Indiciado en la PGR
Una denuncia penal interpuesta por maestros disidentes contra el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, amenaza las aspiraciones presidenciales del político priista. En su demanda, que forma parte de una averiguación previa abierta por la Procuraduría General de la República, los profesores no sólo acusan al mandatario de obstaculizar la formación de un sindicato opuesto al oficial, sino de diversos delitos federales: falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos...
En su afán por impedir la creación de un sindicato de maestros distinto al oficial, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cometió diversos delitos federales, según sostiene una denuncia que forma parte de la averiguación previa 147/UEIDAPLE/7/2008, radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
Peña Nieto, quien ha invertido sumas multimillonarias para fabricarse una imagen de gobernante escrupuloso, está acusado de incurrir en falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, entre otros delitos federales, por lo que se exige acción penal en su contra, previo juicio de desafuero.
De acuerdo con la citada averiguación previa, el "indiciado" Peña Nieto y otros 29 funcionarios de su gobierno violaron la ley en su objetivo de evitar la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM).
Opuesta al oficialista Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que por décadas ha sido sostén económico y electoral del PRI en la entidad, aquella organización pondría en peligro el control que ésta ejerce actualmente sobre el gremio.
Peña Nieto, aspirante a candidato presidencial y quien este viernes 5 rindió su tercer informe de gobierno, ha advertido que bajo ninguna circunstancia permitiría la división del magisterio oficial, y así se lo hizo saber, desde el año pasado, a los promotores del SUMAEM, quienes presentaron la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
"El primer opositor a nuestro movimiento sindical abiertamente lo ha sido, desde el principio, Enrique Peña Nieto, quien de manera pública, abierta y violando nuestras garantías manifestó que personalmente no permitiría el divisionismo del sindicalismo oficial", dice el escrito de denuncia, presentado el 20 de junio ante la PGR, y añade:
"Y dado que no aceptamos ni aceptaremos nunca alinearnos, que no permitimos que un gobernador decida por nosotros en materia sindical, implementó un operativo conjunto con funcionarios de su gobierno y del sindicato oficial para que, de un solo golpe y sin garantía de audiencia, corrieran de su fuente laboral a todos los integrantes del nuevo sindicato."
Luis Zamora Calzada, secretario general del SUMAEM y autor de la denuncia, afirma que desde que un grupo de maestros decidió renunciar al sindicato oficial y ejercer su derecho constitucional a asociarse, a finales de 2006, el gobierno de Peña Nieto inició una tenaz persecución contra ellos al reubicarlos en otros centros de trabajo, suspenderles pagos, despedirlos y aun amenazarlos de muerte y con encarcelarlos.
De hecho, desde abril del año pasado, después de que las autoridades laborales de la entidad le negaron la toma de nota al nuevo sindicato, lo que dio origen a un complejo litigio que se desahoga en diversas instancias, incluyendo las de derechos humanos, las "amenazas cumplidas" han sido permanentes.
En la misma fecha, los 59 maestros afiliados al sindicato fueron ilegal y arbitrariamente cambiados de adscripción, con el afán de hacerlos desistir: Quienes tenían su escuela en Ecatepec o Cuauti-tlán, por ejemplo, fueron enviados a Tlatlaya o Tejupilco, y los de Toluca o Atla-comulco hasta Chalco, el otro extremo del estado.
"La única forma de regresar es que se desistan de esta pendejada", les advirtió a los sindicalistas José Manzur, subsecretario de Gobierno, y les anticipó: "Aquí no va a haber ningún sindicato. Mientras esté Peña Nieto, jamás les van a dar la toma de nota."
La represión como norma
Esa ha sido la conducta sistemática del gobierno estatal, afirma Zamora Calzada, quien explica que en esa ocasión decidieron ceder, aunque sólo para relanzar su movimiento, al que el gobierno le teme porque perdería el control de un gremio que en la entidad se compone de más de 60 mil profesores.
"El sindicato oficial fue creado por exgobernadores para su servicio y el nuestro será para los trabajadores. Este es un cambio ideológico muy fuerte: Se lograría la libertad e independencia no sólo del sindicalismo partidista del magisterio del Estado de México, que implicará pérdida de votos para el PRI, sino la académica."
El gobierno de Peña Nieto teme perder, además, los recursos del magisterio: "Aunque maneja 35 millones de pesos anuales por cuotas sindicales, ahí no está el asunto económico, sino en los fondos de obras, pensiones y de retiro. Son cantidades fuertes de dinero que no son auditadas. Y es la caja chica de muchas cosas, como los procesos electorales al servicio del PRI".
Por eso, dice, el gobierno está dispuesto a reprimir cualquier intento legítimo de crear un sindicalismo que no le sea incondicional. En octubre del año pasado se recrudeció el embate: Aunque Manzur fue destituido, su sucesor, Luis Miranda Nava, no fue menos implacable, sobre todo porque es compadre de Peña Nieto.
"Quiso cooptarme, ofreciéndome un arreglo nada más entre él y yo, pero se enfureció cuando le dije que era sólo el representante del sindicato y que lo único que queríamos es que se actuara conforme a derecho."
La respuesta llegó unos días después: entre el 8 y el 18 de octubre se multiplicaron acciones de hostigamiento contra 29 maestros y sus contratos fueron rescindidos, supuestamente porque se habían ausentado de manera injustificada de su trabajo cinco días en un mes y porque le faltaron al respeto a sus superiores. Desde entonces ese grupo de profesores no cobra.
Y el más reciente acto en ese sentido se produjo una semana después de que -sin anunciarla públicamente- se presentó la denuncia ante la PGR contra Peña Nieto.
"Me llamó el subsecretario de Educación Básica y Normal, Ernesto Monroy, para reclamarme que hubiera demandado al gobernador. Me exigió que me desistiera de la demanda y de la toma de nota del sindicato, porque de lo contrario la secretaria de Educación, Guadalupe Monter, y él me iban a echar del magisterio para siempre."
