica que la UE vaya a cambiar su estrategia negociadora regional y pase a valorar los acuerdos bilaterales.”
–¿Qué papel juega Hugo Chávez en tal situación? –pregunta el corresponsal.
–La presencia de Chávez se ha convertido en un factor de división, de una manera que nunca había sucedido en el pasado. Si se confirma el ingreso de Venezuela en el Mercosur, la negociación con la UE sería más incierta por el papel negativo que jugaría Chávez. No sólo debilita la existencia de una posición común latinoamericana, sino también hace cada vez más difícil el diálogo con Europa. Gracias al apoyo de Bolivia, Cuba y Nicaragua, la posición de Venezuela se ha visto reforzada en estos foros. Y si es difícil que la UE hable con una sola voz, en el caso latinoamericano esto es hoy simplemente imposible. l

Trasnacionales lava cerebros

Marco Appel

BRUSELAS.- Detrás de un supuesto “programa educativo” para fomentar el “intercambio de conocimientos” entre empresas y eurodiputados –llamado Plan Europeo de Negocios y Parlamento (PENP)–, opera una oficina privada de cabildeo al servicio de compañías trasnacionales como Cementos Mexicanos (Cemex), Iberdrola, Repsol, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Telefónica.

Aunque los responsables del programa lo consideran “neutro” y “objetivo”, el documento que lo presenta indica que su propósito es que los eurodiputados puedan “examinar las mejores prácticas corporativas y la manera en que funcionan sus negocios”, de modo que adquieran una “mejor comprensión de las compañías” y “tomen mejores decisiones” a la hora de legislar.Al PENP están “asociadas” 24 trasnacionales con operaciones en la Unión Europea (UE), varias de ellas con filiales en México. Los beneficios del plan son tales que “al menos” otros 26 consorcios están por asociarse, señala la página de internet del organismo.Dichas trasnacionales tienen acceso privilegiado a los 785 eurodiputados del Parlamento Europeo que pueden legislar en materia de comercio interior.Según los documentos internos del PENP –copia de los cuales obtuvo Proceso–, éste garantiza a los consorcios agremiados “tres o cuatro sesiones con eurodiputados”, que incluyen “juntas de trabajo y participación en reportes parlamentarios”; así mismo, “compartir con ellos estudios, informaciones y conocimientos disponibles relativos a las políticas económicas actuales”.Por otro lado, las trasnacionales pueden “ser anfitrionas de dos o tres encuentros con eurodiputados o altos oficiales del Parlamento Europeo”, quienes son invitados a visitar sus instalaciones bajo la organización del plan. La finalidad: “exponerles los compromisos” de la compañía correspondiente.Cemex, por ejemplo, propone a los eurodiputados visitar sus plantas en Rüdersdor o Kollenbach, en Alemania, o las de Barrington y Rugby, en Gran Bretaña, para mostrarles el uso de combustibles alternativos y la reducción de sus emisiones contaminantes.La protección a la biodiversidad es el tema que Cemex pretende abordar en las visitas a dos canteras en Hampshire, donde aplica técnicas para la recuperación del entorno. Finalmente, en materia de logística y transporte, les propone visitar una plataforma en la región francesa de Marolles sur Seine. Violaciones
En franca violación al mandato de velar por los intereses públicos, la dirección y promoción del PENP la ostentan destacados miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), la fuerza mayoritaria en el hemiciclo legislativo.El jefe del programa es el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Hans-Gert Pöttering, a quien la izquierda eurolegislativa liga con los poderosos industriales de su país. Pöttering es también jefe de la Asociación Internacional de Negocios y Parlamentos, la organización británica que gestiona el plan europeo. Su registro en Gran Bretaña la clasifica como una “sociedad anónima sin fines de lucro”.Por otro lado, el presidente del Consejo del PENP es el vicepresidente del Parlamento Europeo, el español Alejo Vidal-Quadras Roca, un antiguo dirigente del Círculo de Empresarios de España.La directora ejecutiva del plan es Natalia Federighi Rincón. Antes de llegar a ese puesto, Federighi fue asistente del eurodiputado español José Ignacio Salafranca Neyra, quien tuvo la jefatura de la misión europea de observación de las elecciones presidenciales