Carlos Fernández-Vega
Fue el viejo truco de “te lo digo Petróleos Mexicanos para que lo entiendan gobierno federal y Legislativo”. Comenzó con la advertencia de que “antes de sangrar fiscalmente a Pemex, la Secretaría de Hacienda debe hacer su trabajo y resolver los enormes problemas tributarios” que reporta el país, y terminó por reiterar que los grandes contribuyentes no pagan impuestos, y cuando milagrosamente lo hacen sólo cubren, en promedio, 74 pesos de ISR, como documentó tres años atrás, amén que con adeudos por créditos fiscales obtienen devolución de impuestos.
El tema a desarrollar en la sesión de ayer del debate petrolero en el Senado de la República fue “transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Pemex”. Pero al desmenuzar la información de manera natural brotó la delicada cuan inequitativa situación fiscal, y fue precisamente el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien arrancó con las irregularidades “de empresas, nacionales y extranjeras, contratadas por Petróleos Mexicanos que no le rinden cuentas a nadie y se manejan con total opacidad; en la revisión a las cuentas públicas de los últimos seis años se detectaron 21 empresas que laboran para la paraestatal que no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la Cuenta Pública Federal”.
De allí pasó a la sangría que Hacienda causa a las finanzas de Pemex; más adelante a que el desarrollo de la industria petrolera será imposible sin “acciones decididas del gobierno federal en materia fiscal”; después que “de 2000 a 2005 las devoluciones de impuestos ascendieron a 680 mil millones de pesos, y en 2005 estas devoluciones se duplicaron, respecto a 2000, ascendiendo a 150 mil millones de pesos”, para rematar que “es urgente mejorar la eficiencia recaudatoria para obtener mayores recursos, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal de la economía, acabar con el contrabando, simplificar el marco jurídico impositivo, reducir los regímenes especiales, contar con una política fiscal de largo plazo, otorgar certeza jurídica y mejorar la recuperación de las obligaciones en litigio”.
En pocas palabras, hacer lo que durante muchos años gobiernos y legisladores en turno se han negado a aterrizar, por el elevado costo político y económico que, para ellos, significaría caminar por la única senda existente para dar viabilidad y sustentabilidad a las finanzas públicas y, de paso, dejar de sangrar a la mayor empresa del país, Petróleos Mexicanos. Desde el arranque del debate petrolero quedó claro que sin una reforma fiscal real y de fondo, que cancele privilegios e involucre a todos, lo que se haga en la paraestatal sólo se sumaría a la voluminosa historia de parches disfrazados de “reformas trascendentales” que en esta materia cacarean unos y otros.
Las finanzas de Pemex anualmente son saqueadas. La Secretaría de Hacienda se queda con todas las ganancias de la paraestatal y exige pilón. En 2007, por ejemplo, se llevó los 660 mil millones de pesos en utilidades, más 16 mil millones que la empresa del Estado cubrió con deuda. En la tienda de enfrente, con sus regímenes especiales, los contribuyentes privilegiados dejaron de pagar más de 580 mil millones de pesos en impuestos, monto equivalente a 5.92 por ciento del producto interno bruto. Y en 2008 esa cifra se elevará a 772 mil millones de pesos, o lo que es lo mismo 7.41 por ciento del PIB.
Pero allí está Petróleos Mexicanos para cubrir los agujeros fiscales que abre el mismo gobierno federal, con la venia del Legislativo. De 2003 a 2007 el erario dejó de recaudar 3 billones 210 mil millones de pesos (alrededor de 320 mil millones de pesos y contando) por –detalla Hacienda– tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. Si se suma la proyección que para 2009 realizó la propia SHCP, entonces el citado monto se aproxima a 4 billones de pesos, cerca de 400 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, 40 por ciento del PIB a precios actuales. Lo anterior, sin considerar la voluminosa devolución de impuestos y otras gracias.
En promedio, de 2003 a 2008 el erario dejó de percibir el equivalente a 6.28 por ciento del producto interno bruto, y si se considera la proyección para 2009 ese porcentaje se eleva a 6.31. Para 2008, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda originalmente estimó una “merma” en la recaudación fiscal equivalente a 5.75 por ciento del producto interno bruto (604 mil 556 millones de pesos), derivada del citado rosario de exenciones y conexos. Sin embargo, un par de semanas atrás reconsideró sus números e incrementó su proyección a 7.41 por ciento del PIB (772 mil 364.5 millones de pesos), monto que serviría para construir 10 refinerías de buen tamaño y capacidad.
La Ley de Ingresos de la Federación para 2008, aprobada por el Congreso, fija en no menos de 581 mil millones de pesos la recaudación por impuesto sobre la renta. Este mismo año las exenciones por ISR sumarán 253 mil millones, casi la mitad de lo que se recibirá por ISR en el año, 3.6 veces más de lo que se estima captar por el impuesto empresarial a tasa única (IETU), 4.4 tantos por arriba con respecto al impuesto especial sobre producción y servicios, o similar a 56 por ciento de lo que ingresará por cobro de IVA.
Entonces es cuestión de echar números y tomar decisiones: apertura de la industria petrolera nacional para que el capital privado le clave el diente (de forma tan exitosa como ha hecho en la banca, por ejemplo) o una reforma fiscal que a todos comprometa por el bien de la nación. En el balance, ¿qué efecto económico y social hubiera tenido una inversión pública por esos 400 mil millones de dólares? Y a estas alturas, ¿qué necesidades de infraestructura y desarrollo tendría Pemex si Hacienda en lugar de saquear sus finanzas hubiera hecho su trabajo, al igual que los legisladores?
Las rebanadas del pastel
Eso sí, los panistas ponen el grito en el cielo y se espantan por el costo de la consulta popular del próximo 27 de julio, pues “nos preocupa saber de dónde va a salir ese dinero y si se desvían recursos”…
No tienen vergüenza, el descaro y el cinismo que muestran al minimizar los robos multimillonarios en Pemex y el despilfarro del pelele para promover su desprestigiada imagen y sus disparates vendepatrias y ahora venirse a quejar por los costos de la consulta popular. Claro reflejo de su forma de pensar, para las cúpulas todo, para el pueblo nada, al pueblo no se le concede ni siquiera una consulta. ¡Qué bárbaros! Actualmente ser panista es ser un canalla, una vergüenza.
El Club de Periodistas de México invita al 13 Foro Pemex. El resumen del debate, con la participación de Alfredo Jalife y Francisco Carrillo Soberón. La cita es hoy a las 18 horas en Filomeno Mata 8, Centro Histórico.
viernes, julio 18, 2008
Reforma petrolera y corrupción
Editorial
Ayer, en su exposición en el foro senatorial sobre la reforma petrolera privatizadora propuesta por el actual gobierno, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó un diagnóstico demoledor e indignante que deja al descubierto la inmoralidad, la ineficiencia y el desorden que imperan en la administración de Pemex: opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, incoherencias entre el plan de negocios de la paraestatal y el Plan Nacional de Desarrollo, relación turbia con la dirigencia charra que controla el sindicato de trabajadores petroleros y completo descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas de Pemex. Asimismo, el funcionario puso el dedo en la llaga al señalar que en vez de elaborar planes para seguir exprimiendo a la industria petrolera de propiedad nacional, el gobierno calderonista tendría que mejorar la eficiencia de la recaudación, ampliar el padrón de causantes, incorporar a éste el sector informal, combatir el contrabando, reducir los regímenes especiales y simplificar la tramitología hacendaria.
Los señalamientos del auditor sobre la opacidad con que se maneja la relación entre Pemex y sus contratistas privados se comprueba plenamente con el fallo emitido antier por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el que se ordena a la dirección de la paraestatal que haga públicos los 108 contratos firmados con empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y que realice una “búsqueda exhaustiva” de documentos de esta clase. Como se recordará, tanto la administración de Pemex, encabezada por Jesús Reyes Heroles, como el propio Mouriño, habían asegurado en distintos momentos que los únicos contratos entre ambas partes eran los 16 que dio a conocer hace unos meses el dirigente del movimiento en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de que esta relación inescrupulosa siga deteriorando la credibilidad del gobierno calderonista e inhabilitando en la práctica a Mouriño como un funcionario confiable, lo dicho por González de Aragón y la resolución del IFAI representan serios reveses adicionales a la pretensión del gobierno en turno de entregar a corporaciones privadas, a contrapelo del artículo 27 constitucional, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la perforación, y de presentar tales privatizaciones como parte de un esfuerzo por “fortalecer a Pemex”.
Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir ayer en la demanda de que se apruebe su iniciativa de reformas legales, esta vez con el argumento de buscar una “soberanía energética” que se vería gravemente vulnerada precisamente si llegara a aprobarse su propuesta, en la medida en que con ella se otorgaría al menos parte del control de los hidrocarburos a los grandes consorcios energéticos trasnacionales.
Por añadidura, el gobernante afirmó que “producir más y mejor petróleo, gas, gasolinas, petroquímicos o refinados” es un “propósito que todos compartimos”, lo cual es falso: desde que el desaparecido Heberto Castillo señalara, hace tres décadas, los peligros de hacer depender las finanzas públicas de la exportación petrolera y la improcedencia de depredar reservas de hidrocarburos que pertenecen también a las próximas generaciones de mexicanos, muchos conocedores del tema se han manifestado en contra del incremento de la producción de crudo, incremento que no tiene más razón que satisfacer los siempre crecientes apetitos presupuestales de una burocracia cupular acostumbrada al derroche, de una dirigencia sindical antidemocrática y jurásica y de una casta de contratistas privados –de la que forman parte los Mouriño– siempre ansiosa de nuevas oportunidades de negocio. En cambio, los astronómicos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y de los altos precios mundiales del crudo no se han traducido en una mejora perceptible en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, en una reactivación económica ni en una consolidación de las perspectivas de desarrollo del país.
Significativamente, Calderón formuló tales declaraciones acompañado por Carlos Romero Deschamps, su aliado político y cabeza del clan sindical que ha medrado con la opacidad y la corrupción de Pemex.
En suma, en el foro senatorial que está por concluir ha quedado de manifiesto que, antes que tocar los fundamentos jurídicos de la industria petrolera nacional, el gobierno debe poner en marcha una política recaudatoria fiscal mínimamente justa y equitativa –cobrar impuestos a las grandes empresas–, combatir la devastadora corrupción que campea en sus oficinas y establecer una administración eficiente y honesta en Petróleos Mexicanos. En ausencia de tales acciones, la iniciativa enviada al Senado el pasado 8 de abril carece de credibilidad y, como se ha visto durante el debate en curso, de argumentos sólidos y presentables.
