Carlos Salinas de Gortari publicó un nuevo libro con el que pretende limpiar su imagen ahora que tiene todas las facilidades que le brinda Felipe Calderón para hacerlo (ya que Calderón le pretende copiar a Salinas todo desde las privatizaciones, el programa Solidaridad y la represión gubernamental, y por lo tanto le conviene que Salinas limpie su imagen.)Salinas debe de pensar que la gente es o muy desmemoriada, o muy ignorante, o muy PENDEJA, porque lo que escribe en su libro omite información que pondría en evidencia que él es el responsable de muchas de las acusaciones que hace contra Fox, Zedillo y el Peje. Como por ejemplo el FOBAPROA, del cual Salinas es responsable ya que fue él quien privatizó la banca para entregársela a gente que nada tenía que hacer ahí y que acabó desfalcándole con fraude tras fraude, lo cual desembocó en el FOBAPROA.Bueno, pues para que el pelochas se acuerde bien de lo NEFASTO que fue su sexenio, y el respetable público tenga armas con las cuales responderle a los PRIANISTAS que van a comprar su libro (los únicos que lo piensan hacer) va este video de Canal 6 de Julio en el que se ve y se demuestra que Carlos Salinas de Gortari fue EL PRIMER PRESIDENTE PANISTA DE MÉXICO.
Y que con su PAN se lo coman.
domingo, mayo 04, 2008
Revela el EPR las casas de seguridad del gobierno
El EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad Poco antes de que el EPR propusiera un diálogo al gobierno federal, y en respuesta a un cuestionario elaborado por Proceso, los altos mandos del grupo armado revelaron que durante la gestión de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales y guerrilleros. Además identificaron, con sus direcciones, una decena de “casas de seguridad” en el DF presuntamente pertenecientes al Cisen y al Ejército, y en las cuales, afirman, sus compañeros pudieron haber sido torturados…
Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal. El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo de 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas. Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.Según el grupo guerrillero, existen bandas que reciben protección de militares y funcionarios, y en sus respuestas acusa directamente al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, de ofrecer este blindaje en Veracruz.
La lista
El EPR cuenta con un grupo de militantes especializados en labores de contrainteligencia que dan seguimiento a las actividades de las dependencias encargadas de combatir la guerrilla. Son células especiales que dan “servicio de información”, como lo indican en el documento interno Curso de inteligencia PDPR-EPR (Proceso 1639).Ante la pregunta de si han detectado casas de seguridad del Ejército o del Cisen que hayan utilizado para detener a sus compañeros desaparecidos, la dirigencia nacional del EPR menciona una lista de ellas en la Ciudad de México.“En efecto, nuestro aparato de información e inteligencia tiene ubicadas infraestructura y estructura del aparato de inteligencia gubernamental, de las fuerzas represivas, de donde desde hace varios años se desplazan para reprimir a los luchadores sociales. No dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén o hayan sido llevados algunos de los desaparecidos”, explican los guerrilleros.En juego de contrainteligencia, mencionan que una de esas casas se ubica en Barranca del Muerto número 516, al lado de la compañía Servimed, en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón.Otras dos se localizan muy cerca de ahí, en las calles de Otoño 507 y Estío 525, “de las cuales sale personal que tiene comunicación con la casa anterior”. Una más se halla en la colonia Merced Gómez, pero no dan de ella más datos, solamente que ahí se reúnen policías de la PFP, militares y elementos del Cisen, todos de civil.“De estas casas, entre otras, salen equipos de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de los luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos”, describen los eperristas.En la calle Concal, colonia Torres de Padierna, con el fin de planificar, se reú-nen otros grupos “con una persona que tiene una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente 40 años de edad”, refieren los guerrilleros. En la misma colonia, pero en la calle de Seye 27 esquina Xoccel, en el Club de Billares Red, existe otro centro de reunión que “puede también funcionar como casa de seguridad”, indican.Otra presunta casa de este tipo la sitúan en la calle Volcán Kiska casi esquina con Volcán Ontake, lote 8, manzana 25, colonia El Mirador. Y una más en Prolongación de Dalia y Mirasol, San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. “Es una esquina donde está un restaurante llamado ‘Churros Capuchino’. (Los agentes) Permanecen en la esquina Mirasol, utilizando taxis Volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru”.Los eperristas identifican como centros de reunión y planeación de los órganos de seguridad, una casa en Pirineos 8, colonia Banjidal, Iztapalapa, con fachada mercantil, y una más en avenida Imán y Tlalpan, donde, afirman, se concentran 20 agentes “para distribuirse en sus zonas de espionaje”.Según el EPR, todos esos elementos fueron dirigidos por el comandante de la AFI Francisco Garduño Juárez, y utilizan a jovencitas de 14 a 27 años como espías, induciéndolas al consumo de cocaína detrás del hospital Ángeles. Revela el grupo guerrillero que han identificados al menos a 25 de estos agentes con sus nombres, direcciones y familias. Pero aseguran que de ninguna manera actuarán de manera personal porque ellos luchan sólo contra el régimen y, además, cuentan “con una ética revolucionaria” que les impide cobrarse personalmente los agravios.Al hacer un recorrido por algunos de estos domicilios, los reporteros pudimos confirmar no sólo la existencia de esas casas y departamentos en las direcciones proporcionadas, sino también observar que en todas había barrotes internos en las ventanas, como en la casa de Barranca del Muerto, que a primera vista pareciera abandonada. Además, algunas de esas presuntas “casas de seguridad” se encuentran en lugares apartados y solitarios, como las dos ubicadas en la colonia Torres de Padierna, a las faldas del Ajusco.
Desaparecidos del calderonismo
Los mandos del EPR denuncian que en el sexenio de Felipe Calderón continúan las prácticas de guerra sucia que los gobiernos priistas mantuvieron en los setenta, y no dudan en hacer cuentas: son 30 los líderes sociales y guerrilleros desaparecidos en la presente administración.“Negamos categóricamente las versiones difundidas desde los diferentes aparatos de inteligencia militar y del Cisen que han deslizado la idea de que la desaparición de nuestros compañeros fue producto de ajustes de cuentas entre revolucionarios. Eso es totalmente falso y calumnioso, típica maniobra de los operativos psicológicos y de contrainformación, componente activo de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), que pretende desacreditar nuestra lucha y el carácter revolucionario de ésta para justificar el asesinato de los más de 30 detenidos-desaparecidos que el gobierno de Calderón niega y de cuyos crímenes de lesa humanidad es responsable”, sostiene el EPR.La dirigencia nacional de esa organización insiste en que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo de 2007, siguen vivos y están en manos “de la parte más reaccionaria del Ejército Mexicano” que, asegura, es la que sostiene y apuntala al gobierno de Felipe Calderón.En este sentido, rechaza las declaraciones de la Sedena, de la PGR y de la Secretaría de Gobernación en las que sostiene que no han registrado la detención de los dos militantes del EPR.“Las respuestas oficiales sobre la detención de nuestros compañeros sólo han sido falacias. La declaración oficial y oficiosa de que el gobierno federal está investigando el paradero de nuestros compañeros sólo es una maniobra para ganar tiempo, para borrar toda evidencia y eludir mayores responsabilidades. ¿A qué oficiales y de qué rango protegen? ¿Qué temores les inquietan, al grado de que familiares de Felipe Calderón tienen protección del Estado Mayor Presidencial? La verdad tarde o temprano siempre la conoce el pueblo. Hoy niegan, como lo hicieron los priistas en el pasado, la desaparición de luchadores sociales. ¿Cuánto tiempo pasará para que se acepte la realidad y se finque responsabilidad a los criminales de Estado?”El EPR también rechaza la declaración –hecha por otras organizaciones armadas– de que Cruz Sánchez y Reyes Amaya pudieron haber sido aprehendidos en un hotel de la ciudad de Oaxaca por policías del estado, a quienes miembros del grupo guerrillero les habrían filtrado la ubicación de sus compañeros.“Hay quienes desde la clandestinidad han hecho aseveraciones de una supuesta infiltración que condujo a la detención de nuestros compañeros, a lo cual tenemos que decir que se equivocan rotundamente en sus análisis subjetivos porque están hechos sobre premisas falsas, dolosas y fantasiosas.”E incluso advierten que ellos saben “quiénes contribuyeron a la detención” pero que los nombres y detalles los revelarán en el momento oportuno.Aseveran que el gobierno de Calderón ha renovado las viejas prácticas contrainsurgentes a través del espionaje, los intentos de infiltración en organizaciones legales o clandestinas y la detención de luchadores sociales. Esto, con la idea de encontrar los hilos materiales que conduzcan a las diferentes direcciones del movimiento revolucionario.Los gobiernos panistas –advierten los guerrilleros–, como lo hicieron en su tiempo los priistas, reciben apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos para combatir la guerrilla. Ejemplo de ello es el Plan México o Iniciativa Mérida, que “no hace más que legalizar y hacer pública dicha ayuda”.De hecho, afirman que la asistencia militar estadunidense en la lucha contra el narcotráfico tiene una parte de lucha contrainsurgente, pues la organización táctica y operativa de la Marina, el Ejército, la AFI y la PFP, así como de las policías ministerial, estatal e intermunicipal, está diseñada a partir de los manuales de contrainsurgencia. Pero todos esos esfuerzos del Estado, adelanta el EPR, serán inútiles pues los nuevos elementos de la guerrilla han asumido la ideología y los lineamientos político-militares del grupo armado, “lo que blinda la estructura en la que participan, reduciendo la posibilidad de golpes estratégicos”.
La narcopolítica
El pasado 31 enero, el general Justiniano González Betancourt, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dijo –durante una reunión de legisladores de su partido en San Miguel Regla, Hidalgo– que era probable que el EPR tuviera financiamiento del narcotráfico para obtener armas y municiones.Posteriormente, a raíz de la muerte de cuatro mexicanos que se hallaban en el campamento de las FARC en Ecuador, junto con Lucía Morett –quien resultó herida y hoy se encuentra bajo la protección de Nicaragua-, hubo versiones de que el grupo guerrillero colombiano tenía vínculos con el EPR.Los dirigentes eperristas dicen que esas “son versiones tendenciosas y mal intencionadas que están diseñadas en un contexto de la política contrainsurgente en su versión antiterrorista”.Exponen que uno de sus principios políticos consiste en trabajar con sus propios recursos y capacidades bajo la idea de que “en México la revolución la hacemos los mexicanos”. No obstante, aclaran que esto no significa que no exista la solidaridad que se da entre revolucionarios, porque para el EPR la FARC “no es narcoguerrilla”.En todo caso, los eperristas afirman que los señalamientos “irresponsables” de que los estudiantes muertos en el campamento de las FARC eran guerrilleros, son parte de una estrategia para justificar una nueva ofensiva de represión contra activistas políticos de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones educativas.Revira el EPR: “Es el Estado quien tiene vínculos con este fenómeno a través de los diferentes grupos de poder involucrados en estas actividades”. Y da ejemplos.
“1. De todos los detenidos como presuntos narcotraficantes o integrantes de grupos delictivos, siempre sale a relucir que son o fueron integrantes de cuerpos policiacos o militares, teniendo nexos con los diferentes niveles de gobierno. De ahí que resulte baladí el argumento de (Eduardo) Medina Mora de que no hay policías malos, sino narcotraficantes infiltrados en la policía.
“2. Es del dominio público, (que) en la Depresión del Balsas, desde la XXI Zona Militar con sede en Morelia, Michoacán, se otorgan los permisos para la siembra de estupefacientes, siendo supervisadas las áreas sembradas por oficiales de la región militar con sede en Irapuato, Guanajuato. Los sembradíos que son destruidos obedecen a que no cubren la cuota económica establecida por dichos oficiales. Lo mismo sucede con la protección que da el Ejército Mexicano para la siembra de la amapola en el corredor de La Huacana, Michoacán, hacia el estado de Guerrero. Al igual que con la jurisdicción de la XLII Zona Militar con sede en Apatzingán.
“3. Las bandas dedicadas al tráfico de enervantes, emigrantes y trata de blancas en la región de Sotavento, Veracruz, están vinculadas a la protección que les proporciona Miguel Ángel Yunes Linares.
“4. En el estado de Guanajuato funcionarios y policías están involucrados en bandas delictivas que van desde el robo de vehículos hasta el narcomenudeo. Celaya y León son los ejemplos más ilustrativos.
“5. En el norte del país la historia se repite: policías y funcionarios de toda índole a cada rato quedan al descubierto como parte del fenómeno del narcotráfico y la corrupción.“6. Lo mismo sucede en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Sonora, Chihuahua y el resto del país: funcionarios de todos los niveles de gobierno están coludidos con éste fenómeno.”
El EPR precisa que ellos hablan por sí mismos, por nadie más, y que es falso que los grupos guerrilleros mexicanos tengan vínculos y financiamiento del narcotráfico, pues sólo son insinuaciones de “sesudos analistas o funcionarios de diferente nivel” encaminadas a fortalecer la campaña mediática de desprestigio que el gobierno de Calderón y los cuerpos de inteligencia orquestan para deslegitimar la lucha revolucionaria.Niegan también que mantengan su lucha a través de asaltos bancarios o secuestros de empresarios, como lo hicieron sus predecesores en los años setenta y ochenta. Los mandos eperristas indican que desde el año 2000 establecieron como política “no recurrir a las acciones de expropiación” para hacerse de recursos. Explican que a raíz del primer congreso del PDPR, realizado ese año, se aprobó como resolutivo “hacer la revolución a partir de los recursos y medios que aporte nuestro pueblo”. Por eso, insisten, las versiones de asaltos y secuestros “constituyen una falacia, una calumnia, propaganda oficial que pretende desacreditar el carácter de nuestra lucha”. Por último, los eperristas se deslindan de cualquier acto de este tipo que se haya cometido en su nombre o que pretenda atribuírsele.
SEGUNDO VIDEO DEL FAP SOBRE EL PETRÓLEO
REPARTIR CASA POR CASA!
Este es el segundo video contenido en el DVD que el FAP está distribuyendo casa por casa y se titula Los Mitos de la Derecha. Estemos o no de acuerdo con su contenido, es necesario conocerlo para poder participar en un debate de altura y romper el círculo mediocre de las descalificaciones. .Subrayamos: el tema central no es, no puede ser, cuál partido gana la discusión. Lo importante es decidir qué haremos los mexicanos con la riqueza petrolera.
http://www.youtube.com/watch?v=6I8pjqj6ozs
http://www.youtube.com/watch?v=6I8pjqj6ozs
Infiernillo
Corrupción Sexenal
Por Faustófeles
Salinas tiene su Telmex, Zedillo su Fobaproa, Fox se llenó como boa y Calderón quiere Pemex.
Este video nos ofrece algunos argumentos del porqué PEMEX no debe privatizarse.
No se trata de una lucha entre partidos. Que no nos metan en su juego.
Se trata de la estabilidad del país. Es importante comprender los grandes cambios que pueden darse en México al ceder a otros países los recursos petroleros- que permiten- entre otras cosas- mantener la estabilidad de nuestro peso. Porque según el Banco de México- la mayoría de las reservas internacionales provienen de PEMEX y eso no nos lo dice Calderón.
http://www.laquincena.info/videos/mitosdeladerecha.html
http://www.laquincena.info/videos/mitosdeladerecha.html
Para corroborar que la estabilidad de nuestro peso depende prácticamente de PEMEX.
Pueden entrar a la pagina del Congreso o a la página
Reservas Internacionales en México, 1996-2005/:
Reservas Internacionales en México, 1996-2005/:
May.www.cefp.gob.mx
"Así a partir de 1996, después de la última crisis importante en el país en 1995, se han acumulado hasta la fecha poco más de 65 mil millones de dólares, resultado de ingresos al Banco Central por casi 178 mil millones de dólares y egresos de divisas por casi 113 mil millones de dólares."
"De los 178 mil millones de dólares que ingresaron al Banco de México en los últimos nueve años, 108 mil millones de dólares provinieron de las exportaciones de petróleo por parte de PEMEX, es decir, un promedio de 12 mil millones de dólares cada año."
¡Ahora te toca a ti defender lo que es nuestro: el petróleo!