mexicanas de 2006.El pasado 15 de abril hubo una audición pública sobre la transparencia del lobby en la capital de la UE. Ahí, la copresidenta del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, la italiana Mónica Frassoni, acusó al programa de realizar un “simple lavado de cerebro” con la intención de “implantar en los eurodiputados una imagen positiva de las empresas”.El 4 de abril, en una carta de protesta dirigida a Pöttering –copia de la cual obtuvo Proceso–, Frassoni denunció que dicho programa viola disposiciones del Parlamento Europeo. La causa: desde diciembre pasado, el PENP cuenta con una oficina dentro del propio Parlamento Europeo (el despacho 202, en el quinto piso del edificio E).“La Decisión sobre patrocinio del 9 de junio de 1997, consolidada el 1 de mayo de 2004, estipula que ‘los patrocinios del Parlamento Europeo deben ser otorgados solamente a eventos específicos’; en ningún caso éstos pueden ser permanentes”, advierte la eurodiputada.Añade que los patrocinios, según la misma normativa, “no deben significar implicaciones adicionales” ni “tener propósitos comerciales”, por lo que el apoyo del Parlamento Europeo al plan quebranta también sus propias regulaciones financieras. El despacho del PENP no paga renta, dispone de un correo electrónico oficial del Parlamento Europeo y un número telefónico y otro de fax, cuyas facturas salda la misma institución.Por otra parte, pese a que las trasnacionales “asociadas” aportan al programa una cuota anual de 23 mil 500 dólares por concepto de “honorarios”, “parte” de los costos del PENP –como la transportación y el hospedaje de los representantes de las empresas– lo asume el presupuesto parlamentario.Por eso Frassoni demandó a Pöttering “aclaraciones” sobre el plan. Pöttering no contestó, pero el pasado 24 de abril la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo (en donde se reúnen los presidentes de los siete grupos políticos) decidió pedir a quienes se encargan de las cuestiones administrativas y financieras retirar la oficina al programa.
“Lobby” español
Lo anterior no impidió que el pasado 28 de abril el PENP organizara una visita de eurodiputados y congresistas latinoamericanos a la Fundación Telefónica en Lima, Perú, para explicarles su proyecto Proniño, contra el trabajo infantil. Fue una de las actividades oficiales de la Asamblea Eurolatinoamericana, que se reunió en esa capital del 29 de abril al 1 de mayo, en el marco de los eventos previos a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-Latinoamérica que se celebrará del 13 al 17 de mayo.De acuerdo con comunicaciones que obtuvo este semanario, el 26 de marzo Vidal-Quadras –por medio de una carta con el membrete de “vicepresidente” del Parlamento Europeo– solicitó a Salafranca, presidente de la Asamblea Eurolatinoamericana, anunciar a los eurodiputados la “oportunidad” de visitar las instalaciones en Lima de Telefónica, Suez (la compañía francesa de distribución de agua), BBVA y British Petroleum. A ellas se refiere en la carta como “nuestras empresas”.Así lo hizo Salafranca durante la reunión preparatoria de la delegación europea que fue a Perú. El 28 de abril, más de 100 eurodiputados recibieron la invitación en sus correos electrónicos oficiales, que envió el español José Javier Fernández Fernández, el administrador principal de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y jefe del Secretariado europeo de la mencionada asamblea.En un archivo adjunto, Fernández incluyó la presentación del programa, además de los datos de contacto “en caso de requerir mayor información o arreglos para la visita”. El 6 de julio de 2007, Telefónica presentó al eurodiputado Salafranca el mismo proyecto, pero en Quito, Ecuador. Lo acompañaron dos diputados locales y dos centroamericanos. Previamente se había efectuado una reunión de la Asamblea Eurolatinoamericana.Los documentos del PENP subrayan que, en esa ocasión, Salafranca expresó que había sido “interesantísimo descubrir cómo la compañía española promueve la abolición del trabajo infantil, a través de educación de calidad y tecnología que provee a las zonas más pobres y de más duro acceso del país”. No mencionó nada sobre las repetidas acusaciones de ONG contra la empresa por violar sistemáticamente los derechos laborales de sus trabajadores latinoamericanos. l

