Aumentan los casos de tortura y desapariciones de opositores a las políticas de Felipe Calderón…Organizaciones de Mexicanos en Los Angeles, protestan contra el estado "policiaco- militar" en México.
El despojo de los recursos naturales, la represión de la protesta social (persecución, desaparición, tortura, cárcel y asesinatos), la militarización del país y una violación sistemática a las libertades democráticas y los derechos humanos, son algunas de las consecuencias lacerantes que ha causado la continuación de las políticas económicas impuestas por el gobierno de México, encabezado actualmente por Felipe Calderón Hinojosa.
Para consolidar las privatizaciones en México –pilar fundamental del llamado neoliberalismo-, el Estado Mexicano, empezando por el gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal pertenecientes a los partidos PAN, PRI y PRD (en sus respectivos casos), está implementando prácticas policiaco- militares, que con el pretexto de combatir al crimen organizado, reprime las luchas sociales en todo el país.
ANTECEDENTES
Felipe Calderón, aceptó a nombre del país, la imposición de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), acuerdo que obliga al ejército Mexicano a entrar en el esquema militar de seguridad de Estados Unidos.
Con la Iniciativa Mérida o Plan México –que es parte de este acuerdo-, el gobierno Calderonista cede la soberanía de nuestro país a Estados Unidos, al recibir alrededor de 500 mil millones de dólares para una supuesta lucha contra el narcotráfico. A cambio, el gobierno mexicano se compromete a entregar los energéticos para asegurar el abasto requerido por Estados Unidos.
Además, permite el desarrollo de la infraestructura necesaria para el Libre Comercio: construcción de corredores industriales, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.
Desde 1982, Miguel de la Madrid, comenzó la ola privatizadora; el tiro de gracia, lo dio su correligionario priísta Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, impulsó las reformas al Artículo 27 Constitucional para permitir a los acaparadores de tierras (tanto nacionales como extranjeros) la apropiación de los territorios que hasta entonces eran propiedad de indígenas y campesinos. Los mecanismos de la privatización de los ejidos –tenencia comunal de la tierra- fueron implementados a través de los programas Procede y Procecom.
En 1994, se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra de estas políticas. El presidente Ernesto Zedillo se encargó de mantener a raya, cualquier tipo de inconformidad social.
Con los gobiernos panistas de Vicente Fox y luego, a partir de diciembre de 2006, Felipe Calderón, la militarización del país y la represión social alcanzó niveles similares a los de la llamada Guerra Sucia de la década de 1960, que se caracterizó por asesinatos y desapariciones de opositores sociales.
En mayo de 2006, en Atenco, Vicente Fox se alió con el gobernador priísta Enrique Peña Nieto, y el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez, del PRD, para golpear con toda la fuerza del estado a los campesinos de Atenco que se solidarizaron con los vendedores de flores de Texcoco que eran reprimidos por la policía, cuando vendían sus productos afuera de un mercado que las autoridades quieren vender a Wal-Mart.
El 14 de junio de ese mismo año, la Policía Federal Preventiva, con el permiso de Fox y a petición del priísta Ulises Ruiz, también reprimió a miles de maestros y ciudadanos que después dieron vida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes no están conformes con el gobierno caciquil y corrupto de URO.
Decenas de muertos, detenidos arbitrariamente, secuestrados y torturados fueron el saldo de la represión del movimiento ciudadano oaxaqueño.
SITUACION ACTUAL
Las tensiones sociales creadas por el modelo económico en marcha, dictado por Estados Unidos (en su calidad de líder del comercio global por el momento), han generado también una resistencia social que se expresa en la lucha de los sindicatos que buscan mejores condiciones de vida y de trabajo; los movimientos por la soberanía nacional y en defensa de los energéticos, en contra de la Privatización de PEMEX y de la industria eléctrica; por la soberanía alimentaria y en defensa del campo; en contra de la carestía de los alimentos básicos a causa de la entrada en vigor de Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLCAN); las luchas contra la Ley del ISSSTE; por la defensa de los pueblos indígenas y campesinos a su tierra y territorio, y contra la entrega al extranjero de los bienes de la nación.
Para acallar esta presión social, el gobierno de Calderón aprobó una iniciativa de reforma judicial conocida como la Ley GESTAPO, la cual legaliza (al llevar a nivel de la Constitución) la militarización, la represión y persecución contra opositores.
Esta ley es una copia de la Ley Patriótica de Estados Unidos y con los cambios constitucionales es posible que sin una orden judicial de por medio, los agentes policíacos pueden allanar cualquier domicilio con el pretexto que sea (drogas? Subversión?). Esta ley viola los derechos humanos fundamentales al descartar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Las detenciones ilegales se han multiplicado en varios estados del país, así como los casos de desaparición forzada, la persecución de defensores de derechos humanos, y luchadores sociales.
