Privatización en AL propicia desempleo: BID

El Estado ha dejado de ser el gran benefactor social; aumento de precios, otro efecto

Susana González G.

A más de dos décadas de que los países de América Latina comenzaron a liberar sus economías y el Estado dejó de ser el gran benefactor social como empleador y proveedor de una gran variedad de servicios y productos a través de diversas empresas a su cargo, dos de cada tres latinoamericanos tienen una opinión negativa sobre las privatizaciones debido a que no han experimentado los beneficios que proclaman autoridades y empresarios.

Los principales motivos de la desaprobación a las privatizaciones radica en el recorte de empleos y el aumento de precios, como efectos inmediatos del traslado de las empresas estatales a manos del sector privado, pero también en la creencia generalizada de que las privatizaciones “han dado control a los inversionistas, vistos como parte de la elite económica, sobre activos juzgados importantes para el país” y así se ha manifestado en países como México y Brasil, indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de su Informe del Progreso Económico y Social de la región (IPES) correspondiente a 2008.

Esa percepción pública sobre quiénes resultan beneficiados con las privatizaciones “de hecho tiene cierta base”, reconoce el informe, toda vez que quienes han apoyado la desincorporación de empresas estatales se han identificado como partidarios de la derecha, forman parte de los sectores de mayores ingresos y son los primeros en experimentar las mejoras económicas de sus respectivos países. No obstante, el BID advierte que “todavía no hay respuesta definitiva sobre si las privatizaciones a la larga excluyen a los grupos que ya están en la peor posición económica a favor de los intereses de los más privilegiados”.

Aún así señala que “los políticos y los gobiernos no pueden descartar sencillamente las objeciones a las privatizaciones como equivocadas ni tampoco pueden garantizar vagamente a los votantes que sus condiciones van a mejorar con el tiempo”, menos aún por la poca confianza que existe en América Latina hacia la honestidad de los gobiernos.

Hasta ahora los análisis e investigaciones que se han realizado sobre las privatizaciones en los países latinoamericanos se han enfocado en evaluar la eficiencia o ganancia en productividad de la gestión privada, en comparación con la pública, a partir de que, según el BID, la transferencia de las empresas estatales estuvo basada en que las decisiones de inversión, innovación o empleo se tomaban a partir de criterios políticos y ocasionaron déficits fiscales.

Sin embargo, el que las empresas privatizadas hayan incrementado sus ganancias “suscita muy poco interés para el público en general, quien probablemente se dé más cuenta de los efectos directos sobre su bienestar”.

Además “las empresas privatizadas y las privadas parecen preferir trabajadores temporarios a los permanentes… y en esas circunstancias, los trabajadores tienen menos capacidad para organizarse y las empresas privatizadas presentan índices más bajos de sindicalización”.