Abren posibilidad de juicio político a FCH

Estado de los Estados

Una farsa las cartas firmadas por el EPR
18 de Julio, día clave para calderonistas
Se “sirvieron” otros 544 millones de dólares

Por Lilia Arellano

“Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo”.
Marco Tulio Cicerón



Una torpe “carambola de tres bandas” se pretendió montar con el “resucitamiento” mediático del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a través de un simple boletín de prensa, en donde supuestamente éste totalmente menguado grupo guerrillero se atribuye la autoría de las explosiones en los ductos de PEMEX en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, en Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de Coroneo, en Querétaro, entidades gobernadas por el PAN, en las que nunca se han tenido noticias de actividades clandestinas desarrolladas por sus integrantes, las cuales se han limitado a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Los siniestros provocados en la paraestatal más importante del país y la intención de escandalizar con el “resurgimiento” del EPR, parece más bien parte de un plan estratégico de desestabilización en el que lo fundamental no son los daños materiales causados a los ductos y su innegable impacto en la industria de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, sino los efectos políticos colaterales que se buscan con esta acción y que van encaminados a generar miedo en la población mexicana; distraer la atención de la opinión pública a través de la construcción de una enorme cortina de humo que oculte el escándalo y las graves implicaciones nacionales e internacionales de las acusaciones Ning Ye, uno de los abogados estadounidenses del empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, y que tiene sumamente nerviosos a los integrantes del “cuarto de guerra” calderonista; presionar al Congreso de la Unión, en particular a la fracción del PRI y sus satélites parlamentarios, para aprobar lo más pronto posible la segunda reforma estructural de la actual administración en materia fiscal; y ocultar el veloz deterioro de la administración pública federal, no sólo en el ámbito político, sino sobre todo en el económico y financiero.

El miedo
Sobre la gestión de Felipe Calderón se tiende desde el centro de poder económico de los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, la amenaza de una crisis política de muy grandes dimensiones en los próximo siete días. El día “D”, que será el próximo 18 de julio, Ning Ye advirtió que hará públicos “hechos dramáticos” y detalles precisos sobre el origen de la fortuna, más de 205 millones de dólares, que la Procuraduría General de la República encontró y decomisó en casa de Zehenli Ye Gon en las Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México, que presumiblemente provinieron del narcotráfico que proliferó en la administración de Vicente Fox y que, según el defensor del empresario de origen chino, fueron acumulados por jerarcas del partido en el gobierno, el PAN, para ser utilizados en la campaña presidencial de Felipe Calderón, actual titular del Ejecutivo Federal, hechos que de ser comprobados por la justicia de Estados Unidos daría al traste con la legitimidad internacional de Calderón y cerraría la pinza que lo encapsularía ante la vista no sólo de los mexicanos, sino de toda la comunidad internacional, en la categoría irrefutable de usurpador del poder presidencial mexicano, lo que a su vez podría detonar, por primera vez en la historia de nuestro país, un juicio político en su contra en el Congreso de la Unión, que lo relevaría de sus funciones y responsabilidades constitucionales y lo pondría a merced de la justicia mexicana y, claro, de la norteamericana. De ahí el nerviosismo en Los Pinos y Bucareli.

La presión
Otro de los daños colaterales que genera la “reaparición” del EPR es empujar en los Estados de la República, a través de los gobernadores y sus legisladores federales afines, la probación en el Congreso de la iniciativa de reforma fiscal presentada por Felipe Calderón -cuyas medidas neoliberales no convencen ni a los propios panistas, mucho menos a los empresarios nacionales y los estadounidenses- presentando como hechos irrefutables la necesidad de mejorar las finanzas públicas deterioradas por la disminución de la venta de crudo al extranjero.
En efecto, por la baja de la producción del mayor campo petrolero del país, Cantarel, de enero a mayo de 2007 el volumen de exportaciones de crudo cayó 11 por ciento en comparación del mismo periodo de 2006. Cifras de PEMEX reportan que pasó de un millón 930 mil barriles, a un millón 715 mil, lo que ocasionó que la paraestatal dejara de captar mil 603 millones de dólares.
Por el actual régimen fiscal que castiga a Petróleos Mexicanos, expertos en la materia sostienen que no hay forma de que México pueda revertir esa tendencia en el corto y mediano plazo, por lo que desaprovechará el “boom” de altos precios que actualmente vive el mercado internacional de combustibles.
La situación es en verdad grave. El Banco de México reportó que el gobierno federal y PEMEX retiraron de sus cuentas corrientes en moneda extranjera 284 millones de dólares y 260 millones de dólares respectivamente.
El primer efecto directo de esta acción fue que disminuyeran los activos internacionales netos del BM en 592 millones de dólares y las reservas internacionales del país en 54 millones de dólares, las cuales pasaron de 69 mil 939 millones de dólares a 69 mil 885 millones de dólares, luego de que habían registrado un mes de alzas consecutivas.
Este martes, del brazo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, al inaugurar la Central Ciclo Combinado Tuxpan, en Veracruz, Felipe Calderón insistió en que de aprobarse su propuesta de reforma hacendaría, las finanzas públicas reducirán la dependencia del petróleo y de los energéticos, y manifestó su confianza en que la negociación con los gobernadores priístas, perredistas y panistas; las fracciones parlamentarias en el Congreso y las dirigencias de los partidos (incluido el propio PRD), encuentran los consensos necesarios que deriven en su aprobación.