Caso Mouriño, exoneración sospechosa

jesusa cervantes

México, D.F., 12 de mayo (apro).- Aun cuando la comisión especial de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y consideró legales los convenios “multianuales” que firmó a nombre de la empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar con Pemex-Refinación, de 1997 a la fecha, denuncias que obran en el propio Órgano Interno de Control de la paraestatal cuestionan la legalidad de dichos documentos.Xavier López Adame, presidente de la “Comisión de investigación para conocer de la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha”, informó el pasado 8 de mayo --cinco días antes de que venciera el plazo fijado para entregar su informe final, este martes 13--, que “hasta ahorita no hay ninguna posibilidad de que (Mouriño) haya podido traficar con influencias”.Sin embargo, en entrevista con Proceso, el pasado 29 de abril, López Adame aceptó que un convenio --como fue el caso del objeto de investigación de los diputados--, “definitivamente no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales”; pero más adelante dijo que se pueden exceptuar los casos y recurrir a la adjudicación directa, si ello implica un ahorro al gobierno.“Puede ser el caso de transporte de combustible, bajo esta modalidad los convenios multianuales pueden ser legales, ya que no son directamente con el autotransportista, sino que son convenios regulatorios que no le da un beneficio a una empresa particular; porque no estás contratando anualmente y garantizando alguna parte del presupuesto público”, declaró a Proceso.El pasado 16 de febrero, la revista Contralínea reveló la existencia de 8 convenios entre Pemex-Refinación e Ivancar, sin mediar licitación alguna y donde Juan Camilo Mouriño firma en su calidad de representante legal de la empresa familiar.Inmediatamente, diputados del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), demandaron la creación de una comisión especial que indagara el posible tráfico de influencias en que habría incurrido el actual secretario de Gobernación, pues durante ese tiempo ocupó los cargos de diputado federal y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.El FAP exigió la revisión de contratos entregados por Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero la Cámara de Diputados aprobó su creación a cambio de limitar sólo “la legalidad” de 16 contratos de Pemex-Refinación, y en particular los 8 firmados por Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, se negó a participar cuando el PRI y PAN negociaron los términos de la comisión. “El frente no acepta limitantes en términos de qué contratos sí y qué contratos no. Aquí se aprobó un asunto que tiene que ver con una de las empresas de Pemex y además no se toca a la CFE. ¿Por qué nos interesa tanto la CFE y otras empresas?, pues porque Mouriño fue subsecretario de Energía. Decidimos no entrar en una participación subordinada en una comisión que ya sabemos hacia dónde va: la exoneración de Mouriño”, dijo Javier González Garza el 13 de marzo, fecha en que se aprobó la creación de la comisión investigadora.
“Es una comisión tapadera”, afirmó.
En la entrevista con Proceso López Adame, integrante de la fracción del PVEM, dijo que “las afectaciones” que pudieran tener por investigar al secretario de Gobernación “no orientarán el juicio de la comisión”. Es decir, que harían su trabajo de investigación a fondo.Sin embargo, las indagaciones del presidente de la comisión, de los panistas Obdulio Ávila y Antonio Valladolid; del priista Raul Cervantes; del diputado de Convergencia, Armando García Méndez; y el del Partido Nueva Alianza, Miguel Angel Jiménez Godínez, se limitaron a llamar a comparecer a dos funcionarios: el director de Pemex-Refinación, José Antonio Ceballos Soberanes, y el secretario de la Función Pública, Savador Vega Casillas, así como el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Tirso Martínez. Además, acudieron al Registro Público de la Propiedad de Campeche para solicitar la certificación de las actas constitutivas de Ivancar y Grupo Energético del Sureste, las cuales, por cierto, hacía meses que eran públicas e incluso se habían detallado en diversos medios de información.Durante la entrevista, López Adame repitió los argumentos que tanto Pemex como la SFP expusieron durante sus comparecencias y con los que eludían de toda responsabilidad a Juan Camilo Mouriño.Por ejemplo, al cuestionarlo sobre la legalidad de los convenios --objeto de estudio de la comisión-- y sobre si un convenio puede estar por encima de la ley, respondió:“En 1993 la Secodam (la extinta Secretaría de la Contraloría) dijo que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones vigente porque sería retroactiva… Y lo que quiere establecer esta comisión es qué es más barato para Pemex, licitar o la adjudicación directa.”
--Esa fue la opinión de la Secodam, pero desde su punto de vista, ¿un convenio puede estar por encima de la ley? Porque lo que ustedes investigan es la “legalidad” del contrato, no lo que es más barato para Pemex.
