Finalmente José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las
autoridades electorales en el caso de la compra masiva de votos por
parte del PRI y el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista…
O al menos eso parece por lo pronto. El empresario estadunidense que
demandó en una Corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto,
presuntamente por incumplimiento de un pago millonario, lanza
acusaciones más graves, que documenta ahora Proceso. Según él, la maraña
de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene
alcance internacional, así como probables nexos con el crimen
organizado.
Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios
políticos y empresarios echaron a andar una compleja operación
financiera a fin de triangular recursos millonarios y comprar la
Presidencia de la República en favor de Enrique Peña Nieto. En esta
compleja operación hay además indicios de lavado de dinero.Datos en
poder de Proceso indican que se trata de una operación financiera con
alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos, donde se
triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca
Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.
En este
entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al
candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGA, Jiramos y GM
Global, así como de los bancos Monex y Mifel.
El esquema es similar
al de las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado,
sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo jurídico
de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del
Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso
Amigos de Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero
para la campaña del candidato presidencial panista en 2000.
La investigación pendiente
La
Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación que
apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido
desde el exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de
las investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron
el PRD y el PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través
de las tarjetas Monex Recompensas, usadas también para pagar a delegados
y representantes de casilla.
Entre las líneas de investigación
incluidas en el expediente Q-UFRPP 58/12 de dicha Unidad a cargo de
Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo referente al cuarto punto
–establecimiento del uso y vinculación de las tarjetas Monex con el
proceso electoral– se prevé investigar desde cuáles países se
dispusieron los recursos y las empresas relacionadas con los partidos
políticos para el fondeo y uso de dichas tarjetas.
En la ruta de
indagación –hecha pública en la sesión del jueves 26– en primer lugar
está la identificación de las modalidades de fondeo y uso de las
tarjetas. En segundo, la determinación de las erogaciones realizadas en
cada una de las tarjetas de todos los lotes y aquí es donde se señala
que verían la fecha de las operaciones, su monto y la ciudad y país de
disposición de los recursos.
Además se investigará la relación de las
personas físicas “representaciones legales, socios accionistas,
apoderados, empleados de las personas morales, entre otros”, con los
partidos políticos.
Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la
hebra para desentrañar la compleja estrategia financiera de millones de
dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto, que el pasado 14 de
junio reveló el empresario estadunidense de origen mexicano José Luis
Ponce de Aquino, propietario de la empresa televisiva Frontera
Televisión Network LLP.
En una denuncia interpuesta en Estados
Unidos, Ponce de Aquino dijo que en octubre del año pasado operadores de
Enrique Peña Nieto le ofrecieron un contrato de 56 millones de dólares a
cambio de promover en ese país al candidato presidencial del PRI el
tiempo en que durara la campaña en México.
El empresario afirmó que
le constaba haber visto que esa cantidad de dinero fue depositada por
los representantes del candidato presidencial del PRI en Banco Monex y
Banca Mifel en un solo día.
No sólo eso sino que dijo haber
atestiguado la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de
procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro
portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la
Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad de Alejandro
Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña
publicitaria del priista en Estados Unidos.
En la demanda interpuesta
en la Corte de Distrito Central de California por fraude, luego de que
presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el pago para
hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados en
Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera
haber dinero del crimen organizado en esas transacciones.
En el
expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto:
“Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de
muerte de los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo
Chontkowsky, así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56
millones de dólares que iba a recibir por una campaña de imagen en
Estados Unidos para el aspirante priista ‘procedían de empresas
relacionadas con el narco’, y que el empresario Alejandro Carrillo Garza
Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy a
prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último
por conducto de su representante, el C. Francisco Torres”.
Al
denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el
Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas
ante el IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos “de
procedencia desconocida” y que las autoridades financieras comenzaran a
buscar el país de origen y la ruta de esos 56 millones de dólares que el
empresario asegura que fueron depositados en Monex y Mifel y sirvieron
para la campaña de Peña Nieto.