Ayer, en su exposición en el foro senatorial sobre la reforma petrolera privatizadora propuesta por el actual gobierno, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó un diagnóstico demoledor e indignante que deja al descubierto la inmoralidad, la ineficiencia y el desorden que imperan en la administración de Pemex: opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, incoherencias entre el plan de negocios de la paraestatal y el Plan Nacional de Desarrollo, relación turbia con la dirigencia charra que controla el sindicato de trabajadores petroleros y completo descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas de Pemex. Asimismo, el funcionario puso el dedo en la llaga al señalar que en vez de elaborar planes para seguir exprimiendo a la industria petrolera de propiedad nacional, el gobierno calderonista tendría que mejorar la eficiencia de la recaudación, ampliar el padrón de causantes, incorporar a éste el sector informal, combatir el contrabando, reducir los regímenes especiales y simplificar la tramitología hacendaria.
Los señalamientos del auditor sobre la opacidad con que se maneja la relación entre Pemex y sus contratistas privados se comprueba plenamente con el fallo emitido antier por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el que se ordena a la dirección de la paraestatal que haga públicos los 108 contratos firmados con empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y que realice una “búsqueda exhaustiva” de documentos de esta clase. Como se recordará, tanto la administración de Pemex, encabezada por Jesús Reyes Heroles, como el propio Mouriño, habían asegurado en distintos momentos que los únicos contratos entre ambas partes eran los 16 que dio a conocer hace unos meses el dirigente del movimiento en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de que esta relación inescrupulosa siga deteriorando la credibilidad del gobierno calderonista e inhabilitando en la práctica a Mouriño como un funcionario confiable, lo dicho por González de Aragón y la resolución del IFAI representan serios reveses adicionales a la pretensión del gobierno en turno de entregar a corporaciones privadas, a contrapelo del artículo 27 constitucional, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la perforación, y de presentar tales privatizaciones como parte de un esfuerzo por “fortalecer a Pemex”.
Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir ayer en la demanda de que se apruebe su iniciativa de reformas legales, esta vez con el argumento de buscar una “soberanía energética” que se vería gravemente vulnerada precisamente si llegara a aprobarse su propuesta, en la medida en que con ella se otorgaría al menos parte del control de los hidrocarburos a los grandes consorcios energéticos trasnacionales.
Por añadidura, el gobernante afirmó que “producir más y mejor petróleo, gas, gasolinas, petroquímicos o refinados” es un “propósito que todos compartimos”, lo cual es falso: desde que el desaparecido Heberto Castillo señalara, hace tres décadas, los peligros de hacer depender las finanzas públicas de la exportación petrolera y la improcedencia de depredar reservas de hidrocarburos que pertenecen también a las próximas generaciones de mexicanos, muchos conocedores del tema se han manifestado en contra del incremento de la producción de crudo, incremento que no tiene más razón que satisfacer los siempre crecientes apetitos presupuestales de una burocracia cupular acostumbrada al derroche, de una dirigencia sindical antidemocrática y jurásica y de una casta de contratistas privados –de la que forman parte los Mouriño– siempre ansiosa de nuevas oportunidades de negocio. En cambio, los astronómicos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y de los altos precios mundiales del crudo no se han traducido en una mejora perceptible en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, en una reactivación económica ni en una consolidación de las perspectivas de desarrollo del país.
Significativamente, Calderón formuló tales declaraciones acompañado por Carlos Romero Deschamps, su aliado político y cabeza del clan sindical que ha medrado con la opacidad y la corrupción de Pemex.
En suma, en el foro senatorial que está por concluir ha quedado de manifiesto que, antes que tocar los fundamentos jurídicos de la industria petrolera nacional, el gobierno debe poner en marcha una política recaudatoria fiscal mínimamente justa y equitativa –cobrar impuestos a las grandes empresas–, combatir la devastadora corrupción que campea en sus oficinas y establecer una administración eficiente y honesta en Petróleos Mexicanos. En ausencia de tales acciones, la iniciativa enviada al Senado el pasado 8 de abril carece de credibilidad y, como se ha visto durante el debate en curso, de argumentos sólidos y presentables.
Invitación a programa de radio por internet
Estimados amigos y amigas, los invito muy atentamente, para que escuchen mi segundo programa de radio por internet, la Nueva República, que se trasmitirá los días martes y jueves de las 23 a las 24 horas. Más adelante veremos si lo ampliamos a dos horas de duración. Fácilmente lo pueden sintonizar dándole click a la siguiente dirección:
http://www.radio.larnr.org/
El programa se llama el Observador Político por el Profr. Rábago. Ojalá sea de su agrado y esperamos sus comentarios y sugerencias como siempre en nuestros correos electrónicos:
trabago49@hotmail.com elobservadorpolitico@hotmail.com
Por sus atenciones Gracias. Cd. Reynosa, Tamaulipas. Julio 17 de 2008.
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El programa se llama el Observador Político por el Profr. Rábago. Ojalá sea de su agrado y esperamos sus comentarios y sugerencias como siempre en nuestros correos electrónicos:
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Por sus atenciones Gracias. Cd. Reynosa, Tamaulipas. Julio 17 de 2008.
¡Última llamada para el Campus Ciudad de México de la Universidad de la IV República!
El día 2 de Agosto de este 2008 comienzan formalmente los estudios de Licenciatura en Medicina Homeopática, en el Campus Ciudad de México de la Universidad de la IV República.
Hay ya 18 Universitarios inscritos y listos para comenzar su Proceso de enseñanza-aprendizaje en el Tercer Campus de esta Nueva Institución Universitaria...
Todavía hay tiempo y oportunidad para que los ciudadanos comprometidos con México, y que quieran ahondar y concretar su compromiso a través de la Medicina, se sumen a esta Institución Nueva de Formación y de Servicio Integrales...
Para quienes todavía no estén enterados de este Proyecto Educativo y de Salud, aquí resumimos algunas de sus características fundamentales:
1) Nace el Proyecto en el plantón del zócalo en el 2006, como parte del Movimiento Obradorista, y en respuesta al llamado de la Presidencia Legítima a Renovar las Instituciones...
2) Nace como Proyecto Ciudadano, sin ninguna afiliación partidista, y sin apoyos o respaldos, ni públicos ni privados. Somos una Institución Independiente y Libre, como tendrían que serlo todas las Instituciones Educativas...
3) Nace con plena conciencia de que el Saber sobre la Medicina no es propiedad de nadie, ni necesita el permiso o la aprobación de nadie, y que no necesita ni dinero ni bienes materiales para cultivarse y enseñarse...
4) Nace con la absoluta convicción de que el Ejercicio de la Medicina como un acto de Amor y de Servicio, especialmente en favor de los más pobres de nuestra patria, no necesita tampoco certificaciones ni autorizaciones de nadie...
5) Se trata de una Institución ABIERTA a tod@s, sin importar su situación económica, política o social, e independientemente de su nivel académico. Sólo necesitamos tres cosas para poder compartir el Saber sobre la Medicina a quien lo solicite: 1) Que sea mayor de edad (alrededor de 21 años, por razones de madurez y experiencia), 2) Que sepa leer y escribir (por razones de metodología formativa), 3) Que sea una persona generosa y comprometida, especialmente con los más pobres (por razones de filosofía educativa)... "Abierta" también para estudiantes en otras escuelas y para trabajadores, por lo que las clases se dan ocho horas cada quince días (sábado de 17 a 21 horas y domingo de 9 a 13 horas)...
6) Se trata, en consecuencia, de una Institución completamente GRATUITA. No hay cuotas de inscripción ni colegiaturas. De otro modo –lo sabemos bien- no sería realmente para tod@s... A quienes lo necesitan, se les proporciona hospedaje y alimentación sin costo alguno en los días que acuden a sus clases... Incluso, a quienes lo solicitan, se les proporciona el dinero necesario para sus gastos de traslado a la Universidad (todo esto por el apoyo de algunas personas generosas y comprometidas –pues sí las hay- que colaboran con despensas, materiales, prestando su casa, con algún donativo económico, con los donativos voluntarios de los mismos estudiantes, etc., incluyendo a los docentes que no cobran por enseñar y que más bien pagan su propio traslado para hacerlo)... Pero "gratuita" no significa que no haya que "ganarse" el derecho a este Saber especial y único a través del estudio, la constancia y el esfuerzo de experiencia-aprendizaje-
7) Se trata de una Institución DE CALIDAD... "Abierta" y "gratuita" no significa universidad "patito" o de mala calidad, como suelen pensar y decir las gentes del poder y del dinero –por $us propia$ conveniencia$-, o las personas de escasa generosidad o compromiso –que por ser egoístas piensan que todos los demás también lo son-... L@s que estamos al frente de esta Universidad somos Médicos con una formación privilegiada, amplia y abierta, que nos hace capaces de compartir una Formación Médica Integral de muy alta calidad como poquísimas instituciones –o ninguna- son capaces de hacer, incluso las que disponen de muchos recursos en todos los sentidos... Sé que esto suena arrogante y poco creíble, como todo lo anterior que venimos diciendo, pero esa es la verdad...
8) Se trata de una Institución que tiene una Filosofía educativa INTEGRAL y una concepción de la Medicina también INTEGRAL... Esto es precisamente lo que la hace diferente a cualquier otra y de una notable calidad. Se enseña, sí, Medicina. Pero se enseña bajo una visión antropológica integral del hombre como un ser bio-psico-social-espiritual, y que, por tanto, comparte un Saber para la curación biocorporal de los enfermos, pero también para su plena salud psicológica, social y espiritual. Se enseña, entonces, en correlación y con el fundamento de Nueve Asignaturas (Educación, Filosofía, Ciencias, Psicología, Sociosofía, Espiritualidad, Artes, Amor y Humor) que como nueve círculos en movimiento en torno al núcleo central "Medicina" hacen posible la Formación en una Medicina Integral capaz de Servir Integralmente a los demás, no sólo en un consultorio sino en muy diversos "sitios" de la vida familiar, social, económica, espiritual, política, cultural, etc., en los que el Médico egresado participe...
9) Finalmente, se trata de una Institución GENEROSA y COMPROMETIDA con todos, especialmente con los más pobres. Por ello no se interesarán por nuestro Proyecto –ni les aceptaríamos; ni tolerarían nuestra filosofía y nuestros métodos si lograran infiltrarse- las personas egoístas y abusivas, cuya finalidad básica es el poder y el dinero, en lugar del servicio y los bienes superiores... Las personas que al día de hoy formamos parte de esta Institución Nueva, vemos y sentimos un Cambio Profundo y Auténtico que se está gestando silenciosamente en nuestra Patria y en el mundo. Eso nos llena de una inconmovible Esperanza... Creemos que es ya el tiempo de un México más libre, justo y democrático; es ya el tiempo de la Verdad, de la Honestidad y de la Responsabilidad en nuestro país. Y eso nos colma de una Fe inquebrantable... Queremos, finalmente, ser gestores y constructores de la Tierra Nueva y de la Nueva República. Y eso nos infunde un creciente Amor y Compromiso que nada ni nadie podrán silenciar ni detener...
Esto es lo que somos. Esto es lo que queremos. A esto te estamos invitando... Nos haces falta. Ojalá decidas... ¡ya!... sumarte a este Proyecto...
