En defensa de la UNAM

Editorial

El modelo de educación pública en México ha estado desde hace varios años bajo la mira de grupos de derecha, los cuales persiguen la privatización de escuelas, universidades e institutos con el pretexto de que así se mejoraría su eficiencia y la calidad de la enseñanza. Al parecer, esta postura será la norma en el sexenio del presidente Felipe Calderón, como lo demuestran el proyecto de presupuesto 2007, que reduce los recursos destinados a la educación, y las declaraciones contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formuladas por el diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, del Partido Acción Nacional (PAN).

Respecto a la reducción de 900 millones de pesos en las partidas destinadas a la UNAM, el legislador presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, por lo que es corresponsable de aprobar el dictamen del proyecto de egresos dijo "qué bueno" que a la universidad se le rebajaron dichos ingresos.

Padilla Orozco, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sostuvo que hay universidades que no han crecido y relacionó el hecho de que sus hijos estudian en escuelas privadas con la calidad educativa cuando afirmó "me encantaría que todos estudiaran en escuelas que tuvieran mejor calidad": omite que en el país hay instituciones públicas de gran calidad y prestigio internacional, así como escuelas privadas que ofrecen una educación de segunda clase.

Este tipo de declaraciones forman parte de una campaña contra la educación pública, y en especial contra la UNAM, la punta de lanza del sistema educativo mexicano. En ese contexto, señalar los fallos y deficiencias de la universidad sin considerar sus logros y avances se ha convertido en una constante dentro de ciertos círculos políticos vinculados al PAN y a algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional.

Pero lo cierto es que la UNAM no es la única institución afectada: el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia también han sufrido importantes recortes. Peor aún, el proyecto de egresos 2007 reduce el presupuesto educativo en unos 4 mil 500 millones de pesos, de los cuales 2 mil millones corresponderían a la educación superior. Con estos recortes, cabe preguntarse cómo México podrá superar el último lugar que ocupa en materia educativa entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Por otra parte, las declaraciones de Padilla Orozco evidencian un desconocimiento sobre el papel de la UNAM en la vida nacional: cuenta con más de un cuarto de millón de estudiantes que cursan 76 carreras y 48 programas de posgrado, impartidos por más de 30 mil académicos. Asimismo, la UNAM (sitio 74) es la única institución iberoamericana que figura entre los 100 primeros lugares de la lista de mejores universidades del mundo elaborada por el diario británico The Times y genera 50 por ciento de toda la investigación en el país. Es evidente que una disminución de sus recursos tendrá un negativo impacto: Virginia García Acosta, directora general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, denunció que los 27 centros de investigación de la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt podrían dejar de operar si no se incrementa su presupuesto en 750 millones de pesos.

Dada la importancia de la UNAM, resulta inadmisible que un legislador la ataque de esta manera con base en prejuicios e ideas falsas sobre su desempeño. Siendo un pilar de la educación y del desarrollo del país, se debería reforzar a esta institución en vez de celebrar recortes presupuestales que afectarán a todo México.