Edgar Rodríguez Cimé
Desde que el mundo es mundo, algunas regiones y países fueron beneficiados por grandes extensiones de petróleo bajo su suelo: naciones árabes, Africa, Venezuela, Méjico.
Como el petróleo es, hasta ahora, la principal fuente de energía, aunque contamine el ambiente, los países más poderosos se han propuesto asegurar las cantidades suficientes a futuro para garantizar su desarrollo, así como mantener su dominio en el mercado internacional sobre las naciones pobres.
Aprovechándose del control de la tecnología desarrollada, sobre la base de sobreexplotar los recursos naturales de continentes enteros como en Africa, o de la totalidad de países en Latinoamérica, las naciones industrializadas -como Inglaterra y Estados Unidos- se adjudicaron la exploración, explotación, transportación y refinamiento, beneficiándose con esta riqueza energética.
Esto sucedió en Méjico desde el siglo XIX hasta 1936, cuando el presidente Lázaro Cárdenas les expropia el petróleo a las compañías norteamericanas para que en adelante sirviera no para seguir enriqueciendo a los millonarios gringos, sino como palanca del desarrollo del país.
Para quienes ignoran la airada reacción del gobierno y de las poderosas empresas norteamericanas, baste saber que quienes pagaron caro esa medida a favor del pueblo de Méjico, fueron los residentes en Estados Unidos de origen mejicano: trabajadores chicanos y, sobre todo, sus hijos, los jóvenes “pachucos” sobre quienes se centró todo el odio antimejicano, reprimiéndolos, encarcelándolos o asesinándolos.
Mientras en Méjico el pueblo festejaba en las calles la expropiación petrolera, en apoyo al presidente Cárdenas, obreros chicanos y chavos “pachucos” eran reprimidos brutalmente por el gobierno y marines gringos en Estados Unidos.
A la expropiación siguió un periodo de desarrollo en la política petrolera de Méjico. De hecho, las grandes ganancias de PEMEX eran, junto con las remesas de dólares enviadas por los trabajadores mejicanos migrantes, la principal entrada de dinero al país para financiar nuestro desarrollo.
Así fue hasta que los políticos neoliberales asumieron el control de la economía mundial, a partir de la década de los ochenta. Entonces, en Méjico, el gobierno de Miguel de la Madrid se propuso seguir dócilmente las indicaciones de quienes definen el rumbo de las economías en los países pobres: los organismos financieros que les prestan dinero, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Estos agiotistas del planeta Tierra ordenaron -a los países pobres necesitados de dinero- reducir el presupuesto para escuelas, hospitales y alimentos, así como vender las empresas del gobierno. Por esa razón, el gobierno le remató Telmex al “Rothschild” mejicano: Carlos Slim, quien gracias a esa ganga, y por supuesto a los millones de maníacos usuarios de teléfonos celulares, pasó del lugar veintitantos al número 1 de los multimillonarios de la revista Forbes.
Por eso la docilidad del gobierno panista para terminar la “venta de garage”, y rematar las principales empresas públicas: CFE y PEMEX, sobre todo. Para convencer a los mejicanos, el gobierno echó mano de la verdadera Secretaría de Educación Pública: Televisa.
Esta televisora dispuso sus espacios con más audiencia adulta: las telenovelas, donde bellas y galanes -incluyendo a los feos de López Dóriga y Carlos Marín- intentan convencer a la población de la necesidad de abrirle las piernas, perdón, las puertas, a los empresaurios extranjeros para que “nos vengan a salvar con sus dólares.
De esta forma, siguiendo los consejos del propagandista nazi, Joseph Goebbels, quien sugería “repetir mil veces una mentira, hasta convertirla en verdad”, el gobierno puso en boca de galanes y bellas la “necesaria presencia de inversionistas extranjeros en PEMEX”, aunque eso signifique violar tanto la Constitución Política de nuestro país, como el octavo mandamiento de Dios: “No Mentirás”.
Su método es simple: convencer a la gente de que PEMEX opera con “números rojos”, por lo cual no hay dinero para modernizarlo; asimismo, que Méjico no cuenta con la tecnología para explorar, en aguas profundas.
Tan falso como la presidencia de Calderón. Si extraer un barril de petróleo cuesta alrededor de 18 dólares y se vende a casi 100, según los expertos, para demostrar que Pemex no tiene dinero lo han estado “ordeñando” exageradamente, pues la Secretaría de Hacienda le quita todas sus enormes ganancias en forma de “impuestos exorbitantes”.
Además, si el gobierno, aún necesitando especialistas, tuvo la “lúcida” idea de cerrar el Instituto Mexicano del Petróleo, con los mejores especialistas del mundo, los geólogos e ingenieros petroleros ya nos informaron que basta abrir una revista especializada para conocer las empresas internacionales que rentan la tecnología necesaria, sin necesidad de los “Mesías” extranjeros.
Pero, para información de los yucatecos, las grandes batallas en defensa de nuestro petróleo se están dando en la capital del país. Por supuesto que televisos y teveaztecos jamás pasarán en sus pantallas estas grandes luchas del pueblo mexicano en defensa de lo nuestro.
Enormes movilizaciones de decenas de miles de obreros, campesinos, intelectuales, maestros, colonos, amas de casa o adultos mayores, acompañados de la juventud más combativa: artistas, chavos banda, estudiantes, punks, góticos, anarco punks, skatos, regueseros, ambulantes y desempleados, están defendiendo nuestros recursos naturales.
Como dice un cartel donde aparece Lázaro Cárdenas, dirigiéndose a todos los mejicanos, al señalar con el dedo índice: “AHORA TE TOCA A TI DEFENDER LO QUE ES NUESTRO”.
Hoy, si es verdad que a la Patria, como reza el himno nacional, “un soldado en cada hijo te dio”, hagámosle caso a las indicaciones del General, en vez de secundar el llamado de los priístas, quienes por boca de Manlio Fabio Beltrones -en caricatura de un monero mejicano- dejan clara su posición política en esta difícil lucha: “Nos oponemos a modificar la Constitución. Tan sencillo que es violarla”.
Desde que el mundo es mundo, algunas regiones y países fueron beneficiados por grandes extensiones de petróleo bajo su suelo: naciones árabes, Africa, Venezuela, Méjico.
Como el petróleo es, hasta ahora, la principal fuente de energía, aunque contamine el ambiente, los países más poderosos se han propuesto asegurar las cantidades suficientes a futuro para garantizar su desarrollo, así como mantener su dominio en el mercado internacional sobre las naciones pobres.
Aprovechándose del control de la tecnología desarrollada, sobre la base de sobreexplotar los recursos naturales de continentes enteros como en Africa, o de la totalidad de países en Latinoamérica, las naciones industrializadas -como Inglaterra y Estados Unidos- se adjudicaron la exploración, explotación, transportación y refinamiento, beneficiándose con esta riqueza energética.
Esto sucedió en Méjico desde el siglo XIX hasta 1936, cuando el presidente Lázaro Cárdenas les expropia el petróleo a las compañías norteamericanas para que en adelante sirviera no para seguir enriqueciendo a los millonarios gringos, sino como palanca del desarrollo del país.
Para quienes ignoran la airada reacción del gobierno y de las poderosas empresas norteamericanas, baste saber que quienes pagaron caro esa medida a favor del pueblo de Méjico, fueron los residentes en Estados Unidos de origen mejicano: trabajadores chicanos y, sobre todo, sus hijos, los jóvenes “pachucos” sobre quienes se centró todo el odio antimejicano, reprimiéndolos, encarcelándolos o asesinándolos.
Mientras en Méjico el pueblo festejaba en las calles la expropiación petrolera, en apoyo al presidente Cárdenas, obreros chicanos y chavos “pachucos” eran reprimidos brutalmente por el gobierno y marines gringos en Estados Unidos.
A la expropiación siguió un periodo de desarrollo en la política petrolera de Méjico. De hecho, las grandes ganancias de PEMEX eran, junto con las remesas de dólares enviadas por los trabajadores mejicanos migrantes, la principal entrada de dinero al país para financiar nuestro desarrollo.
Así fue hasta que los políticos neoliberales asumieron el control de la economía mundial, a partir de la década de los ochenta. Entonces, en Méjico, el gobierno de Miguel de la Madrid se propuso seguir dócilmente las indicaciones de quienes definen el rumbo de las economías en los países pobres: los organismos financieros que les prestan dinero, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Estos agiotistas del planeta Tierra ordenaron -a los países pobres necesitados de dinero- reducir el presupuesto para escuelas, hospitales y alimentos, así como vender las empresas del gobierno. Por esa razón, el gobierno le remató Telmex al “Rothschild” mejicano: Carlos Slim, quien gracias a esa ganga, y por supuesto a los millones de maníacos usuarios de teléfonos celulares, pasó del lugar veintitantos al número 1 de los multimillonarios de la revista Forbes.
Por eso la docilidad del gobierno panista para terminar la “venta de garage”, y rematar las principales empresas públicas: CFE y PEMEX, sobre todo. Para convencer a los mejicanos, el gobierno echó mano de la verdadera Secretaría de Educación Pública: Televisa.
Esta televisora dispuso sus espacios con más audiencia adulta: las telenovelas, donde bellas y galanes -incluyendo a los feos de López Dóriga y Carlos Marín- intentan convencer a la población de la necesidad de abrirle las piernas, perdón, las puertas, a los empresaurios extranjeros para que “nos vengan a salvar con sus dólares.
De esta forma, siguiendo los consejos del propagandista nazi, Joseph Goebbels, quien sugería “repetir mil veces una mentira, hasta convertirla en verdad”, el gobierno puso en boca de galanes y bellas la “necesaria presencia de inversionistas extranjeros en PEMEX”, aunque eso signifique violar tanto la Constitución Política de nuestro país, como el octavo mandamiento de Dios: “No Mentirás”.
Su método es simple: convencer a la gente de que PEMEX opera con “números rojos”, por lo cual no hay dinero para modernizarlo; asimismo, que Méjico no cuenta con la tecnología para explorar, en aguas profundas.
Tan falso como la presidencia de Calderón. Si extraer un barril de petróleo cuesta alrededor de 18 dólares y se vende a casi 100, según los expertos, para demostrar que Pemex no tiene dinero lo han estado “ordeñando” exageradamente, pues la Secretaría de Hacienda le quita todas sus enormes ganancias en forma de “impuestos exorbitantes”.
Además, si el gobierno, aún necesitando especialistas, tuvo la “lúcida” idea de cerrar el Instituto Mexicano del Petróleo, con los mejores especialistas del mundo, los geólogos e ingenieros petroleros ya nos informaron que basta abrir una revista especializada para conocer las empresas internacionales que rentan la tecnología necesaria, sin necesidad de los “Mesías” extranjeros.
Pero, para información de los yucatecos, las grandes batallas en defensa de nuestro petróleo se están dando en la capital del país. Por supuesto que televisos y teveaztecos jamás pasarán en sus pantallas estas grandes luchas del pueblo mexicano en defensa de lo nuestro.
Enormes movilizaciones de decenas de miles de obreros, campesinos, intelectuales, maestros, colonos, amas de casa o adultos mayores, acompañados de la juventud más combativa: artistas, chavos banda, estudiantes, punks, góticos, anarco punks, skatos, regueseros, ambulantes y desempleados, están defendiendo nuestros recursos naturales.
Como dice un cartel donde aparece Lázaro Cárdenas, dirigiéndose a todos los mejicanos, al señalar con el dedo índice: “AHORA TE TOCA A TI DEFENDER LO QUE ES NUESTRO”.
Hoy, si es verdad que a la Patria, como reza el himno nacional, “un soldado en cada hijo te dio”, hagámosle caso a las indicaciones del General, en vez de secundar el llamado de los priístas, quienes por boca de Manlio Fabio Beltrones -en caricatura de un monero mejicano- dejan clara su posición política en esta difícil lucha: “Nos oponemos a modificar la Constitución. Tan sencillo que es violarla”.
Los tiburones pagan el precio
Ricardo Andrade Jardí
Parece un acto aislado, casi insignificante, que pasará inadvertido para muchos, sin embargo se trata de un retrato terrible del tipo de sociedad en el que nos hemos convertido; once tiburones asesinados para calmar la histeria del turismo gringo, surgido a partir del ataque de un tiburón contra un bañista norteamericano. La “autoridad” de Ixtapan, Zihuatanejo, emprende toda una cacería de escualos para tranquilizar a los verdaderos dueños de la patria, esa parece ser la mentalidad de nuestra desgobernate clase política, convertida ya en los simples administradores de quinta de los intereses mundanos de los Homeros Simpson del imperio.
El asesinato de los once tiburones, más los que se tengan que acumular para que los gringos apacigüen su histeria y suelten sus limosnas en nuestros atractivos y turísticos, para la mayoría de los mexicanos inaccesibles, puertos y playas es un buen ejemplo de las subjetividades siniestras sobre las cuales se sustenta nuestra decadente e importada democracia, toda una persecución a raíz de un lamentable hecho que dejó sin vida a un turista, que por otro lado es de suponer que conocía del riesgo, o que como suele suceder en nuestra mentada institucionalidad, desconocía del eventual riesgo por falta de información de parte de la misma autoridad que después del ataque del tiburón, decidió cobrar venganza por el gringo y asesinar, hasta hoy, a once tiburones que no hacían otra cosa que sobrevivir en un habitad que día con día es devastado por la irracionalidad humana. La cacería de los tiburones, que no su pesca para consumo, sino como un estúpido acto de suprema barbarie, es el reflejo del odio y el miedo con el que se vive en el México de la usurpación Fecalista, las autoridades de Zihuatanejo tienen miedo de perder divisas, los turistas (gringos), adiestrados por los Spilberg hollywoodenses, reviven sus psicosis colectivas y entran en pánico a raíz de un hecho real, pero aislado, y que nada tiene que ver con las taquilleras producciones de los escualos asesinos, a los que hay que liquidar a toda costa, pues son casi tan peligrosos como los, “comunistas” (entonces), “disidentes sociales” de hoy; los empresarios hoteleros reclaman seguridad pues temen perder ocupación, las subjetividades de opresión exigen “justicia” y los tiburones pagan el precio de sus instintos animales en manos de la subjetividad represiva, que ya no sólo es el reflejo del miedo sino del odio convertido en cotidianidad, ahí donde la dignidad se pierde a cambio de unos cuantos dólares… no tardaremos en leer los comunicados de la embajada gringa sugiriendo no visitar esta o aquella playa por falta de seguridad y la inmediata respuesta de todos los niveles de gobierno asegurado que la cosa está tranquila y mostrando el costo de la matanza, que hoy es de tiburones y una vez exterminados éstos, y acostumbrados al estilo de vida que supone el homicidio, habrá que encontrar al enemigo en el vecino si es necesario, siempre que eso nos garantice un par de turísticos dólares.
“tiempos extraños donde hablar de árboles es casi un crimen, pues supone callar tantas atrocidades”.
Parece un acto aislado, casi insignificante, que pasará inadvertido para muchos, sin embargo se trata de un retrato terrible del tipo de sociedad en el que nos hemos convertido; once tiburones asesinados para calmar la histeria del turismo gringo, surgido a partir del ataque de un tiburón contra un bañista norteamericano. La “autoridad” de Ixtapan, Zihuatanejo, emprende toda una cacería de escualos para tranquilizar a los verdaderos dueños de la patria, esa parece ser la mentalidad de nuestra desgobernate clase política, convertida ya en los simples administradores de quinta de los intereses mundanos de los Homeros Simpson del imperio.