Álvaro,
en nombre de tod@s l@s responsables, maestr@s y alumn@s
de la Universidad de la IV República
Comunícate ¡ya! a universidaddela4arepublica@
Boletín Informativo ISA núm 480
http://serviciodenoticiasisa.
DA MANOS LIBRES PARA LA CORRUPCIÓN, LA PROPUESTA DE CALDERÓN, QUE HA PRIVILEGIADO NEGOCIOS TURBIOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO: ROMERO OROPEZA
El día de hoy 17 de julio, Octavio Romero Oropeza, secretario para la Honestidad y la Austeridad Republicana del gobierno legítimo de México, participó en los debates que sobre la reforma a Pemex organiza el Senado de la República. A continuación, reproducimos su ponenecia
La falta de capacidad instalada para producir 40 % de las gasolinas, el déficit cada vez mayor en la balanza comercial de petroquímicos, la necesidad de más kilómetros de ductos para el transporte de hidrocarburos, la caída en la producción del supercampo Cantarell y la supuesta reserva del petróleo de sólo nueve años son algunos de los problemas que aquejan a Pemex.
Son los pretextos —esgrimidos como argumentos— que, mezclados con medias verdades y mentiras completas, utiliza Calderón para intentar la privatización de Pemex.
Estos problemas no son producto de la generación espontánea, tienen su origen, entre otros, en la manera como se han invertido los recursos.
Primer Análisis. Desde hace 25 años, la escasa inversión en las subsidiarias de Pemex ha sido distribuía de la siguiente manera:
- 70 por ciento se destina a la extracción de aceite y gas;
- en refinación, sólo 10 por ciento;
- otro 10 por ciento en exploración;
- en PGPB, cerca de 2 por ciento; y
- menos de 1 por ciento en petroquímica.
Este es uno de los motivos de los déficit y las caídas en nuestras reservas. La irresponsabilidad fue tal, que Fox recibió reservas para 38 años de consumo, y cuando entregó el poder, ya sólo alcanzaba para 28 años de consumo. En seis años de gobierno, gastó 10 años de reservas.
Segundo análisis: Inversión por regiones productoras. Pemex divide sus actividades en el país en las regiones Norte, Sur, Suroeste y Noreste. Con algunos cálculos sobre cifras publicadas, veamos cuánto aportan a la producción y al ingreso, y cuánta inversión se les destina.
Las regiones Noreste, Suroeste y Sur en su conjunto aportan 90% a la producción nacional, generan 91% de los ingresos petroleros y reciben 62% de la inversión; en contraste, la Norte contribuye con tan sólo 10% a la producción nacional, genera 9% de los ingresos y, en cambio, recibe 38% de la inversión total.
En consecuencia, en las regiones Noreste, Suroeste y Sur por cada peso invertido se recuperan 9. En cambio, en la región Norte por cada peso invertido sólo se recuperan 2.
Entonces, ¿cuál es el criterio para destinar cerca de 40% de la inversión a una región que genera cerca de la décima parte de los ingresos por hidrocarburos? Esta pésima política de inversiones es una de las causas de los enormes problemas de Pemex.
Falsas soluciones
Calderón presume que sus iniciativas fortalecen a Pemex. Fortalecer, según el diccionario, significa “hacer más fuerte”. ¿Desde cuándo eliminar la exclusividad en actividades a la industria petrolera, permitiendo la participación de transnacionales, puede entenderse como fortaleza?
En la realidad, las empresas privadas han dado resultados desastrosos. Dos casos: las refinerías de Cadereyta y Minatitlán. ¿A quiénes se contrató para reconfigurarlas, y cuáles son los resultados?
Para Cadereyta, en 1997 se contrató a las empresas Sunkion Limited, Siemmens e ICA. La obra debió terminarse en julio del 2000, pero ocupó más del doble del plazo pactado. Los trabajos se entregaron con irregularidades: corrosión en ductos, espesores menores en tuberías, precios unitarios muy por encima de lo contratado, entre otras. Para noviembre de 2001, el proyecto tenía 16 meses de retraso y la auditoría cuantificó en ese momento pérdidas por más de mil millones de dólares. Finalmente la obra se entregó inconclusa. Pemex, que había renunciado a la jurisdicción nacional, fue demandado por el consorcio contratista en tribunales internacionales, y ante la falta de una defensa adecuada lo condenaron a pagar 630 millones de dólares más. Ninguna sanción hasta el día de hoy.
La reconfiguración de Minatitlán, por su parte, fue otorgada a la empresa española Dragados, tiene más de dos años de retraso, los costos pactados originalmente se han duplicado y tampoco existen responsables.
Veamos ahora empresas extranjeras de exploración y producción. Estos contratos comenzaron en 2003, siendo Calderón secretario de Energía. ¿Qué ocurrió con esos CSM (Contratos de Servicios Múltiples) otorgados a Repsol, Tecpetrol, Petrobrass, Teikoku, Schlunberger y Haliburton? En Burgos, se entregaron nueve bloques con un costo de más de 5,000 millones de dólares. El principal para Repsol. Cuando se los entregaron ya producían 126 mpcd de gas.
Se argumentaba que la producción de gas crecería “sustancialmente”. A la vuelta de cinco años, los CSM incrementaron la producción de los campos, en alrededor de 60 mpcd. Este incremento equivale a 4% de la producción de Burgos. Dicho de otro modo, 2.4 % del total del gas no asociado. Y en relación con la producción nacional de gas natural, no logró llegar ni siquiera a 1%. Ha sido tal el fracaso de los CSM en Burgos, que Pemex mismo ha tenido que reconocerlo.
En Chicontepec, zona con amplias reservas pero gran dificultad técnica de extracción, se otorgó a las empresas extranjeras Schlunberger y Haliburton la perforación de 300 pozos en el año 2003. Veamos qué ocurrió con los contratos en esa zona: De 2004 a 2007, la producción se incrementó en 6%; en contraste, la inversión se aumentó en 70%.
Cito textual al ingeniero Francisco Garaicoechea: “Burgos y Chicontepec resultaron un magnifico negocio para los contratistas, pero un pésimo negocio para Pemex”.
Contratos de Servicios Múltiples y la iniciativa propuesta
El artículo 46 de la iniciativa a Ley Orgánica propone contratos donde la remuneración pactada pueda ser fija o variable, determinada o determinable. Los alcances del contrato se definirían durante su desarrollo. Asimismo, se otorgarían incentivos para maximizar la eficiencia o el éxito de la obra o servicio.
Pero como los incentivos no forman parte de los costos de producción, pues debo recordarles, senadores, que la renta petrolera como la define la SENER es la diferencia entre los costos de producción eficiente y el precio de venta internacional, cualquier cargo que se introduzca dentro de este rango afecta la renta petrolera.
En 2002, César Nava, actual secretario particular de Calderón, contrató a Price-Waterhouse para diseñar el modelo de los CSM. A su vez, Price subcontrató a una empresa canadiense.
Ahora veamos un ejemplo en contratos en los bloques Nejo, Monclova y Pirineos:
La contratista adquiere para Pemex una planta recuperadora de azufre, con un costo directo de 46.4 millones de dólares, que al final Pemex la paga en más de 102 millones de dólares. A esta planta le corresponde un mantenimiento diario, que se cobra así: un costo directo por 5,199 dólares diarios, pero finalmente se terminó pagando 21,833 dólares diarios. Es decir, cuatro veces el costo directo de mantenimiento.
Por si fuera poco, el contrato les permite a las empresas subcontratar todas las obras y servicios —tal y como lo están haciendo— con excepción de la dirección y administración del contrato mismo. Además, pueden hacer uso de materiales nuevos o usados; y al mismo tiempo, tienen la responsabilidad absoluta para inspeccionar, probar y certificar la calidad de todos los materiales utilizados por ellos mismos.
Pregunto: ¿Qué acaso administrar contratos aporta tecnología?
Pemex y las aguas profundas
En las iniciativas de Calderón se plantea que sólo tenemos petróleo para los próximos nueve años. Este cálculo seguramente se funda en la aritmética del “haiga sido como haiga sido”, ya que en cifras de Pemex la relación reserva-producción al día 1 de enero de 2008, alcanza para 27.7 años. Otro cálculo más estricto nos indicaría que al tener tres tipos de reservas (probadas, probables y posibles), con valores probabilísticos de 100, 50 y 15 por ciento respectivamente, bastarían para los próximos 16 años.
Calderón no toma en cuenta las reservas probables ni las posibles. Para él tienen un valor cero, pero en su iniciativa habla de recursos prospectivos por 54 mil mdp, de los cuales 30 mil están en aguas profundas del Golfo y 24 mil, en aguas someras y tierra. Hay que recordarle a Calderón que las reservas prospectivas tienen cero valor probabilístico.
Supongamos, sin conceder, que los recursos prospectivos tuviesen un valor del 100%, como lo señala la secretaria Kessel. Esto implicaría que, si sumamos las reservas 3P por 27.7 años, con las reservas prospectivas de aguas someras y tierra, tendríamos asegurado el abasto de hidrocarburos los próximos 42 años, sin contar con los 18 años que nos quedarían en el Golfo de México profundo.
Aún con el criterio estricto de reservas para 16 años, si le sumamos los 15 de recursos prospectivos en aguas someras y tierra, contaríamos con 31 años en total, sin necesidad de tocar los yacimientos de aguas profundas. No dejemos de considerar que en aguas someras y en tierra, sólo se ha explorado el 25% del territorio nacional.
¿Por qué entonces insisten en asustarnos con el petate del muerto? ¿Cuál es la urgencia de ir a las aguas profundas en alianza con transnacionales? La respuesta es simple: negocios y corrupción.
Para muestra, dos botones:
La empresa noruega Petromena, poseedora de plataformas de perforación para aguas profundas, rentó al mismo tiempo tres plataformas por cinco años cada una: la más grande, a Petrobrás América, en 750 millones de dólares, la de capacidad media a Petrobrás Brasil, en 645 millones y la de menor capacidad, a Pemex, a un costo de 940 millones de dólares. Pemex rentó la plataforma más pequeña, 300 millones de dólares más cara que las otras.
Segundo ejemplo: La proveedora de servicios norteamericana Noble Corporation, rentó trres plataformas semisumergibles: la de mayor capacidad, reconstruida en el 2006, a Petrobrás en 429 mil dólares diarios; la mediana a Anadarko, reconstruida en 1999, a un costo de 436 mil dólares; y la más pequeña a Pemex, reconstruida en el 90, con un costo diario de: 485 mil dólares diarios. Un sobre precio de 59 mil dólares diarios, por la plataforma más pequeña y más antigua.
Para esto quieren eliminar las licitaciones.
Autonomía de gestión
Actualmente Pemex tiene que pedir autorización para llevar a cabo inversiones. Por ello se habla de la necesidad de darle autonomía de gestión, como forma de libertad para sus actividades. Sin embargo, esta supuesta falta de autonomía no es obstáculo para que Pemex pueda llevar a cabo transacciones que evaden el control hacendario, cuando lo decide.