La descalificación
Un daño colateral más en esta estrategia de Estado es la que se refiere a la descalificación de la lucha que mantiene la izquierda mexicana y el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) aglutinado en torno a la figura del ex candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, quien tras la “derrota” en la elección federal del 2 de julio reanudó de inmediato su campaña a todo lo largo y ancho del país, con el propósito primero de lograr una mayoría significativa en las Cámaras de Diputados y Senadores en las elecciones intermedias, que le permitan realmente influir en las decisiones que se adoptan y que impactan brutalmente en la sociedad mexicana, para, a partir de ahí, buscar el apoyo mayoritario del electorado mexicano que lo lleve a asumir la Presidencia de la República y frenar definitivamente el proyecto y los gobiernos neoliberales en el 2012.

El petate del muerto
Quienes hayan ideado y ejecutado esta acción cometieron un gran error de cálculo al utilizar como señuelo al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Los reportes de “inteligencia” del gobierno mexicano y las investigaciones de especialistas en movimientos armados ubican los orígenes del EPR en 1994 en el ocaso del régimen de Carlos Salinas de Gortari, cuando, sostienen, concluyó el proceso de unificación de 14 organizaciones clandestinas que formaron una agrupación heredera del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).
Es hasta dos años después, el 28 de julio de 1996, que el Ejército Popular Revolucionario se presentó en un acto de masas en conmemoración de la matanza de Aguas Blancas, realizado en el lugar donde un año antes fueron asesinados por policías del Estado de Guerrero 17 integrantes de la Organización Campesina del Sur (OCSS).
En esa ocasión, alrededor de cien hombres y mujeres, con fusiles AK-47 y AR-15, uniformados de verde olivo, con botas y capuchas, bajaron de las montañas que rodean el vado de Aguas Blancas y dieron a conocer el “Manifiesto de Aguas Blancas”, en el que sostenía que en México no existe un Estado de Derecho y que “frente a la violencia institucionalizada, la lucha armada es un recurso legítimo y necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana y restablecer el Estado de Derecho”.
En dicho documento propusieron el derrocamiento del gobierno, la restitución de la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre, la solución de las demandas y necesidades inmediatas del pueblo, el establecimiento de relaciones justas con la comunidad internacional y el “castigo a los culpables de la opresión política, represión, corrupción, miseria, hambre y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo”. Posteriormente, simplemente desaparecieron.
Un mes después, el 15 de agosto, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, informó que concluyó la investigación en torno al EPR y se detectó, según el funcionario, que éste no tenía estructura militar, que actuaba bajo las tesis del foquismo propuestas por el famoso guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara, en base a las que hacían aparecer armas en un punto y luego atacaban otro lejano “para dar la impresión de que se trata de un movimiento organizado, de un cuerpo paramilitar que no existe”, por lo que su actuación en el entorno nacional fue calificada como de una “pantomima” por el mexiquense.
Dos años después de su aparición en público los reportes de inteligencia señalaban que el EPR vivía un proceso de desmembramiento y una guerra fraticida, con el ajusticiamiento de algunos de sus miembros, que originó su fraccionamiento en una serie de organizaciones que siguen reivindicando la lucha armada, entre las que se encuentran el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), cuyos dirigentes fueron apresados; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) que en el 2000 realizaron acciones militares en Puebla y el Distrito Federal; el Comando Justiciero 289 de Junio (CJ-28); el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP); Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR) con presencia sólo en el Estado de Guerrero, entre otras. Hace dos años, en junio de 2005, precisamente un año antes de la elección presidencial, el Partido Acción Nacional denunció en el Congreso de la Unión que grupos violentos y organizaciones políticas afines al PRD que simpatizaban con Andrés Manuel López Obrador habían sido infiltrados, desde el 2001, por “células bolivarianas” financiadas por el gobierno de Venezuela “para construir una estructura de promoción y autodefensa en caso de un eventual triunfo de izquierda mexicana en la jornada electoral del 2 de julio de 2006.
Los legisladores panistas exigían a la PGR y a la Procuraduría General de la República que investigaran el supuesto tráfico de armas de Venezuela al EPR en México.
La única prueba presentada fue un artículo periodístico del periódico El Universal. Ahora, cuando las cosas se le ponen realmente feas a Felipe Calderón sacan nuevamente de la ultratumba de Bucareli el resucitado cadáver del EPR, quienes pidieron la liberación de dos compañeros y “casualmente” se olvidaron de Flavio Sosa, a quien ofrecieron apoyar en su movimiento encabezando a la APPO. Y Lázaro se levantó o ¿quién revivió las estrategias del difunto Fernando Gutiérrez Barrios?

De los pasillos
En más sobre este grave asunto, diputados del PRI, PAN y Convergencia pidieron investigar las explosiones en las instalaciones de PEMEX en Guanajuato y Querétaro que se adjudico el EPR. Aquí destacan las declaraciones del ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Oaxaca, ex priísta y ahora legislador del PAN, Diódoro Carrasco, quien declaró que “el país cuenta con las agrupaciones de seguridad que pueden enfrentar al tipo de grupos que se adjudican las explosiones y sus actos”... Las armadoras automotrices Nissan y Honda México reportaron la suspensión de sus operaciones debido a la falta de abasto de gas... Sobre el caso del chino Zhenli Ye Gon, en el Congreso legisladores del PRI, PRD y Convergencia aprobaron la creación de una comisión especial que investigue las acusaciones del empresario nacionalizado mexicano. Por supuesto que el PAN se opuso.