Por Lilia ArellanoEstado de los Estados
Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Tomas MacaulayTexas rechaza sentencia de la CIJ
108 contratos de Mouriño con Pemex
Fija PAN condiciones de negociación
Adelanta PRI bases de sus propuestas
La pinza en torno a la Iniciativa Mérida o “Plan México” se va cerrando. A raíz de que en el estado de Sinaloa fueron encontrados autos-bomba en una zona residencial de Culiacán, como los que presuntamente utilizan organizaciones terroristas en Medio Oriente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que eso confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo.
De esta forma, las autoridades de México y del vecino país recaban elementos que justifiquen cada vez el intervencionismo norteamericano en territorio mexicano para, según ellos, “combatir las amenazas del tráfico de drogas, el crimen trasnacional y el terrorismo en el hemisferio”.
A pesar de que desde hace más de un año, durante la 46 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Austin, Texas, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que la Comisión Permanente del Congreso Mexicano le demandaría a Felipe Calderón información precisa y clara sobre lo que se negoció con Estados Unidos, a la fecha y no obstante que el Congreso norteamericano y la administración de George W. Bush dieron hace apenas unos días oficialmente su visto bueno a la rebautizada “Iniciativa Mérida”, aún los legisladores mexicanos desconocen a ciencia cierta de qué se trata y la opacidad impera en torno a este delicado tema de seguridad nacional.
Si bien es cierto que el estado de Sinaloa vive los días más violentos de sus últimas dos décadas, al grado de que el promedio de ejecutados cada 24 horas llegó a 7.2 personas, el hallazgo de artefactos explosivos en casas de seguridad en Culiacán no debe ser pretexto para hablar de “narcoterrorismo” en México.
Roberto Badillo, secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, hizo en este sentido un llamado a la prudencia a las autoridades estadounidense para no calificarlo de tal forma y dijo que hablar de terrorismo en nuestro país “nos llevaría a una situación sumamente delicada”.
El general del Ejército precisó que es la primera vez que se conoce en México la utilización de artefactos de control remoto para hacer estallar automóviles, pero insistió en que la palabra terrorismo tiene una connotación muy distinta.
Dijo que se considera terrorismo “cuando va en contra de la población civil en general; por el momento sólo puede decirse que son actos de “sabotaje” que están ejecutando entre sí bandas criminales”.
El legislador señaló que la Comisión de la Defensa Nacional se reunirá la semana próxima para analizar este caso y solicitar información adicional a las autoridades específicas.
Mientras eso pasa, el hecho está siendo utilizado por las autoridades de los Estados Unidos para justificar la aprobación del “Plan México” o Iniciativa Mérida y el intervencionismo de ese país en territorio mexicano.
Un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado aseguró que la utilización de carros-bomba en México, localizados en una exclusiva zona residencial de Culiacán, Sinaloa, en donde se ubican grupos vinculados a Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus ahora rivales, los hermanos Beltrán Leyva, “confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo”.
Dicho funcionario explicó que “los cilindros de gas son de uso común, y el área de afectación es mayor que una bomba molotov.
Actualmente en Irán, Irak, Colombia y Londres estos carros-bomba son utilizados por Al-Qaeda, pero los manuales de la organización están en Internet o son enseñados por entrenadores en Medio Oriente”.
También indicó que “el empleo de cilindros de gas muestra la habilidad de usar materiales comunes disponibles de baja tecnología y, por tanto, de bajo costo, logrando afectar más que los millones invertidos en la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, provocando que se busque invertir en vehículos y equipo personal de los oficiales con mayor blindaje”.
Sobre el particular, legisladores de la oposición han llamado la atención y reprobado el hecho de que ante el fracaso total de la “estrategia” contra el crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón claudique ante el gobierno de Estados Unidos, transgreda la soberanía del país y ponga en riesgo las instituciones del Estado mexicano.
Rechaza Texas sentencia de CIJ
A pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, el estado de Texas ejecutará a cinco mexicanos que están en el corredor de la muerte, confirmó el portavoz del gobernador Rick Perry, Robert Black.
Este funcionario advirtió que el gobierno de Texas no considera siquiera la sentencia de la CIJ que le solicita que detenga las ejecuciones previstas de cinco ciudadanos mexicanos.
Black sentenció que ese tribunal no tiene jurisdicción en Texas, por lo que su sentencia “no cambia nada”. Así, a pesar de que el gobierno mexicano reclamó ante la justicia internacional en nombre de sus cinco ciudadanos porqué las autoridades estadounidenses no les informaron de sus derechos consulares y de que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Washington que suspenda la ejecución en espera de una aclaración solicitada por México sobre la obligación de Estados Unidos de revisar sus condenas, Black argumentó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya determinó que la CIJ, el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, no tiene jurisdicción en el país.
Sin embargo, Estados Unidos, al igual que México, es uno de las 15 naciones que firmaron la carta para pertenecer a la Corte Internacional de Justicia, encargada de resolver conflictos entre estados, y cuyas sentencias están basadas en la Carta de las Naciones Unidas.
En ese sentido, las autoridades de Estados Unidos están obligadas a obedecer cualquier sentencia de la CIJ en asuntos en los cuales sea parte, por lo que las declaraciones del vocero del gobernador texano no se apegan al orden internacional y sólo muestra la prepotencia que caracteriza a los funcionarios de ese estado.
Más contratos de Mouriño
Hace poco más de un mes la Comisión Mouriño de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de las acusaciones de tráfico de influencias y las presuntas violaciones a la ley en los contratos firmados entre Pemex Refinación y la empresa Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del funcionario.