El asesinato de los once tiburones, más los que se tengan que acumular para que los gringos apacigüen su histeria y suelten sus limosnas en nuestros atractivos y turísticos, para la mayoría de los mexicanos inaccesibles, puertos y playas es un buen ejemplo de las subjetividades siniestras sobre las cuales se sustenta nuestra decadente e importada democracia, toda una persecución a raíz de un lamentable hecho que dejó sin vida a un turista, que por otro lado es de suponer que conocía del riesgo, o que como suele suceder en nuestra mentada institucionalidad, desconocía del eventual riesgo por falta de información de parte de la misma autoridad que después del ataque del tiburón, decidió cobrar venganza por el gringo y asesinar, hasta hoy, a once tiburones que no hacían otra cosa que sobrevivir en un habitad que día con día es devastado por la irracionalidad humana. La cacería de los tiburones, que no su pesca para consumo, sino como un estúpido acto de suprema barbarie, es el reflejo del odio y el miedo con el que se vive en el México de la usurpación Fecalista, las autoridades de Zihuatanejo tienen miedo de perder divisas, los turistas (gringos), adiestrados por los Spilberg hollywoodenses, reviven sus psicosis colectivas y entran en pánico a raíz de un hecho real, pero aislado, y que nada tiene que ver con las taquilleras producciones de los escualos asesinos, a los que hay que liquidar a toda costa, pues son casi tan peligrosos como los, “comunistas” (entonces), “disidentes sociales” de hoy; los empresarios hoteleros reclaman seguridad pues temen perder ocupación, las subjetividades de opresión exigen “justicia” y los tiburones pagan el precio de sus instintos animales en manos de la subjetividad represiva, que ya no sólo es el reflejo del miedo sino del odio convertido en cotidianidad, ahí donde la dignidad se pierde a cambio de unos cuantos dólares… no tardaremos en leer los comunicados de la embajada gringa sugiriendo no visitar esta o aquella playa por falta de seguridad y la inmediata respuesta de todos los niveles de gobierno asegurado que la cosa está tranquila y mostrando el costo de la matanza, que hoy es de tiburones y una vez exterminados éstos, y acostumbrados al estilo de vida que supone el homicidio, habrá que encontrar al enemigo en el vecino si es necesario, siempre que eso nos garantice un par de turísticos dólares.
“tiempos extraños donde hablar de árboles es casi un crimen, pues supone callar tantas atrocidades”.
Rechaza la OEA cualquier intento de ruptura territorial en Bolivia
La organización no condena el referendo autonómico que se realiza hoy en Santa Cruz
Llama a “evitar acciones que conduzcan al alejamiento del orden constitucional”
El gobierno federal envía unos 250 policías para evitar conflictos durante la consulta
Afp, Dpa, Reuters y Notimex
Washington, 3 de mayo. La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó hoy cualquier intento de ruptura a la integridad territorial de Bolivia, aunque se abstuvo de condenar el referendo autonómico a que convocaron las autoridades del departamento de Santa Cruz con el apoyo del Comité Cívico, dominado por terratenientes y empresarios que se oponen a la política de reformas sociales del presidente Evo Morales.
En la madrugada de este sábado, el Consejo Permanente de la OEA dio por terminada una reunión extraordinaria de siete horas con una resolución que hace un “vehemente llamado a todos los actores (políticos y sociales de Bolivia) para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, excluyendo cualquier acción que pueda llevar a la ruptura de la paz y del orden constitucional”.
Antes de consensuar los términos del resolutivo, los embajadores ante la OEA se alinearon en dos bandos, que enfrentaron las posiciones de Estados Unidos, Canadá y países del Caribe, por un lado, y de México, Centro y Sudamérica, por otro.
El primer grupo buscaba que el dictamen destacara un llamado a la calma, mientras el segundo intentaba respaldar al gobierno del presidente Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, quien desde 2006 ha impulsado un proyecto de reformas sociales, recuperación de la propiedad estatal sobre los hidrocarburos y refundación del Estado boliviano con una nueva Carta Magna, aprobada en diciembre pasado por una Asamblea Constituyente, mayoritariamente formada por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), elegidos año y medio antes.
Al final de las negociaciones, el Consejo Permanente expresó en el primer punto de la resolución su “solidaridad y respaldo al pueblo de Bolivia, al gobierno constitucional dirigido por el presidente Evo Morales, a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo boliviano”.
Una de las causas principales del distanciamiento de Evo Morales de los dirigentes cruceños fue la aprobación de la nueva Constitución, en medio de acusaciones de políticos opositores de que el MAS impuso los términos del texto, que por vez primera reconoció los derechos indígenas en un país mayoritariamente habitado por comunidades originarias.
El referendo cruceño fue organizado por la Corte Electoral de Santa Cruz, pese a que la Corte Nacional Electoral declaró ilegal su actuación y señaló que el padrón no es confiable, no obstante que según la autoridad local incluye a 935 mil votantes.
Los centros de votación estarán resguardados por la guardia municipal cruceña, que carece de armas de fuego.
Según medios de la ciudad de Santa Cruz –la localidad del país más poblada, con un millón 200 mil personas–, el gobierno central envió desde La Paz un contingente de 250 elementos de la Policía Nacional para intervenir en caso de que se desaten conflictos en el barrio Plan 3000 y en el poblado rural San Julián, los cuales rechazan el referendo por su vinculación con las llamadas “logias”, término popular utilizado para referirse a la gente más rica e influyente de esa provincia.
El departamento de Santa Cruz, que está en una fértil llanura del sureste del país, es frecuentemente señalado como el motor de la economía boliviana, pero esa visión omite los altos contrastes en la distribución de la riqueza.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria estima que en el periodo 1953-2002 se distribuyeron 35.9 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz, y que cuatro familias tienen 803 mil hectáreas, cuatro por ciento de la tierra repartida. Los cuatro potentados del departamento tienen 10 veces más tierra que 4 mil 190 pequeños propietarios que recibieron predios de menos de una hectárea, precisó el informe.
Dirigentes del MAS awseveraron en el marco del debate sobre las autonomías que las autoridades nacionales no se oponen a esa organización territorial y política, pero destacaron que lo que está en juego “son las competencias” gubernamentales.
Los constituyentes del MAS establecieron en la Carta Magna la autonomía en los niveles municipal, regional e indígena –en un Estado unitario, como Francia–, pero en relación con la propiedad de los hidrocarburos el texto afirma que son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano y que el Estado detenta la propiedad de toda la cadena de producción.
“Es una pugna por la autoridad del gobierno central, por las competencias y atribuciones que éste tendría y una demanda de las regiones de ampliar estas capacidades que estaban limitadas”, expresó el analista boliviano Carlos Cordero.
El tema de la tierra ejemplifica con mayor claridad la razón por la que el Comité Cívico de Santa Cruz ha impulsado la consulta, cuya pregunta central será: “¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autonómico de Santa Cruz?”
Mientras la nueva Constitución atribuye al Estado las facultades para dotar tierras de propiedad estatal a los campesinos y regular el mercado, el estatuto se adjudica el derecho sobre la propiedad rural y sus usos, con base en una ley departamental.
La Constitución, cuya vigencia ha quedado suspendida a causa de los conflictos entre el gobierno de Morales y las elites departamentales, otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sustituirá al Congreso, la facultad de aprobar leyes tributarias, crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas sociales. En tanto, el estatuto cruceño da a la Asamblea Legislativa departamental la facultad de crear nuevos impuestos, aranceles al comercio exterior, tasas y recargos a tributos vigentes.
“Bolivia ha funcionado esencialmente como Estado segregacionista y la sicología de la elite es muy defensiva”, apuntó Jim Shultz, director del Centro Democrático, instituto de análisis político con sede en Cochabamba, al analizar las motivaciones de los dirigentes de Santa Cruz, departamento con 2 millones 500 mil habitantes, donde 20 por ciento de la población se autodefine como parte de las comunidades indígenas.
Llama a “evitar acciones que conduzcan al alejamiento del orden constitucional”
El gobierno federal envía unos 250 policías para evitar conflictos durante la consulta
Afp, Dpa, Reuters y Notimex
Washington, 3 de mayo. La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó hoy cualquier intento de ruptura a la integridad territorial de Bolivia, aunque se abstuvo de condenar el referendo autonómico a que convocaron las autoridades del departamento de Santa Cruz con el apoyo del Comité Cívico, dominado por terratenientes y empresarios que se oponen a la política de reformas sociales del presidente Evo Morales.
En la madrugada de este sábado, el Consejo Permanente de la OEA dio por terminada una reunión extraordinaria de siete horas con una resolución que hace un “vehemente llamado a todos los actores (políticos y sociales de Bolivia) para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, excluyendo cualquier acción que pueda llevar a la ruptura de la paz y del orden constitucional”.
Antes de consensuar los términos del resolutivo, los embajadores ante la OEA se alinearon en dos bandos, que enfrentaron las posiciones de Estados Unidos, Canadá y países del Caribe, por un lado, y de México, Centro y Sudamérica, por otro.
El primer grupo buscaba que el dictamen destacara un llamado a la calma, mientras el segundo intentaba respaldar al gobierno del presidente Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, quien desde 2006 ha impulsado un proyecto de reformas sociales, recuperación de la propiedad estatal sobre los hidrocarburos y refundación del Estado boliviano con una nueva Carta Magna, aprobada en diciembre pasado por una Asamblea Constituyente, mayoritariamente formada por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), elegidos año y medio antes.
Al final de las negociaciones, el Consejo Permanente expresó en el primer punto de la resolución su “solidaridad y respaldo al pueblo de Bolivia, al gobierno constitucional dirigido por el presidente Evo Morales, a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo boliviano”.
Una de las causas principales del distanciamiento de Evo Morales de los dirigentes cruceños fue la aprobación de la nueva Constitución, en medio de acusaciones de políticos opositores de que el MAS impuso los términos del texto, que por vez primera reconoció los derechos indígenas en un país mayoritariamente habitado por comunidades originarias.
El referendo cruceño fue organizado por la Corte Electoral de Santa Cruz, pese a que la Corte Nacional Electoral declaró ilegal su actuación y señaló que el padrón no es confiable, no obstante que según la autoridad local incluye a 935 mil votantes.
Los centros de votación estarán resguardados por la guardia municipal cruceña, que carece de armas de fuego.
Según medios de la ciudad de Santa Cruz –la localidad del país más poblada, con un millón 200 mil personas–, el gobierno central envió desde La Paz un contingente de 250 elementos de la Policía Nacional para intervenir en caso de que se desaten conflictos en el barrio Plan 3000 y en el poblado rural San Julián, los cuales rechazan el referendo por su vinculación con las llamadas “logias”, término popular utilizado para referirse a la gente más rica e influyente de esa provincia.
El departamento de Santa Cruz, que está en una fértil llanura del sureste del país, es frecuentemente señalado como el motor de la economía boliviana, pero esa visión omite los altos contrastes en la distribución de la riqueza.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria estima que en el periodo 1953-2002 se distribuyeron 35.9 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz, y que cuatro familias tienen 803 mil hectáreas, cuatro por ciento de la tierra repartida. Los cuatro potentados del departamento tienen 10 veces más tierra que 4 mil 190 pequeños propietarios que recibieron predios de menos de una hectárea, precisó el informe.
Dirigentes del MAS awseveraron en el marco del debate sobre las autonomías que las autoridades nacionales no se oponen a esa organización territorial y política, pero destacaron que lo que está en juego “son las competencias” gubernamentales.
Los constituyentes del MAS establecieron en la Carta Magna la autonomía en los niveles municipal, regional e indígena –en un Estado unitario, como Francia–, pero en relación con la propiedad de los hidrocarburos el texto afirma que son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano y que el Estado detenta la propiedad de toda la cadena de producción.
“Es una pugna por la autoridad del gobierno central, por las competencias y atribuciones que éste tendría y una demanda de las regiones de ampliar estas capacidades que estaban limitadas”, expresó el analista boliviano Carlos Cordero.
El tema de la tierra ejemplifica con mayor claridad la razón por la que el Comité Cívico de Santa Cruz ha impulsado la consulta, cuya pregunta central será: “¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autonómico de Santa Cruz?”
Mientras la nueva Constitución atribuye al Estado las facultades para dotar tierras de propiedad estatal a los campesinos y regular el mercado, el estatuto se adjudica el derecho sobre la propiedad rural y sus usos, con base en una ley departamental.
La Constitución, cuya vigencia ha quedado suspendida a causa de los conflictos entre el gobierno de Morales y las elites departamentales, otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sustituirá al Congreso, la facultad de aprobar leyes tributarias, crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas sociales. En tanto, el estatuto cruceño da a la Asamblea Legislativa departamental la facultad de crear nuevos impuestos, aranceles al comercio exterior, tasas y recargos a tributos vigentes.
“Bolivia ha funcionado esencialmente como Estado segregacionista y la sicología de la elite es muy defensiva”, apuntó Jim Shultz, director del Centro Democrático, instituto de análisis político con sede en Cochabamba, al analizar las motivaciones de los dirigentes de Santa Cruz, departamento con 2 millones 500 mil habitantes, donde 20 por ciento de la población se autodefine como parte de las comunidades indígenas.
A punto de caer la última barrera a la siembra de maíz transgénico
Existe el riesgo de que se utilice a partir del próximo ciclo agrícola, asegura especialista
Un reglamento emitido por el gobierno durante las vacaciones de Semana Santa, en proceso de aprobación definitiva, permite la liberación de organismos genéticamente modificados
Susana González G.
Los permisos para el cultivo de maíz transgénico serán una realidad inmediata si el gobierno federal logra la aprobación de un mero “acuerdo administrativo” sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz, aun cuando contravenga la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y la misma Constitución, advirtieron representantes de organizaciones civiles y especialistas en el tema.
Hay prisa por lograr dicho acuerdo, dijeron, debido a las presiones e intereses de las grandes empresas trasnacionales de alimentos, como Monsanto, que requieren obtener dichos permisos antes de que venzan las patentes sobre el uso de material genéticamente modificable, con los que obtienen grandes ganancias en el mundo.
Lo más ilógico del caso, a juicio de especialistas consultados por este diario, es que el gobierno del presidente Felipe Calderón insista en lograr la autorización para los cultivos transgénicos con el argumento de incrementar la producción de maíz, cuando sin necesidad de dicha tecnología se logró elevar en 25 por ciento la producción del grano en los pasados dos años (25 millones de toneladas), según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mencionan que la producción de maíz en México repuntó en ciclo 2006-2007 respecto al periodo previo (ver gráfica).
El acuerdo controversial
El 18 de marzo pasado, la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGB) cumplió tres años de haber sido aprobada, mientras que su reglamento fue emitido por el Ejecutivo federal el 14 de marzo de este año, durante la temporada vacacional de Semana Santa.
El último artículo del reglamento –el número 65, conformado por ocho puntos transitorios–, se refiere al “Régimen de Protección Especial del Maíz” y establece que a los 60 días de entrada en vigor del reglamento, Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitirán las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que sean “necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación al ambiente del maíz genéticamente modificado”.
Para dar cumplimiento, ambas secretarías emitieron “un acuerdo” –seis páginas con 17 puntos–, que provocó la indignación y alerta de organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas, ya que sólo enlista una serie de medidas de seguridad, monitoreo, inspección, vigilancia y control que deben tomarse en cuenta sobre permisos para cultivos de maíz transgénico.
Lejos de proteger al maíz por la riqueza histórica, cultural y económica que representa para México, tal acuerdo sólo establece instrumentos jurídicos para facilitar a las empresas el cultivo de transgénicos, haciéndolas además juez y parte del proceso, consideró Silvia Ribeiro, especialista en el tema e integrante del Grupo Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), dedicado desde hace 25 años a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos en el mundo.
“Si fue vergonzoso que las autoridades sacaran al vapor el reglamento a la Ley de Bioseguridad, más vergonzoso es que quieran sacar cuanto antes el acuerdo sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz porque pretenden permitir cuánto antes el cultivo de maíz transgénico e incluso autorizar permisos para la próxima temporada de siembra de este año”, dijo.
Son reglas que dejan en manos de las empresas la protección del maíz porque todo el tiempo se señala que “se pedirá a los promoventes”, es decir las grandes empresas trasnacionales del mundo, que establezca la forma y el control de los cultivos de maíz.
La esencia del documento es “justificar la siembra de maíz transgénico” y eso, enfatizó, tiene una distancia abismal respecto a lo que verdaderamente debe ser un régimen de protección para el maíz.
Antes de otorgar cualquier permiso de siembra de transgénicos bajo ese acuerdo, las autoridades deben determinar cuáles son los centros de origen del maíz en México, como establece la Ley de Bioseguridad, para saber efectivamente qué y dónde se debe proteger, estableció a su vez Adelita San Vicente, directora de la organización Semillas de Vida.