Veamos un ejemplo concreto en el caso del arrendamiento financiero con opción a compra, del buque procesador Yuum K-ak Naab. De acuerdo con datos oficiales, el monto original solicitado por Pemex en diciembre de 2004 fue de 207 millones de dólares. En julio de 2005 solicitó a la SHCP un aumento para el mismo proyecto. La autorización no llegó, pero eso no fue obstáculo para que se licitara y contratara por un monto muy superior al solicitado originalmente. Para suplir la falta de autorización de Hacienda, Pemex dispuso de recursos del fideicomiso “Master Trust”. La cotización ganadora fue de 758 millones de dólares, más operación y mantenimiento por otros 377 millones, lo que hace un total de 1,135 millones de dólares. El buque tanque sí se construyó… pero 25 años atrás en el Japón.
El Señor de los Mares es el resultado de la reconstrucción de un barco que no cumple con la norma internacional que obliga a las embarcaciones petroleras a contar con casco doble. Como justificación dicen que el barco sólo navegará en aguas nacionales, y en caso de un siniestro, sólo contaminaría los mares mexicanos.
Auditores serios encontraron que embarcaciones petroleras con características y capacidades similares al Yuum K-ak Naab tienen un valor de 230 millones de dólares. En la información financiera de Bergesen, el Yuum K-ak Naab aparece con un valor en libros de sólo 227 millones de dólares. Pemex pagó por El Señor de los Mares más de tres veces su valor real. Es decir, más de 500 millones de dólares de sobre precio.
Conclusión
La iniciativa de Calderón significa dar manos libres para la corrupción. Desde que fue secretario de energía, Calderón ha privilegiado los negocios turbios en el sector energético.
Baste recordar los contratos de suministro de gas en Altamira, Cerro Azul y Manzanillo: con el argumento de comprar gas barato, a dólar y medio el mmbtu en Sudamérica, se contrató a extranjeros, que finalmente cobran al altísimo precio de referencia de Estados Unidos.
El suministro de Manzanillo representa un sobreprecio al país de más de 20 mil millones de dólares en un contrato de 15 años. Al mismo tiempo, se queman 750 mmpcd de gas.
Ahora pretende dar entrada a empresas extranjeras y compartir con ellas la renta petrolera.
El problema de Pemex es muy sencillo. Se resuelve, primero, erradicando la corrupción; segundo, invirtiendo en las actividades que le dan valor agregado a nuestras materias primas; y asimismo, invirtiendo adecuadamente en la principalísima actividad de exploración.
Boletín Informativo ISA núm 479
http://serviciodenoticiasisa.
Sumario:
I. Las trece líneas rojas de la reforma petrolera. Declaración del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo.
II. Rechaza el gobierno legítimo el cierre del único hospital psiquiátrico del país y se solidariza con familiares de pacientes y planta laboral del nosocomio: Asa Cristina Laurell
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LAS TRECE LÍNEAS ROJAS DE LA REFORMA PETROLERA
Declaración del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo
El pasado 15 de julio, Luis Zapata Linares, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México, participó en los debates que sobre la reforma a Pemex organiza el Senado de la República. Como parte de su ponencia, Zapata Linares dio lectura a un comunicado a nombre del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo, formado por escritores, intelectuales, poetas, pintores, analistas y académicos, documento al que han titulado “Las trece líneas rojas de la Reforma Petrolera”, y que a continuación el servicio de noticias ISA reproduce íntegramente.
Los debates alrededor de la llamada propuesta de reforma energética ya han puesto en claro que el conjunto de seis iniciativas debería ser rechazado. Es inaceptable, primero, por su carácter contrario a la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende modificar a través de la reforma de leyes secundarias. Es también inaceptable por su evidente intención privatizadora. Ésta se manifiesta en el objetivo implícito de transferir a empresarios e inversionistas privados, tanto foráneos como nacionales, las actividades centrales de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra, se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de Pemex.
Específicamente, destacan en las iniciativas propuestas trece disposiciones que resultan en especial lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende perpetrar. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:
Primera: autorizar la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades sustantivas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los contratos de mayor importancia —como los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación— podrán no someterse a licitación. Además, tanto el alcance de estos contratos como las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir “incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio”. Es evidente una laxitud excesiva que abre espacios a la corrupción. (Arts. 45 y 46 del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos —en adelante Ley Orgánica.)
Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de producción de petróleo y gas que se contraten con ellos. Establecer que, en todos los casos, las remuneraciones serán en efectivo y no concederán propiedad sobre los hidrocarburos no es condición suficiente para evitar la transferencia de renta ni para asegurar que Pemex conservará el control sobre las actividades de exploración y desarrollo. El pago en efectivo por la exploración y extracción equivaldrá al precio de mercado del crudo extraído y disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo. (Art. 6º del proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo —en adelante Ley Reglamentaria— y Art. 46 de la Ley Orgánica.)
Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado. En las iniciativas no se distingue entre cubrir un costo temporal de mercado por servicios recibidos —en tanto se desarrollan las capacidades propias— y hacer partícipes de las utilidades a socios permanentes. Esto se plantea en el caso de la refinación en que, dados los actuales diferenciales de precios entre el crudo pesado, el ligero y las gasolinas, una planta de 400 MBD, a los precios internacionales vigentes, asegura márgenes no inferiores a dos o tres mil millones de dólares anuales, con lo que la inversión realizada podría recuperarse con alta probabilidad al tercer año de haber iniciado operaciones. (Véase, entre otros, el Art. 4º de la Ley Reglamentaria.).
Cuarta: autorizar, a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos de riesgo, contrariando el espíritu de la Constitución y el texto vigente de la Ley Reglamentaria. La suma de las características que se atribuyen a los contratos para la realización de obras y la prestación de servicios relacionados con la exploración y desarrollo —incluyendo la concesión de incentivos por desempeño (se pagará más que proporcionalmente por barril extraído mientras más se extraiga), la flexibilidad en cuanto al objeto y la remuneración de las obras y servicios y la equivalencia entre el pago en efectivo y el valor del petróleo producido— los hacen de hecho indistinguibles de los contratos de riesgo. A diferencia de lo que ocurre con los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución, las iniciativas no especifican las obligaciones de los contratistas o permisionarios privados de exploración, desarrollo y refinación. (Diversos artículos de la Ley Reglamentaria, en especial omisión incurrida en el Art. 15, y de la Ley Orgánica.)
Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades sustantivas de la industria petrolera. El tipo de contratos de obras y prestación de servicios previstos en las iniciativas pueden, potencialmente, dar lugar a la exclusión del organismo de nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera. Es concebible, por ejemplo, que una sola empresa o un consorcio de ellas celebren un contrato de exploración y desarrollo, conectado con un segundo contrato para servicios de refinación y un tercero de transporte —incluyendo el tendido y operación de ductos— y almacenamiento para distribución, estableciendo una cadena de actividades integradas por completo al margen del organismo. (Interpretación del alcance de diversos artículos de la Ley Reglamentaria y de la Ley Orgánica.)
Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados. El régimen en materia de obligaciones, sanciones y medidas de seguridad plantea, en general, más exigencias a los organismos públicos que a los permisionarios privados. (Art. 15ª de la Ley Reglamentaria.)
Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios. Se abandona el concepto del organismo como empresa petrolera integrada y se abre la puerta para que sus organismos subsidiarios sean establecidos, fusionados o incluso extinguidos por iniciativa presidencial, aprobada por el Consejo de Administración. Sería preferible que la Ley estableciera el carácter de Pemex como organismo integrado e indicase que el eventual establecimiento, fusión o extinción de sus subsidiarias sólo podría efectuarse por Ley, de suerte que correspondiera al Congreso la responsabilidad de establecer la estructura institucional del organismo. (Art. 4º y fracc. VIII del Art. 18 de la Ley Orgánica.)
Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central. Debe reestablecerse la garantía de la seguridad energética de la nación, mediante el abasto oportuno y eficiente de la demanda nacional como objetivo primordial del organismo. De otro modo, se mantendrá y aún acentuará el sesgo exportador. (Último párrafo del Art 7º de la Ley Orgánica.)
Novena: proponer un Consejo de Administración de Pemex cuya integración, facultades, carácter discriminatorio, grado de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones lo torna funcional sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.
(Sección II de la Ley Orgánica.) Adviértanse, en especial, las siguientes características del CA propuesto:
• Integración. Se propone elevar de once a quince el número de integrantes del CA, añadiendo a cuatro “consejeros profesionales”, dos de los cuales serían de tiempo completo y representantes del Estado y dos de tiempo parcial, sin aclarar a quién representarían. Se establecen así consejeros de dos categorías, lo que es discriminatorio. No se señala cómo se garantizará la ausencia de conflicto de interés de los consejeros profesionales de tiempo parcial, respecto de sus demás actividades. (Fracc. III del Art. 8º y Art. 15 de la Ley Orgánica)
• Designación. Al elevarse de once a quince el número de integrantes del CA, se eleva también la proporción de los nombrados directamente por el presidente de la República, que pasa de 55 a 66 por ciento del total. Esta designación los convierte, de hecho, en representantes del gobierno. Si se deseara que fueran de veras profesionales e independientes se prevería, por ejemplo, que fueran designados por el Congreso a propuesta de colegios profesionales o entidades académicas. La designación por ocho años, como ha hecho notar el INAP, rebasa “la temporalidad de las facultades del ejecutivo”. (Fracc. I y III del Art. 4º y Art. 14 de la Ley Orgánica.)
• Transparencia. Se relega al reglamento del CA la definición de las “normas para la difusión de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares” del CA. En beneficio de una verdadera transparencia, estas normas deberían establecerse en la Ley. (Art. 15 de la Ley Orgánica.)
Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general. Establecer seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar constituye un incentivo al descuido, la irresponsabilidad e incluso la corrupción. Es una propuesta por completo inadmisible. También es inadmisible que los consejeros profesionales de tiempo parcial no estén sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. (Art. 37 y 30 de la Ley Orgánica.)
Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex. Más que títulos de deuda, ya que su rendimiento no es fijo, sino que está relacionado con los resultados del organismo, los bonos parecen acciones o títulos de inversión neutra, es decir sin derechos corporativos. Aunque se tiene previsto que no rebasen del 5% del total de la deuda registrada del organismo, es posible que se conviertan en un vehículo para el financiamiento privado de Pemex. (Apartado B del capítulo IV de la Ley Orgánica.)
Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero [y] la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles” es absolutamente improcedente e inaceptable. Sacrifica las mejores tradiciones jurídicas internacionales, sustento de la soberanía de la nación. (Párrafo segundo del Art. 49 de la Ley Orgánica.)
Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales. Se incurre en el error político de separar el tratamiento impositivo general por otro más suave a esos yacimientos, donde aparentemente residen las mayores tentaciones privatizadoras o de formación de alianzas asociativas con empresas extranjeras.
