Ulises Ruiz tiene 7 días para informar al Senado sobre detenciones de oaxaqueños

ANDREA BECERRIL , VICTOR BALLINAS , JUAN BALBOA

Desde la tribuna del Senado de la República y a nombre del PRD, Ricardo Monreal Avila exigió la liberación inmediata de los presos políticos de Oaxaca y sostuvo que si Benito Juárez viviera "se sentiría avergonzado por lo que ocurre en su tierra natal, por la criminalización de la protesta social, por la politización de la justicia".

El perredista aprovechó que en el pleno se hablaba del bicentenario del natalicio de Juárez, para sacar a relucir el caso de los presos oaxaqueños y para exigir que cese el hostigamiento en contra de luchadores sociales.

"Juárez dejó una huella imborrable en la construcción de este país, debemos honrarlo en los hechos", si viviera, "le daría pena que hablaran en su nombre los cómplices de las injusticias, le daría vergüenza por los sátrapas que están al frente de los órganos de gobierno" en su entidad.

Por eso, agregó Monreal, el grupo parlamentario del PRD "le exige a los gobiernos federal y estatal la libertad de todos los presos políticos en Oaxaca", y "que cese la ominosa represión y persecución que se ha desatado, así como el clima de hostigamiento contra las familias de los encarcelados injustamente".

No es posible, insistió, avalar "las actitudes cínicas de criminalizar la protesta social y después graciosamente pagarles la fianza para que ya no hagan alboroto. No podemos aceptar esas prácticas, por eso es oportuno recordar a Juárez, que se sentiría avergonzado por lo que han hecho en su tierra y a su gente".

Monreal aprovechó también para formular un llamado "al gobierno ilegítimo": que regresen a Juárez a Los Pinos, pues "aun cuando lo oculte el Yunque, aun cuando les avergüence, Juárez está presente".

Durante la sesión de ayer, el pleno del Senado acordó solicitar al gobernador Ulises Ruiz un informe detallado sobre la integración y el estado que guardan las averiguaciones previas iniciadas contra 14 detenidos los pasados 24 y 25 de noviembre en Oaxaca y trasladados luego al Centro Federal de Readaptación Social Noroeste número 4, El Rincón, en Tepic, Nayarit.

Se le dan a Ruiz siete días naturales contados a partir de que reciba la notificación del Senado para que presente el informe. Asimismo, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que preside Rosario Ibarra, se podrán trasladar al penal de Nayarit, "a efecto de conocer el estado que guardan las averiguaciones previas, así como el estado de salud de los detenidos", a fin de informar de la situación al pleno.

Diputados del PRD, por el juicio político contra el gobernador

Por otra parte, diputados del PRD exigieron a la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre el operativo realizado por cuerpos policiacos en Oaxaca, pues cometieron actos de violencia, detenciones ilegales, vinculación con paramilitares y debe establecerse su responsabilidad en los crímenes cometidos en esa entidad.

Los legisladores de la corriente Izquierda Democrática Nacional del PRD hicieron un llamado a todos los defensores de derechos humanos a impulsar la solicitud de juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, señaló la diputada Aleida Alavez Ruiz.

La legisladora perredista consideró que después de siete meses, "el conflicto no se atiende y el gobierno federal y local omiten salidas pacíficas y fortalecen la violencia". Instó al gobierno federal a asignar los recursos necesarios para la entidad y su restablecimiento económico y social con la auditoría de un consejo ciudadano de la operación de los mismos.

Los perredistas insistieron en que la demanda inmediata de todos los sectores oaxaqueños sigue siendo la salida del gobernador para distender el conflicto y habilitar mecanismos de diálogo. Destaca que el movimiento surgido por la desatención de las demandas magisteriales en esa entidad ha crecido a tal magnitud que es ya simbólico de la crisis política que atraviesa el país.

"Las acciones del gobierno estatal han ido del autoritarismo caciquil a la soberbia y humillación, al pagar las fianzas de quienes fueron aprehendidos y enviados a Nayarit", apuntan, y recuerdan que el gobierno de Ulises Ruiz se ha caracterizado por la persecución, represión y desaparición de sus adversarios, esto es, la violación flagrante a las garantías individuales y de derechos humanos.

Aseguran que el movimiento social oaxaqueño en contra del gobierno de Ulises Ruiz cuenta con el apoyo nacional e internacional, además de sectores importantes de Oaxaca que exigen la salida del mandatario y el restablecimiento de la paz en esa entidad sureña.