En esa ocasión, los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) decidieron no participar en los trabajos de dicha comisión a la que acusaron de ser sólo una “tapadera” y que sólo sirvió para exculpar al funcionario.
El tiempo parece darles la razón a los diputados del FAP pues este miércoles Petróleos Méxicanos (Pemex) informó que además de los 16 contratos firmados con dicha empresa existen otros 108 contratos firmados con la empresa ESGES, también propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño.
Pemex precisó que entre la empresa ESGES S.A. de C. V., y Pemex “sí existe un vínculo de carácter comercial derivado de la suscripción de 37 contratos de franquicia, 37 contratos de suministro y “34 contratos de crédito”. Pemex refinación anexó detalles de esos 108 contratos en los que explica que son con estaciones de servicio o gasolineras.
Pero, claro, los legisladores federales no pudieron encontrar ni siquiera un elemento que hiciera presumir el tráfico de influencias del empresario español en funciones de secretario de Gobernación.
Ponen partidos condiciones
A pesar de que será hasta la próxima semana cuando Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Paredes y Germán Martínez, líderes de las tres principales fuerzas políticas del país: PRD, PRI y PAN, respectivamente, se reúnan para negociar una reforma energética condensada, tanto los panistas como los priístas ya adelantaron cuáles serán las bases y las condiciones de las que partirán para intentar alcanzar un acuerdo en torno a la modernización de Petróleos Mexicanos, aun y cuando el rector de la UNAM, José Narro, les hizo un llamado para que eviten la polarización y no se lleve a cabo una reforma en la materia a cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos.
Cristián Castaño Contreras, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio a conocer este miércoles que la bancada del PAN fijó tres puntos básicos e irrenunciables en el marco del diálogo y las negociaciones.
Dijo que para su partido “es irrenunciable” que en el país pueda refinarse el petróleo mediante alianzas que permitan revertir la actual importación de gasolina a un 700 u 800 por ciento más caras; estableció que un segundo punto son los contratos con incentivos que, dijo, son diferentes a los contratos de riesgo, con lo que según los albiazules se garantizaría una buena productividad de las empresas y sin riesgo en ningún momento de perder el control en la renta petrolera; el tercer punto expuesto por el legislador de Acción Nacional se refiere precisamente al tema de los ductos y a la transportación”.
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada de ese instituto político en la Cámara Alta, adelantó cuatro grandes rubros de la propuesta de su partido sobre Pemex.
En primer lugar se refirió a la modernización del régimen corporativo de la paraestatal, en donde, subrayó “debe incluirse la obligatoriedad legal de darle un contenido nacional a todas las licitaciones y suministros de insumos a la principal petrolera del país”.
En segundo término, se pronunció por la participación de filiales o empresas paraestatales, cien por ciento mexicanas, en los procesos de refinación, ductos y almacenajes, sin que el Estado pierda el control de los mismos.
En tercer lugar, dijo que debe imprimírsele mayor velocidad a la exploración en nuestro país para reponer con la urgencia necesaria, las reservas que han perdido en los últimos años, por la inacción del gobierno.
En cuarto término, el sonorense también se refirió al capítulo relacionado con la autonomía de gestión, autonomía presupuestal y ley de derechos adecuada a la modernidad.
La propuesta de los priístas se contrapone a lo planteado por Felipe Calderón quien habla de una autonomía presupuestal a lograrse en 11 años.
Beltrones comentó sobre el particular que “eso de los 11 años a nosotros nos parece una vacilada, que tendremos que corregir inmediatamente, ya que la autonomía presupuestal debe ser en un plazo mucho menor, para que alcance a fortalecer a la empresa mexicana en manos del Estado y para reponer sus reservas petroleras”.
La propuesta del PRI en materia energética será presentada cuando finalicen los foros en el Senado de la República, el 22 de julio.
Después de conocer las preguntas que se harán en la consulta del 27 de julio, Beltrones dijo que la propuesta de su partido debería tener el apoyo del PRD, porque “vamos en ese sentido”.
Por otra parte, al entregar al Senado de la República las conclusiones del foro petrolero que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector José Narro consideró que la reforma de Pemex debe hacerse pero no a cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos, y dijo que es indiscutible que la modernización de la paraestatal es necesaria por lo que deberá darse con el consenso de todos.
Narro Robles sostuvo: “reforma sí pero no a cuenta de una batalla de la que resulten ganadores efímeros y derrotados persistentes; reforma sí, pero para beneficiar a la mayoría y no para beneficio de unos cuantos”.
El rector universitario también distribuyó entre los coordinadores parlamentarios información documental y digitalizada de lo que la UNAM ha recabado durante décadas sobre el sector petrolero.
Narro Robles también avaló la consulta ciudadana del Gobierno del Distrito Federal y destacó que en la formulación de las preguntas participó la maestra Beatriz Velásquez, académica de la Universidad.
De los pasillos
Felipe Calderón aceptó las propuestas de Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino para que Manuel Mondragón sea el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y Miguel Mancera el nuevo procurador general de Justicia del Distrito Federal.
El “carnal” Marcelo se comprometió por su parte a anteponer el trabajo conjunto con las autoridades federales para salvaguardar la seguridad pública, por encima de las diferencias políticas. Veremos.
El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, advirtió que el PRD deberá realizar de inmediato nuevos comicios si anulan los resultados de la elección interna y no esperar hasta después de las elecciones federales del 2009… A fin de que presente una “radiografía” del crimen organizado, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, fue citado a comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública el próximo 31 de julio… Los golpes al bolsillo de los mexicanos no paran. Ahora tocó el turno al precio del gas natural que a partir del mes de agosto aumentará en forma gradual para los hogares y pequeños y medianos empresarios. lilia_arellano@yahoo.com
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