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RECHAZA EL GOBIERNO LEGÍTIMO EL CIERRE DEL ÚNICO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEL PAÍS Y SE SOLIDARIZA CON FAMILIARES DE PACIENTES Y PLANTA LABORAL DEL NOSOCOMIO: ASA CRISTINA LAURELL
La salud mental y la psiquiatría es una de las áreas más desatendidas del sistema público de salud en México, a pesar de que las enfermedades mentales representan una problemática muy frecuente en la población y el Hospital Juan N. Navarro es el único hospital psiquiátrico infantil del país, pero desde el sexenio pasado se ha intentado cerrarlo con la promesa de abrir otro con mejores instalaciones y equipamiento, manifestó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell.
Mencionó que la Secretaría de Salud del gobierno usurpador ha informado que utilizará el terreno donde está el citado nosocomio –ubicado en la delegación Tlalpan— para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología y construir un estacionamiento.
La referida dependencia ofrece trasladar el hospital Juan N. Navarro a un inmueble anteriormente utilizado por la Secretaría de Educación Pública que sería remodelado, pero es obvio que las instalaciones de la SEP no cumplen con las condiciones adecuadas para funcionar como centro terapéutico y hospital psiquiátrico, ya que existen normas precisas al respecto, aseguró.
Con dicho antecedente, alertó, se pondría incluso en peligro la vida de los pacientes, por la falta de instalaciones adecuadas.
Ante la insistencia de familiares de los pacientes y el personal del hospital de conocer el proyecto detallado de remodelación de estas instalaciones, la Secretaría de Salud sólo ha respondido con señalamientos generales, aclaró.
“Si la Secretaría tuviera la disposición de mejorar la atención a los niños y adolescentes con problemas psiquiátricos ha tenido mucho tiempo para hacerlo”, estimó al resaltar que “existen razones para pensar que el cierre del hospital es un paso más en la adopción de una política de salud mental donde los medicamentos sustituyen a la terapia y las familias suplan al cuidado institucional cuando éste sea necesario”.
Hizo énfasis en que los pacientes psiquiátricos son un grupo vulnerable en la sociedad y debe ser responsabilidad de la autoridad proporcionarles la terapia que requieren.
Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra salud. Así lo establece la Constitución y “habría que recordar que el riesgo de vida de un paciente psiquiátrico puede ser igualmente grande que de un paciente con cáncer”, puntualizó.
Después de meses de cerrazón, denunció, la Secretaría de Salud pretende ahora desalojar el hospital usando la fuerza pública y amenazando a los familiares de los pacientes y a los trabajadores que están defendiendo este centro de terapia psiquiátrico.
“Estamos ante un caso más de criminalización de la opinión disidente, de los “otros”. Se agrava este hecho porque se trata de un grupo que desde antes está discriminado”, acusó.
Asa Cristina Laurell dio a conocer que el Gobierno Legítimo se solidariza con los defensores del hospital Juan N. Navarro y exige que se cumpla el derecho a la protección de la salud de sus pacientes.
Es lo de menos
Les enviamos los audios del mes de Julio de la emision del informativo Es lo de menos que pasa de Lunes a Viernes, a partir de las 08:00 de la mañana por Radio Imagina y radio vulgocracia.
En repeticiones por radio vulgocracia a las 20:00 Hrs, tambien de Lunes a Viernes.
Audio 14 Julio 2008.
Y si tienes alguna, informacion, invitacion, audio o cualquier cosa con la desees colaborar o simplemente difundir, puedes hacerlo contestando este correo ( radio.vulgocracia@gmail.com).
A T E N T A M E N T E.
http://radioimagina.webs.com y http://www.radiovulgocracia.jueves, julio 17, 2008
Alfredo Jalife en la UACM
El día de ayer estuvo en el Debate de la Reforma Energética que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
DIAGNOSTICO FATALISTA SOBRE ESCENARIO ENERGETICO
Debate petrolero en el senado de la republica, grupo parlamentario del PRD
http://www.youtube.com/watch?v=wzQYWGFdCoM
Debate petrolero en el senado de la republica, grupo parlamentario del PRD
http://www.youtube.com/watch?v=wzQYWGFdCoM
Los perdones fiscales del panismoZósimo Camacho
Con apenas dos años al frente de la SHCP, el chicago boy Agustín Carstens otorga el perdón fiscal a tres prominentes empresarios; uno de ellos es asesorado por el abogado Pedro Solís Cámara, cuñado del propio secretario de Hacienda. La lista de los perdonados discrecionalmente por las administraciones panistas se incrementa a 12 personas.
Agustín Carstens se ha convertido en el funcionario que reparte más perdones fiscales, de manera discrecional, en los 19 meses que lleva al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hasta principios de julio había decidido sobreseer –luego de intensas negociaciones– los expedientes abiertos contra tres empresarios supuestamente evasores de impuestos. Dos de ellos: Alfredo Miguel Afif, del grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del Grupo Tebo.De acuerdo con funcionarios de la SHCP –quienes solicitaron mantener bajo reserva su identidad, pero que se han acreditado plenamente ante Fortuna– las negociaciones en favor del texano-mexicano Alfredo Miguel Afif y su hermano Javier, fueron encabezadas por el abogado Pedro Solís Cámara, esposo de la hermana del secretario de Hacienda Agustín Carstens. Para confirmar esta información se buscó insistentemente al abogado fiscalista por conducto de su secretaria, pero nunca autorizaron la entrevista.Sin embargo, el hijo de Alfredo Miguel Afif, de nombre José Miguel, confirmó la intervención de Pedro Solís Cámara en las negociaciones con Hacienda. “Me reuní con este abogado y le platiqué todo el caso. Él me ayudó en hacer a recomendación para que solucionara el problema”, dice.Los tres perdones fiscales realizados durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón se suman a los nueve otorgados por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.Los secretarios de las últimas tres administraciones priistas no condonaron, de manera discrecional, a nadie. Fue hasta la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, y de Gil Díaz a la SHCP, cuando se invocó el controvertido artículo 92 del Código Fiscal de la Federación para sobreseer los expedientes abiertos contra nueve personas y cancelar las órdenes de aprehensión.De acuerdo con la respuesta de la SHCP a la solicitud de información 0000600100707 –formulada por Fortuna– “de enero de 2000 a diciembre de 2006 se hicieron nueve peticiones de sobreseimiento de procesos penales relativos a delitos fiscales”.Sin embargo, la dependencia gubernamental se negó a proporcionar los nombres de los beneficiados del sobreseimiento, así como el monto total del dinero involucrado.El Comité de Información de la SHCP –integrado por Héctor de la Cruz Ostos, director de Recursos Humanos; Rafael Sandoval Giles, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria, y Suhaila María Núñez Elías, titular del Órgano Interno de Control– adujo que, de revelar la información de expedientes concluidos, estaría violando los secretos comercial, fiscal, bancario y fiduciario. Así, la dependencia reservó “en todas sus partes” y por 12 años los expedientes solicitados por Fortuna.De acuerdo con fuentes de la SHCP, los perdonados por el foxismo serían: David Peñaloza, de Trituradores Basálticos, Tribasa; Alonso Ancira, de Altos Hornos de México (AHMSA); Xavier Autrey, también de AHMSA y Satmex; y, entre otros empresarios, Manuel Rodríguez Arreguí, del Consorcio Azucarero Escorpión, Caze, y posteriormente subsecretario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, también habrían sido perdonados personajes de la farándula como Adalberto Javier Ramones Martínez –Adal Ramones–; Verónica Judith Sainz Castro –Verónica Castro–, y Silvia Pinal Hidalgo –Silvia Pinal–.El perdón fiscal otorgado a Alfredo Miguel Afif por parte de Agustín Carstens –entusiasta promotor de nuevos gravámenes para contribuyentes cautivos, como el Impuesto Empresarial de Tasa Única– habría sido a cambio de que el texano-mexicano cediera los negocios que SACSA, empresa del grupo Miguel, mantenía en el aeropuerto de Toluca.El despacho que formalmente defiende a los Miguel es Alonso, Concha y Compañía. Sin embargo, el hijo de Alfredo Miguel, José Miguel –en entrevista– confirma que las gestiones ante el secretario Agustín Carstens en su favor han sido realizadas por Pedro Solís Cámara, cuñado del propio titular de la SHCP.La relación entre los Miguel y los Solís Cámara no es nueva. Cuando Fernando Solís Cámara se desempeñaba como vocero de la campaña de Francisco Labastida a la Presidencia de la República, SACSA –la empresa de los Miguel– prestó una de sus unidades para el traslado del candidato priista.Ahora, gracias a las gestiones de Pedro Solís Cámara, a los Miguel se les han sobreseído tres expedientes por evasión de impuestos.Oficio de papel –columna del periodista Miguel Badillo– dio a conocer el 23 de junio pasado los nuevos perdones fiscales del panismo y el papel que desempeñaba en uno de ellos el abogado y cuñado del secretario de Hacienda. Badillo señaló que serían sobreseídos tres expedientes contra los Miguel Afif y uno contra Bardor Kaess. El 27 de junio Abel Barajas publicó en el diario Reforma que serían sobreseídos cuatro expedientes contra los Miguel. El monto de la defraudación ascendería a 140 millones de pesos.Otro de los perdones concedidos es a la odontóloga Lourdes Bardor, el cual podría poner punto final al caso del desmembrado Grupo Tebo, iniciado en el sexenio de Vicente Fox. Presa durante los últimos cinco años, la doctora fue la única integrante de la familia Bardor y del Consejo de Administración del Grupo Tebo que pisó la cárcel. Los demás aún se encuentran prófugos.De acuerdo con el expediente 337/02-EE1 de la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales e Interpol del Área de Enlace Externo de la Procuraduría General de la República, los directivos de Tebo que se encuentran prófugos son: Samuel Bardor Kaess, Teodoro Bardor Kudisch, Rita Kaess Schneider y Miguel Marbán Aguilar.Los casos de sobreseimiento de expedientes, a petición del secretario de Hacienda, durante el gobierno de Vicente Fox, tuvieron lugar entre octubre de 2004 y julio de 2006. De acuerdo con la respuesta de la SHCP a una segunda solicitud de información de Fortuna (0000600148607), dos perdones se otorgaron el 4 de octubre de 2004; uno, el 10 de mayo de 2005; uno, el 17 de mayo de 2005; tres, el 16 de junio de 2005; uno, el 4 de julio de 2005, y el último, el 28 de julio de 2006.El asidero jurídico de la facultad discrecional del secretario de Hacienda para perdonar a los evasores fiscales se encuentra el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación: “(…) los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones, y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.Para el analista económico Mario Di Costanzo, secretario de la “hacienda pública del gobierno legítimo”, el perdón fiscal es “un instrumento que reafirma toda la discrecionalidad que tiene la Secretaría de Hacienda para la administración tributaria; el talón de Aquiles del sistema tributario mexicano es, precisamente, la discrecionalidad”.Sin embargo, argumenta Di Costanzo, con el perdón fiscal también se estaría violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que “cuando se condona una deuda fiscal, se genera una pérdida para el país: se está adquiriendo una deuda, puesto que hay recursos que no se cobraron”.Lamenta que en estas decisiones el Poder Legislativo se encuentre al margen. “Debiera de ser la Cámara de Diputados la que, año con año y después de que Hacienda presentara un análisis de a quién y qué se está perdonando, diera su afirmativa o su negativa, porque finalmente son recursos públicos que se dejan de ingresar a las arcas nacionales. Es un daño patrimonial que, al menos, debería de estar sancionado por la propia Auditoría Superior de la Federación y por la Cámara de Diputados”.Agrega que aunque la figura conocida popularmente como perdón fiscal se estableció para “generar inversión”, actualmente “la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para perdonar, sin que el Congreso lo sepa, se ocupa para darle un tratamiento preferencial a ciertos grupos y empresas”.Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Antonio Soto, reconoce que las reformas fiscales aprobadas por el Poder Legislativo el año pasado no acabaron con la discrecionalidad de la SHCP. “Hubo artículos que no se modificaron en nada. Sólo se modificaron algunos. El perdón fiscal se quedó y persiste la discrecionalidad. El secretario de Hacienda o altos funcionarios pueden decir: ‘A ti te perdono y a ti no’. A unos los meten a la cárcel, mientras que otros viven en un paraíso fiscal personalizado”.El legislador por el Partido de la Revolución Democrática considera que el gobierno federal no desea modificar el artículo 92 del Código Fiscal Federal, “porque quiere guardar ese nicho de perdón, para favorecer o castigar empresarios”.A decir del diputado por el Partido Revolucionario Institucional Ismael Ordaz Martínez, también secretario de la Comisión de Hacienda, “no existe ningún sobreseimiento. Que haya una condonación de impuestos no está en el marco jurídico. Yo no veo nada… no hay sobreseimiento de impuestos”.Sin embargo, al inquirirle acerca del artículo 92 del Código Fiscal Federal, recapacita: “Es el marco legal al que estamos sujetos; pero claro que no deben haber excepciones. Las reglas actuales deben verificarse”.En la bancada parlamentaria del Partido Acción Nacional no hubo quien aceptara referirse al tema del perdón fiscal. Tampoco la Secretaría de Hacienda fijó posición al respecto.