Y ante la negativa, la amenaza se cumplió: El 1 de julio le fue notificado al dirigente sindical, por escrito, el "aviso de rescisión de la relación laboral", mediante el cual "deja de surtir efecto el nombramiento de investigador educativo, adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación".
Zamora Calzada escribió en la notificación: "Se firma bajo protesta y no se acepta por ser una represión sindical y atentado contra el artículo 123 constitucional", que consagra que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil".
Para el dirigente, es ridículo que haya sido cesado como investigador por supuestamente atribuir públicamente hechos falsos a autoridades educativas. "¡Es realmente risible y la estaré combatiendo en demanda laboral!".
Las acusaciones contra Peña Nieto
En realidad, explica el dirigente, lo que ha hecho montar en cólera a Peña Nieto y a los secretarios de su gabinete fue la demanda penal ante la PGR, en la que se acredita la violación a la Ley de Amparo y al Código Penal, algo que puede echarle a perder su pretensión de ser candidato presidencial en 2012.
Según Zamora Calzada, las pruebas incriminan a Peña Nieto: El gobernador rindió un informe justificado ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, en el que niega que se hayan rescindido los contratos y suspendido los salarios a los promotores del sindicato, cuyas plazas, afirma, no se han reasignado a terceras personas.
Sin embargo, de acuerdo con lo que consta en el expediente del amparo indirecto 1066/2007-II, esas acciones sí se llevaron a cabo, por lo que Peña Nieto y los secretarios de Gobierno, Humberto Benítez Treviño; de Educación, Guadalupe Monter; de Finanzas, Luis Videgaray; de la Contraloría; Marco Antonio Abaid, así como funcionarios de menor jerarquía, violaron lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Amparo.
Esta disposición establece que "las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en los términos del Código Penal en materia federal".
Y el artículo 147 del Código Penal dispone que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario al que, como indica la fracción V, "en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte".
Pero además, dice la denuncia, "aunado a los delitos anteriores, solicitamos (que los indiciados) rindan declaración también por el delito de falsificación, utilización y uso de documentos y sellos oficiales".
Y añade: "Derivado también de lo anterior se desprende la coalición de servidores públicos del gobierno del Estado de México, al tomar medidas en nuestra contra con la finalidad de hacernos desistir de nuestro movimiento sindical, tales como inventarnos supuestas faltas laborales inexistentes (sic) reprocharnos abandono de nuestra fuente laboral, agresiones a nuestros superiores, así como supuestas conductas en contra de nuestros superiores, lo cual es falso".
En el escrito se describen, además, numerosas acciones de represión y arbitrariedad contra quienes han decidido formar parte del SUMAEM, como la intimidación física, moral y sicológica, el espionaje, el acoso y aun cárcel, como le ocurrió a Manuel García García, a quien indebidamente le atribuyeron un delito cometido por un homónimo.
De hecho, la denuncia no se presentó en la delegación de la PGR en el Estado de México, "por el temor de que se dejara de investigar o incluso de la no aplicación pronta y expedita de la ley", sino en la Ciudad de México.
Poco después de que la denuncia se presentó, Zamora se decía confiado en las autoridades: "Me dijeron que no importaba que fuera Peña Nieto, que iban a cumplir con lo que la ley establece".
Sin embargo, el martes 2 de septiembre se le informó al gobernador de una anomalía en la PGR: Se "extraviaron" documentos del expediente que prueban las violaciones a la ley cometidas presuntamente por el propio Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, tal como consta en un sello de recibido con fecha 3 de julio.
"Algo raro está pasando", dice Zamora. "Esperemos que no sea una maniobra de encubrimiento".
De lo que no tiene duda es de que "habrá más represión: Si ya demostraron que no respetan la ley y no les importa el estado de derecho, ojalá no lleguen a los secuestros ni a un muerto".
Contra él, dice, hay al menos 10 denuncias penales, entre ellas una por acoso sexual en Chalco y por falsificación de firmas. "Me da risa, porque no es cierto, pero son expedientes en reserva que en cualquier momento los pueden activar".
Añade: "Peña Nieto está muy molesto, pero él viola le ley. Al permitir que sus funcionarios violen la ley, él la está violando".
Ni Pastor ni Chuayffet
Aprovisionado con gruesos expedientes de miles de fojas, el dirigente sindical confía en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje reconocerá al SUMAEM, porque le asiste la razón y porque los maestros del Estado de México están cansados del sindicalismo oficial.
"Han sembrado pánico y terror en la gente. Pero hay muchos maestros que quieren cambiar la situación educativa y con todos los temores se han afiliado. La gente está cansada. No le ve utilidad al sindicato oficial, que es un sindicato cobracuotas."
Según Zamora, la creación del sindicato que encabeza provocará una revolución en el estado, porque el proyecto no es sólo sindical, sino académico.
"Nuestra intención es trabajar, desde el ámbito sindical, un nuevo modelo educativo, desde al menos cuatro ejes: la rendición de cuentas, para que la gente sepa en qué se invierten recursos; transparencia en la gestión, porque el sindicalismo actual sólo impulsa a incondicionales; toma de decisiones democráticas y un nuevo perfil del maestro, para que vuelva a ser el referente social de antaño."
Para lograr esto, añade, hay que erradicar prácticas como la suspensión injustificada de clases originadas por el sindicato y la propia estructura educativa. "Lo más reciente fue la inauguración de un torneo de futbol de Peña Nieto en Ciudad Nezahualcóyotl, a donde se llevaron a casi 10 mil maestros y dejaron a 40 mil alumnos sin clases".
El manejo del dinero de los trabajadores es también muy opaco, no sólo por las cuotas anuales, sino por los fondos. "Nadie sabe cuánto hay y es la caja chica de muchas cosas".
-¿Es como el sindicato que encabeza Elba Esther Gordillo?
-Sí, es una réplica.