La misma UNESCO, dijo, ha advertido que en los centros de origen no se deben permitir cultivos transgénicos y en México se debe poner en la balanza qué es más importante si la protección del cereal más importante para el país y su población o poner una marcha de una tecnología sumamente cuestionada que está en manos de empresas trasnacionales.
Detrás de la urgencia por sacar el acuerdo, sometido a consulta hasta el pasado 30 de abril a través de la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), están los intereses y presiones de las trasnacionales.
“Desde hace muchos años, las compañías de biotecnológia agrícola están presionando a las autoridades mexicanas y éstas parecen alinearse más a los intereses empresariales que a los de la sociedad. Hay urgencia por obtener los permisos para poner en marcha esa tecnología y tener la primera generación de transgénicos en México porque en unos cinco años más se van a perder las patentes. Si no empiezan a sembrar cuanto antes, perderán la oportunidad de obtener millonarias regalías”, refirió Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace México.
Refirió que mediante campañas de publicidad, dichas empresas están movilizando a productores de maíz para que demanden el cultivo de transgénicos y a ello se suma, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien se ha mostrado como “un acérrimo defensor de los transgénicos”, porque piensa que así se van a resolver los problemas del campo mexicano”.
Pero Ampugnani sentenció: “no se vale hipotecar la diversidad genética de las variedades de maíz de México y contaminar todo el medio ambiente sólo para cumplirle el deseo a unos 10 mil productores que están a favor de los transgénicos” junto con las trasnacionales.
Los impedimentos legales
Si se aprueba el acuerdo promovido por Sagarpa y Semarnat, señala Silvia Ribeiro, se atentaría contra la misma Constitución toda vez que dichas dependencias no tienen atribuciones legales, porque de acuerdo con el artículo 89 corresponde al Ejecutivo federal reglamentar cualquier ley federal, amén de que faltan por resolver los amparos que se interpusieron contra la LBOGM.
Además deben quedar establecidos los centros de origen y crearse normas oficiales mexicanas sobre bioseguridad, porque de lo contrario se generaría un desastre natural, insistió Ampugnani.
Si pese a las advertencias de especialistas y organizaciones civiles, el gobierno federal se empeña en otorgar permisos para los cultivos transgénicos resultaría afectada la precaria legislación bioenergética y las autoridades se meterían en “camisa de once varas” por acuerdos que ni siqueira satisfacen a la mayoría de las empresas interesadas. Dijeron que la consulta pública seguirá siendo un instrumento para que organizaciones civiles y la sociedad en general impidan los cultivos transgénicos, como ocurrió en tres ocasiones entre octubre de 2005 y agosto de 2006, pero el problema ahí es que las autoridades no las difunden ampliamente.
El artículo 88 de la LBOGM prohíbe la siembra de transgénicos, pero con el acuerdo que está a punto de ser autorizado se pretende liberar los permisos a los cultivos, aseguró Adelita San Vicente, del Grupo Semillas de Vida.
Un reglamento emitido por el gobierno durante las vacaciones de Semana Santa, en proceso de aprobación definitiva, permite la liberación de organismos genéticamente modificados
Susana González G.
Los permisos para el cultivo de maíz transgénico serán una realidad inmediata si el gobierno federal logra la aprobación de un mero “acuerdo administrativo” sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz, aun cuando contravenga la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y la misma Constitución, advirtieron representantes de organizaciones civiles y especialistas en el tema.
Hay prisa por lograr dicho acuerdo, dijeron, debido a las presiones e intereses de las grandes empresas trasnacionales de alimentos, como Monsanto, que requieren obtener dichos permisos antes de que venzan las patentes sobre el uso de material genéticamente modificable, con los que obtienen grandes ganancias en el mundo.
Lo más ilógico del caso, a juicio de especialistas consultados por este diario, es que el gobierno del presidente Felipe Calderón insista en lograr la autorización para los cultivos transgénicos con el argumento de incrementar la producción de maíz, cuando sin necesidad de dicha tecnología se logró elevar en 25 por ciento la producción del grano en los pasados dos años (25 millones de toneladas), según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mencionan que la producción de maíz en México repuntó en ciclo 2006-2007 respecto al periodo previo (ver gráfica).
El acuerdo controversial
El 18 de marzo pasado, la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGB) cumplió tres años de haber sido aprobada, mientras que su reglamento fue emitido por el Ejecutivo federal el 14 de marzo de este año, durante la temporada vacacional de Semana Santa.
El último artículo del reglamento –el número 65, conformado por ocho puntos transitorios–, se refiere al “Régimen de Protección Especial del Maíz” y establece que a los 60 días de entrada en vigor del reglamento, Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitirán las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que sean “necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación al ambiente del maíz genéticamente modificado”.
Para dar cumplimiento, ambas secretarías emitieron “un acuerdo” –seis páginas con 17 puntos–, que provocó la indignación y alerta de organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas, ya que sólo enlista una serie de medidas de seguridad, monitoreo, inspección, vigilancia y control que deben tomarse en cuenta sobre permisos para cultivos de maíz transgénico.
Lejos de proteger al maíz por la riqueza histórica, cultural y económica que representa para México, tal acuerdo sólo establece instrumentos jurídicos para facilitar a las empresas el cultivo de transgénicos, haciéndolas además juez y parte del proceso, consideró Silvia Ribeiro, especialista en el tema e integrante del Grupo Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), dedicado desde hace 25 años a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos en el mundo.
“Si fue vergonzoso que las autoridades sacaran al vapor el reglamento a la Ley de Bioseguridad, más vergonzoso es que quieran sacar cuanto antes el acuerdo sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz porque pretenden permitir cuánto antes el cultivo de maíz transgénico e incluso autorizar permisos para la próxima temporada de siembra de este año”, dijo.
Son reglas que dejan en manos de las empresas la protección del maíz porque todo el tiempo se señala que “se pedirá a los promoventes”, es decir las grandes empresas trasnacionales del mundo, que establezca la forma y el control de los cultivos de maíz.
La esencia del documento es “justificar la siembra de maíz transgénico” y eso, enfatizó, tiene una distancia abismal respecto a lo que verdaderamente debe ser un régimen de protección para el maíz.
Antes de otorgar cualquier permiso de siembra de transgénicos bajo ese acuerdo, las autoridades deben determinar cuáles son los centros de origen del maíz en México, como establece la Ley de Bioseguridad, para saber efectivamente qué y dónde se debe proteger, estableció a su vez Adelita San Vicente, directora de la organización Semillas de Vida.
La misma UNESCO, dijo, ha advertido que en los centros de origen no se deben permitir cultivos transgénicos y en México se debe poner en la balanza qué es más importante si la protección del cereal más importante para el país y su población o poner una marcha de una tecnología sumamente cuestionada que está en manos de empresas trasnacionales.
Detrás de la urgencia por sacar el acuerdo, sometido a consulta hasta el pasado 30 de abril a través de la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), están los intereses y presiones de las trasnacionales.
“Desde hace muchos años, las compañías de biotecnológia agrícola están presionando a las autoridades mexicanas y éstas parecen alinearse más a los intereses empresariales que a los de la sociedad. Hay urgencia por obtener los permisos para poner en marcha esa tecnología y tener la primera generación de transgénicos en México porque en unos cinco años más se van a perder las patentes. Si no empiezan a sembrar cuanto antes, perderán la oportunidad de obtener millonarias regalías”, refirió Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace México.
Refirió que mediante campañas de publicidad, dichas empresas están movilizando a productores de maíz para que demanden el cultivo de transgénicos y a ello se suma, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien se ha mostrado como “un acérrimo defensor de los transgénicos”, porque piensa que así se van a resolver los problemas del campo mexicano”.
Pero Ampugnani sentenció: “no se vale hipotecar la diversidad genética de las variedades de maíz de México y contaminar todo el medio ambiente sólo para cumplirle el deseo a unos 10 mil productores que están a favor de los transgénicos” junto con las trasnacionales.
Los impedimentos legales
Si se aprueba el acuerdo promovido por Sagarpa y Semarnat, señala Silvia Ribeiro, se atentaría contra la misma Constitución toda vez que dichas dependencias no tienen atribuciones legales, porque de acuerdo con el artículo 89 corresponde al Ejecutivo federal reglamentar cualquier ley federal, amén de que faltan por resolver los amparos que se interpusieron contra la LBOGM.
Además deben quedar establecidos los centros de origen y crearse normas oficiales mexicanas sobre bioseguridad, porque de lo contrario se generaría un desastre natural, insistió Ampugnani.
Si pese a las advertencias de especialistas y organizaciones civiles, el gobierno federal se empeña en otorgar permisos para los cultivos transgénicos resultaría afectada la precaria legislación bioenergética y las autoridades se meterían en “camisa de once varas” por acuerdos que ni siqueira satisfacen a la mayoría de las empresas interesadas. Dijeron que la consulta pública seguirá siendo un instrumento para que organizaciones civiles y la sociedad en general impidan los cultivos transgénicos, como ocurrió en tres ocasiones entre octubre de 2005 y agosto de 2006, pero el problema ahí es que las autoridades no las difunden ampliamente.
El artículo 88 de la LBOGM prohíbe la siembra de transgénicos, pero con el acuerdo que está a punto de ser autorizado se pretende liberar los permisos a los cultivos, aseguró Adelita San Vicente, del Grupo Semillas de Vida.
La autonomía zapatista avanza pese a tenaz contrainsurgencia
Han podido concretar un gobierno real y una política colectiva
Combate a tráfico ilegal de personas y maderas, otros logros
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Pero tras 14 años en resistencia, y casi tantos en autonomía, lo construido es tangible, y no conoce descanso. Confirma una existencia política colectiva, un gobierno real, una relación con vecinos de otra opción organizativa (incluso antagonistas). Una manera de “buscar acuerdo”, evitando confrontaciones sin ceder en lo que consideran justo. No siempre es fácil, y no siempre hay buena fe en las contrapartes.
Las juntas de buen gobierno, los concejos municipales autónomos, y sobre todo los pueblos son dueños de su destino, aún con tanto en contra, y su modernidad reta cotidianamente a las “modernizadoras” autoridades oficiales.
Entre 2007 y 2008, los pueblos rebeldes en la cañada tojolabal defendieron durante meses a los pobladores de 24 de Diciembre, en un plantón que fue en sí una experiencia formativa, un encuentro de bases de apoyo zapatistas de muy diversas procedencias, para un “trabajo” concreto, que cumplió su cometido.
Simultáneamente, la junta de buen gobierno (JBG) de La Realidad ha establecido nuevos controles contra el tráfico ilegal de personas y maderas preciosas, así como la piratería del transporte y la corrupción en la concesión de obras públicas, como la carretera que se construye a paso redoblado en la cañada. Destino: La Realidad.
“Sabemos que la carretera tiene ventajas y desventajas”, reconoce Roel, de la JBG. “Puede servir al gobierno para meter el Plan Puebla-Panamá. Permitimos que se construya porque también lo quieren las comunidades. Pero sólo si hay respeto”.
Describe cómo esa carretera, procedente de Las Margaritas, ha sido durante muchos kilómetros monopolio de la CTM priísta y la Cioac perredista (gobernante en Las Margaritas). “Ahora van a trabajar distintos concesionarios, por acuerdo de las comunidades”. Hay pues volteos de una pequeña empresa regional: Macoma. “Cada comunidad va a participar en las obras del tramo donde le toca. Si los constructores respetan, bien. Si no, van para afuera”.
Acompañado por otros miembros de la JBG, en el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, el representante autónomo refiere: “Con nuestra vigilancia han caído polleros que tratan de pasar gente indocumentada. Se obliga al coyote a que regrese el dinero a los migrantes, que le saca mucho, es un robo. A los hermanos guatemaltecos les aconsejamos que se regresen, que es muy peligroso seguir, que en este país los van a tratar muy mal, pero ellos deciden para dónde se van”. A los coyotes se imponen penas de hasta seis meses en la cárcel, participando en trabajos de las comunidades.
Los autónomos han frenado el tráfico de caoba, que se efectuaba entre la selva y Poza Rica o Maravilla Tenejapa. Uno de los responsables del saqueo es Misael Reyes Escalante, priísta. “Ahora poco, hemos decomisado 41 planchas de caoba y 13 docenas de tablas de caoba”.
Además, cumpliendo el acuerdo de las comunidades y las cooperativas de transporte público (no zapatistas la mayoría), la JBG ha frenado la piratería, cobijada por las autoridades oficiales.
Combate a tráfico ilegal de personas y maderas, otros logros
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Pero tras 14 años en resistencia, y casi tantos en autonomía, lo construido es tangible, y no conoce descanso. Confirma una existencia política colectiva, un gobierno real, una relación con vecinos de otra opción organizativa (incluso antagonistas). Una manera de “buscar acuerdo”, evitando confrontaciones sin ceder en lo que consideran justo. No siempre es fácil, y no siempre hay buena fe en las contrapartes.
Las juntas de buen gobierno, los concejos municipales autónomos, y sobre todo los pueblos son dueños de su destino, aún con tanto en contra, y su modernidad reta cotidianamente a las “modernizadoras” autoridades oficiales.
Entre 2007 y 2008, los pueblos rebeldes en la cañada tojolabal defendieron durante meses a los pobladores de 24 de Diciembre, en un plantón que fue en sí una experiencia formativa, un encuentro de bases de apoyo zapatistas de muy diversas procedencias, para un “trabajo” concreto, que cumplió su cometido.
Simultáneamente, la junta de buen gobierno (JBG) de La Realidad ha establecido nuevos controles contra el tráfico ilegal de personas y maderas preciosas, así como la piratería del transporte y la corrupción en la concesión de obras públicas, como la carretera que se construye a paso redoblado en la cañada. Destino: La Realidad.
“Sabemos que la carretera tiene ventajas y desventajas”, reconoce Roel, de la JBG. “Puede servir al gobierno para meter el Plan Puebla-Panamá. Permitimos que se construya porque también lo quieren las comunidades. Pero sólo si hay respeto”.
Describe cómo esa carretera, procedente de Las Margaritas, ha sido durante muchos kilómetros monopolio de la CTM priísta y la Cioac perredista (gobernante en Las Margaritas). “Ahora van a trabajar distintos concesionarios, por acuerdo de las comunidades”. Hay pues volteos de una pequeña empresa regional: Macoma. “Cada comunidad va a participar en las obras del tramo donde le toca. Si los constructores respetan, bien. Si no, van para afuera”.
Acompañado por otros miembros de la JBG, en el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, el representante autónomo refiere: “Con nuestra vigilancia han caído polleros que tratan de pasar gente indocumentada. Se obliga al coyote a que regrese el dinero a los migrantes, que le saca mucho, es un robo. A los hermanos guatemaltecos les aconsejamos que se regresen, que es muy peligroso seguir, que en este país los van a tratar muy mal, pero ellos deciden para dónde se van”. A los coyotes se imponen penas de hasta seis meses en la cárcel, participando en trabajos de las comunidades.
Los autónomos han frenado el tráfico de caoba, que se efectuaba entre la selva y Poza Rica o Maravilla Tenejapa. Uno de los responsables del saqueo es Misael Reyes Escalante, priísta. “Ahora poco, hemos decomisado 41 planchas de caoba y 13 docenas de tablas de caoba”.
Además, cumpliendo el acuerdo de las comunidades y las cooperativas de transporte público (no zapatistas la mayoría), la JBG ha frenado la piratería, cobijada por las autoridades oficiales.
“Paro nacional” en septiembre para exigir seguridad alimentaria y defender energéticos
Campesinos, sindicatos y ONG se quejan de falta de respuestas de Calderón
En agosto realizarán referendo en el país y entre mexicanos que viven en Estados Unidos
Gabriel León Zaragoza
Ante la falta de respuestas del gobierno calderonista a las demandas de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales, las agrupaciones integrantes del Movimiento nacional en defensa de la soberanía alimentaria y los recursos energéticos anunciaron que realizarán un paro nacional en la primera quincena de septiembre, que incluirá el cierre de “cientos” de carreteras.
Además, contemplan realizar un referendo en agosto en el país y entre la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, sobre la modificación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la privatización de los recursos energéticos y un cambio en las políticas agrícolas nacionales, informaron grupos integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc).
Previo a estas acciones, el sector campesino contempla realizar movilizaciones en todo el país, el próximo día 21.