Sobreseimientos concedidos por la SHCP en el foxismo
Sobreseimientos concedidos por la SHCP en el foxismo
Rescatar la educación mexicana de manos del gobierno entreguista y del sindicalismo corrupto
Pedro Echeverría V.
1. Es realmente alarmante la situación que atraviesa la educación nacional. Con un presidente de la República (ilegítimo), una secretaria de Educación que no tiene la menor idea de su encargo y una dirección sindical nacional absolutamente corrupta, nuestra pobre educación pública acelera cada vez más su desplome. No sólo los informes internacionales colocan a México en la cola de los demás países en calidad, inversión educativa, investigación; también es claramente observable cuando con una actitud reflexiva y crítica alguna persona se dedica a investigar los que sucede. Los profesores que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están ubicados en el camino correcto al mantener de manera consecuente sus batallas por la transformación educativa y sindical. Por ahora parece ser el único camino consecuente, el de la lucha, para poner de pie la educación que está de cabeza. Se requieren más propuestas educativas que rompan con todas aquellas subordinadas a los intereses de los grupos económicos internacionales que dominan en el país.
2. Así como Perú, Bolivia o Venezuela, México es una nación con una enorme riqueza cultural. En la parte central, en el sur y sureste de su territorio, durante dos mil años, se desarrolló parte de la gran cultura mesoamericana que se extendió hasta Guatemala, El Salvador, Belice y en algunas porciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se trata de una enorme región cultural de gran diversidad étnica y lingüística, cuya unidad cultural se basó en una serie de valores. Durante los siglos del XVI a XVIII, México vivió 300 años de conquista y colonización española y, a partir del segundo decenio de siglo XIX, como la mayoría de los países de América Latina, logró su independencia de España, pero las garras del capitalismo europeo y yanqui, portando una nueva cultura, se afianzaron en nuestro país. De todas maneras, aunque México jamás haya logrado su autonomía total –como seguramente tampoco la mayoría de los países del mundo- esos cambios culturales le dieron una enorme fortaleza y solidez.
3. México, al lograr su independencia, atravesó por un largo período de inestabilidad en busca de un proyecto de nación. Al iniciase el siglo XX vivía en medio de una feroz dictadura de 35 años de los terratenientes, de los militares, de la Iglesia y de los inversionistas extranjeros, europeos y yanquis. La educación escolar privada era recibida por una minoría de privilegiados que les sirvió muy bien para someter con mayor eficacia a los esclavos miserables y oprimidos de un pueblo con un 90 por ciento de analfabetismo. Fue necesario el triunfo de una gran revolución burguesa, la Revolución Mexicana de 1910-1917, para que se implantara por la fuerza la educación pública en todo el país. La Revolución, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, tuvo que luchar contra los caciques, hacendados terrateniente y el clero para que pudieran abrirse escuelas rurales, así como para iniciar la batalla contra el analfabetismo. Esa lucha, por lo que se conoció como conciencia nacional, fue ejemplar.
4. Fue así como, partir de 1921 (cuando José Vasconcelos fundó la SEP y se inició la gran campaña de “identidad nacional”) se crearon escuelas y “casas del pueblo” y, poco después, normales rurales. La realidad es que podría decirse que la educación ha tenido tres grandes etapas fundamentales: 1. La que va de 1921 a 1940 que puede ser la rural revolucionaria; 2. La de 1940 hasta 1976 que es la urbana capitalista, y 3. De 1976 hasta 2007 que corresponde a la globalización imperialista. Cada período o etapa educativa ha correspondido estrictamente al modelo económico y político que se ha impuesto en el país obedeciendo siempre a los cambios internacionales, sobre todo a partir de 1940 y la segunda guerra mundial. Es erróneo pensar que el proceso educativo mexicano sólo obedeció a la realidad nacional. Dado que la economía del país, por lo menos desde 1940 ha sido muy dominada por el gobierno e inversionistas yanquis y esa dependencia ha impuesto modelos económicos y valores culturales, la educación se subordinó.
5. La muy baja capacidad y la poca conciencia de los funcionarios públicos ha sido importante, así como la presencia del sindicalismo al servicio de líderes magisteriales corruptos con su enorme poder, juntos, han contribuido al estancamiento y la caída de la educación mexicana; sin embargo hay otros fenómenos –al parecer de mucho mayor peso- que han determinado el rumbo y los retrasos educativos. Muchos países, como México, vivieron un tanto aislados del contexto internacional hasta la Segunda Guerra y del surgimiento de organizaciones internacionales como la ONU; por eso pudieron aplicar políticas que obedecían a sus dinámicas internas. Luego de los acuerdos internacionales, la suscripción de “apoyos” y préstamos, así como de objetivos y programas educativos que obedecían a intereses de los más poderosos países capitalistas, llevaron a cambios esenciales a los que México no pudo, ni quiso, aislarse. Más bien aquellas recomendaciones internacionales se vieron como muy modernas.
6. La educación mexicana en sus primeros años – de 1921 a 1940- respondió al enorme impulso de la revolución agraria y antiimperialista que buscaba repartir latifundios, defender el patrimonio nacional, acabar con los prejuicios religiosos, organizar a los indígenas y campesinos para el trabajo y propagar una vida sana y libre. Casi el 80 por ciento de la población vivía en el campo, producía para él y por eso recibía una educación que respondía a esas necesidades campiranas. Los planes, los programas, las asignaturas, giraban en torno al trabajo y a las necesidades de los hombres del campo. Las ideas de los funcionarios de gobierno y de los profesores obedecían a las necesidades de la agricultura. El profesor, el cura y el médico rural llegaron a representar la esperanza de los indígenas y campesinos. Aunque no todo era maravilloso porque los terratenientes, caciques y funcionarios corruptos buscaban siempre favorecerse, las comunidades vivieron muy lejos del consumismo capitalista urbano.
7. A partir de los años 40, durante el gobierno de Ávila Camacho, se empezaron a registrar cambios educativos radicales que obedecieron (esencialmente) a circunstancias internacionales. En México cambió la orientación política del gobierno; en 1943 se transformó el texto del artículo 3 constitucional quitándole el objetivo “educación socialista” para ponerle “educación democrática”. Asumió Torres Bodet la secretaría de Educación y se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE). Al concluir la guerra se creó la ONU y en 1946 se instrumentó la UNESCO para “recomendar” o imponer en la práctica, políticas educativas en el mundo. Al mismo tiempo las políticas de inversiones extranjeras fueron capitalizando el campo en beneficio de un sector de inversionistas, mientras se abandonaba a los campesinos a su suerte. Paralelamente se apoyaba el crecimiento de las ciudades. Dado que las órdenes educativas siempre surgieron de la SEP, los planes y programas se adecuaron a lo nuevo.
8. Mientras el campo fue siendo abandonado por falta de inversiones y empleo, las ciudades crecieron aceleradamente al mismo ritmo en que las inversiones en la industria, el comercio, las carreteras y los transportes se hacían mayores. Los grandes empresarios y los poderosos funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, en estrecha alianza con los inversionistas yanquis, se enriquecieron enormemente en unos cuantos años. Los planes y los programas educativos, así como la orientación de los profesores, se fueron adecuando a las necesidades de las ciudades. Los valores educativos fueron cambiando al mismo ritmo en que se abandonaba el campo y la agricultura. La corrupción dentro del sindicato de maestros (SNTE) creció. No fueron los profesores, sino los objetivos educativos de la SEP los que impusieron la nueva orientación educativa. No fueron los profesores los que por su gusto abandonaron el campo y la educación a los campesinos, sino la nueva realidad citadina hizo cambiar todo.
9. La educación en México recibió un gran impulso educativo en los años sesenta con el Plan de Once Años de Torres Bodet (1959/70 en la época lópezmateista y el segundo empuje de la época echeverrista (CCH, UAM, Bachilleres); fueron sólo querer poner al día a la educación nacional que requería el capitalismo para su desarrollo. La realidad es que lo único que se buscaba era capacitar mano de obra para integrarla a la producción y al mismo tiempo frenar la gran demanda educativa nacional en la escuela primaria de los sesenta y media superior y superior de los setenta. En aquellos sexenios lo gobiernos priístas pudieron frenar en parte el descontento, aunque el movimiento de 1968 anunció que algo grave pasaba. En los hechos la política educativa de Echeverría buscó recuperar el apoyo que el gobierno perdió en 1968 y, aunque logró el de los intelectuales Benítez, Fuentes, Paz, el presidente LEA salió con la mancha de la guerra sucia de 1971/74.
