Opositores a La Parota: el gobierno nos cree ignorantes

Gabriel León Zaragoza

El Movimiento Opositor al Proyecto de La Parota consideró que la suspensión judicial que obtuvieron para detener la construcción de la presa hidroeléctrica es un llamado al gobierno federal para que tome en cuenta a los pobladores afectados con la obra y para que deje de apoyar a la iniciativa privada en sus pretensiones de construir desarrollos turísticos y residenciales que sólo benefician a unos cuantos.

Calificaron de “gran mentira que pretende confundir a la sociedad” el argumento de las instancias federales “para decir que nos oponemos al desarrollo.

“Ellos creen que somos ignorantes, nos califican de ‘indios huarachudos’ que nos oponemos al desarrollo; sin embargo hemos recorrido muchos lugares donde hay presas hidroeléctricas y no hemos encontrado el desarrollo del que hablan.

“Les hemos preguntado a los gobiernos el desarrollo para quién y para cuántos, y nunca nos han contestado porque saben que no hay tal. El desarrollo es para los inversionistas”, destacó Felipe Flores, representante del movimiento comunitario.

“En adelante no nos vamos a callar”

Precisó que a partir de la resolución judicial, los afectados “jamás” van a permitir que en la región se sigan haciendo proyectos de esa naturaleza, que afecten la flora y la fauna y que despojan de sus propiedades a quienes menos tienen.

“De hoy en adelante no nos vamos a callar ni vamos a permanecer de brazos cruzados, porque vamos a defender a nuestra madre tierra, que es la que nos da de comer”, apuntó en entrevista Flores Hernández.

La juez federal Livia Larumbe Radilla concedió hace unos días una suspensión definitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detener de forma inmediata la construcción del embalse.

El vocero del movimiento refirió que el megaproyecto –iniciado hace cuatro años y que fue considerado uno de los proyectos más grandes de inversión– provocaría el desplazamiento de 25 mil personas de 36 poblados, la inundación de 17 mil 300 hectáreas y un grave deterioro ecológico a la región. Reiteró que los campesinos opositores han enfrentado constantes amenazas de expropiación de tierras por parte del gobierno federal.

Al gobierno calderonista le aclaró que tiene que tomarlos en cuenta “y cuando la población decida que no, es no, y cuando decida lo contrario, es que (la obra) se va a hacer, pero no a la fuerza”, como han pretendido las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

“No queremos más imposiciones de los gobiernos federal y estatal ni por ningún capitalista, menos que las trasnacionales vengan a invadir nuestro territorio, que es sagrado.

“No permitiremos que se sigan violentando nuestros derechos. No queremos que ningún campesino, a costa de presuntos beneficios, sea removido de su localidad. Por eso defendemos nuestro territorio y nuestras tierras, porque nos las heredaron nuestros antepasados y no permitiremos que nos arrebaten lo que es nuestro”, destacó el dirigente.