Indicaron que buscarán que se realice la modificación constitucional en el periodo extraordinario de sesiones o a principios de septiembre, a efecto de que se incluya en la Carta Magna la figura de referendo o consulta nacional con carácter vinculatorio.
De no alcanzar esta reforma, precisaron que la consulta que realizarán “tendrá una fuerza moral y política que presionará aún más la toma de decisiones en el Congreso de la Unión para frenar la privatización de Pemex y de los recursos energéticos, e impulsar cambios estratégicos en el TLCAN y en las políticas agrícolas nacionales”.
Dirigentes de las ocho organizaciones que conforman el frente campesino de la Conoc precisaron que en breve empezarán los preparativos de la consulta ciudadana, que incluyen la integración de una comisión organizadora en la que participen personajes que se han distinguido en la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas.
Destacaron que las acciones anunciadas tendrán lugar debido a que con las movilizaciones de enero de 2006 y de 2007, así como con la instalación de mesas de diálogo con el gobierno federal, los sectores campesinos “no han obtenido respuesta a sus propuestas de cambios en las políticas agroalimentarias.
“Nos vemos obligados a profundizar la resistencia civil pacífica para lograr que más sectores estén informados y que las cámaras legislativas dejen su actitud pasiva y cómplice del gobierno de Calderón. Sobre todo las bancadas del PRI, que han sido comparsas de las políticas anticampesinas y la inseguridad alimentaria”, apuntaron.
En el contexto de los trabajos del primer congreso nacional de la Conoc, expusieron que para la realización del referendo mencionado sostienen pláticas con el Movimiento en Defensa del Petróleo, a fin de organizar acciones conjuntas para salvaguardar los recursos energéticos y la soberanía alimentaria.
Adelantaron que se someterá a consulta la renegociación del apartado agrícola del TLCAN, el establecimiento de moratorias a la siembra de maíz transgénico y al uso de alimentos para biocombustibles, entre otros temas.
En agosto realizarán referendo en el país y entre mexicanos que viven en Estados Unidos
Gabriel León Zaragoza
Ante la falta de respuestas del gobierno calderonista a las demandas de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales, las agrupaciones integrantes del Movimiento nacional en defensa de la soberanía alimentaria y los recursos energéticos anunciaron que realizarán un paro nacional en la primera quincena de septiembre, que incluirá el cierre de “cientos” de carreteras.
Además, contemplan realizar un referendo en agosto en el país y entre la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, sobre la modificación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la privatización de los recursos energéticos y un cambio en las políticas agrícolas nacionales, informaron grupos integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc).
Previo a estas acciones, el sector campesino contempla realizar movilizaciones en todo el país, el próximo día 21.
Indicaron que buscarán que se realice la modificación constitucional en el periodo extraordinario de sesiones o a principios de septiembre, a efecto de que se incluya en la Carta Magna la figura de referendo o consulta nacional con carácter vinculatorio.
De no alcanzar esta reforma, precisaron que la consulta que realizarán “tendrá una fuerza moral y política que presionará aún más la toma de decisiones en el Congreso de la Unión para frenar la privatización de Pemex y de los recursos energéticos, e impulsar cambios estratégicos en el TLCAN y en las políticas agrícolas nacionales”.
Dirigentes de las ocho organizaciones que conforman el frente campesino de la Conoc precisaron que en breve empezarán los preparativos de la consulta ciudadana, que incluyen la integración de una comisión organizadora en la que participen personajes que se han distinguido en la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas.
Destacaron que las acciones anunciadas tendrán lugar debido a que con las movilizaciones de enero de 2006 y de 2007, así como con la instalación de mesas de diálogo con el gobierno federal, los sectores campesinos “no han obtenido respuesta a sus propuestas de cambios en las políticas agroalimentarias.
“Nos vemos obligados a profundizar la resistencia civil pacífica para lograr que más sectores estén informados y que las cámaras legislativas dejen su actitud pasiva y cómplice del gobierno de Calderón. Sobre todo las bancadas del PRI, que han sido comparsas de las políticas anticampesinas y la inseguridad alimentaria”, apuntaron.
En el contexto de los trabajos del primer congreso nacional de la Conoc, expusieron que para la realización del referendo mencionado sostienen pláticas con el Movimiento en Defensa del Petróleo, a fin de organizar acciones conjuntas para salvaguardar los recursos energéticos y la soberanía alimentaria.
Adelantaron que se someterá a consulta la renegociación del apartado agrícola del TLCAN, el establecimiento de moratorias a la siembra de maíz transgénico y al uso de alimentos para biocombustibles, entre otros temas.
El FAP, por una consulta popular sobre la iniciativa energética, tras el debate
Lo importante es que la gente opine, dice diputado de Convergencia
Carolina Gómez Mena
Entre los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP) existe la certeza de que luego del debate sobre la reforma energética debería realizarse un “referendo, consulta o plebiscito” a fin de que la ciudadanía opine al respecto, señalaron los diputados José Antonio Almazán, del PRD, y Alberto Esteva, de Convergencia.
Esteva explicó que tras abrir el debate “debemos irnos a la consulta directa a la ciudadanía; el referendo es necesario; no vamos a aceptar que sólo se vaya a votación en el Congreso; lo más importante es que la gente opine, no que sólo lo hagan legisladores entregados y subordinados al poder; así no se puede decidir el futuro de Pemex”.
Almazán remarcó que tras el debate hay que emprender un “referendo” y acotó que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) igual lo hizo en 1999, pues cuando “el gobierno zedillista lanzó una iniciativa privatizadora de la energía eléctrica, emprendió una campaña de firmas”. El ex trabajador electricista apuntó que la intención en esta ocasión es conjuntar “por lo menos 3 millones de firmas contra la reforma energética”.
Se dijo optimista de los resultados que tendrá el debate, porque con él “quedará al descubierto que la propuesta significa sólo un gran negocio para los empresarios y la iniciativa privada extranjera”. Indicó que la reforma que propone el Ejecutivo “viola de manera flagrante la Constitución los artículos 25 y 28, y en el párrafo seis del artículo 27, que consagra la exclusividad de la nación en todo el proceso de explotación del petróleo”.
Esteva comentó que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo se está acercando a organizaciones sindicales y destacó que la respuesta de la ciudadanía a la campaña de información ha sido “impresionante, porque la gente está motivada, tanto que cuando recibe el material ofrece reproducirlo y formar parte de brigadas”.
Carolina Gómez Mena
Entre los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP) existe la certeza de que luego del debate sobre la reforma energética debería realizarse un “referendo, consulta o plebiscito” a fin de que la ciudadanía opine al respecto, señalaron los diputados José Antonio Almazán, del PRD, y Alberto Esteva, de Convergencia.
Esteva explicó que tras abrir el debate “debemos irnos a la consulta directa a la ciudadanía; el referendo es necesario; no vamos a aceptar que sólo se vaya a votación en el Congreso; lo más importante es que la gente opine, no que sólo lo hagan legisladores entregados y subordinados al poder; así no se puede decidir el futuro de Pemex”.
Almazán remarcó que tras el debate hay que emprender un “referendo” y acotó que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) igual lo hizo en 1999, pues cuando “el gobierno zedillista lanzó una iniciativa privatizadora de la energía eléctrica, emprendió una campaña de firmas”. El ex trabajador electricista apuntó que la intención en esta ocasión es conjuntar “por lo menos 3 millones de firmas contra la reforma energética”.
Se dijo optimista de los resultados que tendrá el debate, porque con él “quedará al descubierto que la propuesta significa sólo un gran negocio para los empresarios y la iniciativa privada extranjera”. Indicó que la reforma que propone el Ejecutivo “viola de manera flagrante la Constitución los artículos 25 y 28, y en el párrafo seis del artículo 27, que consagra la exclusividad de la nación en todo el proceso de explotación del petróleo”.
Esteva comentó que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo se está acercando a organizaciones sindicales y destacó que la respuesta de la ciudadanía a la campaña de información ha sido “impresionante, porque la gente está motivada, tanto que cuando recibe el material ofrece reproducirlo y formar parte de brigadas”.
El racismo separatista
Emir Sader
Una de las nuevas modalidades que asume el racismo hoy día es el separatismo, forma de intentar delimitar territorios de la raza blanca, apropiándose privadamente de riquezas que pertenecen a la nación y a su pueblo. Ya conocíamos esos intentos bajo la forma de barrios ricos que buscan definirse como alcaldías propias, para que los impuestos que son obligados a pagar por una parte –la que pueden encubrir– de sus inmensas riquezas se queden para aumentar los beneficios de sus barrios atrincherados, detrás de los cuales buscan aislar y defender –con seguridad privada, desde luego– sus formas privilegiadas de vida.
Un fenómeno que inicialmente caracterizó a ciudades como Los Angeles y Miami, que agrupan en territorios comunes o cercanos a sectores muy ricos de la población y a otros muy pobres –a menudo inmigrantes–, se fue difundiendo por América Latina, conforme los estilos de vida miamescos y californianos de las burguesías y clases medias altas del continente se fueron diseminando. Son reiterados los intentos, por ejemplo, de barrios de la Barra da Tijuca (que ya fue caracterizada como “la Miami de América del Sur”) para hacer aprobar, mediante referendos, la separacion de sus locales de vivienda de la ciudad de Río de Janeiro. Han fracasado sistemáticamente, sea porque domingos de sol dificultan el quorum necesario para que la consulta tenga validad legal, sea porque los barrios pobres aledaños votan masivamente en contra de esos intentos elitistas. Seguro que los moradores de barrios como Chacao, en Caracas, y otros enclaves privilegiados de ciudades latinoamericanas alimentan siempre ese sueño racista y separatista.
Es un planteamiento típico del desarrollo desigual de nuestras sociedades. Los prejuicios del sur de Brasil en contra del nordeste, de la ciudad de Buenos Aires en contra de los “cabecitas negras” y “descamisados”, entre tantos otros, se reproduce también en Europa; el ejemplo reciente del enorme crecimiento de la Liga del Norte, partido neofascista italiano, es una nueva expresión del prejuicio del norte –teniendo al progreso de ciudades como Milán y otras de la región– en contra del sur de Italia, de donde provienen exactamente los trabajadores que crean las riquezas de esa región, al igual que en los casos citados de Brasil y Argentina. Es un prejuicio de raza y de clase.
Es el mismo que hoy afecta gravemente a Bolivia. Las provincias de la llamada Media Luna, con su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, tuvieron derrotados sus gobiernos, desde la dictadura de Hugo Bánzer a todos los gobiernos neoliberales que le sucedieron y que han concentrado como nunca la riqueza en Bolivia, han acentuado su apropiación privada y su desnacionalización. La caída de su derradero gobierno, el de Sánchez de Losada –refugiado en Estados Unidos, con demanda de destierro a Bolivia para responder por los asesinatos de cientos de bolivianos, en el intento desesperado de seguir protegiendo los intereses de las elites cruceñas y de las provincias del este del país– representó una gran victoria del pueblo boliviano que, por primera vez en su vida, ha elegido a un indígena presidente de Bolivia. Un país en que 62 por ciento de la población se reivindica indígena, solamente ahora ha logrado elegir un presidente que defiende los intereses de la mayoría de la nación.
Pero la minoría sigue disponiendo de gran parte de las riquezas del país. Fue afectada por la nacionalización de las riquezas naturales. Ellos, que hacían que la Bolivia pobre vendiera el gas a precio “solidario” a Argentina y a Brasil, mucho más desarrollados, ahora quieren quedarse con la gran tajada de los impuestos que el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el país con la nacionalización. Quieren además impedir que la reforma agraria se extienda a todo el país, buscando reservarse el derecho a disponer de la concentración de tierras en sus provincias, para seguir exportando soya transgénica y acumulando riquezas para ellos y no para el país y el pueblo bolivianos.
Han convocado un referendo que intentaba legalizar su separatismo racista. Racista, porque su prensa monopólica no esconde sus prejuicios contra los indígenas, contra Evo Morales, no deja de contraponer su raza blanca a la de la gran mayoría del pueblo boliviano, a quienes han secularmente explotado, discriminado, oprimido, humillado. Han mantenido una consulta a la que la justicia boliviana negó cualquier valor legal, que ha sido condenada por todo tipo de organismo internacional, de gobiernos de la región, de fuerzas democráticas.
Es un intento, no accidental, apoyado por el gobierno de Estados Unidos y su embajada en La Paz, envuelta abiertamente en intentos de espionaje y de financiamiento del separatismo racista. Ese bloque de fuerzas del separatismo racista tiene que ser derrotado para que el pueblo de Bolivia pueda seguir adelante, construyendo la más avanzada Constitución del continente: plurinacional, pluriétnica, pluricultural. Para que los pueblos originarios puedan afirmar su soberanía, para que los recursos naturales de Bolivia sean explotados en favor de su pueblo, para que la tierra produzca sanamente los alimentos que Bolivia necesita, para que el gobierno democrático y soberano de Evo Morales siga transformando a Bolivia en un país libre, a imagen y semejanza de su pueblo.
Una de las nuevas modalidades que asume el racismo hoy día es el separatismo, forma de intentar delimitar territorios de la raza blanca, apropiándose privadamente de riquezas que pertenecen a la nación y a su pueblo. Ya conocíamos esos intentos bajo la forma de barrios ricos que buscan definirse como alcaldías propias, para que los impuestos que son obligados a pagar por una parte –la que pueden encubrir– de sus inmensas riquezas se queden para aumentar los beneficios de sus barrios atrincherados, detrás de los cuales buscan aislar y defender –con seguridad privada, desde luego– sus formas privilegiadas de vida.
Un fenómeno que inicialmente caracterizó a ciudades como Los Angeles y Miami, que agrupan en territorios comunes o cercanos a sectores muy ricos de la población y a otros muy pobres –a menudo inmigrantes–, se fue difundiendo por América Latina, conforme los estilos de vida miamescos y californianos de las burguesías y clases medias altas del continente se fueron diseminando. Son reiterados los intentos, por ejemplo, de barrios de la Barra da Tijuca (que ya fue caracterizada como “la Miami de América del Sur”) para hacer aprobar, mediante referendos, la separacion de sus locales de vivienda de la ciudad de Río de Janeiro. Han fracasado sistemáticamente, sea porque domingos de sol dificultan el quorum necesario para que la consulta tenga validad legal, sea porque los barrios pobres aledaños votan masivamente en contra de esos intentos elitistas. Seguro que los moradores de barrios como Chacao, en Caracas, y otros enclaves privilegiados de ciudades latinoamericanas alimentan siempre ese sueño racista y separatista.
Es un planteamiento típico del desarrollo desigual de nuestras sociedades. Los prejuicios del sur de Brasil en contra del nordeste, de la ciudad de Buenos Aires en contra de los “cabecitas negras” y “descamisados”, entre tantos otros, se reproduce también en Europa; el ejemplo reciente del enorme crecimiento de la Liga del Norte, partido neofascista italiano, es una nueva expresión del prejuicio del norte –teniendo al progreso de ciudades como Milán y otras de la región– en contra del sur de Italia, de donde provienen exactamente los trabajadores que crean las riquezas de esa región, al igual que en los casos citados de Brasil y Argentina. Es un prejuicio de raza y de clase.
Es el mismo que hoy afecta gravemente a Bolivia. Las provincias de la llamada Media Luna, con su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, tuvieron derrotados sus gobiernos, desde la dictadura de Hugo Bánzer a todos los gobiernos neoliberales que le sucedieron y que han concentrado como nunca la riqueza en Bolivia, han acentuado su apropiación privada y su desnacionalización. La caída de su derradero gobierno, el de Sánchez de Losada –refugiado en Estados Unidos, con demanda de destierro a Bolivia para responder por los asesinatos de cientos de bolivianos, en el intento desesperado de seguir protegiendo los intereses de las elites cruceñas y de las provincias del este del país– representó una gran victoria del pueblo boliviano que, por primera vez en su vida, ha elegido a un indígena presidente de Bolivia. Un país en que 62 por ciento de la población se reivindica indígena, solamente ahora ha logrado elegir un presidente que defiende los intereses de la mayoría de la nación.