10. La tercera etapa -1976-2008- pertenece al proyecto neoliberal privatizador que se inicia con la gran producción petrolera, su profunda crisis en 1981 y la firma en 1982 de la vergonzosa carta de intención entre el gobierno mexicano y los bancos financieros internacionales. En ese año México inició su entrega total como país al permitir la supervisión de una serie de cláusulas que esos bancos internacionales impusieron. La educación de ahora sólo responde a los intereses el gran capital internacional que mediante la reconversión industrial impone la competitividad subordinada. La universidades han impuesto en sus planes y programas la rentabilidad económica para beneficio de empleadores. Si bien la educación como producto de la revolución terminó en 1940, a partir de los ochenta ya no queda nada que responda a intereses nacionales. A partir de 1982 con la imposición del neoliberalismo político y económico, la educación pública comenzó a desplomarse para dar paso a la educación privada.
11. Con el proyecto de privatización que se inicia con el presidente De la Madrid, que se profundiza con los mandatarios Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, se ha impuesto, como adelante he dicho, la competitividad subordinada y la reconversión industrial en la educación. Se busca identificar a la sociedad con los empleadores que son quienes en los hechos imponen el proyecto educativo. Logran que los profesores y los investigadores se supediten a criterios de mercado, a lo que se llama criterios de rentabilidad económica. Con el argumento de que todos los egresados deben lograr empleo se orientan todas las carreras universitarias a las necesidades del mercado laboral y se abandona lo humanístico. Con la individualizada carrera magisterial y los contratos de investigación con empresas privadas, se hizo a un lado la lucha colectiva y las batallas sindicales por conquistas comunes. Se dio un golpe a las organizaciones de trabajo, a las asambleas y las acciones colectivas para apoyar el individualismo.
12. En México desde 1984, junto con la firma del Tratado de Libre Comercio, se creó el CENEVAL con el argumento de que las evaluaciones ayuden a unificar programas y conocimientos con otros países. El centro de evaluación se convirtió en un gran negocio multimillonario privado al mismo tiempo que ha servido para rechazar de la escuela pública a millones de estudiantes y, al mismo tiempo encaminarlos a los negocios de los colegios privados. El CENEVAL que las luchas estudiantil expulsaron de la UNAM se impuso en el país vía SEP y universidades de provincia. La calificación que desde ha dos decenios conocemos de la educación pública mexicana la coloca en los últimos lugares del mundo. La educación mexicana seguirá desplomándose si los estudiantes y profesores no le ponen un freno a esas políticas educativas entreguistas de todos los gobiernos neoliberales y privatizadores. La batalla por una buena educación es tarea de todo el pueblo y, para ello tenemos que trabajar. Para construir un proyecto de educación pública, gratuita, laica, obligatoria y popular.
pedroe@cablered.net.mx
Pedro Echeverría V.
1. Es realmente alarmante la situación que atraviesa la educación nacional. Con un presidente de la República (ilegítimo), una secretaria de Educación que no tiene la menor idea de su encargo y una dirección sindical nacional absolutamente corrupta, nuestra pobre educación pública acelera cada vez más su desplome. No sólo los informes internacionales colocan a México en la cola de los demás países en calidad, inversión educativa, investigación; también es claramente observable cuando con una actitud reflexiva y crítica alguna persona se dedica a investigar los que sucede. Los profesores que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están ubicados en el camino correcto al mantener de manera consecuente sus batallas por la transformación educativa y sindical. Por ahora parece ser el único camino consecuente, el de la lucha, para poner de pie la educación que está de cabeza. Se requieren más propuestas educativas que rompan con todas aquellas subordinadas a los intereses de los grupos económicos internacionales que dominan en el país.
2. Así como Perú, Bolivia o Venezuela, México es una nación con una enorme riqueza cultural. En la parte central, en el sur y sureste de su territorio, durante dos mil años, se desarrolló parte de la gran cultura mesoamericana que se extendió hasta Guatemala, El Salvador, Belice y en algunas porciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se trata de una enorme región cultural de gran diversidad étnica y lingüística, cuya unidad cultural se basó en una serie de valores. Durante los siglos del XVI a XVIII, México vivió 300 años de conquista y colonización española y, a partir del segundo decenio de siglo XIX, como la mayoría de los países de América Latina, logró su independencia de España, pero las garras del capitalismo europeo y yanqui, portando una nueva cultura, se afianzaron en nuestro país. De todas maneras, aunque México jamás haya logrado su autonomía total –como seguramente tampoco la mayoría de los países del mundo- esos cambios culturales le dieron una enorme fortaleza y solidez.
3. México, al lograr su independencia, atravesó por un largo período de inestabilidad en busca de un proyecto de nación. Al iniciase el siglo XX vivía en medio de una feroz dictadura de 35 años de los terratenientes, de los militares, de la Iglesia y de los inversionistas extranjeros, europeos y yanquis. La educación escolar privada era recibida por una minoría de privilegiados que les sirvió muy bien para someter con mayor eficacia a los esclavos miserables y oprimidos de un pueblo con un 90 por ciento de analfabetismo. Fue necesario el triunfo de una gran revolución burguesa, la Revolución Mexicana de 1910-1917, para que se implantara por la fuerza la educación pública en todo el país. La Revolución, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, tuvo que luchar contra los caciques, hacendados terrateniente y el clero para que pudieran abrirse escuelas rurales, así como para iniciar la batalla contra el analfabetismo. Esa lucha, por lo que se conoció como conciencia nacional, fue ejemplar.
4. Fue así como, partir de 1921 (cuando José Vasconcelos fundó la SEP y se inició la gran campaña de “identidad nacional”) se crearon escuelas y “casas del pueblo” y, poco después, normales rurales. La realidad es que podría decirse que la educación ha tenido tres grandes etapas fundamentales: 1. La que va de 1921 a 1940 que puede ser la rural revolucionaria; 2. La de 1940 hasta 1976 que es la urbana capitalista, y 3. De 1976 hasta 2007 que corresponde a la globalización imperialista. Cada período o etapa educativa ha correspondido estrictamente al modelo económico y político que se ha impuesto en el país obedeciendo siempre a los cambios internacionales, sobre todo a partir de 1940 y la segunda guerra mundial. Es erróneo pensar que el proceso educativo mexicano sólo obedeció a la realidad nacional. Dado que la economía del país, por lo menos desde 1940 ha sido muy dominada por el gobierno e inversionistas yanquis y esa dependencia ha impuesto modelos económicos y valores culturales, la educación se subordinó.
5. La muy baja capacidad y la poca conciencia de los funcionarios públicos ha sido importante, así como la presencia del sindicalismo al servicio de líderes magisteriales corruptos con su enorme poder, juntos, han contribuido al estancamiento y la caída de la educación mexicana; sin embargo hay otros fenómenos –al parecer de mucho mayor peso- que han determinado el rumbo y los retrasos educativos. Muchos países, como México, vivieron un tanto aislados del contexto internacional hasta la Segunda Guerra y del surgimiento de organizaciones internacionales como la ONU; por eso pudieron aplicar políticas que obedecían a sus dinámicas internas. Luego de los acuerdos internacionales, la suscripción de “apoyos” y préstamos, así como de objetivos y programas educativos que obedecían a intereses de los más poderosos países capitalistas, llevaron a cambios esenciales a los que México no pudo, ni quiso, aislarse. Más bien aquellas recomendaciones internacionales se vieron como muy modernas.
6. La educación mexicana en sus primeros años – de 1921 a 1940- respondió al enorme impulso de la revolución agraria y antiimperialista que buscaba repartir latifundios, defender el patrimonio nacional, acabar con los prejuicios religiosos, organizar a los indígenas y campesinos para el trabajo y propagar una vida sana y libre. Casi el 80 por ciento de la población vivía en el campo, producía para él y por eso recibía una educación que respondía a esas necesidades campiranas. Los planes, los programas, las asignaturas, giraban en torno al trabajo y a las necesidades de los hombres del campo. Las ideas de los funcionarios de gobierno y de los profesores obedecían a las necesidades de la agricultura. El profesor, el cura y el médico rural llegaron a representar la esperanza de los indígenas y campesinos. Aunque no todo era maravilloso porque los terratenientes, caciques y funcionarios corruptos buscaban siempre favorecerse, las comunidades vivieron muy lejos del consumismo capitalista urbano.
7. A partir de los años 40, durante el gobierno de Ávila Camacho, se empezaron a registrar cambios educativos radicales que obedecieron (esencialmente) a circunstancias internacionales. En México cambió la orientación política del gobierno; en 1943 se transformó el texto del artículo 3 constitucional quitándole el objetivo “educación socialista” para ponerle “educación democrática”. Asumió Torres Bodet la secretaría de Educación y se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE). Al concluir la guerra se creó la ONU y en 1946 se instrumentó la UNESCO para “recomendar” o imponer en la práctica, políticas educativas en el mundo. Al mismo tiempo las políticas de inversiones extranjeras fueron capitalizando el campo en beneficio de un sector de inversionistas, mientras se abandonaba a los campesinos a su suerte. Paralelamente se apoyaba el crecimiento de las ciudades. Dado que las órdenes educativas siempre surgieron de la SEP, los planes y programas se adecuaron a lo nuevo.
8. Mientras el campo fue siendo abandonado por falta de inversiones y empleo, las ciudades crecieron aceleradamente al mismo ritmo en que las inversiones en la industria, el comercio, las carreteras y los transportes se hacían mayores. Los grandes empresarios y los poderosos funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, en estrecha alianza con los inversionistas yanquis, se enriquecieron enormemente en unos cuantos años. Los planes y los programas educativos, así como la orientación de los profesores, se fueron adecuando a las necesidades de las ciudades. Los valores educativos fueron cambiando al mismo ritmo en que se abandonaba el campo y la agricultura. La corrupción dentro del sindicato de maestros (SNTE) creció. No fueron los profesores, sino los objetivos educativos de la SEP los que impusieron la nueva orientación educativa. No fueron los profesores los que por su gusto abandonaron el campo y la educación a los campesinos, sino la nueva realidad citadina hizo cambiar todo.
9. La educación en México recibió un gran impulso educativo en los años sesenta con el Plan de Once Años de Torres Bodet (1959/70 en la época lópezmateista y el segundo empuje de la época echeverrista (CCH, UAM, Bachilleres); fueron sólo querer poner al día a la educación nacional que requería el capitalismo para su desarrollo. La realidad es que lo único que se buscaba era capacitar mano de obra para integrarla a la producción y al mismo tiempo frenar la gran demanda educativa nacional en la escuela primaria de los sesenta y media superior y superior de los setenta. En aquellos sexenios lo gobiernos priístas pudieron frenar en parte el descontento, aunque el movimiento de 1968 anunció que algo grave pasaba. En los hechos la política educativa de Echeverría buscó recuperar el apoyo que el gobierno perdió en 1968 y, aunque logró el de los intelectuales Benítez, Fuentes, Paz, el presidente LEA salió con la mancha de la guerra sucia de 1971/74.