--No. Definitivamente un convenio no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales y la retroactividad es un principio constitucional.López Adame se refería a la Ley de Adquisiciones --modificada en 1996--, la cual establece que todos los contratos de obra deben licitarse, a excepción de los casos en que puedan existir pérdidas o costos adicionales para el Estado; y como el convenio marco sobre el cual se basan los contratos entregados a Juan Camilo Mouriño se firmó en 1993, la Secodam determinó que la ley no se puede aplicar retroactivamente.Sin embargo, aunque la Secodam estableció que no se podía obligar a Pemex-Refinación licitar la obra o servicio que contrata, el artículo 134 de la Constitución --que está por encima de la Ley de Adquisiciones y de todo convenio--, en su párrafo segundo establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, “se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”.El 27 de julio de 2006, motivados por la celebración de convenios iguales que Pemex-Refinación entregó a otras empresas, los entonces diputados federales Sofía Castro, del PRI, y Jesús González Schmall, de Convergencia, denunciaron la ilegalidad de dichos contratos; incluso le remitieron copia al entonces titular del órgano de control interno de Pemex, Gregorio Guerrero Pozas, recién nombrado contralor del Instituto Federal Electoral por los diputados que hoy investigan a Juan Camilo Mouriño.En su argumentación, los exlegisladores presentaron el acuerdo del 3 de marzo de 2003 del consejo de Administración de Pemex, donde se pide dar por terminado el convenio de 1993 que Pemex-Refinación signó con la Canacar y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Transportistas A.C. Curiosamente presenta como argumento la opinión de la Secodam.Pero ambas asociaciones se ampararon y un juez les dio la razón. Esto dio lugar a que Pemex-Refinación tratara de negociar con ellas; solo lo aceptó la Canacar --agrupación a la que pertenece la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño y donde participan 143 empresas, la otra agrupación aglutina sólo a nueve--, a cambio, Pemex-Refinación le ofreció a Canacar el 5 de octubre de 2004 un nuevo convenio que entró en vigor hasta el 26 de enero de 2005, con una vigencia “hasta de cuatro años”, pero sólo si se desistía de las acciones legales emprendidas por los transportistas.Entre los beneficios estaría nuevamente la adjudicación directa y que los contratos o convenios fueran “multianuales”, incluso Ivancar, de Juan Camilo Mouriño, cuenta con un contrato de este tipo firmado el 1 de junio de 2005 con una vigencia al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de 39 millones 646 mil 477.27 pesos, formalizado por Oswaldo Machado, subgerente de Operaciones. La Asociación no aceptó y aún mantiene un litigio con Pemex; pero la paraestatal no justificó las razones de la adjudicación directa, sino hasta el 2 de marzo de 2005.La Ley de Adquisiciones, en su artículo 41, párrafo III, permite la adjudicación directa sólo cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados”.Sin embargo Pemex, en su reunión del Consejo de Administración del 10 de diciembre de 2004 se comprometió a “elaborar un análisis del costo-beneficio con la participación del Órgano Interno de Control de Pemex-Refinación pero de la documentación con que se cuenta (dicen los demandantes), no se desprende la existencia de ese análisis”.Pero no sólo eso, Pemex puso como justificación para recurrir a la adjudicación directa para Canacar que el servicio que ellos prestan tiene un costo asociado de 200 millones de dólares al año para el Sistema Nacional de Refinación “debido a que 21 terminales de almacenamiento y distribución, la red aeroportuaria y refinerías del sistema únicamente pueden recibir sus productos por medio terrestre, con un costo social derivado del desabastecimiento y probables bloqueos a instalaciones de Pemex, lo que conllevaría a un riesgo económico, político y social”, se lee en el “Dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, fechado el 2 de marzo de 2005.En su demanda, los exlegisladores señalan que la “adjudicación directa la fundamenta (Pemex) en el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones y no se acreditan a ciencia cierta los supuestos para inferir pérdidas o costos debidamente justificados y la Gerencia de Transporte Terrestre dictamina sólo con base en especulaciones”.Otro dato que llama la atención es que el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Pemex-Refinación, autorizó el 9 de marzo de 2005, la celebración de convenios mediante adjudicación directa a Canacar, cuando esto se había realizado desde el 26 de enero, “por lo que, al parecer, el Comité únicamente regularizó la adjudicación ya realizada… aunado a que no se rindió en tiempo el informe justificado por parte del Jurídico de Pemex, situación que resulta necesario analizar para conocer qué tanta influencia tuvo esa omisión en la concesión de la suspensión definitiva decretada a favor de la Canacar, con independencia de que se desistieron del juicio de garantías”.Todas estas aseveraciones que los exdiputados realizaron en su denuncia y que soportan con documentos, al parecer no fueron analizado por la comisión Mouriño encargada de investigar “la legalidad” de los contratos.Estos movimientos que realizó Pemex-Refinación y que beneficiaron no sólo a Ivancar, la empresa familiar del secretario de Gobernación, fueron ordenados por el entonces director de esta subsidiaria, Juan Bueno Torio, quien también benefició a empresas de sus familiares con este tipo de contratos.Bueno Torio, hoy senador de la República, fue quien dio la orden para que el citado “convenio marco” se negociara con la Canacar a cambio de que se desistiera del proceso judicial que abrió en contra de Pemex.La comisión Mouriño tiene de plazo el 13 de mayo para entregar su informe final a la Junta de Coordinación Política; los miembros del FAP no participaron en ella por considerarla una “comisión tapadera”.