Pero la minoría sigue disponiendo de gran parte de las riquezas del país. Fue afectada por la nacionalización de las riquezas naturales. Ellos, que hacían que la Bolivia pobre vendiera el gas a precio “solidario” a Argentina y a Brasil, mucho más desarrollados, ahora quieren quedarse con la gran tajada de los impuestos que el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el país con la nacionalización. Quieren además impedir que la reforma agraria se extienda a todo el país, buscando reservarse el derecho a disponer de la concentración de tierras en sus provincias, para seguir exportando soya transgénica y acumulando riquezas para ellos y no para el país y el pueblo bolivianos.
Han convocado un referendo que intentaba legalizar su separatismo racista. Racista, porque su prensa monopólica no esconde sus prejuicios contra los indígenas, contra Evo Morales, no deja de contraponer su raza blanca a la de la gran mayoría del pueblo boliviano, a quienes han secularmente explotado, discriminado, oprimido, humillado. Han mantenido una consulta a la que la justicia boliviana negó cualquier valor legal, que ha sido condenada por todo tipo de organismo internacional, de gobiernos de la región, de fuerzas democráticas.
Es un intento, no accidental, apoyado por el gobierno de Estados Unidos y su embajada en La Paz, envuelta abiertamente en intentos de espionaje y de financiamiento del separatismo racista. Ese bloque de fuerzas del separatismo racista tiene que ser derrotado para que el pueblo de Bolivia pueda seguir adelante, construyendo la más avanzada Constitución del continente: plurinacional, pluriétnica, pluricultural. Para que los pueblos originarios puedan afirmar su soberanía, para que los recursos naturales de Bolivia sean explotados en favor de su pueblo, para que la tierra produzca sanamente los alimentos que Bolivia necesita, para que el gobierno democrático y soberano de Evo Morales siga transformando a Bolivia en un país libre, a imagen y semejanza de su pueblo.
La burra no era arisca, la hicieron
Mario Di Costanzo Armenta
Sin lugar a dudas, a los problemas de inconstitucionalidad, ineficiencia, ineficacia, pérdida de soberanía y seguridad nacional que se observan en la propuesta de reforma petrolera de Felipe Calderón, se debe añadir un elemento que es y será determinante en el sentir de la gente. Me refiero a la falta de credibilidad en el gobierno, sobre todo cuando en este contexto se añade la palabra “privatización”.
Señalo lo anterior porque, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45 por ciento, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los Pidiregas, que han sido al final de cuentas intentos ilegales y poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.
Así, de los 33 mil pesos que cada mexicano ya debe al nacer, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones. Y a esto hay que añadir que pese a esta deuda enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara.
De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras “rescate”, “falta de transparencia”, “corrupción” y “deuda”.
Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el grave problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la “privatización” o la “inversión privada extranjera”.
Pero, la propuesta se convierte en un disparate si por un lado se reconoce que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario, cuando al mismo tiempo se debe aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.
Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 280 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 186 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de 10 refinerías).
Lo grave de esta situación es que ha sido el PRI el “padre” de estas privatizaciones y rescates, en tanto que el PAN se ha convertido en la “madre” de las mismas, al rehusarse permanentemente a investigar y esclarecer todas las ilegalidades y corrupción observadas en ellas.
Esto acentúa el problema de credibilidad pues con Calderón, lejos de dar muestras de transparencia y probidad, se han visto multiplicados los indicios de tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, conflictos de interés y, en suma, de corrupción y de mentiras, como el asunto Mouriño o el de Zhenli Ye Gon.
Más aún a Germán Martínez, actual presidente del PAN y quien se escandalizó por la toma de las tribunas del Congreso, le tembló algo más que la mano cuando como secretario de la Función Pública tuvo en sus palmas a Francisco Gil Díaz y simplemente se rehusó a fincarle responsabilidades.
Ya ni qué decir en materia fiscal: hace menos de seis meses Calderón señaló que con su “reforma” las “grandes empresas” pagarían impuestos, pero ahora se sabe que son esas grandes empresas –que por cierto, de acuerdo con el auditor superior de la Federación pagaron durante 2005 sólo 74 pesos de impuesto sobre la renta (ISR)– las que han interpuesto cientos de “amparos” contra el pago del impuesto empresarial a tasa única (IETU), lo cual también nos cansamos de advertir que sucedería.
Cabe señalar que la interposición de estos “amparos” ha sido comandada por Fernando Sánchez Ugarte, quien hasta diciembre del año pasado se desempeñó como subsecretario de Ingresos de Hacienda y en tal virtud se le atribuye el diseño e implementación del IETU, pero a quien a partir de enero de este año no le importó violar la ley y aceptó una chambita como director general de Transportación Marítima Mexicana (TMM). Aunque sobra decirlo, esta empresa también se amparó contra el pago del IETU.
Sin embargo, en su momento, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, guardó silencio y fue incapaz de actuar.
Así, los hechos demuestran que no es posible creer en lo que dice Felipe Calderón. Más aún, cuando en su discurso utiliza los mismos calificativos de bienestar y desarrollo que refería Carlos Salinas de Gortari cuando promovió sus privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio.
Yo me pregunto: si se aprueba su reforma petrolera, ¿a cuántos funcionarios de Pemex o cuántos legisladores del PRI y del PAN veremos trabajando para Shell, Exxon o Halliburton, tal y como sucedió con los principales artífices del rescate bancario, quienes ahora se desempeñan como “respetables” miembros del sector financiero?
Por eso digo: la mula no era arisca, la hicieron.
Sin lugar a dudas, a los problemas de inconstitucionalidad, ineficiencia, ineficacia, pérdida de soberanía y seguridad nacional que se observan en la propuesta de reforma petrolera de Felipe Calderón, se debe añadir un elemento que es y será determinante en el sentir de la gente. Me refiero a la falta de credibilidad en el gobierno, sobre todo cuando en este contexto se añade la palabra “privatización”.
Señalo lo anterior porque, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45 por ciento, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los Pidiregas, que han sido al final de cuentas intentos ilegales y poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.
Así, de los 33 mil pesos que cada mexicano ya debe al nacer, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones. Y a esto hay que añadir que pese a esta deuda enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara.
De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras “rescate”, “falta de transparencia”, “corrupción” y “deuda”.
Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el grave problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la “privatización” o la “inversión privada extranjera”.
Pero, la propuesta se convierte en un disparate si por un lado se reconoce que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario, cuando al mismo tiempo se debe aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.
Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 280 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 186 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de 10 refinerías).
Lo grave de esta situación es que ha sido el PRI el “padre” de estas privatizaciones y rescates, en tanto que el PAN se ha convertido en la “madre” de las mismas, al rehusarse permanentemente a investigar y esclarecer todas las ilegalidades y corrupción observadas en ellas.
Esto acentúa el problema de credibilidad pues con Calderón, lejos de dar muestras de transparencia y probidad, se han visto multiplicados los indicios de tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, conflictos de interés y, en suma, de corrupción y de mentiras, como el asunto Mouriño o el de Zhenli Ye Gon.
Más aún a Germán Martínez, actual presidente del PAN y quien se escandalizó por la toma de las tribunas del Congreso, le tembló algo más que la mano cuando como secretario de la Función Pública tuvo en sus palmas a Francisco Gil Díaz y simplemente se rehusó a fincarle responsabilidades.
Ya ni qué decir en materia fiscal: hace menos de seis meses Calderón señaló que con su “reforma” las “grandes empresas” pagarían impuestos, pero ahora se sabe que son esas grandes empresas –que por cierto, de acuerdo con el auditor superior de la Federación pagaron durante 2005 sólo 74 pesos de impuesto sobre la renta (ISR)– las que han interpuesto cientos de “amparos” contra el pago del impuesto empresarial a tasa única (IETU), lo cual también nos cansamos de advertir que sucedería.
Cabe señalar que la interposición de estos “amparos” ha sido comandada por Fernando Sánchez Ugarte, quien hasta diciembre del año pasado se desempeñó como subsecretario de Ingresos de Hacienda y en tal virtud se le atribuye el diseño e implementación del IETU, pero a quien a partir de enero de este año no le importó violar la ley y aceptó una chambita como director general de Transportación Marítima Mexicana (TMM). Aunque sobra decirlo, esta empresa también se amparó contra el pago del IETU.
Sin embargo, en su momento, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, guardó silencio y fue incapaz de actuar.
Así, los hechos demuestran que no es posible creer en lo que dice Felipe Calderón. Más aún, cuando en su discurso utiliza los mismos calificativos de bienestar y desarrollo que refería Carlos Salinas de Gortari cuando promovió sus privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio.
Yo me pregunto: si se aprueba su reforma petrolera, ¿a cuántos funcionarios de Pemex o cuántos legisladores del PRI y del PAN veremos trabajando para Shell, Exxon o Halliburton, tal y como sucedió con los principales artífices del rescate bancario, quienes ahora se desempeñan como “respetables” miembros del sector financiero?
Por eso digo: la mula no era arisca, la hicieron.
Nada que celebrar
Rolando Cordera Campos
Pasó el primero de mayo y la clase obrera sigue en el paraíso. Más de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada sobrevive en ocupaciones informales, sin seguridad social ni ingreso seguro. Casi todos los que trabajan en este submundo lo hacen en condiciones precarias, su productividad es baja y estancada y sus ingresos rondan el mínimo. No se puede decir que desde esa circunstancia pueda generarse aliento cultural alguno y en la política sólo puede cundir y prosperar el reclamo airado, cuando no corporativo, que suele quedar en manos de liderazgos donde la compra y venta de protección es la costumbre más socorrida.
Con menos de 10 por ciento de los trabajadores organizados, el sindicato se ha vuelto una curiosidad sociológica, cuando no arqueológica. Foco del ataque neoliberal, hoy parece más bien coto de caza de oligarcas mal educados, quienes sojuzgan a los responsables de hacer cumplir la ley laboral y acosan a los trabajadores, atestiguan impávidos la inexistencia de seguridad laboral y amparados por la protección de gobernadores, como en Sonora, violan los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución, mientras buena parte de la opinión pública celebra la libertad de empresa.
Tal es el caso grosero de la minería mexicana, donde reina el poder de Larrea y se persigue a los mineros en diario antihomenaje a Cananea. Las concesiones asoman aquí su peor perfil y ponen en evidencia la renuncia del Estado a ser nacional y popular. De facilitador de la inversión pasó a simple y sumiso guardián.
Los trabajadores que han podido mantener su organización sindical genuina, como los telefonistas o los universitarios, reclaman y proponen, buscan diálogos con la autoridad y los patrones, pero no avanzan. Aliados a diversas organizaciones de productores rurales, entre ellas la CNC priísta, han exigido una conversación con el gobierno que vaya más allá de las cuestiones gremiales específicas, pero no han recibido respuestas adecuadas, que les permitan imaginar al menos otras perspectivas. Junto con el silencio oficial, lo que estas organizaciones obtienen son bonos de la esperanza sin fecha de redención en materia salarial, así como amenazas veladas que emanan de un desempleo disfrazado que asuela el panorama de la ocupación mexicana en todos los niveles.
Vivir bajo la fantasía de un régimen liberal le ha costado al país mucho. De ahí no ha emanado más libertad, y la democracia ganada a pulso, más que otorgada graciosamente por el poder, ha servido más bien para ocultar las grandes fallas geológicas que en la existencia social nos dejaron las crisis y el cambio neoliberal. No ha habido en México un mínimo de progreso social, y las cuotas de pobreza acumuladas en estas décadas no se han movido, ni se moverán, a pesar de tanto anuncio.
La falta de crecimiento económico, aunada a la afirmación de los mecanismos institucionales y de poder que hacen de la desigualdad una cultura, determina un panorama desolador para las masas trabajadoras: sin organismos de defensa y representación eficaces, el mundo del trabajo es un teatro de todos contra todos, donde impera la exclusión social y priva el desaliento. La vida familiar no encuentra salidas y la educación dejó de ser una esperanza para volverse un lujo que prácticamente ningún proletario contemporáneo puede darse. Para la mayoría nacional no hay expectativas de salida más que las que ofrece el viaje triste y ominoso a la frontera norte.
El estado de los derechos humanos desplegados en el plano económico, social y cultural es lamentable y nos ha vuelto un país impresentable en la sociedad internacional. Sin asumir esta situación, la sociedad asiste un tanto pasiva a su bifurcación, y la cohesión social tan duramente obtenida tras décadas de progreso económico desigual, a partir de los años 30 del siglo pasado, se fractura sin remedio. En este contexto no puede haber derechos laborales, y sí una simulación permanente a cargo de funcionarios y coyotes que hacen y deshacen, siempre con la mira puesta en mantener la injusticia como forma de ejercer el derecho.
Como nunca antes, somos una comunidad de trabajadores; y como nunca antes somos una sociedad de injusticia social donde impera el malestar y la falta de expectativas se ha apoderado del horizonte de los jóvenes, que no encuentran buen trabajo ni educación adecuada. Sin futuro laboral no hay primero de mayo que celebrar, y la democracia se vuelve banquete de acomodados y acomodaticios.
En su lugar, asistimos al acoso oficial y patronal a mineros, azafatas, trabajadoras de la maquila, como escenario para la cotidiana celebración de la victoria cultural de la derecha y de los ricos. Nada que celebrar mientras tanto. Sólo esperar a que el Gran Ajuste no se vaya a volver otra feria de las balas.
Pasó el primero de mayo y la clase obrera sigue en el paraíso. Más de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada sobrevive en ocupaciones informales, sin seguridad social ni ingreso seguro. Casi todos los que trabajan en este submundo lo hacen en condiciones precarias, su productividad es baja y estancada y sus ingresos rondan el mínimo. No se puede decir que desde esa circunstancia pueda generarse aliento cultural alguno y en la política sólo puede cundir y prosperar el reclamo airado, cuando no corporativo, que suele quedar en manos de liderazgos donde la compra y venta de protección es la costumbre más socorrida.
Con menos de 10 por ciento de los trabajadores organizados, el sindicato se ha vuelto una curiosidad sociológica, cuando no arqueológica. Foco del ataque neoliberal, hoy parece más bien coto de caza de oligarcas mal educados, quienes sojuzgan a los responsables de hacer cumplir la ley laboral y acosan a los trabajadores, atestiguan impávidos la inexistencia de seguridad laboral y amparados por la protección de gobernadores, como en Sonora, violan los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución, mientras buena parte de la opinión pública celebra la libertad de empresa.
Tal es el caso grosero de la minería mexicana, donde reina el poder de Larrea y se persigue a los mineros en diario antihomenaje a Cananea. Las concesiones asoman aquí su peor perfil y ponen en evidencia la renuncia del Estado a ser nacional y popular. De facilitador de la inversión pasó a simple y sumiso guardián.
Los trabajadores que han podido mantener su organización sindical genuina, como los telefonistas o los universitarios, reclaman y proponen, buscan diálogos con la autoridad y los patrones, pero no avanzan. Aliados a diversas organizaciones de productores rurales, entre ellas la CNC priísta, han exigido una conversación con el gobierno que vaya más allá de las cuestiones gremiales específicas, pero no han recibido respuestas adecuadas, que les permitan imaginar al menos otras perspectivas. Junto con el silencio oficial, lo que estas organizaciones obtienen son bonos de la esperanza sin fecha de redención en materia salarial, así como amenazas veladas que emanan de un desempleo disfrazado que asuela el panorama de la ocupación mexicana en todos los niveles.
Vivir bajo la fantasía de un régimen liberal le ha costado al país mucho. De ahí no ha emanado más libertad, y la democracia ganada a pulso, más que otorgada graciosamente por el poder, ha servido más bien para ocultar las grandes fallas geológicas que en la existencia social nos dejaron las crisis y el cambio neoliberal. No ha habido en México un mínimo de progreso social, y las cuotas de pobreza acumuladas en estas décadas no se han movido, ni se moverán, a pesar de tanto anuncio.
La falta de crecimiento económico, aunada a la afirmación de los mecanismos institucionales y de poder que hacen de la desigualdad una cultura, determina un panorama desolador para las masas trabajadoras: sin organismos de defensa y representación eficaces, el mundo del trabajo es un teatro de todos contra todos, donde impera la exclusión social y priva el desaliento. La vida familiar no encuentra salidas y la educación dejó de ser una esperanza para volverse un lujo que prácticamente ningún proletario contemporáneo puede darse. Para la mayoría nacional no hay expectativas de salida más que las que ofrece el viaje triste y ominoso a la frontera norte.