10. La tercera etapa -1976-2008- pertenece al proyecto neoliberal privatizador que se inicia con la gran producción petrolera, su profunda crisis en 1981 y la firma en 1982 de la vergonzosa carta de intención entre el gobierno mexicano y los bancos financieros internacionales. En ese año México inició su entrega total como país al permitir la supervisión de una serie de cláusulas que esos bancos internacionales impusieron. La educación de ahora sólo responde a los intereses el gran capital internacional que mediante la reconversión industrial impone la competitividad subordinada. La universidades han impuesto en sus planes y programas la rentabilidad económica para beneficio de empleadores. Si bien la educación como producto de la revolución terminó en 1940, a partir de los ochenta ya no queda nada que responda a intereses nacionales. A partir de 1982 con la imposición del neoliberalismo político y económico, la educación pública comenzó a desplomarse para dar paso a la educación privada.
11. Con el proyecto de privatización que se inicia con el presidente De la Madrid, que se profundiza con los mandatarios Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, se ha impuesto, como adelante he dicho, la competitividad subordinada y la reconversión industrial en la educación. Se busca identificar a la sociedad con los empleadores que son quienes en los hechos imponen el proyecto educativo. Logran que los profesores y los investigadores se supediten a criterios de mercado, a lo que se llama criterios de rentabilidad económica. Con el argumento de que todos los egresados deben lograr empleo se orientan todas las carreras universitarias a las necesidades del mercado laboral y se abandona lo humanístico. Con la individualizada carrera magisterial y los contratos de investigación con empresas privadas, se hizo a un lado la lucha colectiva y las batallas sindicales por conquistas comunes. Se dio un golpe a las organizaciones de trabajo, a las asambleas y las acciones colectivas para apoyar el individualismo.
12. En México desde 1984, junto con la firma del Tratado de Libre Comercio, se creó el CENEVAL con el argumento de que las evaluaciones ayuden a unificar programas y conocimientos con otros países. El centro de evaluación se convirtió en un gran negocio multimillonario privado al mismo tiempo que ha servido para rechazar de la escuela pública a millones de estudiantes y, al mismo tiempo encaminarlos a los negocios de los colegios privados. El CENEVAL que las luchas estudiantil expulsaron de la UNAM se impuso en el país vía SEP y universidades de provincia. La calificación que desde ha dos decenios conocemos de la educación pública mexicana la coloca en los últimos lugares del mundo. La educación mexicana seguirá desplomándose si los estudiantes y profesores no le ponen un freno a esas políticas educativas entreguistas de todos los gobiernos neoliberales y privatizadores. La batalla por una buena educación es tarea de todo el pueblo y, para ello tenemos que trabajar. Para construir un proyecto de educación pública, gratuita, laica, obligatoria y popular.
pedroe@cablered.net.mx
Evalúa Bush, detener ejecución de mexicanos
Revisa petición de la ONUWASHINGTON, 16 de julio (apro)- El gobierno de George W. Bush aclaró que “evalúa” el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya y dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, que ordenó al gobierno estadunidense detener la ejecución de cinco mexicanos sentenciados a la pena capital.La decisión de la CIJ “es algo que estamos evaluando ahora”, declaró Dana Perino, vocera de la Casa Blanca, quien calificó como “preliminar” el fallo de la Corte, ante la que apeló el gobierno de Felipe Calderón para intentar bloquear la ejecución de los mexicanos en Estados Unidos.La CIJ ordenó al gobierno de Bush hacer todo lo necesario para detener el cumplimiento de la pena capital que se impuso a los mexicanos, acusados y sentenciados en el estado de Texas; como parte de las “medidas provisionales” que interpuso el gobierno de Calderón.Con un resultado de siete votos a favor y cinco en contra, la decisión de la CIJ exige al gobierno estadunidense hacer lo necesario “para garantizar que los cinco mexicanos no sean ejecutados, mientras siga pendiente el fallo” final sobre la demanda interpretativa pedida por el gobierno de México a favor de sus connacionales sentenciados en Estados Unidos.Ante el tribunal dependiente de las Naciones Unidas, el gobierno de México interpuso la petición de interpretación del fallo del “Caso Avena” que se emitió en 2004 por la misma CIJ, que exhortó al gobierno de Estados Unidos a revisar y reconsiderar la aplicación de la sentencia de pena de muerte que se dictaminó a 51 mexicanos, en presunta violación a sus derechos consulares estipulados en la Convención de Viena, ratificada por Estados Unidos.El pasado 25 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determino que el “Caso Avena” no es directamente aplicable a una ley nacional en una Corte Estatal. Esto, en respuesta directa a la orden ejecutiva que dio el presidente Bush, para que en su país se revisaran los casos de los mas de 50 mexicanos sentenciados a la pena capital, con base en el argumento de que se violaron sus derechos consulares estipulados por la Convención de Viena.El “Caso Avena” que abordó la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, es el nombre jurídico asignado al caso del mexicano José Ernesto Medellín, condenado a la pena de muerte en el estado de Texas desde 1994, por violar y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993.El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anulo la decisión de la CIJ que dictaminó en 2004 para ordenar a las cortes estatales de la Unión Americana, reabrir los expedientes de la sentencia de muerte de los más de 50 mexicanos, bajo la presunción de que se violaron sus derechos consulares.Expertos en asuntos judiciales internacionales sostuvieron que, por el precedente que estableció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el pasado 25 de marzo por el “Caso Avena”, hay pocas posibilidades de que el gobierno de Estados Unidos acate el nuevo pedido de la CIJ. La ejecución de Medellín esta programada para el próximo 5 de agosto en el estado de Texas.
Exige la Permanente sanción para Televisa y TV Azteca
Legisladores contra el duopolioMÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprobó y lamentó la distorsión de la imagen de Santiago Creel, presidente del Senado, en un noticiero de Televisa, y exhortó a la Secretaría de Gobernación a que sancione y vigile la conducta de esta televisora y de TV Azteca.El exhorto fue hecho a través de un punto de acuerdo –el cual dio a conocer la agencia Apro--, que propuso la senadora panista Adriana González Carrillo.Al punto de acuerdo, se le incorporó el exhorto a TV Azteca “ya que por la información vertida en sus noticiarios, es claro su distanciamiento de la verdad y manipulación de la información, tratando de sacar provecho de la situación”.Antes de ser aprobado el punto de acuerdo, los senadores Pablo Gómez, del PRD, Adriana González, del PAN,y el diputado priista Raúl Cervantes, exabogado de Televisa, incorporaron el exhorto a TV Azteca y le demandaron a Televisa que tenga un trato equitativo en la información que proporcione sobre el Congreso de la Unión.El pasado 2 de julio, en los noticieros matutinos de Televisa, la imagen del senador panista Santiago Creel fue “borrada”, según la televisora, por un “error” de edición, lo que le valió un “extrañamiento” de la Dirección General de Radio y Televisión, de la Secretaría de Gobernación, y el rechazo unánime de legisladores de todos los partidos, quienes consideraron que se trató de un acto de censura.
sondeo
¿Por qué crees que borró Televisa de su noticiario matutino la imagen de Santiago Creel?
a) Error de edición¿Por qué crees que borró Televisa de su noticiario matutino la imagen de Santiago Creel?
3.51 % 40 votos
b) Acto de censura
96.49 % 1098 votos
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Rechaza el PRI capital extranjero en Pemex
El capo Beltroni Se desmarca del PANMÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- El coordinador de la fracción legislativa del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, delineó hoy la propuesta de su partido sobre reforma energética.Adelantó que la iniciativa incluye la modernización del régimen corporativo de Petróleos Mexicanos (Pemex); mantiene la posibilidad de permitir la inversión privada en ductos, almacenaje, y en refinación; acelerar el proceso de exploración para reponer las reservas que se están agotando, y otorgar autonomía presupuestaria y de gestión a la paraestatal.Un día después de confirmarse el acercamiento entre las dirigencias del PRD, PAN y PRI para discutir una reforma de consenso, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la Ley Orgánica de Pemex debe incorporar la obligatoriedad de apoyar a las empresas nacionales, por encima de las extranjeras. Este fue uno de los puntos de coincidencia en el décimo noveno foro, realizado el pasado martes 15 de julio.En forma un tanto ambigua, Beltrones dejó entrever la posibilidad de que se permita la participación de inversión privada en refinación:“El manejo debe llevarlo el Estado mexicano y no exclusivamente debe hacerlo Pemex, sino podrían llevarlo a cabo filiales o empresas paraestatales modernas, cien por ciento mexicanas, que sean capaces de manejar el monopolio, que es de carácter presupuestal.”Algunos observadores señalaron que esta posición es muy cercana a la “tercera vía” que planteó el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien propuso la creación de empresas estatales, con capital privado y público, que trabajen con Pemex.Sobre la propuesta de autonomía de gestión en un plazo de 11 años, expresada en las iniciativas de Calderón, Beltrones opinó que esto es “una vacilada”.“Si tenemos que corregir inmediatamente, es necesario un plazo menor para alcanzar a fortalecer a la empresa mexicana”, afirmó.Beltrones saludó la convocatoria de Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente sustituto del PRD, para sostener un encuentro la próxima semana entre las tres dirigencias partidistas, pero recordó que son los grupos legislativos del PRI los que trabajarán en la reforma.“El PRI, en sus grupos del Senado y de la Cámara de Diputados, sigue trabajando en una ruta que termina el 22 de julio”, fecha en la que culminarán los 22 foros de debate sobre la reforma energética, explicó.
Demanda Encinas elección extraordinaria
Conflicto sin finMÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- Al señalar que no construirá acuerdos con los "defraudadores", Alejandro Encinas se pronunció por una jornada extraordinaria –como lo establece la normatividad–, en caso de que se anulen los resultados de la elección interna del pasado 16 de marzo.El exjefe de Gobierno del Distrito Federal afirmó que si la Comisión Nacional de Garantías cancela el proceso, él respetará la decisión. No obstante, dijo, debe cumplirse con lo que marca la normatividad y convocar a elecciones extraordinarias a más tardar 30 días después de la resolución y realizarse como fecha límite 45 días después.Encinas descartó la posibilidad de que Guadalupe Acosta Naranjo se perpetúe como presidente nacional del PRD. Lo que ha hecho, apuntó, es “vergonzoso, obviamente en la lógica de quedarse ocupando un puesto que no ganó, que no merece y que lamentablemente empaña, porque uno de los principales defraudadores hoy está con esa responsabilidad".El candidato de la corriente Izquierda Unida sostuvo que “si se quiere ver hacia delante deberán replantearse los términos de la conformación actual de los órganos de dirección del partido”.En tanto, sin precisar la hora ni cuándo se realizará la sesión para resolver la elección interna del PRD, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías, Ernestina Godoy, manifestó que se terminará con la simulación, pese a que no pudo hacerse una limpieza a fondo de las elecciones en ese partido político."Terminemos con la simulación, un partido de izquierda no puede seguir actuando así", concluyó.
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