Desincorporación de Pemex

El Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios
raciel garrido

México, D.F., 13 de mayo (apro).- Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –en el año 2005--, en su defensa que hizo él mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados —en su papel de Jurado de Procedencia—, denunció la urgencia de los gobiernos neoliberales por “privatizar” el sector energético nacional (el término jurídico correcto es desincorporar, ya que aquél no existe en el lenguaje técnico-jurídico). El escenario actual es de carácter programático en la agenda de los gobiernos de derecha, misma que les impone el carácter neoliberal al que se adscriben en su forma de gobernar.El Consenso de Washington (paradigma de los gobiernos neoliberales), en su punto ocho, ordena la “privatización” de las empresas estatales, o cualquier actividad que deba estar --según John Williamson (que es quien formuló estas recetas económicas para los países latinoamericanos en su trabajo llamado What Washington Means by Policy Reform “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”)--, expuesta a las fuerzas del mercado.Es cierto. La urgencia de la actual administración federal por llevar a cabo esos planes salta a la vista, y cumplir con el recetario impuesto por ese dudoso consenso es el compromiso que adquirieron por llegar “haiga sido como haiga sido”. No es, pues, una ocurrencia del excandidato presidencial de izquierda la defensa del petróleo. Es una lucha que desde hace por lo menos cuatro años ha venido anunciando.Podríamos hacer un análisis de las reformas a leyes secundarias que se proponen para “permitir” el falso “fortalecimiento” de la industria petrolera; pero, para cualquier estudiante de derecho, es de elemental conocimiento entender que las leyes secundarias no pueden estar contra los preceptos constitucionales. Es como si dijésemos que los Diez Mandamientos ordenan no matar, pero el Código Canónico establece que se puede matar un poquito; entonces ¿la Biblia pasa a segundo plano?El artículo 28 de la carta magna, en su párrafo cuarto, señala: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. El monopolio es una situación de mercado en que un solo vendedor controla la oferta de un producto, sin que exista competencia. La Constitución no designa como monopolio a la actividad que el Estado mexicano efectúa para operar empresas de su propiedad que intervienen en áreas estratégicas del desarrollo nacional, aun cuando sólo él tiene la obligación de llevar a cabo estas actividades, sino que las denomina como exclusivas, que es una forma técnica-jurídica de nombrar al monopolio estatal. El artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, dispone: Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Esta norma constitucional refuta el argumento de que únicamente se modificarán leyes secundarias para efectuar lo que, absolutamente, la ley suprema prohíbe: celebrar contratos y concesiones en cuestiones energéticas.En áreas estratégicas del desarrollo nacional, el Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios. Tales áreas se refieren a las actividades que el Estado salvaguarda para sí, en aras de la protección de la soberanía nacional, es decir, son cuestiones que afectan directamente a la seguridad nacional. El petróleo, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera, son determinantes en estas cuestiones de seguridad nacional.Un experto en temas de derecho administrativo de la UNAM, al hacer un estudio de derecho comparado, reveló que Francia incluye todos los aspectos enumerados, y muchos más, en sus áreas estratégicas. Sobre todo le da muchísima importancia a los puertos marítimos y aeropuertos (por la amarga experiencia que vivieron con la primera y segunda guerra mundial) y a sus energéticos.Pero la ola de “privatizaciones” sigue adelante. Los gobiernos neoliberales tienen que adelgazar al obeso Estado mexicano, cueste lo que cueste. El siguiente paso será privatizar la procuración y administración de justicia, y pronto veremos algunos anuncios en este sentido: “se rentan jueces”.

