Sociedades de convivencia, avances y derrotas

jenaro villamil

México, D.F., 9 de noviembre (apro).- Diecisiete años después de que en Dinamarca se aprobara el primer modelo de unión civil entre parejas del mismo sexo, siete años después de que comenzara la discusión legislativa en la capital del país y tras intentos consecutivos por aprobarla en las dos legislaturas anteriores, finalmente una amplia mayoría de diputados aprobó este jueves en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la Ley de Sociedades de Convivencia.

Esta ley no es equiparable al matrimonio entre gay’s y lesbianas. Hasta el momento, esta figura sólo existe en los códigos civiles de España, Bélgica, Holanda y en algunas provincias de Canadá. El matrimonio gay regula la relación y convivencia de dos personas del mismo sexo, con iguales requisitos y efectos para los matrimonios tradicionales, incluyendo la adopción de hijos, y con plenos derechos en materia de seguridad social, herencia, patrimonio común, etcétera.

A diferencia de los matrimonios, las sociedades de convivencia se asemejan a la figura del Pacto Civil de Solidaridad, que existe en Francia, y a modelos de unión civil en Alemania, Eslovenia, Finlandia y Hungría, así como en diez regiones de Italia, en Portugal, Gran Bretaña (donde se permite la adopción), en la ciudad de Buenos Aires, en Brasil y en algunas entidades norteamericanas como California, Vermont, Nueva Jersey, Washington DC, Connecticut y Maine. En estos sitios se les llama compañeros domésticos a quienes participan en las uniones civiles.

Las uniones civiles tienen modelos flexibles, no comparten los mismos derechos y obligaciones que los cónyuges, no permiten la adopción de hijos, pero sí garantizan la tutela alimentaria de la pareja, así como la posibilidad de compartir un mismo patrimonio.

En el caso de las sociedades de convivencia capitalinas, éstas se podrán formalizar ante la dirección general jurídica y de gobierno del órgano político administrativo de las delegaciones.

El modelo de sociedades de convivencia aprobado en la Ciudad de México no es exclusivo para las parejas gay o lésbicas, ni tampoco reclama un vínculo o trato sexual. En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que este tipo de sociedades puede establecerse “en aquellas relaciones en las que no necesariamente exista trato sexual, sino sólo el deseo de compartir una vida en común, basada en auténticos lazos de solidaridad humana, de comprensión mutua y apego afectivo”. La única limitante es que no exista parentesco o lazos de consanguinidad hasta en cuarto grado.

En esencia, constituye un avance importante para todo tipo de parejas que no tienen certeza jurídica en su unión, que no generan derechos sucesorios a sus parejas ni asumen deberes recíprocos. Este elemento era común en el caso de decenas de uniones entre gay’s o lesbianas e, incluso, entre ancianos o personas de la tercera edad que compartían un espacio con algún amigo o amiga. Al morir uno de los individuos, su pareja no podía reclamar derechos sucesorios. Muchos de sus bienes pasaban a formar parte de la beneficencia pública o, en el peor de los casos, se generaban serios conflictos con los parientes cercanos que se reconocen como los “herederos legítimos”.

A pesar de estos avances, hay varios puntos pendientes para el reconocimiento pleno de derechos entre uniones de este tipo. El principal es la posibilidad de proporcionar seguridad social y otro tipo de prestaciones a alguna de las parejas que carezca de ella. Para lograr este punto se requiere aún una reforma en la ley federal sobre la materia.

Por otro lado, también hay derrotas visibles en sectores que alimentaron la oposición a este modelo de uniones civiles, con el espantajo de que se legalizan “las uniones antinaturales”, se permitirá la “pedofilia” porque se permite la adopción de hijos –algo que evidentemente no contempla la iniciativa-- y se atenta contra el modelo de familia tradicional formada por un hombre y una mujer.

El más entusiasta opositor fue el arzobispo primado y cardenal de la Ciudad de México, Norberto Rivera. Si antes pudo presionar y hasta lograr sus fines durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora Rivera ya no tiene la misma capacidad de maniobra. Los escándalos consecutivos que lo han involucrado como protector de pederasta o, por lo menos, omiso frente a constantes casos de abusos sexuales, han dañado su credibilidad.

Hasta algunos legisladores panistas consideran que la animosidad del cardenal y de grupos afines, como la Unión Nacional de Padres de Familia o Provida, “no ayudan” para enmendar la imagen de homofobia e intolerancia que le ha costado mucho a Acción Nacional.

El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, en conferencia de prensa realizada un día antes de la sesión de este jueves, respondió que la Iglesia católica y sus organismos afines deben preocuparse más por sancionar a los propios curas abusadores que por la ley de sociedades de convivencia.

“Ojalá también publicaran desplegados para combatir los abusos sexuales al interior de la Iglesia., que pusieran un ejemplo de justicia y respeto a los derechos humanos o que hicieran un pronunciamiento público en contra de las violaciones a los derechos humanos al interior de sus iglesias”, remató Alvarez Icaza.

La derrota principal para el PAN fue no haber convencido con argumentos las presuntas “inconsistencias jurídicas” para volver a congelar la iniciativa durante tres años más.

Ahora, tanto el PAN como la jerarquía católica se enfrentan a la posibilidad de que en estados como Coahuila, Morelos y Michoacán se ventilen iniciativas similares para aprobar sociedades de convivencia.

El más entusiasta promotor de uniones gay’s y lesbianas en Coahuila es el obispo de Saltillo, Raúl Vera, advirtiendo que las respetará siempre y cuando no sean consideradas plenamente como matrimonios. Además del obispo, los legisladores locales priistas y el mismo gobernador Humberto Moreira han expresado su apoyo a la discusión, que ya logró su primera victoria legislativa en el Distrito Federal.

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