Camerino Eleazar Márquez,
representante del PRD ante el IFE, sostiene que la Procuraduría General
de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como
la Unidad de Fiscalización del instituto, ya deben tener los datos duros
y concretos de estas transferencias y los números de cuentas, montos,
flujo financiero y dispersión de los recursos.
El pasado 19 de junio
el perredista hizo una petición a la Unidad de Fiscalización para que se
le informara de los avances de la investigación sobre este caso.
Alfredo Cristalinas respondió en el oficio UF/DRN/7194/2012 que esa
información estaba reservada hasta concluir las indagatorias.
“No hay
manera de poder ocultar el escándalo de los recursos que triangularon
en Monex. Es evidente que el sistema financiero no es exclusivo para
México, estamos en una época en la que todo está interactuando; vimos en
el caso del banco HSBC que fueron instancias externas las que
detectaron el lavado de dinero. Además hay antecedentes de
averiguaciones previas de lavado de dinero en Monex producto del
trasiego de la droga en España y otros países de Europa. Esto obra en
expedientes y por lo tanto sería una línea de investigación que las
autoridades deben investigar”, sostiene el perredista.
Monex tiene
una larga historia en el lavado de dinero. Según la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004 –que se abrió en 2003, cuando fueron detenidos
dos operadores financieros de los Arellano Félix–, este grupo lavó 3.8
millones de dólares en Monex Divisas entre 2000 y 2002.
En esa misma
averiguación se indica que la policía española encontró en 2006 que el
Cártel del Valle del Norte de Colombia uso Monex Casa de Bolsa, Monex
Divisa e Intercam Casa de Cambio –todas radicadas en México– para lavar
78 millones de euros. En 2007 las mismas autoridades españolas
notificaron a las mexicanas que Zhenli Ye Gon también usó Monex para
hacer transferencias. Y en 2008 el cártel de los Beltrán Leyva también
usó ese banco para transferir 78 millones de euros.
En una línea de
investigación más reciente, las autoridades de Estados Unidos
encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto prestanombres del
exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, realizó transferencias por
7.2 millones de dólares a distintas entidades financieras, Monex
incluida.
Jaime Cárdenas advierte que es muy importante que se
investiguen las declaraciones de Ponce de Aquino y los depósitos
millonarios en Monex.
“Sabemos que se hicieron depósitos en Estados
Unidos e Italia. Las autoridades tienen que investigar a fondo porque se
tipifica el lavado de dinero. El objetivo de toda esta triangulación
internacional es precisamente ocultar el origen del dinero; eso es lo
que se tiene que investigar porque el PRI sabía que no le alcanzaría el
dinero que le dio el IFE y buscó financiar a Peña Nieto con dinero de
otras partes.”
El abogado recuerda que ya existen los tratados de
Palermo sobre lavado de dinero que firmó México y a través de los cuales
se puede solicitar información de transacciones bancarias en otros
países. Así se actuó en el IFE cuando se investigó el dinero proveniente
de Estados Unidos para la campaña de Vicente Fox.
“Esto se tipifica
como lavado de dinero, como lo hace el crimen organizado. Las
declaraciones del señor Ponce de Aquino muestran una parte de cómo el
PRI se hizo de recursos que aún no se sabe de dónde provienen, si es de
los gobernadores, de empresarios o incluso del crimen organizado.”
Los amigos de Peña Nieto
Entre
los personajes centrales de la trama financiera que presumiblemente
actuaron para hacer llegar recursos a la campaña de Peña Nieto está
Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo HIGA que proporciona trabajos de
construcción, mezcla de asfalto y mantenimiento de señalamientos
viales. El empresario tamaulipeco es también dueño de la empresa de
aviones Eolo, la que utilizó Peña Nieto durante su campaña.
