José Natividad González Parás
ARTURO RODRíGUEZ GARCíADesde el principio de su administración, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, ha desarrollado una intensa actividad constructora, por la que se le acusa de despojos, daños ambientales, tráfico de influencias y conflictos de intereses. La causa, dicen muchos de los afectados y analistas de la entidad, es que su administración ha favorecido a empresas donde participan familiares o funcionarios de su gobierno, mientras que los litigios contra los pobladores despojados son llevados por el llamado "Despacho Favorito", el cual se ha convertido en semillero de la clase política neoleonesa y tiene entre sus socios a un hermano del mandatario. De allí, piensan algunos, saldrá en 2009 el nuevo gobernador, tanto si es priista como panista... MONTERREY, NL.- A 11 meses de que concluya su gobierno, el mandatario estatal priista Natividad González Parás, enfrascado en febriles actividades constructoras, se ve rodeado de denuncias, litigios y protestas por despojos, daños ambientales, tráfico de influencias y conflictos de intereses. El centro de las acusaciones contra el gobernador, quien el 5 de julio de 2009 saldrá a votar por quien lo sustituya en el poder, es el llamado Despacho Favorito, del que es socio Luis González Parás, hermano del mandatario, encargado de litigar tanto asuntos oficiales como casos privados. Desde febrero de 2005, los abogados Jorge Ruiz Velasco y Baldemar Martínez Garza denunciaron que ese despacho, cuyo nombre formal es Santos, Elizondo, Cantú, Rivera, González, De la Garza, Mendoza, S.C. servía como instrumento de tráfico de influencias.Y ahora, en entrevista con Proceso, el presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León (CANL), Mariano Núñez González, manifiesta que en la actual administración estatal no sólo existe conflicto de intereses en la aplicación de la justicia, sino también tráfico de influencias, pues no se sanciona el maridaje de lo público con lo privado.En el Despacho Favorito confluyen, además de Luis González Parás, el diputado federal priista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rivera Bedoya, y el senador panista Fernando Elizondo Barragán, quien ha asegurado que ya se separó del despacho. Pero ambos son aspirantes al gobierno de Nuevo León por sus respectivos partidos.También son socios del Despacho Favorito Napoleón Cantú Cerna -quien ha sido diputado federal y local por el PRI en dos ocasiones, procurador del estado y secretario general de Gobierno- y Luis Alonso Mendoza Garza, hermano de Jorge Mendoza, vicepresidente de TV Azteca. El abogado Mariano Núñez recuerda que ese despacho no sólo se halla vinculado a muchas de las empresas constructoras favorecidas por la administración, sino que de él han salido numerosos funcionarios públicos y candidatos a gobernador, "con la simple declaración de que ya se retiraron".En cuanto a la asignación de obra pública -rubro al que González Parás considera su "orgullo"-, Mariano Núñez advierte que ha sido ilegal porque, para empezar, jamás ha sesionado al efecto la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano a la que, por ley, corresponde aprobar los proyectos, acaparados por algunas constructoras que, mediante licitaciones a modo, han recibido cientos de millones de pesos en contratos. El caso más sonado ha sido el de la Constructora Maiz Mier, empresa dirigida por los hermanos de la esposa del gobernador, Cristina Maiz de González Parás. Debido a ese parentesco, al inicio de la administración la participación de dicha compañía en licitaciones públicas fue rechazada por el gobierno, pero pronto consiguió un amparo: el Juzgado Tercero de Distrito del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la constructora el 29 de septiembre de 2004, con lo que pudo concursar en licitaciones. Ahora, la Constructora Maiz Mier tiene cuatro contratos que suman mil 306 millones 774 mil 255 pesos, entre construcciones de pasos a desnivel y puentes vehiculares. Además, acaba de obtener un nuevo contrato por mil millones de pesos, en asociación con Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. (Dycusa), para la realización de un túnel que pretende construirse en la sierra Cerro de La Silla, como parte del llamado Arco Vial Sureste, aunque el proyecto fue suspendido el pasado 28 de octubre por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y enfrenta amparos de las comunidades aledañas.Dycusa, fundada por Juan Antonio Ballí González y recientemente asociada con la Constructora Maiz Mier, no sólo dispone de otros contratos oficiales, sino que algunos de sus socios tienen vínculos familiares consanguíneos con Plácido González Salinas, actual coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Institucionales del gobierno estatal.Los cinco contratos gubernamentales con que cuenta Dycusa suman 437 millones 206 mil pesos.Es un caso similar al de la constructora Docsa, que en abril de 2005 fue impugnada por la fracción panista en el Congreso local porque existe un parentesco político entre Javier