Carlos Fernández-Vega
Como siempre, el discurso presidencial se aleja de la realidad, en especial cuando se recuerda un dato inmediato, el "aumento" al salario mínimo para 2007: 3.9 por ciento, equivalente a casi 1.9 pesos diarios, para reunir algo así como mil 500 pesos mensuales.
Lo anterior viene a colación porque ayer el inquilino de Los Pinos aseguró que "todo ser humano tiene derecho a un salario digno", y a menos que los millones de mexicanos que obtienen el salario mínimo, e incluso mucho menos, no sean considerados seres humanos, el ingreso por ellos obtenido no sólo es injusto, sino anticonstitucional.
Tal frase célebre se incluyó en el discurso previo a la firma una más de la "iniciativa de reforma constitucional para regular los sueldos de los servidores públicos", intentona calderonista que podría tener un buen efecto mediático, pero escasos resultados concretos. De acuerdo con el firmante, "durante décadas uno de los temas que más han agraviado a los mexicanos son los ingresos que llegan a establecerse para sí y de manera abusiva, algunos funcionarios de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno".
Mayor agravio, sin embargo, ha sido la falta de resultados de esa onerosa clase política que, según el inquilino de Los Pinos, tendría vergüenza y conciencia suficientes como para auto reprimirse en materia salarial, y que por voluntad propia se apartaría, así fuera unos cuantos milímetros, de la ubre presupuestal, a la que tanto cariño le tienen.
Pero el problema es que Felipe Calderón circunscribe el daño al costo monetario que sobre las finanzas públicas tiene la ambiciosa comunidad de funcionarios, comenzando por los que recién arribaron, que en su etapa de "transición" se comieron 150 millones de pesos en escasos 85 días (del 6 de septiembre al 30 de noviembre pasados).
En ninguna parte de la "iniciativa" se habla del costo mayor: los mediocres resultados políticos, económicos y sociales cuando raramente los hay del grupo que, según esto, lleva las riendas del país, y que de plano no logra organizarlo, ponerlo de pie ni echarlo a caminar.
Tampoco refiere lo oneroso que resulta el enorme aparato que se mueve en torno a un funcionario gubernamental. Como lo comentamos en este espacio, tras la firma que el mismo inquilino hiciera (3 de diciembre) de un decreto de "austeridad" para recortar en vía de mientras 10 por ciento los salarios de los mandos superiores, en el balance no se incluyó séquito, propaganda, cuidadores de "imagen", comunicación social, aparato de seguridad, transportación, "remodelaciones", "cabañitas", giras nacionales e internacionales, vestimenta, familia, parientes y demás, que al erario le cuesta, y cada vez más, para que un "servidor público", sea éste del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, se sienta cómodo, aunque en muchos casos no sirva para nada (el funcionario, desde luego).
La cruda realidad nos demuestra que no ha sucedido así. Por el contrario, el sueldo presidencial, el de su gabinete, las "dietas" del Legislativo y los verdaderos atracos del Judicial, de los gobiernos estatales y municipales, han crecido de manera inversamente proporcional a los resultados por ellos ofrecidos a México, a los mexicanos. En sentido contrario, el derecho que "todo ser humano tiene a un salario digno" hace mucho que se viola, a la par que la Constitución.
Son tres cargas específicas para los mexicanos: los elevadísimos sueldos y las crecientes prestaciones, el enorme aparato que se mueve en torno a un funcionario de alto nivel y, el más oneroso sin que los anteriores sean una bombón la permanente falta de resultados, algo por demás importante que la iniciativa de ayer evade (la del 3 de diciembre también). Entonces, ¿sirve de algo reducir el sueldo de los "servidores públicos" sin que garanticen un mínimo de resultados? No mucho. Y el gabinete foxderonista es un rosario de ejemplos.
En vía de mientras, no va mal un repaso del estudio (2003) que sobre Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparativa elaboró el CIDE (Laura Carrillo Anaya y Juan Pablo Guerrero Amparán): el nivel actual de los sueldos de la alta función pública en México es muy alto si se los compara a escala nacional e internacional. Algunas hipótesis para explicar lo anterior: la política de combate a la corrupción, la competencia con el sector privado por recursos humanos altamente capacitados, el alto costo de la vida en la ciudad de México, la concentración de trabajo y responsabilidad en pocos mandos del gobierno. Sin embargo, ninguna de ellas parece ser por sí sola concluyente.
Aunque en todos los países considerados los altos funcionarios ganan más que la mayoría de la población gobernada, en México la desproporción es mayor. La reducción salarial de los altos funcionarios no toca el fondo del problema, por más popular que pueda ser la medida (porque) la sociedad mexicana seguirá pagando sueldos altos en todos los niveles de gobierno, sin que ello garantice desempeño, eficiencia y productividad, ni una mayor calidad en las acciones, bienes y servicios públicos. La percepción general suele ser que esas remuneraciones de primer mundo no han garantizado a la sociedad mexicana un gobierno que provea de bienes y servicios públicos de primera calidad.
El primer mandatario mexicano tiene un ingreso superior al de varios jefes de gobierno del mundo. A partir de los sueldos de secretario de Estado, México queda en primer lugar de 12 países considerados (sin incluir bonos, ni ingresos indirectos por prestaciones laborales). Un subsecretario mexicano gana 45 por ciento más que un estadunidense, más del doble que un alemán, inglés o francés, más del triple que un español. Vale recordar que esos cinco países desarrollados tienen un ingreso per cápita por lo menos tres veces superior al de México.
Las rebanadas del pastel
Un sentido adiós al maestro Ryszard Kapuscinski.
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