Acusado de estar patrocinado por enemigos de Peña Nieto, Zamora Calzada niega que, como se le ha imputado, sea testaferro del exdirigente priista Isidro Pastor o Emilio Chuayffet, y afirma que su principal apoyo es el abogado Alejandro Velázquez Méndez, quien logró la jurisprudencia de la libertad sindical, en mayo de 1999, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"No hay personajes políticos, no hay quién nos apoye políticamente, no hay ni un partido. Hemos tenido acercamiento con los presidentes de las comisiones de Educación, del Trabajo y de Justicia del Congreso, que son encabezadas por panistas, pero nosotros no tenemos la culpa. Hablamos con todos los partidos, menos con el PRI, que no quieren."
En su afán por impedir la creación de un sindicato de maestros distinto al oficial, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cometió diversos delitos federales, según sostiene una denuncia que forma parte de la averiguación previa 147/UEIDAPLE/7/2008, radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
Peña Nieto, quien ha invertido sumas multimillonarias para fabricarse una imagen de gobernante escrupuloso, está acusado de incurrir en falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, entre otros delitos federales, por lo que se exige acción penal en su contra, previo juicio de desafuero.
De acuerdo con la citada averiguación previa, el "indiciado" Peña Nieto y otros 29 funcionarios de su gobierno violaron la ley en su objetivo de evitar la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM).
Opuesta al oficialista Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que por décadas ha sido sostén económico y electoral del PRI en la entidad, aquella organización pondría en peligro el control que ésta ejerce actualmente sobre el gremio.
Peña Nieto, aspirante a candidato presidencial y quien este viernes 5 rindió su tercer informe de gobierno, ha advertido que bajo ninguna circunstancia permitiría la división del magisterio oficial, y así se lo hizo saber, desde el año pasado, a los promotores del SUMAEM, quienes presentaron la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
"El primer opositor a nuestro movimiento sindical abiertamente lo ha sido, desde el principio, Enrique Peña Nieto, quien de manera pública, abierta y violando nuestras garantías manifestó que personalmente no permitiría el divisionismo del sindicalismo oficial", dice el escrito de denuncia, presentado el 20 de junio ante la PGR, y añade:
"Y dado que no aceptamos ni aceptaremos nunca alinearnos, que no permitimos que un gobernador decida por nosotros en materia sindical, implementó un operativo conjunto con funcionarios de su gobierno y del sindicato oficial para que, de un solo golpe y sin garantía de audiencia, corrieran de su fuente laboral a todos los integrantes del nuevo sindicato."
Luis Zamora Calzada, secretario general del SUMAEM y autor de la denuncia, afirma que desde que un grupo de maestros decidió renunciar al sindicato oficial y ejercer su derecho constitucional a asociarse, a finales de 2006, el gobierno de Peña Nieto inició una tenaz persecución contra ellos al reubicarlos en otros centros de trabajo, suspenderles pagos, despedirlos y aun amenazarlos de muerte y con encarcelarlos.
De hecho, desde abril del año pasado, después de que las autoridades laborales de la entidad le negaron la toma de nota al nuevo sindicato, lo que dio origen a un complejo litigio que se desahoga en diversas instancias, incluyendo las de derechos humanos, las "amenazas cumplidas" han sido permanentes.
En la misma fecha, los 59 maestros afiliados al sindicato fueron ilegal y arbitrariamente cambiados de adscripción, con el afán de hacerlos desistir: Quienes tenían su escuela en Ecatepec o Cuauti-tlán, por ejemplo, fueron enviados a Tlatlaya o Tejupilco, y los de Toluca o Atla-comulco hasta Chalco, el otro extremo del estado.
"La única forma de regresar es que se desistan de esta pendejada", les advirtió a los sindicalistas José Manzur, subsecretario de Gobierno, y les anticipó: "Aquí no va a haber ningún sindicato. Mientras esté Peña Nieto, jamás les van a dar la toma de nota."
La represión como norma
Esa ha sido la conducta sistemática del gobierno estatal, afirma Zamora Calzada, quien explica que en esa ocasión decidieron ceder, aunque sólo para relanzar su movimiento, al que el gobierno le teme porque perdería el control de un gremio que en la entidad se compone de más de 60 mil profesores.
"El sindicato oficial fue creado por exgobernadores para su servicio y el nuestro será para los trabajadores. Este es un cambio ideológico muy fuerte: Se lograría la libertad e independencia no sólo del sindicalismo partidista del magisterio del Estado de México, que implicará pérdida de votos para el PRI, sino la académica."
El gobierno de Peña Nieto teme perder, además, los recursos del magisterio: "Aunque maneja 35 millones de pesos anuales por cuotas sindicales, ahí no está el asunto económico, sino en los fondos de obras, pensiones y de retiro. Son cantidades fuertes de dinero que no son auditadas. Y es la caja chica de muchas cosas, como los procesos electorales al servicio del PRI".
Por eso, dice, el gobierno está dispuesto a reprimir cualquier intento legítimo de crear un sindicalismo que no le sea incondicional. En octubre del año pasado se recrudeció el embate: Aunque Manzur fue destituido, su sucesor, Luis Miranda Nava, no fue menos implacable, sobre todo porque es compadre de Peña Nieto.
"Quiso cooptarme, ofreciéndome un arreglo nada más entre él y yo, pero se enfureció cuando le dije que era sólo el representante del sindicato y que lo único que queríamos es que se actuara conforme a derecho."
La respuesta llegó unos días después: entre el 8 y el 18 de octubre se multiplicaron acciones de hostigamiento contra 29 maestros y sus contratos fueron rescindidos, supuestamente porque se habían ausentado de manera injustificada de su trabajo cinco días en un mes y porque le faltaron al respeto a sus superiores. Desde entonces ese grupo de profesores no cobra.
Y el más reciente acto en ese sentido se produjo una semana después de que -sin anunciarla públicamente- se presentó la denuncia ante la PGR contra Peña Nieto.
"Me llamó el subsecretario de Educación Básica y Normal, Ernesto Monroy, para reclamarme que hubiera demandado al gobernador. Me exigió que me desistiera de la demanda y de la toma de nota del sindicato, porque de lo contrario la secretaria de Educación, Guadalupe Monter, y él me iban a echar del magisterio para siempre."