Historias de traición

Alberto Begné

sara lovera

México, D.F., 12 de mayo (apro-cimac).- En menos de lo esperado, en ocho semanas apenas se autoinmolaron dos partidos políticos, ambos de izquierda moderada. Uno, importantísimo; el otro nacido con otra denominación hace 12 años con la bandera avanzada del feminismo.En la escena ha jugado un papel trascendente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avaló la asamblea donde sacaron a golpes a Patricia Mercado; es decir, se avaló la violencia misógina, la violencia irracional, la violencia en fin. Ya no hay remedio y ha quedado en una frase eso de la transición a la democracia.Este tribunal le dio carta de naturalización a un grupo muy definido, el de Alberto Begné, luego de sus componendas con el PRI en Veracruz la pérdida de su origen. Claro que todo comenzó cuando Alternativa Socialdemócrata reconoció las elecciones espurias de 2006, y esperó como aliada a la derecha, que hoy sabemos, es extrema y sin escrúpulos… En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el TEPJF ordenó contar todos los votos, desoyendo que esos que faltaban eran vergonzosos, de los lugares donde se rellenaron las urnas y también hubo violencia. Lo interesante es el paralelismo entre Alberto Begné y Jesús Ortega, ambos sospechosos de sus relaciones con el PRI. Ambos con historias de alianzas con el poder, con historias de traición.Hace más de 22 años, Jesús Ortega, junto con Rafael Aguilar Talamantes, me explicaron que en política se negocia todo, hasta los muertos. Me lo dijeron a propósito de un reportaje que hice en Sinaloa, donde fueron asesinados campesinos que tomaron tierras a instancias del antiguo Partido Socialista de los Trabajadores, origen de Jesús Ortega.Yo vi. La balacera, digo como periodista no me quedaba otra, yo levanté los papeles de un anciano acribillado; yo fui con Ortega y con Graco Ramírez a una reunión donde se dio parte del conflicto y sus consecuencias. Hubo una mujer baleada en la frente, cuyo cuerpo despareció. Aguilar Talamantes era diputado.Me desmintieron todos. Para los políticos, no había muertos, y ese era el eje de la discusión sobre la represión que sufrieron los campesinos. Para Jesús Ortega, se negocian los muertos; esa es la política. Esa es la tesis, la ética, la manera de conducirse, la forma como se arreglan las cosas, los caminos por donde se llega o se mantiene el poder, el aparto, los votos, las asambleas, los consejos partidarios.Y tal vez ese es el drama principal. Una amiga me decía que, en el fondo, todos los partidos políticos y todos sus actores son priistas. Nacieron con el sello de la Revolución mexicana, con el aval de la traición como herencia familiar, como móvil de la sobrevivencia.Es como si estuviéramos viviendo la época de Venustiano Carranza que organiza los batallones rojos para acabar con el levantamiento campesino que hizo la Revolución, y se alegra de los asesinatos de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Es igual, como cuando en el Senado, Jesús Ortega avaló la ley indígena antizapatista.Es semejante a la traición de Adolfo de la Huerta, quien organizó el asalto al poder. Nada más perecido con Alberto Begné y su grupo de golpeadores.Tal vez por eso caen en el vacío algunas declaraciones como las de Alejandro Encinas, referidas a realizar un acuerdo político para salvar lo que queda del PRD, que se mira de lejos como un harapo, desgarrado, sangrante, herido por todas sus partes, donde finalmente nadie gana nada y todas y todos perdemos.El origen de los conflictos en estos dos partidos es la lucha encarnizada por el poder entre hermanos. La lucha por el control partidario, por su dinero y sus bases. A los 19 años, el PRD, la organización política más importante después del control total del partido de Estado, del viejo régimen, de la persecución contra la izquierda, va a dividirse, a esfumarse, a desaparecer del mapa, como se dice.Es una de las más grandes desgracias que sucede a nuestro país. Y el intento, ese que comenzaron Patricia Mercado y Elena Tapia, también fue eso, un intento, de algo distinto que parece terminará igual. La más sabia frase que he escuchado de la feminista Marta Lamas es precisamente esa: la política de los hombres, es eso, la política de los hombres, donde las mujeres nos sentimos extrañas.
saralovera@yahoo.com.mx