HIGA fue
una de las más beneficiadas en la administración de Peña Nieto en el
Estado de México: construyó hospitales como el de Zumpango, por un monto
de 7 mil millones de pesos; carreteras y las instalaciones de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Hinojosa, la transnacional
española OHL –que dirige en México José Andrés de Oteyza, secretario de
Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y
director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el de Carlos Salinas
de Gortari– y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP) –encabezado hace
décadas por Gabino Fraga Mouret, a quien se acusa de mover dinero en
Monex a favor del PRI hasta por 91 millones de pesos– se asociaron en la
construcción del aeropuerto de Toluca, el segundo en importancia del
país y que costó mil 100 millones de pesos.
Gabino Fraga fue
coordinador regional de compromisos de campaña del PRI y trabaja en el
mismo despacho de la importadora de vinos Efra, que aparece en 22
contratos de Monex.
Esas tres empresas –OHL, HIGA y GAP– fueron unas
de las más favorecidas con contratos por el gobierno de Enrique Peña
Nieto en el Estado de México.
OHL inició en 2003 la millonaria obra
del Circuito Exterior Mexiquense que aun hoy sigue en construcción, con
un presupuesto de 22 mil 402 millones de pesos; en 2008 Peña Nieto le
concesionó el llamado Viaducto Bicentenario, con un costo de 3 mil 923
millones de pesos.
Pero la participación de OHL no fue casual; en su
consejo de administración figura como consejero propietario Emilio
Lozoya Austin, quien ocupó la Coordinación de Vinculación Internacional
durante la campaña de Enrique Peña Nieto y es familiar de Emilio Lozoya
Thalmann, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el
gobierno de Salinas de Gortari.
GAP participó en la segunda fase de
la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, en la autopista
México-Querétaro y en el Proyecto del Tren Suburbano La Paz-Texcoco-La
Paz. En 2009 también intervino en la consolidación del polígono de 700
hectáreas para la proyectada construcción de una refinería en Hidalgo,
estado gobernado entonces por Miguel Osorio Chong, uno de los hombres
más cercanos a Enrique Peña Nieto.
Según la información proporcionada
a Proceso por gente cercana a la campaña peñista y que pidió el
anonimato, de las concesiones logradas los amigos y empleados de Peña
Nieto –como Hinojosa, Fraga y Lozoya– integraron un fondo financiero
para la campaña presidencial, que presuntamente también fue alimentado
con recursos de los gobiernos de Yucatán, Veracruz y Zacatecas, entre
otros, como lo denunció Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña
de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con esas fuentes, una vez
obtenidos los recursos Marcos Fastlicht Sackler, suegro de Emilio
Azcárraga Jean y quien desde 2005 promovió la imagen de Peña Nieto en
Televisa, sugirió como el indicado para poner en marcha la estrategia
financiera al empresario textilero y abogado Alfredo Carrillo
Chontkowsky, viejo amigo del matrimonio Peña Nieto-Mónica Pretelini.
La
familia Chontkowsky está ligada a la cúpula de poder en el Estado de
México. Según el Registro Público de la Propiedad, tiene al menos siete
empresas con distintas razones sociales dedicadas a negocios de alta
tecnología, inmobiliarios, de asesoría legal y financiera, de
contabilidad y administración, de importación y comercialización de
diversos productos para la industria y para los tres niveles de
gobierno. Además, residencias y departamentos en las zonas más lujosas
de la entidad.
Su destacada presencia hizo que uno de sus integrantes
fuese víctima del cártel de los Beltrán Leyva. “Al iniciar 2005 fue
asesinado Simón Carrillo Chontkowsky, pieza clave de Peña Nieto, cuyo
hermano Alfredo influyó para acercar a Peña Nieto con Televisa y
afianzar sus planes con miras a los comicios de 2012”. (Proceso 1664.)
Fastlicht
y Carrillo Chontkowsky forman parte del Consejo de Participación
Ciudadana de la Procuraduría General de la República, donde han ocupado
los principales cargos, al igual que Alfredo Mafud, obispo de la Iglesia
Ortodoxa; Antonio Chedraui Mafud y Alejandro Puente, este último
presidente de la Cámara de Cableros, de la que 80% es de Televisa.
