Injusta contención salarial

Editorial

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció el viernes un incremento de 4 por ciento de ese ingreso para 2008, que en la llamada zona A equivale a poco más de dos pesos, tal como lo había adelantado en días anteriores el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quien afirmó la víspera que el aumento salarial no debía poner en riesgo la generación de empleos ni promover un ascenso de precios de productos básicos. El mismo día, el gobierno federal hizo oficial que a partir de enero entrará en vigor el alza en la gasolina y el diésel –conocida popularmente como gasolinazo–, prevista dentro del marco de la reforma fiscal, pero postergada en septiembre por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, supuestamente para proteger la economía familiar del “entorno de ajuste de precios internacionales de diferentes productos”.

El aumento aprobado en la CNSM es, por decir lo menos, raquítico, sobre todo en un contexto económico nacional en el que el alza de precios de los productos básicos ha sido la constante, y que sin duda se agravará el año próximo, cuando entre en vigor el gasolinazo. El acuerdo recientemente firmado entre el gobierno federal y los dueños de las tiendas de autoservicio y departamentales para aplicar descuentos a algunos productos durante los primeros meses de 2008 acaso servirá sólo para suspender momentáneamente la escalada en los precios, postergar la cuesta de enero o, en el peor de los casos, agudizarla cuando el periodo de descuentos concluya, lo que acabaría por anular el casi imperceptible incremento salarial.

Al respecto, representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana han señalado que el salario mínimo sólo representa un “referente económico” y que cada vez son menos los trabajadores que lo reciben. Sin embargo, según datos del INEGI, son más de 5 millones los mexicanos que ganan hasta un salario mínimo, más de 11 por ciento de la población económicamente activa.

Por lo demás, la circunstancia actual demuestra que la contención salarial, empleada como una forma de frenar la inflación, no se traduce en beneficios para la población, como los gobiernos neoliberales tienden a sostener. En el primer año de este sexenio las cifras oficiales reportan una inflación de 3.9 por ciento en su conjunto, y el Banco de México ha anticipado que, para 2008, será de 3.8 por ciento. Sin embargo, el incremento en los productos que integran la canasta básica –los que más impactan en los bolsillos de la mayoría de la población– ha sido de 35 por ciento, es decir, más de ocho veces el aumento al minisalario.

En cambio, lo que la contención salarial ha generado en las últimas décadas es una pérdida sostenida del poder de compra de los trabajadores, situación que los condena a un empobrecimiento continuo y los obliga a engrosar las filas del trabajo informal para poder allegarse los recursos necesarios para subsistir.

Ante estos elementos de juicio, queda en entredicho la pretendida intención del gobierno federal de proteger y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores; por el contrario, se evidencia una vez más que la actual administración carece de un proyecto de nación viable, sobre todo en el aspecto económico, que se traduce en falta de empleos, dependencia de otras naciones y estancamiento, y que deriva, en conjunto, en un creciente descontento social.