Y ante la negativa, la amenaza se cumplió: El 1 de julio le fue notificado al dirigente sindical, por escrito, el "aviso de rescisión de la relación laboral", mediante el cual "deja de surtir efecto el nombramiento de investigador educativo, adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación".
Zamora Calzada escribió en la notificación: "Se firma bajo protesta y no se acepta por ser una represión sindical y atentado contra el artículo 123 constitucional", que consagra que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil".
Para el dirigente, es ridículo que haya sido cesado como investigador por supuestamente atribuir públicamente hechos falsos a autoridades educativas. "¡Es realmente risible y la estaré combatiendo en demanda laboral!".
Las acusaciones contra Peña Nieto
En realidad, explica el dirigente, lo que ha hecho montar en cólera a Peña Nieto y a los secretarios de su gabinete fue la demanda penal ante la PGR, en la que se acredita la violación a la Ley de Amparo y al Código Penal, algo que puede echarle a perder su pretensión de ser candidato presidencial en 2012.
Según Zamora Calzada, las pruebas incriminan a Peña Nieto: El gobernador rindió un informe justificado ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, en el que niega que se hayan rescindido los contratos y suspendido los salarios a los promotores del sindicato, cuyas plazas, afirma, no se han reasignado a terceras personas.
Sin embargo, de acuerdo con lo que consta en el expediente del amparo indirecto 1066/2007-II, esas acciones sí se llevaron a cabo, por lo que Peña Nieto y los secretarios de Gobierno, Humberto Benítez Treviño; de Educación, Guadalupe Monter; de Finanzas, Luis Videgaray; de la Contraloría; Marco Antonio Abaid, así como funcionarios de menor jerarquía, violaron lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Amparo.
Esta disposición establece que "las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en los términos del Código Penal en materia federal".
Y el artículo 147 del Código Penal dispone que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario al que, como indica la fracción V, "en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte".
Pero además, dice la denuncia, "aunado a los delitos anteriores, solicitamos (que los indiciados) rindan declaración también por el delito de falsificación, utilización y uso de documentos y sellos oficiales".
Y añade: "Derivado también de lo anterior se desprende la coalición de servidores públicos del gobierno del Estado de México, al tomar medidas en nuestra contra con la finalidad de hacernos desistir de nuestro movimiento sindical, tales como inventarnos supuestas faltas laborales inexistentes (sic) reprocharnos abandono de nuestra fuente laboral, agresiones a nuestros superiores, así como supuestas conductas en contra de nuestros superiores, lo cual es falso".
En el escrito se describen, además, numerosas acciones de represión y arbitrariedad contra quienes han decidido formar parte del SUMAEM, como la intimidación física, moral y sicológica, el espionaje, el acoso y aun cárcel, como le ocurrió a Manuel García García, a quien indebidamente le atribuyeron un delito cometido por un homónimo.
De hecho, la denuncia no se presentó en la delegación de la PGR en el Estado de México, "por el temor de que se dejara de investigar o incluso de la no aplicación pronta y expedita de la ley", sino en la Ciudad de México.
Poco después de que la denuncia se presentó, Zamora se decía confiado en las autoridades: "Me dijeron que no importaba que fuera Peña Nieto, que iban a cumplir con lo que la ley establece".
Sin embargo, el martes 2 de septiembre se le informó al gobernador de una anomalía en la PGR: Se "extraviaron" documentos del expediente que prueban las violaciones a la ley cometidas presuntamente por el propio Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, tal como consta en un sello de recibido con fecha 3 de julio.
"Algo raro está pasando", dice Zamora. "Esperemos que no sea una maniobra de encubrimiento".
De lo que no tiene duda es de que "habrá más represión: Si ya demostraron que no respetan la ley y no les importa el estado de derecho, ojalá no lleguen a los secuestros ni a un muerto".
Contra él, dice, hay al menos 10 denuncias penales, entre ellas una por acoso sexual en Chalco y por falsificación de firmas. "Me da risa, porque no es cierto, pero son expedientes en reserva que en cualquier momento los pueden activar".
Añade: "Peña Nieto está muy molesto, pero él viola le ley. Al permitir que sus funcionarios violen la ley, él la está violando".
Ni Pastor ni Chuayffet
Aprovisionado con gruesos expedientes de miles de fojas, el dirigente sindical confía en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje reconocerá al SUMAEM, porque le asiste la razón y porque los maestros del Estado de México están cansados del sindicalismo oficial.
"Han sembrado pánico y terror en la gente. Pero hay muchos maestros que quieren cambiar la situación educativa y con todos los temores se han afiliado. La gente está cansada. No le ve utilidad al sindicato oficial, que es un sindicato cobracuotas."
Según Zamora, la creación del sindicato que encabeza provocará una revolución en el estado, porque el proyecto no es sólo sindical, sino académico.
"Nuestra intención es trabajar, desde el ámbito sindical, un nuevo modelo educativo, desde al menos cuatro ejes: la rendición de cuentas, para que la gente sepa en qué se invierten recursos; transparencia en la gestión, porque el sindicalismo actual sólo impulsa a incondicionales; toma de decisiones democráticas y un nuevo perfil del maestro, para que vuelva a ser el referente social de antaño."
Para lograr esto, añade, hay que erradicar prácticas como la suspensión injustificada de clases originadas por el sindicato y la propia estructura educativa. "Lo más reciente fue la inauguración de un torneo de futbol de Peña Nieto en Ciudad Nezahualcóyotl, a donde se llevaron a casi 10 mil maestros y dejaron a 40 mil alumnos sin clases".
El manejo del dinero de los trabajadores es también muy opaco, no sólo por las cuotas anuales, sino por los fondos. "Nadie sabe cuánto hay y es la caja chica de muchas cosas".
-¿Es como el sindicato que encabeza Elba Esther Gordillo?
-Sí, es una réplica.