González Parás y los accionistas de dicha firma.Así mismo, según el acta constitutiva, entre los accionistas que registraron esa compañía destaca Jorge Domene Zambrano, actual director del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, quien juega al golf con Javier González Parás. Esta compañía tiene dos contratos con la administración estatal que suman 93 millones 764 mil 721 pesos.La relación del gobernador con los constructores ha sido igualmente evidenciada en el caso del Grupo Garza Ponce, cuyo presidente y director general, José María Garza Treviño, es socio de Javier González Parás en los centros nocturnos Far West Rodeo, ubicados en San Nicolás de los Garza y en San Antonio Texas. Los dos contratos asignados por el gobierno a esa firma -uno de ellos en asociación con Bombardier y Siemens- representan, en un caso, mil 664 millones 422 mil pesos, y, en el otro, 105 millones 446 mil 957 dólares, para la ampliación de la Línea 2 del Metrorrey, que afrontó problemas con propietarios de predios y edificios afectados por la obra, la cual concluyó con un año de retraso.Peor aún, conforme a la legislación, Siemens estaba impedida para realizar esas obras, de acuerdo con la sanción derivada del expediente DS-044/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2005.Y por si fuera poco, desde el inicio del sexenio Garza Ponce cobra 618 mil pesos mensuales por la renta del edificio que ocupa la Procuraduría de Justicia del Estado.No muy distinto es el caso de la empresa de origen mexiquense Pavimentaciones, Caminos y Compactaciones, S.A. (Paccsa), que por siete contratos otorgados ha cobrado al gobierno estatal 447 millones 586 mil 289 pesos. Debido a que Paccsa fue denunciada por despojo y se abrió la averiguación previa 436/2001/4, se acogió a la defensa y representación jurídica del Despacho Favorito.Paccsa pretendía apropiarse, con un permiso apócrifo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la piedra bola del río Pilón en Montemorelos, pero con ello afectó a decenas de vecinos que presionaron hasta que la constructora tuvo que retirarse del lugar.Desalojos, ecocidios, engañosUn mes después de la toma de protesta de Natividad González Parás como jefe del Ejecutivo, el 31 de octubre de 2003, alrededor de 250 familias -la mayoría maestros y burócratas jubilados- de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata, en el municipio El Carmen, fueron desalojadas por un fallo judicial del cual no fueron notificados.En un video, obtenido por Proceso, se observa un despliegue policiaco que incluyó perros, cientos de policías y un helicóptero, encabezados por el asesor jurídico del gobernador, Humberto Medina Ainslei, padre del actual secretario de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz.El 17 de diciembre de ese mismo año, las casas fueron dinamitadas. Las batallas legales y movilizaciones ciudadanas por los "terrenos campestres" de El Carmen, en lo que fue la colonia agropecuaria, han incluido la denuncia de que el empresario Alfredo Villarreal obtuvo la propiedad del terreno de 76 hectáreas mediante una subasta amañada que realizó Banca Serfín, además de que en un extremo se construyó la escuela de beisbol de los Sultanes de Monterrey, que pertenece a la familia Maiz Mier, mientras en el otro se erigió un fraccionamiento de la Constructora Garza Ponce.A raíz de los movimientos de protesta por estos hechos, la estudiante de medicina Nora Inés Mendoza -hija de una de las principales líderes, Teresa Ramírez- fue encarcelada y puesta en libertad caucional bajo la acusación de haber obstruido en 2004, durante actos de protesta de los colonos, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, hasta que en febrero de este año demostró que no intervino en los mismos, pues al realizarse ella estaba en clases.Entre los múltiples litigios estatales y municipales por despojo de tierras destaca uno en el que el gobierno del estado y la minera El Diente fueron sometidos a juicio por los vecinos del poblado San Pedro y San Pablo. El problema aquí es que, en este juicio, el abogado patrono de la empresa minera El Diente es Humberto Medina de la Cruz, hermano del secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, e hijo del asesor jurídico del gobernador, Humberto Medina Ainslei. De modo que, con muy pocas esperanzas, los vecinos de San Pedro y San Pablo pelean, al mismo tiempo, contra una empresa, una familia en el poder y el gobierno del estado.Y se ha denunciado que una situación similar se presenta en el pueblo mineral de Las Ventas.Ante la proliferación de este tipo de despojos y litigios, la Unión Nacional de Trabajadores apoyó la creación de un frente popular que detectó al menos 45 casos de zonas irregulares que están siendo desalojadas. Uno de ellos corresponde al sector Vaquerías, donde los vecinos demostraron que Armando Madero Aldama, padre del alcalde panista de Monterrey, Adalberto Madero, vendió en el pasado lotes rústicos a cientos de familias, pero ahora, luego de que aumentó considerablemente la plusvalía, pretende echarlos desconociendo