El estado de los derechos humanos desplegados en el plano económico, social y cultural es lamentable y nos ha vuelto un país impresentable en la sociedad internacional. Sin asumir esta situación, la sociedad asiste un tanto pasiva a su bifurcación, y la cohesión social tan duramente obtenida tras décadas de progreso económico desigual, a partir de los años 30 del siglo pasado, se fractura sin remedio. En este contexto no puede haber derechos laborales, y sí una simulación permanente a cargo de funcionarios y coyotes que hacen y deshacen, siempre con la mira puesta en mantener la injusticia como forma de ejercer el derecho.
Como nunca antes, somos una comunidad de trabajadores; y como nunca antes somos una sociedad de injusticia social donde impera el malestar y la falta de expectativas se ha apoderado del horizonte de los jóvenes, que no encuentran buen trabajo ni educación adecuada. Sin futuro laboral no hay primero de mayo que celebrar, y la democracia se vuelve banquete de acomodados y acomodaticios.
En su lugar, asistimos al acoso oficial y patronal a mineros, azafatas, trabajadoras de la maquila, como escenario para la cotidiana celebración de la victoria cultural de la derecha y de los ricos. Nada que celebrar mientras tanto. Sólo esperar a que el Gran Ajuste no se vaya a volver otra feria de las balas.
El mercado mundial y la “reforma” petrolera
Antonio Gershenson
Si vemos algo de la prensa internacional, resulta que lo que aquí se presenta como reforma energética, allá lo ven como una posible solución a la insuficiencia mundial de petróleo crudo y a sus precios más y más altos. En Estados Unidos en especial, al gobierno ya llegó el momento en que le preocupa cada vez más el aumento a los precios del petróleo.
Antes, este reiterado aumento no les preocupaba. Las compañías petroleras, con las que, como es sabido, tienen excelentes relaciones, han obtenido utilidades enormes, y esto no se ha frenado. Pero ahora hay otro elemento. Las encuestas en el vecino país llegaron a un nivel sin precedente: alrededor de 80 por ciento de los encuestados considera que la política vigente no es la adecuada. De por sí había ya una mayoría, del orden de 60 por ciento, y el motivo principal era la guerra de Irak. Ésta, obviamente sigue, pero con el ingrediente adicional del principio de la recesión o crisis, con el que estaría relacionado el tramo adicional de descontentos.
La recesión empieza a ser visible con la crisis de las propiedades inmuebles. Se ha extendido. Y el petróleo muy caro se ha reflejado también en gasolina más y más cara, y ésta en mayores costos de transporte, y éstos en mercancías más caras. Por eso el petróleo caro molesta al gobierno estadunidense, cuando están de por medio las elecciones presidenciales y legislativas del próximo noviembre.
En varias ocasiones ha habido declaraciones echando la culpa a la OPEP, exigiendo a los países de ese organismo que aumenten su producción, pero hasta el momento sin resultado. Y es que ese mismo gobierno, observan dirigentes de países del organismo petrolero, no ha tomado medidas locales para reducir el consumo de gasolina, o para bajar sus precios, ni ha dejado de comprar petróleo para la reserva estratégica, ni ha tomado otras medidas a su alcance.
Entre las causas del petróleo caro, se ha mencionado en esos medios internacionales la reducción, o estancamiento, de la producción de los principales países productores del hidrocarburo que no están en la OPEP. Desde su producción más alta en 2001, Noruega la ha visto bajar en 25 por ciento. En Gran Bretaña, la baja en la producción petrolera fue de 43 por ciento en ocho años. La producción en el principal yacimiento de Alaska bajó en 65 por ciento desde su mayor nivel hace unos 20 años. Y Rusia, principal productor y exportador fuera de la OPEP, aunque no está en el agotamiento de reservas, ha anunciado que no seguirá aumentando su producción de crudo. En la OPEP, aun con un aumento en la producción en Arabia Saudita en los próximos años, en el monto que ese país considera posible, no podría afrontar el aumento en la demanda y la reducción en la producción en la gran mayoría de los productores importantes.
En cuanto a la demanda, decían que con la crisis o recesión en Estados Unidos bajaría la demanda y, por lo tanto, los precios petroleros. Pero no ha sido así. Los principales aumentos en el consumo de petróleo se han dado en China, India y el llamado Medio Oriente. Se pronostica un aumento de 35 por ciento en la demanda mundial, porque el consumo del llamado tercer mundo sube más que lo que pueda pesar el estancamiento o incluso reducción en el gasto de los llamados países industrializados. Y los llamados países en desarrollo consumirían ya más petróleo que éstos.
No podemos dejar de señalar que el petróleo caro es producto, en mucho, de la guerra de Irak y de sus efectos acumulados.
Y, claro, llega el caso de México, que lo dejamos para el final para poderlo analizar con más detalle. Se sigue publicando en los medios citados que entre la producción en bajada (14 por ciento en el primer trimestre de 2008, frente al año 2004) y el aumento en la demanda de derivados del petróleo, sobre todo gasolina, cuyas importaciones se acercan a la mitad del consumo total, en unos cinco años ya México no será un exportador neto de petróleo. Se agrega que la inversión extranjera podría ayudar a México a explotar las aguas profundas, pero que es una propuesta muy impugnada porque en nuestro país se considera al petróleo como parte del patrimonio nacional.
En realidad, las aguas profundas no resuelven este problema, que es de hoy, y en el mejor de los casos se podría empezar a producir en las aguas profundas del Golfo en 10 años. Lo que parecen indicar esas señales del exterior es la intención en explotar, sobrexplotar las reservas reales, las que ya tenemos, para elevar de nuevo la producción y las exportaciones, y contribuir a que haya más petróleo y éste sea más barato. Lo de las aguas profundas es una cortina de humo, para luego decir que ahí van a estar las reservas para sustituir a las que se estarían acabando con la sobrexplotación.
Algunas trasnacionales privilegiadas obtendrían de ahí petróleo no sólo para exportar, sino para sus refinerías privadas, que también quiere imponer la “reforma”. Podrían transportar en sus ductos –que también se les permite instalar– el crudo a la refinería y los refinados a los depósitos de Pemex. Y estarían muy agradecidos con quienes hicieron eso posible.
Si vemos algo de la prensa internacional, resulta que lo que aquí se presenta como reforma energética, allá lo ven como una posible solución a la insuficiencia mundial de petróleo crudo y a sus precios más y más altos. En Estados Unidos en especial, al gobierno ya llegó el momento en que le preocupa cada vez más el aumento a los precios del petróleo.
Antes, este reiterado aumento no les preocupaba. Las compañías petroleras, con las que, como es sabido, tienen excelentes relaciones, han obtenido utilidades enormes, y esto no se ha frenado. Pero ahora hay otro elemento. Las encuestas en el vecino país llegaron a un nivel sin precedente: alrededor de 80 por ciento de los encuestados considera que la política vigente no es la adecuada. De por sí había ya una mayoría, del orden de 60 por ciento, y el motivo principal era la guerra de Irak. Ésta, obviamente sigue, pero con el ingrediente adicional del principio de la recesión o crisis, con el que estaría relacionado el tramo adicional de descontentos.
La recesión empieza a ser visible con la crisis de las propiedades inmuebles. Se ha extendido. Y el petróleo muy caro se ha reflejado también en gasolina más y más cara, y ésta en mayores costos de transporte, y éstos en mercancías más caras. Por eso el petróleo caro molesta al gobierno estadunidense, cuando están de por medio las elecciones presidenciales y legislativas del próximo noviembre.
En varias ocasiones ha habido declaraciones echando la culpa a la OPEP, exigiendo a los países de ese organismo que aumenten su producción, pero hasta el momento sin resultado. Y es que ese mismo gobierno, observan dirigentes de países del organismo petrolero, no ha tomado medidas locales para reducir el consumo de gasolina, o para bajar sus precios, ni ha dejado de comprar petróleo para la reserva estratégica, ni ha tomado otras medidas a su alcance.
Entre las causas del petróleo caro, se ha mencionado en esos medios internacionales la reducción, o estancamiento, de la producción de los principales países productores del hidrocarburo que no están en la OPEP. Desde su producción más alta en 2001, Noruega la ha visto bajar en 25 por ciento. En Gran Bretaña, la baja en la producción petrolera fue de 43 por ciento en ocho años. La producción en el principal yacimiento de Alaska bajó en 65 por ciento desde su mayor nivel hace unos 20 años. Y Rusia, principal productor y exportador fuera de la OPEP, aunque no está en el agotamiento de reservas, ha anunciado que no seguirá aumentando su producción de crudo. En la OPEP, aun con un aumento en la producción en Arabia Saudita en los próximos años, en el monto que ese país considera posible, no podría afrontar el aumento en la demanda y la reducción en la producción en la gran mayoría de los productores importantes.
En cuanto a la demanda, decían que con la crisis o recesión en Estados Unidos bajaría la demanda y, por lo tanto, los precios petroleros. Pero no ha sido así. Los principales aumentos en el consumo de petróleo se han dado en China, India y el llamado Medio Oriente. Se pronostica un aumento de 35 por ciento en la demanda mundial, porque el consumo del llamado tercer mundo sube más que lo que pueda pesar el estancamiento o incluso reducción en el gasto de los llamados países industrializados. Y los llamados países en desarrollo consumirían ya más petróleo que éstos.
No podemos dejar de señalar que el petróleo caro es producto, en mucho, de la guerra de Irak y de sus efectos acumulados.
Y, claro, llega el caso de México, que lo dejamos para el final para poderlo analizar con más detalle. Se sigue publicando en los medios citados que entre la producción en bajada (14 por ciento en el primer trimestre de 2008, frente al año 2004) y el aumento en la demanda de derivados del petróleo, sobre todo gasolina, cuyas importaciones se acercan a la mitad del consumo total, en unos cinco años ya México no será un exportador neto de petróleo. Se agrega que la inversión extranjera podría ayudar a México a explotar las aguas profundas, pero que es una propuesta muy impugnada porque en nuestro país se considera al petróleo como parte del patrimonio nacional.
En realidad, las aguas profundas no resuelven este problema, que es de hoy, y en el mejor de los casos se podría empezar a producir en las aguas profundas del Golfo en 10 años. Lo que parecen indicar esas señales del exterior es la intención en explotar, sobrexplotar las reservas reales, las que ya tenemos, para elevar de nuevo la producción y las exportaciones, y contribuir a que haya más petróleo y éste sea más barato. Lo de las aguas profundas es una cortina de humo, para luego decir que ahí van a estar las reservas para sustituir a las que se estarían acabando con la sobrexplotación.
Algunas trasnacionales privilegiadas obtendrían de ahí petróleo no sólo para exportar, sino para sus refinerías privadas, que también quiere imponer la “reforma”. Podrían transportar en sus ductos –que también se les permite instalar– el crudo a la refinería y los refinados a los depósitos de Pemex. Y estarían muy agradecidos con quienes hicieron eso posible.
Bolivia, momento decisivo
Guillermo Almeyra
La historia de Bolivia es trágica y sus vecinos se llevaron un pedazo de su territorio (Chile la costa del Pacífico y la salida al mar, Brasil, el territorio de Acre, Argentina, parte de Tarija) mientras las trasnacionales se llevaban sus riquezas y los países más industrializados, sus ciudadanos, como mano de obra barata. Ahora, con la complicidad de las trasnacionales y de Estados Unidos, los sectores capitalistas agroindustriales que controlan el departamento de Santa Cruz y el Oriente boliviano, con el apoyo de soyeros y ganaderos argentinos y brasileños, buscan imponer un referéndum secesionista y racista que les dé la posibilidad de tener una política exterior propia, el control de la justicia local, el de los recursos naturales y los ingresos de la zona y fuerzas armadas propias: o sea, en nombre de la autonomía, un poder independiente del de La Paz. El referéndum ha sido declarado ilegal por el Poder Judicial boliviano y no es reconocido por ningún miembro de la OEA y se le impondrá por la fuerza a los indígenas guaraníes y collas (emigrados a Santa Cruz en busca de trabajo), que se abstendrán o votarán en contra a pesar de la presión de los grupos fascistas. Los empresarios y hacendados cruceños dicen ser “orgullosamente mestizos”, pero en la realidad no son cholos, son blancos, k’aras, y particularmente de origen croata o alemán, y no tolerarían jamás ni la unión de sus hijas rubias con indios, a los que califican de “llamas”, ni el mestizaje resultante. A la lucha de clases en Bolivia se le agrega pues el racismo y la confrontación cultural. Mientras los indígenas quieren una nación pluriétnica y pluricultural, los k’aras, que integran las clases dominantes, y muchos mestizos buscan en cambio devolver a los pueblos originarios al subsuelo donde estuvieron recluidos durante casi toda la historia independiente del país.
Aunque el gobierno tiene mayoría indígena y es progresista, el Estado boliviano, esa condensación de las relaciones de fuerzas entre el capital y los oprimidos que se establece mediante la lucha de las clases, en lo esencial no ha cambiado y la burocracia mestiza, inepta y corrupta desde siempre, y los aparatos culturales y los aparatos de represión, son el teatro de esa continua lucha de clases, mientras continúan sirviendo al capital, en general, y a los capitalistas pertenecientes a la fracción de más peso en las clases dominantes (los grandes capitalistas extranjeros) en particular. Por eso el gobierno no tiene en sus manos el poder del Estado y desconfía de las fuerzas armadas, que están divididos horizontalmente (según las clases a las que pertenecen soldados y alta oficialidad) y verticalmente (entre los que quieren mantener los privilegios de los que no son indígenas, y por lo tanto se apoyan en la embajada yanqui, y los que aspiran a construir un país libre e independiente).
El gobierno disuadió a su base social y de masas, que está en el altiplano, de movilizarse hacia Santa Cruz, a aplastar la secesión, porque eso era posible, pero habría provocado combates y muertes (y enfrentamientos de La Paz con los países que respaldan a “sus” soyeros y ganaderos) y, además, habría planteado cómo mantener la ocupación de un territorio donde la mayoría de la población es hostil y tiene otra base étnica. No habrá, pues, grandes enfrentamientos, y la reacción logrará hacer su referéndum ilegal y racista y triunfar en el mismo por amplia mayoría. Pero, cuando envalentonada quiera sacar provecho de esta victoria pírrica, ¿qué pasará en el segundo round de este combate? Porque ahora, por voluntad conciliadora de Evo Morales, se ha conseguido apenas una tregua durante la cual el presidente ha reforzado su apoyo al estatizar las empresas petroleras (reforzando al mismo tiempo la separación entre el sector nacionalista de las fuerzas armadas y los reaccionarios, que quieren derribar del poder al estatizador amenazando así, de paso, las propias estatizaciones y medidas sociales progresistas).
Por la misma razón que hace que los cerdos no vuelen, las oligarquías argentina, brasileña, cruceña y de la Media Luna oriental boliviana no aceptarán jamás un gobierno “de indios”, “de llamas”, que intenta hacer una reforma agraria, crear una amplia agricultura campesina en sus regiones y que atenta contra sus privilegios de siempre. Los terratenientes cruceños rechazaron ya con la violencia la restitución de tierras a los guaraníes y saben que una agricultura campesina, de cultivos múltiples de alimentos, les quitaría la mano de obra barata, cambiaría la composición étnica de la zona, daría mayor peso político a Evo Morales manteniendo la utilización nacional de los recursos naturales situados en la Media Luna y reduciría la expansión soyera. Por lo tanto, se preparan para el choque frontal, apuestan al golpe contra Evo Morales y a la intervención estadunidense, tratan de dividir a las fuerzas armadas. La oligarquía de São Paulo, en los años 30, llegó a una guerra contra el resto de la Federación para separarse porque no quería seguir subsidiando a las demás regiones: fue derrotada militarmente y Brasil, unido, es hoy un país fuerte. Bolivia sólo lo será si se impone a los secesionistas. Pero eso exige una movilización de los campesinos, orientales y del altiplano, una gran reforma agraria reforzada por una marcha hacia Oriente, firmeza del gobierno en la utilización del aparato del Estado y una política especial para conquistar las mentes de los soldados, suboficiales y los oficiales nacionalistas, así como una campaña diplomática preventiva para quitarles el apoyo externo a los escisionistas y evitar la inevitable campaña de desinformación que presentará a Evo Morales como “dictador” si decide hacer cumplir las leyes y la Constitución. Este es el momento de las decisiones, no el de la contemporización.
