PP: intolerancia, autoritarismo y algo más

Editorial

El jueves pasado, en una asamblea de accionistas del Grupo Prisa, el presidente de ese consorcio mediático, Jesús de Polanco, dijo que el Partido Popular -el principal instituto de oposición en España- "considera que todo vale con tal de recuperar el poder", acusó que hay en las filas de ese organismo político "quien desea volver a la guerra civil", y calificó como "franquismo puro y duro" el respaldo de los "populares" a una marcha de protesta a la política antiterrorista del actual gobierno, manifestación en la que algunos participantes ondearon la bandera oficial de la dictadura de Francisco Franco. La reacción del máximo dirigente formal del PP, Mariano Rajoy, confirmó y rebasó esos señalamientos: en un comunicado dirigido "a todos los ciudadanos, y de manera especial a los accionistas, anunciantes y clientes" del Grupo Prisa, la cúpula del partido decretó un boicot informativo y económico contra todas las empresas del conglomerado.

Tal decisión ha sido objeto de toda suerte de justificadas críticas por parte del resto del espectro político español, e inclusive de organismos europeos. La pretensión de los "populares" de acallar voces que le son adversas pone sobre la mesa de discusión las actitudes indebidas de los factores del poder político -gobernantes, partidos, legislaturas, tribunales- ante los medios, y no sólo en España. Resulta ilustrativo recordar que, durante su ejercicio gubernamental (1996-2004), el "popular" José María Aznar y sus colaboradores persiguieron judicialmente a De Polanco y al directivo de Prisa Juan Luis Cebrián, con acusaciones inventadas, e intentaron impedir el acceso del consorcio al mercado televisivo. Ha de mencionarse también que en las instancias de gobierno autonómico o municipal controladas por gente del PP, el Grupo Prisa ha sufrido actos de discriminación en licitaciones, las cuales se entregan, por norma, a empresarios afines al partido de Aznar y de Mariano Rajoy, a la Iglesia católica o a grupos de propaganda ultraderechista, como Libertad Digital. Desde luego, los nuevos concesionarios practican la exclusión informativa contra expresiones políticas que no sean las del Partido Popular.

El reciente discurso de De Polanco habría podido describir fielmente no sólo el creciente extremismo de la principal formación derechista española, sino también el comportamiento de la derecha gobernante en México durante la pasada campaña electoral: ese "todo se vale" se tradujo, aquí, en campañas de lodo -el manejo gubernamental-televisivo del caso Ahumada-; en la persecución judicial injustificada contra el principal aspirante presidencial opositor; en una campaña mediática de linchamiento; en la grosera intervención de la Presidencia de la República para respaldar al candidato oficialista y denostar a su adversario; en el uso de recursos públicos con estos fines; en un manejo desaseado y sospechoso de los resultados electorales, y finalmente, ante el descontento social generado por todos esos abusos, en una gigantesca movilización policiaco-militar para asegurar la sucesión.

No hay que esforzarse mucho para descubrir los paralelismos entre las prácticas gubernamentales y partidistas del PP español y el grupo político-empresarial que ejerce el poder efectivo en nuestro país desde hace varios sexenios, y del que forman parte destacada algunos consorcios mediático-informativos. Aquí se asegura la exclusividad del espectro radioeléctrico a un puñado de concesionarios que, a cambio, modulan la información en favor del gobierno y del empresariado, excluyen las opiniones críticas y censuran cualquier intento de esclarecimiento periodístico que pudiera afectar a algún integrante del clan oligárquico; recuérdese a este respecto, el boicot publicitario decretado hace una década por los grandes empresarios para silenciar a informadores que documentaban las prácticas de pederastia de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Aquí los grandes consorcios televisivos avasallan a las instituciones políticas, como ocurrió recientemente con la aprobación de la llamada ley Televisa. Por lo demás, aquí los gobernantes en turno suelen asignar la parte del león de los presupuestos públicos destinados a publicidad oficial a los medios electrónicos -que son parte de su instrumental de dominación propagandística- y lo que queda lo reparten entre los medios impresos que les son adeptos y aliados.

Las redes de complicidad entre los poderes políticos, económicos y mediáticos, el uso del poder público para beneficiar a aduladores y perjudicar a críticos y otras prácticas clientelares y patrimonialistas con recursos de la nación, constituyen graves atropellos a la libertad de expresión, de opinión, de información y de empresa y, como ocurre en la península ibérica con la actual campaña del PP contra Prisa, son una negación grosera y agraviante de los más elementales principios democráticos.

Para volver al caso de España, ha de reconocerse que la única ofensa de De Polanco a la cúpula de los "populares" fue la enunciación de la verdad. Y es que allá le ha pasado al PP, en la oposición, lo mismo que le ocurrió, aquí, a Acción Nacional, en el poder: es decir, ha ido perdiendo su máscara democrática, ha mostrado su disposición de dañar a las instituciones con tal de recuperar (o conservar) su control, y se ha revelado como una formación autoritaria, confesional e intolerante. Ha quedado claro que actualmente la organización política fundada por Manuel Fraga -ministro de Información de la dictadura- no está comprometida con la democracia, sino con su propios antecedentes franquistas, y el adjetivo no es insulto, sino descripción. El señalamiento del empresario mediático de que no falta en ese partido quien quiera volver a la guerra civil se confirma con la declaración formulada días después por el ex presidente español Felipe González, quien dijo que España vive un debate "prebélico".

En tales circunstancias, quizá sea tiempo de llamar a las cosas por su nombre y señalar que hoy el partido de Aznar y de Rajoy es algo más que un factor de autoritarismo y regresión derechista; es el huevo de la serpiente, como llamó el cineasta sueco Ingmar Bergman a las fases iniciales del fascismo. Cabe hacer votos porque el resto de los españoles sea capaz de impedir el desarrollo del embrión metafórico.

Para finalizar, los ataques a la libertad de expresión y al ejercicio de opinión son ética y profesionalmente inaceptables y repudiables, independientemente de la identidad, el tamaño y la orientación política e ideológica de los agresores y de los afectados. El hecho de que el Grupo Prisa y su buque insignia, el periódico El País, constituyan un poderoso y vasto conglomerado empresarial, no los descalifica como legítimos merecedores de la más amplia solidaridad gremial y social en ambas orillas del Atlántico, una solidaridad a la que, desde luego, La Jornada se adhiere sin reservas.

Claro, el Grupo Prisa tiene la razón y no "los descalifica como legítimos merecedores de la más amplia solidaridad gremial y social", sin embargo, sería bueno que ellos mismos reflexionaran al respecto ya que ahora son víctimas de lo que en el caso de las elecciones de México fueron verdugos, ya que por intereses económicos se prestaron a partir del diario El País a denigrar a uno de los candidatos (AMLO) y a descalificar el movimiento de sus simpatizantes faltando a la verdad que ahora defienden, con razón, pero que antes denostaron.