Ley Televisa, encrucijada de la SCJN

Editorial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el lunes el debate sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Radio y Televisión, mejor conocida como ley Televisa. En el transcurso de este proceso, el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación tendrá en sus manos nada menos que el futuro de una norma aprobada en el contexto de un agudo proceso de perversión de las instituciones por parte de poderes fácticos claramente identificados: el duopolio televisivo y los grandes consorcios radiales, que contaron con la complicidad inescrupulosa del grupo en el poder: la Presidencia de la República y las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), empecinadas en cerrar, al precio que fuera, el paso a un proyecto político y económico alternativo y con orientación social.

El carácter inmoral de esta ley es tan evidente que incluso algunos personeros de los intereses empresariales que la redactaron así lo han reconocido, por más que en su momento no hicieron nada para impedir su aprobación: antes bien, la hicieron posible.

Es preciso recordar que la legislación referida es, en primer lugar, discriminatoria y excluyente, pues tiene una clara dedicatoria para las dos principales empresas televisivas del país (Televisa y Tv Azteca) y para las empresas radiofónicas más poderosas, y tiende a impedir al resto de la sociedad el acceso al espectro radioeléctrico de la nación. Entre los excluidos están las cadenas radiales medianas y pequeñas, los medios electrónicos educativos y culturales (los canales 11 y 22, por ejemplo), las radios universitarias, educativas (Radio UNAM y Radio Educación, entre las principales) y estatales, como el propio Instituto Mexicano de la Radio (Imer), así como estaciones comunitarias, radios cooperativas y otros. Es decir, esta ley impide, en los hechos, que la gran mayoría de la sociedad acceda a un espacio en la banda de frecuencias y otorga esa facultad exclusivamente a quienes tengan concesiones previas y un enorme poderío financiero. Pero la norma es impresentable por otra razón: por medio de ella se pretende regalar a particulares un bien público, una extensión del territorio nacional, como lo es el espectro de señales electromagnéticas. Es, pues, una lgislación que podría llegar a ser válida en lo formal, pero que en sus términos actuales resulta profundamente inmoral y contraria a los intereses nacionales.

Más allá de las críticas que la ley Televisa merece en lo que respecta a su contenido, debe señalarse también la forma sumamente desaseada en que fue aprobada por el Legislativo: por un lado, se maniobró para sorprender a la Cámara de Diputados a fin de que en San Lázaro fuera aceptada sin traspiés, en lo que constituyó uno de los episodios más vergonzosos de la historia legislativa del país; por el otro, cuando el engendro legal llegó a la Cámara de Senadores, los intereses político-empresariales ejercieron sobre los integrantes de ese cuerpo legislativo presiones y chantajes de toda clase, si no es que compra de voluntades o intercambio de favores por manos alzadas. De esa manera se pervirtió al Senado hasta el punto en que éste dejó de ser representante de la sociedad y devino gestor de los corporativos televisivos y radiofónicos.

El hecho de que integrantes de las tres principales fuerzas políticas del país persistan en señalar la perversidad innata de esta ley da cuenta de que la discusión acerca de su legitimidad no es necesariamente un debate "partidizado". Lo que está en juego, en cambio, es la preminencia de una camarilla político-empresarial corrupta y monopólica por sobre los intereses de la nación y la consagración legal de poderes económicos fácticos por encima de las instituciones formales.

La Suprema Corte está ante la disyuntiva de redimirse como institución ante una historia de fallos atroces y favorables a los intereses del gran capital y al grupo en el poder; el más reciente de ellos, vale la pena recordarlo, fue la negativa a ejercer su facultad de juzgar asuntos electorales durante el conflicto poselectoral de 2006. Ayer, el ministro Salvador Aguirre Anguiano exaltó la imparcialidad del organismo del que forma parte y declaró que él y sus colegas magistrados no obedecen a ningún tipo de presión política ni ideología partidista. El fallo en torno a la ley Televisa indicará, en verdad, "de qué están hechos" los máximos jueces del país, y si reivindican al tribunal como un órgano que vela por los intereses nacionales o si, por el contrario, ratifican el alineamiento del Poder Judicial con un grupo gobernante que cada vez responde más a la definición de oligarquía. Se verá, en suma, hasta qué grado el poder del dinero privado es capaz de doblegar a las instituciones del poder público.