Impugnará ONG desarrollos turísticos La Tambora y Marina Careyes

En este país los actos de gobierno son prácticamente intocables, dice Alberto Székely

ANGELICA ENCISO ENVIADA

La Huerta, Jal., 25 de abril. El Consejo para La Defensa de la Costa del Pacífico advirtió que agotará todos los recursos jurídicos necesarios para impugnar los desarrollos turísticos de Marina Careyes, del empresario Roberto Hernández, y de La Tambora, pues afectarán el ecosistemas más protegido del país.

El abogado de esta organización, Alberto Székely, señaló que la vía que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece para impugnar esos casos es el recurso de revisión, el cual ha demostrado ser "una mañosa trampa procesal en la que hay que evitar caer".

Detalló que este recurso se interpone ante el propio ofensor, en este caso Ricardo Juárez, director de Impacto Ambiental -quien autorizó los proyectos- pues él es el que decidirá si lo admite; acotó que normalmente no son aceptados "bajo cualquier chicana o pretexto".

Abundó que en caso de que este procedimiento sea admitido, se enviaría al superior jerárquico inmediato, en este caso la responsabilidad recaería en el subsecretario de Gestión Ambiental, quien tuvo que estar de acuerdo para la autorización a los dos proyectos impugnados.

Después, agregó, la Semarnat argumentará que el asunto ya está en los cauces legales y que se debe esperar la conclusión de los procedimientos, pero lo más probable es que al final se niegue el recurso de revisión. Las siguientes instancias serían en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual, lleva los procedimientos muy lentamente.

"Ahí es donde empieza el calvario y se concreta la trampa procesal, pues en este país los actos de gobierno son prácticamente intocables y sacrosantos. Ese es el sistema legal que construyó el viejo régimen para evitar la impugnación desde la ciudadanía de sus actos ilegales, y ese es el sistemas que mantiene el nuevo régimen", señaló.

El abogado aseguró que este tribunal se tarda años en admitir la demanda, "acudiendo a todo tipo de argucias para evitar hacerlo, y su récord es pésimo en cuanto a casos ambientales, los cuales desecha porque no le concede suficiente interés jurídico a las organizaciones ecologistas, con la consideración de que esos temas y son de interés público y que éste lo representa únicamente el gobierno".

Intereses empresariales

Por todas estas situaciones es que el consejo recurrió a interpuso un procedimiento administrativo ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Ricardo Juárez, ya que dicho servidor público autorizó las manifestaciones de impacto ambiental de Marina Careyes y de La Tambora. Székely aseguró que este funcionario -director de Impacto Ambiental desde el año 2001- apoya intereses empresariales más que ambientales.

Los grupos interesados en la conservación de esta reserva, incluida el año pasado en el programa el Hombre y su Ambiente, de la UNESCO, aseguraron que también cuentan con el apoyo de la UNAM, ya que lleva 30 años realizando una investigación en la zona con la estación de biología que estudia este ecosistema. "La universidad ha dado su apoyo porque somos socios en la protección de la región", aseveró Alberto Székely.