Carrillo
Chontkowsky, su hermana Susana y Juan Rivero Legarreta crearon en
noviembre de 2001 la empresa Carrillo Chontkowsky, Rivero y Asociados,
especializada en servicios legales, de contabilidad, administrativos, de
asesoría financiera y fiscal. El nombre de Juan Rivero Legarreta
coincide con el del abogado de Mauricio y Pablo Madero O’Brien, socios
de Carlos Cabal Peniche y Xavier Desiderio Autrey, acusado de fraude.
Es
importante destacar que el vínculo de Alfredo Carrillo Chontkowsky con
los 56 millones de dólares que entregaría el PRI a José Luis Ponce de
Aquino por la promoción de imagen de Peña Nieto, se evidencia con la
participación de su tío José y de su hijo, Alejandro Carrillo Garza
Sada, dueño de la empresa Jiramos SA, la que firmó el contrato con Ponce
de Aquino.
Según el empresario mexicano-estadunidense, Carrillo
Garza Sada lo contactó para publicitar la imagen de Peña Nieto; en
octubre de 2011 en el restaurante Café de la O presentó su proyecto
publicitario ante el propio Carrillo Garza Sada, el padre de éste,
Alfredo Carrillo Chontkwosky, y su tío José. Un mes después, sostiene
Ponce de Aquino, firmó el contrato con las empresas Jiramos y GM Global
de México.
Jiramos es propiedad de Carrillo Garza Sada, y GM Global, de Mario Ignacio Morán Jiménez.
Según
información proporcionada a los reporteros, Carrillo Chontkowsky fue
quien pidió a Gisel Morán Jiménez, propietaria de cuatro empresas de
publicidad, que estableciera contacto con Ponce de Aquino.
Gisel
Morán es propietaria de las revistas Life Style y Real Estate Market y
en 2008 tuvo del gobierno de Peña Nieto la adjudicación directa de una
inserción promocional del polémico Resplandor Teotihuacano, evento
criticado por alterar los restos arqueológicos. Es hermana de Mario
Ignacio, quien aparece como propietario de GM Global.
En su
declaración pública, Ponce de Aquino precisa que luego de que Roberto
Calleja, secretario de comunicación del CEN del PRI, testificó la firma
del contrato, el vocero de Peña Nieto, David López, rectificó y pidió un
cambio de empresas.
Así en lugar de aparecer Frontera Television
Networks, Ponce de Aquino formó otra llamada Intelimedia en México, y de
parte de los Carrillo cambiaron a Jiramos y GM Global por el Consejo de
Porcicultores Mexicanos A.C., y Servicios Integrales al Sector
Agropecuario, S.C.
Pero los 56 millones de dólares prometidos nunca
llegaron a las manos de Ponce de Aquino, quien ante la negativa decidió
interponer en Estados Unidos una demanda por incumplimiento de contrato.
Antes
intentó vanamente recuperar sus contratos. Cuando ya había arrancado la
campaña de Peña Nieto, en abril de 2012 Carrillo Garza Sada lo citó en
el hotel Intercontinental de la Ciudad de México, advirtiéndole que ya
no podría regresar sus documentos pues “habían sido ingresados para
justificar la salida de recursos del gobierno del Edomex y empresas que
contribuyeron a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto”.
Lo
anterior significaría que al final el contrato de Ponce de Aquino sirvió
para lo que buscaban los peñistas: justificar la salida de dinero del
Estado de México para cubrir gastos facturados a empresas que luego
triangularon el recurso a la campaña.
Jaime Cárdenas señala que esta
triangulación se hizo precisamente para ocultar una parte del origen
ilegal de recursos hacia la campaña de Peña Nieto: el que salió de las
arcas del Estado de México y posiblemente del crimen organizado.
El apoyo que la gente demostró en las urnas al derechista Mariano Rajoy
se ha ido esfumando ante las medidas de austeridad aplicadas por el
gobierno español
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