Acusado de estar patrocinado por enemigos de Peña Nieto, Zamora Calzada niega que, como se le ha imputado, sea testaferro del exdirigente priista Isidro Pastor o Emilio Chuayffet, y afirma que su principal apoyo es el abogado Alejandro Velázquez Méndez, quien logró la jurisprudencia de la libertad sindical, en mayo de 1999, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"No hay personajes políticos, no hay quién nos apoye políticamente, no hay ni un partido. Hemos tenido acercamiento con los presidentes de las comisiones de Educación, del Trabajo y de Justicia del Congreso, que son encabezadas por panistas, pero nosotros no tenemos la culpa. Hablamos con todos los partidos, menos con el PRI, que no quieren."
Al estilo Atlacomulco
Con Enrique Peña Nieto como figura visible y aspirante a candidato del PRI a la Presidencia, el Grupo Atlacomulco reaparece para intentar, una vez más, llegar al máximo poder del país. Considerado por sus incondicionales una especie de Golden Boy, Peña Nieto cuenta con el apoyo de sus padrinos y recurre a las tradicionales componendas y mañas priistas, a fin de que el partido arrase en las elecciones de 2009. Si el próximo año consigue pintar de rojo (el color que identifica al grupo) la entidad políticamente más importante después del DF, el bisoño gobernador mexiquense tendrá la plataforma de lanzamiento para eventualmente alcanzar la meta que su vanidad le ha fijado: Los Pinos.
Con Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco y el PRI se aprestan a la reconquista de la Presidencia de la República.
Consultados al respecto, los exconsejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Norberto López y Gabriel Corona sostienen que el primer paso es lograr que ese partido triunfe en los procesos electorales de 2009 para después lanzar al mexiquense como su candidato al 2012.
Y advierten que Peña Nieto está actuando a la vieja usanza: con amenazas, sobornos y negociaciones oscuras para eliminar a sus adversarios.
Al igual que la doctora Ruth Carrillo Téllez, López y Corona fueron apartados recientemente del IEEM como parte de una reestructuración del instituto pactada por los partidos que integran el Congreso del estado. Dicen que su salida se inscribe en la estrategia de Peña Nieto y su grupo para apropiarse del organimo electoral con el fin de asegurar la victoria de su partido en la elección de presidentes municipales y dipu-tados locales de marzo de 2009.
López insiste: "Después de más de 40 años de vida, el Grupo Atlacomulco se juega su futuro político en la elección del año que viene, por eso sería desastroso para sus planes perder en 2009. Para ellos es fundamental hacer una demostración de poder y mandar ese mensaje a nivel nacional, dejar ver su capacidad de operación política. Si no logran pintar de rojo al Estado de México, el gobernador Peña Nieto estará remando contra corriente hacia el 2012."
"Indudablemente -añade-, todo apunta a que en la próxima elección el PRI recupere municipios importantes del Valle de Toluca y del Valle de México, y Peña Nieto surja como triunfador. Con esta demostración el gobernador quedaría como el personaje que da el mejor perfil para ser el candidato a la Presidencia de la República. Yo diría que las elecciones de 2009 van a servir de plataforma para el lanzamiento de Peña Nieto."
Gabriel Corona, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el Estado de México se ha convertido en el "laboratorio electoral", pues lo que ocurre aquí se extrapola al resto del país.
"Lo que se quiere hacer en la elección de 2009 es dar una muestra de poderío del PRI y del gobernador Peña Nieto". Advierte que será difícil el carro completo como en Veracruz, porque en el Estado de México el PAN y el PRD tienen mucha fuerza y tratarán de conservar lo alcanzado en 2006.
Actualmente el PRI tiene la mayoría relativa en el Congreso estatal con 19 dipu-tados, mientras que el PRD cuenta con 17 y el PAN con nueve; a nivel municipal el PRI gobierna en 53 alcaldías, el PRD en 29 y el PAN en 25.
Estrategia mediática
Montado desde hace tres años en una campaña mediática de costos multimillonarios, el gobernador del Estado de México ofrece una imagen moderna e impoluta, colocándose entre los principales aspirantes a la nominación presidencial del PRI.
Según Corona, los medios han enfocado sus baterías en la posible candidatura presidencial de Peña Nieto, lo cual contribuye a meterlo en el imaginario colectivo, no sólo de los partidos, sino de la gente del estado y del país.
Además, el gobernador mexiquense es impulsado por el Grupo Atlacomulco y por personajes como Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo, quien lo considera como "uno de sus favoritos" para 2012 e incluso trabaja en ese proyecto.
En sus tres años de gobierno, el Golden Boy, como le llaman en la entidad, aprobó obras carreteras en las que invirtió ya 11 mil millones de pesos; proyectos como el segundo piso en Periférico Norte, que tendrá un costo de 3 mil 900 millones de pesos y estará a cargo de la empresa española OHL; el tren suburbano que realizará la compañía CAF, también española, y en el cual se invertirán 6 mil 700 millones de pesos, en coordinación con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, así como el impulso a la compañía Casas Geo para la construcción de viviendas de interés social en los municipios del Valle de México donde el PRD y el PAN tienen cada vez más seguidores, entre otros.
Con estas obras y con la exitosa estrategia de medios, a la mitad de su mandato Enrique Peña Nieto se convirtió en el político más conocido del país, luego de Felipe Calderón, apoyado en la intensa campaña de medios con Televisa y otras corporaciones. En esta estrategia de posicionamiento invirtió 742 millones de pesos sólo en 2005 (Proceso 1512). Lo mismo aparece en partidos de futbol que en telenovelas y en noticiarios de ese consorcio; incluso escogió los horarios estelares.
Se desconoce el monto erogado por Peña Nieto durante sus tres años de administración; siempre que se le pregunta sobre este aspecto elude el tema. Así lo hizo el viernes 5 en su tercer informe de gobierno, cuando varios diputados de oposición le pidieron que hiciera público ese asunto.
La diputada del PAN María Elena Pérez de Tejada le dijo que tan sólo en 2006 su gobierno gastó 204 millones de pesos en publicidad cuando lo autorizado por el Poder Legislativo era de 136 millones. El mandatario guardó silencio.