Sacando a su chivo espiatorio...si la instruccion salio de Los Pinos!

Un agente de la Policía Federal planeó el asesinato de Millán

Edgar Millán Gómez

de la redacción

* Los Beltrán Leyva lo contrataron; hay cinco detenidos, revela Gerardo Garay, de la División Antidrogas

México, D.F., 12 de mayo (apro).- Un agente de la Policía Federal planeó la ejecución del comandante Edgar Millán Gómez, informó el coordinador de la División Antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, después de dar a conocer que hasta el momento han sido detenidas cinco personas relacionadas con el asesinato, entre ellas dos mujeres.Garay informó que José Antonio Martín Montes Garfias es el agente de la propia Policía Federal que planeó el asesinato de Millán Gómez, por órdenes de los hermanos Beltrán Leyva, miembros del cártel de Sinaloa que comanda Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.El agente Montes Garfias, agregó Garay, estaba adscrito a la plaza de Sinaloa, aunque actualmente contaba con licencia médica. Sin embargo, durante la investigación, la Policía Federal descubrió que mantenía contactos con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.En conferencia de prensa explicó que existe la sospecha de que las cinco personas detenidas están relacionadas con la ejecución, del director de la oficina contra el Crimen Organizado, Roberto Velasco Bravo, quien fue asesinado una semana antes que Millán Gómez.Los detenidos son, además del agente Montes Garfias, Juana Virginia González, María Teresa Villanueva Aguirre, José y Jorge Ortega Gallegos y Alejandro Ramírez Báez, éste último identificado como el autor material del homicidio, detenido el jueves pasado, día de la ejecución, junto con María Teresa Villanueva.Garay reveló que la captura se realizó gracias a un radio de radio comunicación que llevaba consigo Ramírez Báez al momento de su detención, y que permitió la ubicar a los hermanos Ortega Gallegos. Posteriormente, las investigaciones llevaron a la localización de Juana Virginia González.Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública entregó a la Procuraduría General de la República (PGR), el expediente de Juan Carlos Arellano Anica, conocido como El Nica, líder de la banda que asesinó al comandante Edgar Millán Gómez, coordinador de la Policía Federal.El secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, informó que El Nica, está preso en una cárcel capitalina, aunque evitó precisar en cuál. Sin embargo, agregó que en la ficha delictiva de Arellano Anica, se le ubica como el jefe de una banda dedicada al robo con violencia de vehículos y a transeúntes.En conferencia, Ortega Cuevas se negó a abundar en los antecedentes penales de El Nica, con el argumento de que la investigación sobre el atentado está en manos de la PGR.Mencionó que la información que tiene la SSP de este delincuente apodado El Nica ya fue entregada a las autoridades federales para que se anexen a dicho expediente. Ortega Cuevas confirmó que Alejandro Ramírez Báez, alias El Chicote, uno de los sicarios que presuntamente le disparó al comandante Millán Gómez, fue reclutado por la banda de El Nica para que ejecutara al coordinador de la Policía Federal en su casa de la colonia Guerrero.El Chicote vive en la colonia Gabriel Ramos Millán de la delegación Iztacalco. Es el cuarto de cinco hermanos. Desde hace cinco meses regresó a esta colonia después de haber vivido en Estados Unidos.