La historia de Bolivia es trágica y sus vecinos se llevaron un pedazo de su territorio (Chile la costa del Pacífico y la salida al mar, Brasil, el territorio de Acre, Argentina, parte de Tarija) mientras las trasnacionales se llevaban sus riquezas y los países más industrializados, sus ciudadanos, como mano de obra barata. Ahora, con la complicidad de las trasnacionales y de Estados Unidos, los sectores capitalistas agroindustriales que controlan el departamento de Santa Cruz y el Oriente boliviano, con el apoyo de soyeros y ganaderos argentinos y brasileños, buscan imponer un referéndum secesionista y racista que les dé la posibilidad de tener una política exterior propia, el control de la justicia local, el de los recursos naturales y los ingresos de la zona y fuerzas armadas propias: o sea, en nombre de la autonomía, un poder independiente del de La Paz. El referéndum ha sido declarado ilegal por el Poder Judicial boliviano y no es reconocido por ningún miembro de la OEA y se le impondrá por la fuerza a los indígenas guaraníes y collas (emigrados a Santa Cruz en busca de trabajo), que se abstendrán o votarán en contra a pesar de la presión de los grupos fascistas. Los empresarios y hacendados cruceños dicen ser “orgullosamente mestizos”, pero en la realidad no son cholos, son blancos, k’aras, y particularmente de origen croata o alemán, y no tolerarían jamás ni la unión de sus hijas rubias con indios, a los que califican de “llamas”, ni el mestizaje resultante. A la lucha de clases en Bolivia se le agrega pues el racismo y la confrontación cultural. Mientras los indígenas quieren una nación pluriétnica y pluricultural, los k’aras, que integran las clases dominantes, y muchos mestizos buscan en cambio devolver a los pueblos originarios al subsuelo donde estuvieron recluidos durante casi toda la historia independiente del país.
Aunque el gobierno tiene mayoría indígena y es progresista, el Estado boliviano, esa condensación de las relaciones de fuerzas entre el capital y los oprimidos que se establece mediante la lucha de las clases, en lo esencial no ha cambiado y la burocracia mestiza, inepta y corrupta desde siempre, y los aparatos culturales y los aparatos de represión, son el teatro de esa continua lucha de clases, mientras continúan sirviendo al capital, en general, y a los capitalistas pertenecientes a la fracción de más peso en las clases dominantes (los grandes capitalistas extranjeros) en particular. Por eso el gobierno no tiene en sus manos el poder del Estado y desconfía de las fuerzas armadas, que están divididos horizontalmente (según las clases a las que pertenecen soldados y alta oficialidad) y verticalmente (entre los que quieren mantener los privilegios de los que no son indígenas, y por lo tanto se apoyan en la embajada yanqui, y los que aspiran a construir un país libre e independiente).
El gobierno disuadió a su base social y de masas, que está en el altiplano, de movilizarse hacia Santa Cruz, a aplastar la secesión, porque eso era posible, pero habría provocado combates y muertes (y enfrentamientos de La Paz con los países que respaldan a “sus” soyeros y ganaderos) y, además, habría planteado cómo mantener la ocupación de un territorio donde la mayoría de la población es hostil y tiene otra base étnica. No habrá, pues, grandes enfrentamientos, y la reacción logrará hacer su referéndum ilegal y racista y triunfar en el mismo por amplia mayoría. Pero, cuando envalentonada quiera sacar provecho de esta victoria pírrica, ¿qué pasará en el segundo round de este combate? Porque ahora, por voluntad conciliadora de Evo Morales, se ha conseguido apenas una tregua durante la cual el presidente ha reforzado su apoyo al estatizar las empresas petroleras (reforzando al mismo tiempo la separación entre el sector nacionalista de las fuerzas armadas y los reaccionarios, que quieren derribar del poder al estatizador amenazando así, de paso, las propias estatizaciones y medidas sociales progresistas).
Por la misma razón que hace que los cerdos no vuelen, las oligarquías argentina, brasileña, cruceña y de la Media Luna oriental boliviana no aceptarán jamás un gobierno “de indios”, “de llamas”, que intenta hacer una reforma agraria, crear una amplia agricultura campesina en sus regiones y que atenta contra sus privilegios de siempre. Los terratenientes cruceños rechazaron ya con la violencia la restitución de tierras a los guaraníes y saben que una agricultura campesina, de cultivos múltiples de alimentos, les quitaría la mano de obra barata, cambiaría la composición étnica de la zona, daría mayor peso político a Evo Morales manteniendo la utilización nacional de los recursos naturales situados en la Media Luna y reduciría la expansión soyera. Por lo tanto, se preparan para el choque frontal, apuestan al golpe contra Evo Morales y a la intervención estadunidense, tratan de dividir a las fuerzas armadas. La oligarquía de São Paulo, en los años 30, llegó a una guerra contra el resto de la Federación para separarse porque no quería seguir subsidiando a las demás regiones: fue derrotada militarmente y Brasil, unido, es hoy un país fuerte. Bolivia sólo lo será si se impone a los secesionistas. Pero eso exige una movilización de los campesinos, orientales y del altiplano, una gran reforma agraria reforzada por una marcha hacia Oriente, firmeza del gobierno en la utilización del aparato del Estado y una política especial para conquistar las mentes de los soldados, suboficiales y los oficiales nacionalistas, así como una campaña diplomática preventiva para quitarles el apoyo externo a los escisionistas y evitar la inevitable campaña de desinformación que presentará a Evo Morales como “dictador” si decide hacer cumplir las leyes y la Constitución. Este es el momento de las decisiones, no el de la contemporización.
Reforma petrolera: su primer tropiezo
José Agustín Ortiz Pinchetti
La resistencia a la reforma petrolera, apoyada por gran parte de la población, ganó el primer round. No hay que cantar victoria, la pelea es a 15 asaltos o más. El balance es claro: la reforma no fue aprobada en el periodo ordinario y se obligó a sus promotores a una (para ellos indeseable) discusión pública que abarcará casi todo el receso. ¿Cómo pudieron lograr AMLO y sus aliados bloquear un propósito compartido por los controladores del PRI y del PAN?
Muy importante fue la huelga legislativa, que los medios volvieron espectacular para dañar el prestigio de sus promotores, pero el factor decisivo fue la movilización de los resistentes y su excelente organización. Hay decenas de miles de activistas organizados en brigadas, con mandos bien definidos, con gran articulación y con mística, capaces de escalar la resistencia hasta llegar a la desobediencia civil. Es un hecho insólito sin precedentes. Este factor no es accidental ni marginal, sino es la línea central de la defensa.
¿Qué hemos aprendido de este episodio? Calderón ha confiado en el control autoritario que ejerce sobre los medios. Estos han lanzado una ofensiva “demoledora” contra AMLO y contra el PRD. Pero no los han vencido; han subido un poco en su aceptación en lugar de caer. La concentración del domingo pasado fue la mayor de todas de este ciclo.
Calderón, Mouriño y el PAN se han puesto en manos de Beltrones, y éste ha demostrado que puede ser cómplice y victimario, pero no aliado confiable. Cualquier apoyo que brinde lo cobrará caro. Después de las elecciones de 2009 se dedicará a descuartizar a Calderón y al PAN.
AMLO ejerce un liderazgo sólido en esta causa estratégica. El PRD, inclusive la fracción de Nueva Izquierda, y el FAP lo han aceptado. Muchos priístas reconocen que este personaje está nucleando la defensa de Pemex.
La reforma puede abortar o convertirse en un proyecto inocuo, o incluso iniciar una reorganización sana de Pemex si AMLO y sus aliados logran dos cosas: primera, que la discusión sobre las iniciativas sea expuesta a la opinión pública a través de los medios. Atrapada en los recintos parlamentarios todo terminaría con un mayoriteo previsible. Segunda: que no pare la movilización y que alcance una estructura sólida, de gran disciplina y movilidad, que garantice un efecto disuasivo contra la iniciativa desnacionalizadora de Calderón.
La resistencia a la reforma petrolera, apoyada por gran parte de la población, ganó el primer round. No hay que cantar victoria, la pelea es a 15 asaltos o más. El balance es claro: la reforma no fue aprobada en el periodo ordinario y se obligó a sus promotores a una (para ellos indeseable) discusión pública que abarcará casi todo el receso. ¿Cómo pudieron lograr AMLO y sus aliados bloquear un propósito compartido por los controladores del PRI y del PAN?
Muy importante fue la huelga legislativa, que los medios volvieron espectacular para dañar el prestigio de sus promotores, pero el factor decisivo fue la movilización de los resistentes y su excelente organización. Hay decenas de miles de activistas organizados en brigadas, con mandos bien definidos, con gran articulación y con mística, capaces de escalar la resistencia hasta llegar a la desobediencia civil. Es un hecho insólito sin precedentes. Este factor no es accidental ni marginal, sino es la línea central de la defensa.
¿Qué hemos aprendido de este episodio? Calderón ha confiado en el control autoritario que ejerce sobre los medios. Estos han lanzado una ofensiva “demoledora” contra AMLO y contra el PRD. Pero no los han vencido; han subido un poco en su aceptación en lugar de caer. La concentración del domingo pasado fue la mayor de todas de este ciclo.
Calderón, Mouriño y el PAN se han puesto en manos de Beltrones, y éste ha demostrado que puede ser cómplice y victimario, pero no aliado confiable. Cualquier apoyo que brinde lo cobrará caro. Después de las elecciones de 2009 se dedicará a descuartizar a Calderón y al PAN.
AMLO ejerce un liderazgo sólido en esta causa estratégica. El PRD, inclusive la fracción de Nueva Izquierda, y el FAP lo han aceptado. Muchos priístas reconocen que este personaje está nucleando la defensa de Pemex.
La reforma puede abortar o convertirse en un proyecto inocuo, o incluso iniciar una reorganización sana de Pemex si AMLO y sus aliados logran dos cosas: primera, que la discusión sobre las iniciativas sea expuesta a la opinión pública a través de los medios. Atrapada en los recintos parlamentarios todo terminaría con un mayoriteo previsible. Segunda: que no pare la movilización y que alcance una estructura sólida, de gran disciplina y movilidad, que garantice un efecto disuasivo contra la iniciativa desnacionalizadora de Calderón.
Crisis alimentaria y vulnerabilidad nacional
Editorial
De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el alza sostenida en los precios internacionales de los productos alimentarios ha significado para la economía mexicana en el último año un costo de 12 mil 898 millones de dólares por concepto de la compra en el exterior de 127 alimentos e insumos agropecuarios, entre los que destacan maíz, trigo, soya, leche en polvo y semillas para la siembra. Para poner el dato en perspectiva, debe mencionarse que la cifra representa un aumento del orden de 5 mil millones de dólares con respecto a 2005 –año que el propio BdeM toma como referencia, por ser el último en el que se tuvieron precios estables–, incremento que supera las ganancias obtenidas por concepto del excedente en las ventas de petróleo en el exterior durante el año pasado, que fue de 4 mil 452 millones de dólares.
Esa alza de los precios ha despertado la inquietud de muchos gobiernos e incluso de organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha advertido que la situación representa ya una emergencia que afecta a millones de personas en el mundo, por cuanto el derecho fundamental a la alimentación se encuentra bajo seria amenaza.
En el caso de México, las exigencias del libre mercado han llevado a los sucesivos gobiernos a adoptar políticas agrarias erráticas, basadas en un modelo de ventajas comparativas que ha evidenciado ya sus deficiencias estructurales. La adopción de tal modelo ha ido a contrapelo de la soberanía alimentaria, ha hecho a nuestro país dependiente de las importaciones de diversos productos y lo ha afectado en términos económicos, como lo muestran los datos referidos. Al mismo tiempo, se percibe una alta vulnerabilidad ante la escasez provocada por las presiones especulativas de las grandes empresas agroexportadoras y los intermediarios, pero también ante circunstancias como la actual, en que influyen factores climatológicos como las sequías, reducciones en los inventarios, altos precios de los hidrocarburos y una demanda creciente de materias primas como el maíz para producir biocombustibles.
Al mismo tiempo, quedan en entredicho las supuestas ventajas que supondría para México, y en particular para el sector agrícola nacional, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): al día de hoy ese acuerdo trilateral ha contribuido a acelerar el abandono de los entornos rurales, a ahondar la pobreza de miles de campesinos y a profundizar la dependencia del país con respecto a los productos agrícolas que se producen en el extranjero. Con ello, se ha colocado a la población en una situación de riesgo que hoy está dando muestras de su magnitud, y que en los meses siguientes pudiera profundizarse con más incrementos a los precios de los alimentos y el desabasto de los mismos. Como ocurre siempre en estos casos, quienes más resienten estas situaciones son los pobres, que destinan proporciones muy altas de sus ingresos a la compra de productos alimenticios.
En suma, queda de manifiesto la necesidad de un viraje a una política agrícola de soberanía, que se base en la producción nacional de los alimentos que necesitan los mexicanos, a fin de que México y sus habitantes dejen de depender de las importaciones. No actuar en ese sentido implicaría condenar al país a un destino que, desde ya, se muestra desolador.
De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el alza sostenida en los precios internacionales de los productos alimentarios ha significado para la economía mexicana en el último año un costo de 12 mil 898 millones de dólares por concepto de la compra en el exterior de 127 alimentos e insumos agropecuarios, entre los que destacan maíz, trigo, soya, leche en polvo y semillas para la siembra. Para poner el dato en perspectiva, debe mencionarse que la cifra representa un aumento del orden de 5 mil millones de dólares con respecto a 2005 –año que el propio BdeM toma como referencia, por ser el último en el que se tuvieron precios estables–, incremento que supera las ganancias obtenidas por concepto del excedente en las ventas de petróleo en el exterior durante el año pasado, que fue de 4 mil 452 millones de dólares.
Esa alza de los precios ha despertado la inquietud de muchos gobiernos e incluso de organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha advertido que la situación representa ya una emergencia que afecta a millones de personas en el mundo, por cuanto el derecho fundamental a la alimentación se encuentra bajo seria amenaza.
En el caso de México, las exigencias del libre mercado han llevado a los sucesivos gobiernos a adoptar políticas agrarias erráticas, basadas en un modelo de ventajas comparativas que ha evidenciado ya sus deficiencias estructurales. La adopción de tal modelo ha ido a contrapelo de la soberanía alimentaria, ha hecho a nuestro país dependiente de las importaciones de diversos productos y lo ha afectado en términos económicos, como lo muestran los datos referidos. Al mismo tiempo, se percibe una alta vulnerabilidad ante la escasez provocada por las presiones especulativas de las grandes empresas agroexportadoras y los intermediarios, pero también ante circunstancias como la actual, en que influyen factores climatológicos como las sequías, reducciones en los inventarios, altos precios de los hidrocarburos y una demanda creciente de materias primas como el maíz para producir biocombustibles.
Al mismo tiempo, quedan en entredicho las supuestas ventajas que supondría para México, y en particular para el sector agrícola nacional, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): al día de hoy ese acuerdo trilateral ha contribuido a acelerar el abandono de los entornos rurales, a ahondar la pobreza de miles de campesinos y a profundizar la dependencia del país con respecto a los productos agrícolas que se producen en el extranjero. Con ello, se ha colocado a la población en una situación de riesgo que hoy está dando muestras de su magnitud, y que en los meses siguientes pudiera profundizarse con más incrementos a los precios de los alimentos y el desabasto de los mismos. Como ocurre siempre en estos casos, quienes más resienten estas situaciones son los pobres, que destinan proporciones muy altas de sus ingresos a la compra de productos alimenticios.
En suma, queda de manifiesto la necesidad de un viraje a una política agrícola de soberanía, que se base en la producción nacional de los alimentos que necesitan los mexicanos, a fin de que México y sus habitantes dejen de depender de las importaciones. No actuar en ese sentido implicaría condenar al país a un destino que, desde ya, se muestra desolador.
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