La importancia de los medios, principalmente de las televisoras, es de tal dimensión para Peña Nieto que en septiembre de 2007 encabezó al grupo de gobernadores que realizaron una campaña en las legislaturas del estados para que no se aprobara la reforma electoral que impide la promoción de las obras de los gobiernos para fines personales y electorales.
En una entrevista publicada en Reforma el mismo viernes 5, el gobernador se quejó de que ya no tuviera las mismas condiciones para salir en los medios promoviendo su imagen. "No puedo hacerlo encapuchado", dijo, pero confesó que este impedimento legal lo ha obligado a "innovar" acciones para promocionar a su gobierno a nivel nacional.
La "creatividad" a la que se refiere Peña Nieto es pagar a actores, como Jaime Camil, Angélica Rivera y Patricia Manterola, para que promuevan sus programas de gobierno y el cumplimiento de sus compromisos; o también la contratación de publicidad en las páginas electrónicas de los diarios, la realización de podcast y de infomerciales en radio.
"Nuestro estado tiene una condición similar a la del Distrito Federal, donde los medios de comunicación -impresos y electrónicos- son de carácter nacional. Con los medios locales del Valle de Toluca no informas donde está el grueso de la población; informar es una exigencia de quien gobierna", justificó en la entrevista con Reforma.
Y así, montado en esta dispendiosa estrategia de medios, el joven gobernador se lució en las cuatro horas que duró su tercer informe. A ese acto asistieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, los dirigentes del PRI, PVEM y Panal, así como representantes de la Iglesia católica con quienes tiene fuertes lazos.
El acto se realizó en el Congreso del estado, incluso se instalaron pantallas gigantes en el Teatro Morelos para que los más de 4 mil invitados siguieran el informe; además, se trasmitió en vivo en la página electrónica de algunos medios, como Reforma, algo que no pudo hacer el presidente Felipe Calderón, cuyo acto de entrega del segundo informe sólo duró ocho minutos y fue trasmitido únicamente por el Canal del Congreso.
Merced a esta estrategia es que se ha colocado en altos niveles de aceptación ciudadana. En la encuesta de Mitofsky publicada en El Universal el pasado 17 de junio, Peña Nieto ocupa el primer lugar de los gobernadores más populares, seguido de Marcelo Ebrard, Fidel Herrera, Mario Marín, Leonel Godoy, Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, Amalia García, Humberto Moreira y Zeferino Torreblanca. Mientras que en la encuesta publicada en Reforma el viernes 5, aplicada a los habitantes del Estado de México, el mandatario mexiquense alcanzó un nivel de aceptación de 71%, el más alto de todos los gobernantes del país, incluido Felipe Calderón.
Sin embargo, dos hechos siguen opacando su popularidad: la extraña muerte de su esposa Mónica Pretelini el 11 de enero de 2007 y el escándalo de la riqueza inexplicable del exgobernador Arturo Montiel.
Cuestionado en el marco de su tercer informe por la impunidad del caso Montiel, que fue cerrado por su gobierno en 2007 sin castigar a nadie, Peña Nieto contestó molesto:
"Mi respuesta es la misma que tuve hace un año: el gobierno actúo con estricto apego a derecho, creamos una fiscalía especial, creamos un consejo ciudadano". También mencionó que la PGR tuvo conocimiento de todos los expedientes del caso; no se dejó llevar por presiones partidistas.
Y en torno de la muerte de su esposa, en una entrevista con Reforma difundida en video dijo que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida pero que ya lo ha superado junto con sus dos hijos. No obstante, en los círculos sociales y políticos de la entidad se sigue comentando que Mónica Pretelini falleció de manera inesperada por un brote de epilepsia que no fue atendido a tiempo.
El grupo
A la par de su estrategia mediática encaminada a conseguir la candidatura presidencial, Peña Nieto también se alió con representantes del Grupo Atlacomulco, que extendió sus redes a los municipios del Valle de Toluca.
Entre éstos destacan los exgobernadores Alfredo del Mazo -tío de Peña Nieto-, Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor y César Camacho, con quienes se reúne constantemente.
El exconsejero Gabriel Corona asegura que el grupo sigue existiendo. "Está muy bien organizado y se sigue identificando así, aunque hoy abarca los municipios de Lerma, Tianguistengo, Toluca y Metepec, de los que han surgido los últimos gobernadores. Este grupo tiene muchos recursos y una máquina electoral muy eficaz".
Según él, el Grupo Atlacomulco le apuesta a Peña Nieto para conseguir por primera vez la Presidencia de la República. De ahí su obsesión por controlar al instituto estatal electoral a como dé lugar. "Las presiones se hacen a través de las representaciones de los partidos en el instituto".
Así mismo, dice Corona, utilizan los medios afines a ellos para amedrentar a los consejeros que se opusieron a la creación de un partido local.
Algo similar sucedió a finales de 2007, cuando el IEEM intentó realizar la redemarcación de los 45 distritos, como lo establece la ley electoral del estado, para conformar un nuevo mapa electoral de acuerdo con la distribución poblacional. Hacerlo implicaba modificar la Constitución y desa-parecer cinco o seis distritos del Valle de Toluca, donde el PRI domina, y adscribir a los ciudadanos al Valle de México, donde PAN y PRD tienen mayor presencia.
El gobierno de Peña Nieto envió a uno de sus operadores, Eduardo Bernal, quien dijo a los consejeros que esa redemarcación no pasaría. Y así fue. La reforma electoral se aplazó para 2011, cuando Peña Nieto haya dejado la gubernatura.
Otra muestra del poder que ejercen el gobernador y su grupo es el control que ejercen en el IEEM. Si bien el PAN tiene la presidencia de ese órgano electoral, el PRI cuenta con más de la mitad de la estructura.
El profesor Norberto López asegura que el propósito de Peña Nieto es poner a un incondicional en la nueva secretaría ejecutiva del instituto que tendrá como atribuciones clave coordinar los trabajos de capacitación y organización, así como todo lo relacionado con la instalación de las mesas directivas de las casillas para los comicios de 2009.