el trato original.Otro de los asuntos defendidos por el frente popular es el de Nueva Castilla, donde el pasado 16 de mayo un convoy de la policía estatal detuvo a 31 personas -afectados, abogados, activistas e inclusive dos niñas- cuando intentaban hacer valer un amparo (el 862/2008) que estipulaba la restitución provisional de un predio. Cerca de 50 personas esperaban al actuario cuando los mencionados fueron privados de su libertad -aunque el amparo advertía que esto no debía ocurrir en relación con el terreno-. El argumento del secretario de Seguridad Pública de Escobedo, Fernando Torre, consistió en que fueron consignados por despojo de inmueble. Más aún, el gobierno estatal encausó la denuncia y mantuvo en la cárcel hasta principios de octubre a Obed Juárez, Juan Balderas, Gabriela Bautista, Gerardo Armendáriz y Alicia Gutiérrez, consignados ante un juez penal en San Nicolás de los Garza. El activista Juan Carlos Armadillo, quien participó en diferentes marchas "por la libertad de los presos políticos de Nueva Castilla", expresa que el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, actúa en contra de los manifestantes pero es incapaz de enfrentar a los narcos.Los inconformes, que en otros proyectos denuncian daños ambientales además de desalojos, señalan que, dentro de la fiebre constructora del gobierno de Nuevo León, los casos Nueva Castilla y La Huasteca demuestran nuevamente intereses familiares y políticos. Y explican:El 5 de mayo de 2005, el gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de la Vivienda, firmó con el Infonavit un convenio para comprar el predio Nueva Castilla y desarrollar 50 mil viviendas. Con este fin se formó un fideicomiso en el que participan, entre otras inmobiliarias, el Grupo Garza Ponce y Maple Urbanizadora. A su vez, esta última, Maple Urbanizadora, adquirió terrenos en el cañón de Ballesteros, llamado La Huasteca -ubicada dentro del Parque Nacional Cumbres-, donde planea urbanizar 2 mil 400 hectáreas, con un complejo habitacional de lujo.Ahora bien, indican, la constructora Maple es encabezada por el empresario Ramiro Guzmán Barbosa, vicepresidente de Metrofinanciera, firma en la que Luis González Parás, hermano del gobernador, funge como secretario en el Consejo de Administración.Sin embargo, en La Huasteca, ubicada dentro del Parque Nacional Cumbres, el trámite de permisos no ha fructificado debido a la oposición de ambientalistas agrupados en el movimiento "La Huasteca Somos Todos".Otro caso similar es el del cañón de Santa Ana, un paraje endémico de la sierra Cerro de La Silla, donde el gobierno del estado pretende construir una vialidad para conectar la carretera a Reynosa con la nacional mediante un túnel.De acuerdo con los expertos consultados, esa obra -cuyo costo se estima en más de 2 mil millones de pesos- desplazará a los habitantes de nueve comunidades rurales, extinguirá tres especies animales y fragmentará el hábitat de otras tantas.Mientras que el titular de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos, Abel Guerra Garza, declaró a la reportera Adriana Flores que la intención es detonar la zona y generar una urbanización semejante a la del sector Valle Oriente -donde el metro cuadrado llega a costar hasta mil 500 dólares-, el biólogo Antonio Hernández se solidarizó con los vecinos de las comunidades afectadas, realizó un análisis del Estudio Técnico Justificativo y del Manifiesto de Impacto Ambiental, y encontró 23 contradicciones, omisiones y mentiras en dichos documentos. El 11 de abril, el biólogo Antonio Hernández fue asaltado y golpeado. Al ser cuestionado sobre los hechos, Abel Guerra dijo al reportero Raymundo Pérez: "Es grave, pero más grave que la violencia física es que personas de otras partes y con el cabello largo lleguen a esta ciudad a hacer activismo político adverso, y más grave aún que medios de comunicación les den juego".El pasado 19 de octubre, la dependencia de Abel Guerra dio a conocer que las licitaciones para las obras en esa área se asignarían a 20 empresas, entre las cuales aparece Paccsa, y que el túnel se adjudicó a la asociación Constructora Maíz Mier-Dycusa. No obstante, el 28 de octubre la Profepa informó que el permiso para esos trabajos estaba suspendido, pues la documentación del gobierno estatal estaba incompleta. Una encuesta preelectoral, realizada por Publicum Estrategias para medir la popularidad de los posibles candidatos a gobernador en los próximos comicios, ubica a Abel Guerra a la cabeza del PRI, empatado en 16% de intención del voto con Marcela Guerra. Dichas mediciones incluyen como posibles candidatos a gobernador por ese partido a Rodrigo Medina de la Cruz y a Francisco Rivera Bedoya, exsocio del Despacho Favorito. Por el PAN, Fernando Elizondo Barragán se halla también a la cabeza en empate técnico con el alcalde de Monterrey, Adalberto Madero (17%), quien ha bajado su popularidad por las denuncias de corrupción que publicaron empresas constructoras en desplegados de diarios de circulación nacional...
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