Lo que buscan, dice, es "recuperar presidencias municipales significativas, como Toluca, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán y Ecatepec, que son posiciones muy valiosas política y económicamente".
El Grupo Atlacomulco confía en que Peña Nieto ayude al PRI a recuperar los espacios perdidos en los últimos años y pintar de rojo al país en las elecciones de 2009 y 2012, el color que el PRI eligió desde hace 12 años como bandera de lucha, pero que con Francisco Labastida y Roberto Madrazo se vio deslucido por la derrota frente al azul del PAN.
Con Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco y el PRI se aprestan a la reconquista de la Presidencia de la República.
Consultados al respecto, los exconsejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Norberto López y Gabriel Corona sostienen que el primer paso es lograr que ese partido triunfe en los procesos electorales de 2009 para después lanzar al mexiquense como su candidato al 2012.
Y advierten que Peña Nieto está actuando a la vieja usanza: con amenazas, sobornos y negociaciones oscuras para eliminar a sus adversarios.
Al igual que la doctora Ruth Carrillo Téllez, López y Corona fueron apartados recientemente del IEEM como parte de una reestructuración del instituto pactada por los partidos que integran el Congreso del estado. Dicen que su salida se inscribe en la estrategia de Peña Nieto y su grupo para apropiarse del organimo electoral con el fin de asegurar la victoria de su partido en la elección de presidentes municipales y dipu-tados locales de marzo de 2009.
López insiste: "Después de más de 40 años de vida, el Grupo Atlacomulco se juega su futuro político en la elección del año que viene, por eso sería desastroso para sus planes perder en 2009. Para ellos es fundamental hacer una demostración de poder y mandar ese mensaje a nivel nacional, dejar ver su capacidad de operación política. Si no logran pintar de rojo al Estado de México, el gobernador Peña Nieto estará remando contra corriente hacia el 2012."
"Indudablemente -añade-, todo apunta a que en la próxima elección el PRI recupere municipios importantes del Valle de Toluca y del Valle de México, y Peña Nieto surja como triunfador. Con esta demostración el gobernador quedaría como el personaje que da el mejor perfil para ser el candidato a la Presidencia de la República. Yo diría que las elecciones de 2009 van a servir de plataforma para el lanzamiento de Peña Nieto."
Gabriel Corona, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el Estado de México se ha convertido en el "laboratorio electoral", pues lo que ocurre aquí se extrapola al resto del país.
"Lo que se quiere hacer en la elección de 2009 es dar una muestra de poderío del PRI y del gobernador Peña Nieto". Advierte que será difícil el carro completo como en Veracruz, porque en el Estado de México el PAN y el PRD tienen mucha fuerza y tratarán de conservar lo alcanzado en 2006.
Actualmente el PRI tiene la mayoría relativa en el Congreso estatal con 19 dipu-tados, mientras que el PRD cuenta con 17 y el PAN con nueve; a nivel municipal el PRI gobierna en 53 alcaldías, el PRD en 29 y el PAN en 25.
Estrategia mediática
Montado desde hace tres años en una campaña mediática de costos multimillonarios, el gobernador del Estado de México ofrece una imagen moderna e impoluta, colocándose entre los principales aspirantes a la nominación presidencial del PRI.
Según Corona, los medios han enfocado sus baterías en la posible candidatura presidencial de Peña Nieto, lo cual contribuye a meterlo en el imaginario colectivo, no sólo de los partidos, sino de la gente del estado y del país.
Además, el gobernador mexiquense es impulsado por el Grupo Atlacomulco y por personajes como Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo, quien lo considera como "uno de sus favoritos" para 2012 e incluso trabaja en ese proyecto.
En sus tres años de gobierno, el Golden Boy, como le llaman en la entidad, aprobó obras carreteras en las que invirtió ya 11 mil millones de pesos; proyectos como el segundo piso en Periférico Norte, que tendrá un costo de 3 mil 900 millones de pesos y estará a cargo de la empresa española OHL; el tren suburbano que realizará la compañía CAF, también española, y en el cual se invertirán 6 mil 700 millones de pesos, en coordinación con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, así como el impulso a la compañía Casas Geo para la construcción de viviendas de interés social en los municipios del Valle de México donde el PRD y el PAN tienen cada vez más seguidores, entre otros.
Con estas obras y con la exitosa estrategia de medios, a la mitad de su mandato Enrique Peña Nieto se convirtió en el político más conocido del país, luego de Felipe Calderón, apoyado en la intensa campaña de medios con Televisa y otras corporaciones. En esta estrategia de posicionamiento invirtió 742 millones de pesos sólo en 2005 (Proceso 1512). Lo mismo aparece en partidos de futbol que en telenovelas y en noticiarios de ese consorcio; incluso escogió los horarios estelares.
Se desconoce el monto erogado por Peña Nieto durante sus tres años de administración; siempre que se le pregunta sobre este aspecto elude el tema. Así lo hizo el viernes 5 en su tercer informe de gobierno, cuando varios diputados de oposición le pidieron que hiciera público ese asunto.
La diputada del PAN María Elena Pérez de Tejada le dijo que tan sólo en 2006 su gobierno gastó 204 millones de pesos en publicidad cuando lo autorizado por el Poder Legislativo era de 136 millones. El mandatario guardó silencio.
La importancia de los medios, principalmente de las televisoras, es de tal dimensión para Peña Nieto que en septiembre de 2007 encabezó al grupo de gobernadores que realizaron una campaña en las legislaturas del estados para que no se aprobara la reforma electoral que impide la promoción de las obras de los gobiernos para fines personales y electorales.
En una entrevista publicada en Reforma el mismo viernes 5, el gobernador se quejó de que ya no tuviera las mismas condiciones para salir en los medios promoviendo su imagen. "No puedo hacerlo encapuchado", dijo, pero confesó que este impedimento legal lo ha obligado a "innovar" acciones para promocionar a su gobierno a nivel nacional.
La "creatividad" a la que se refiere Peña Nieto es pagar a actores, como Jaime Camil, Angélica Rivera y Patricia Manterola, para que promuevan sus programas de gobierno y el cumplimiento de sus compromisos; o también la contratación de publicidad en las páginas electrónicas de los diarios, la realización de podcast y de infomerciales en radio.
"Nuestro estado tiene una condición similar a la del Distrito Federal, donde los medios de comunicación -impresos y electrónicos- son de carácter nacional. Con los medios locales del Valle de Toluca no informas donde está el grueso de la población; informar es una exigencia de quien gobierna", justificó en la entrevista con Reforma.
Y así, montado en esta dispendiosa estrategia de medios, el joven gobernador se lució en las cuatro horas que duró su tercer informe. A ese acto asistieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, los dirigentes del PRI, PVEM y Panal, así como representantes de la Iglesia católica con quienes tiene fuertes lazos.
El acto se realizó en el Congreso del estado, incluso se instalaron pantallas gigantes en el Teatro Morelos para que los más de 4 mil invitados siguieran el informe; además, se trasmitió en vivo en la página electrónica de algunos medios, como Reforma, algo que no pudo hacer el presidente Felipe Calderón, cuyo acto de entrega del segundo informe sólo duró ocho minutos y fue trasmitido únicamente por el Canal del Congreso.
Merced a esta estrategia es que se ha colocado en altos niveles de aceptación ciudadana. En la encuesta de Mitofsky publicada en El Universal el pasado 17 de junio, Peña Nieto ocupa el primer lugar de los gobernadores más populares, seguido de Marcelo Ebrard, Fidel Herrera, Mario Marín, Leonel Godoy, Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, Amalia García, Humberto Moreira y Zeferino Torreblanca. Mientras que en la encuesta publicada en Reforma el viernes 5, aplicada a los habitantes del Estado de México, el mandatario mexiquense alcanzó un nivel de aceptación de 71%, el más alto de todos los gobernantes del país, incluido Felipe Calderón.
Sin embargo, dos hechos siguen opacando su popularidad: la extraña muerte de su esposa Mónica Pretelini el 11 de enero de 2007 y el escándalo de la riqueza inexplicable del exgobernador Arturo Montiel.
Cuestionado en el marco de su tercer informe por la impunidad del caso Montiel, que fue cerrado por su gobierno en 2007 sin castigar a nadie, Peña Nieto contestó molesto:
"Mi respuesta es la misma que tuve hace un año: el gobierno actúo con estricto apego a derecho, creamos una fiscalía especial, creamos un consejo ciudadano". También mencionó que la PGR tuvo conocimiento de todos los expedientes del caso; no se dejó llevar por presiones partidistas.
Y en torno de la muerte de su esposa, en una entrevista con Reforma difundida en video dijo que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida pero que ya lo ha superado junto con sus dos hijos. No obstante, en los círculos sociales y políticos de la entidad se sigue comentando que Mónica Pretelini falleció de manera inesperada por un brote de epilepsia que no fue atendido a tiempo.
El grupo
A la par de su estrategia mediática encaminada a conseguir la candidatura presidencial, Peña Nieto también se alió con representantes del Grupo Atlacomulco, que extendió sus redes a los municipios del Valle de Toluca.
Entre éstos destacan los exgobernadores Alfredo del Mazo -tío de Peña Nieto-, Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor y César Camacho, con quienes se reúne constantemente.
El exconsejero Gabriel Corona asegura que el grupo sigue existiendo. "Está muy bien organizado y se sigue identificando así, aunque hoy abarca los municipios de Lerma, Tianguistengo, Toluca y Metepec, de los que han surgido los últimos gobernadores. Este grupo tiene muchos recursos y una máquina electoral muy eficaz".
Según él, el Grupo Atlacomulco le apuesta a Peña Nieto para conseguir por primera vez la Presidencia de la República. De ahí su obsesión por controlar al instituto estatal electoral a como dé lugar. "Las presiones se hacen a través de las representaciones de los partidos en el instituto".
Así mismo, dice Corona, utilizan los medios afines a ellos para amedrentar a los consejeros que se opusieron a la creación de un partido local.
Algo similar sucedió a finales de 2007, cuando el IEEM intentó realizar la redemarcación de los 45 distritos, como lo establece la ley electoral del estado, para conformar un nuevo mapa electoral de acuerdo con la distribución poblacional. Hacerlo implicaba modificar la Constitución y desa-parecer cinco o seis distritos del Valle de Toluca, donde el PRI domina, y adscribir a los ciudadanos al Valle de México, donde PAN y PRD tienen mayor presencia.
El gobierno de Peña Nieto envió a uno de sus operadores, Eduardo Bernal, quien dijo a los consejeros que esa redemarcación no pasaría. Y así fue. La reforma electoral se aplazó para 2011, cuando Peña Nieto haya dejado la gubernatura.
Otra muestra del poder que ejercen el gobernador y su grupo es el control que ejercen en el IEEM. Si bien el PAN tiene la presidencia de ese órgano electoral, el PRI cuenta con más de la mitad de la estructura.
El profesor Norberto López asegura que el propósito de Peña Nieto es poner a un incondicional en la nueva secretaría ejecutiva del instituto que tendrá como atribuciones clave coordinar los trabajos de capacitación y organización, así como todo lo relacionado con la instalación de las mesas directivas de las casillas para los comicios de 2009.
Lo que buscan, dice, es "recuperar presidencias municipales significativas, como Toluca, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán y Ecatepec, que son posiciones muy valiosas política y económicamente".
El Grupo Atlacomulco confía en que Peña Nieto ayude al PRI a recuperar los espacios perdidos en los últimos años y pintar de rojo al país en las elecciones de 2009 y 2012, el color que el PRI eligió desde hace 12 años como bandera de lucha, pero que con Francisco Labastida y Roberto Madrazo se vio deslucido por la derrota frente al azul del PAN.
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