CHIAPAS
Del 23 a 26 de mayo de 2008, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo) fueron hostigados por el ejército federal con helicópteros artillados que efectuaron sobrevuelos rasantes sobre las viviendas de las comunidades El Carrizal, Río Florido, San Agustín, Chalam del Carmen, entre otras, aterrorizando a la población. Este hostigamiento se repitió el día 18 de junio.
El 4 de junio de 2008, se registraron incursiones militares de por lo menos 200 soldados, policías y judiciales en los pueblos de Hermenegildo Galeana y San Alejandro, comunidades zapatistas administradas por la Junta de Buen Gobierno "El Camino del Futuro". Denuncias similares fueron hechas por las JBG de Oventic y Huaquitepec.
OAXACA
- Se han registrado amenazas, desapariciones y asesinatos en San Pedro
Yosotatu, en la región Mixteca. El caso más reciente es el
asesinato de Plácido López, dirigente campesino y arduo defensor de la
tierra en manos de caciques regionales encubiertos por el gobierno del
estado.
- En diciembre de 2007, Nancy Mota, integrante de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, fue agredida salvajemente por sujetos cubiertos por pasamontañas, quienes la interrogaron y amenazaron con lujo de violencia
-Varios integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), fueron encarcelados y otros enfrentan órdenes de aprehensión.
- En los últimos tres meses, miembros de la Asociación Civil "Iñ Cucä" y del Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC) del municipio de San Juan Tepeuxila, han recibido graves amenazas por parte de la Empresa Minera Zapata, S. A. de C. V, la Procuraduría Agraria y las autoridades locales, como consecuencia a la denuncia de una
concesión minera de 3 mil 500 hectáreas de tierras comunales de Tepeuxila.
- En el municipio autónomo de San Juan Copala, se han registrado casos de hostigamiento hacia sus integrantes, que van desde fabricación de órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias, hasta desapariciones y asesinatos. Entre ellas se encuentra la desaparición de las Hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez.
-Los recientes asesinatos de los líderes indígenas Placido López Castro, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, son sólo una muestra de la violencia que se vive de manera cotidiana en Oaxaca. A estos brutales crímenes que permanecen en la impunidad, se suma el brutal asesinato de las locutoras indígenas Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez quienes fueron emboscadas el pasado 7 de Abril.
-El 25 de mayo de 2007, elementos de la policía estatal oaxaqueña y del ejército federal mexicano, llevaron a cabo la Desaparición Forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del PDPR-EPR.
GUERRERO
Diferentes organizaciones sociales, de indígenas, campesinos y estudiantes, formaron un Frente Estatal en Defensa de los Derechos Humanos, Contra la Represión, la Impunidad, la militarización y la criminalización del movimiento social.
Denunciaron que en el estado, el gobierno perredista de Zeferino Torreblanca Galindo, "ha optado por la represión como forma de gobernar".
En este gobierno se registró la represión en contra de estudiantes y maestros de la escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, quienes se oponen al cierre de la escuela y a la privatización de la educación.
Campesinos de la Sierra de Atoyac sufrieron cateos ilegales efectuados por policías federales que cercaron pueblos enteros. Los comuneros y Ejidatarios de La Parota, siguen enfrentando las agresiones y acciones ilegales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno del estado. Estas comunidades se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica "La Parota".
HIDALGO Y VERACRUZ. En la región de Las Huastecas, las comunidades organizadas en el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ-FNLS) al igual que otras regiones indígenas-campesinas del país, están siendo hostigadas por el ejército federal en complicidad con los gobiernos de los estados y presidencias municipales. Al aterrorizar a los habitantes con los patrullajes del ejército en convoys de cuatro a cinco vehículos, la tropa va camuflajeada con los rostros cubiertos y con sus armas largas apuntando hacia los habitantes de las comunidades y pobladores vecinos, al tiempo que en el Municipio de Huejutla, Hidalgo, hicieron maniobras con aviones artillados.
MICHOACAN
En el 2002, habitantes de la comunidad tabiquera La Loma de Uruapilla, tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia, Michoacán, quienes también son integrantes de la Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón-FNLS, iniciaron una lucha en defensa de 97 hectáreas de tierra, que han trabajado durante décadas.
Los ejidatarios de Undameo vendieron las tierras a los empresarios Ramírez y Medina. Dado que estas tierras están en posesión de los comuneros, los empresarios utilizan a la policía y el Ejército para agredirlos e intentar arrebatarles la tierra.
En diciembre de 2007, se llevó a cabo un intento de desalojo por parte de fuerzas públicas, y los mismos ejidatarios de Santiago Undameo, quienes destruyen la casa de Moisés Molina Rodríguez.
El 12 de junio de 2008, desaparecieron a Moisés Molina Rodríguez, quien forma parte de la mesa directiva de la comunidad. Fue un grupo impreciso de policías. Se lo llevaron descalzo y solo con una trusa puesta. Lo desaparecieron alrededor de 15 días y después lo presentaron con signos de tortura. Le advirtieron que "dejara de luchar por las tierras y que si denunciaba todo lo que le hicieron iban a matar a él y a su familia".
El 18 de junio llegaron a la comunidad, ocho individuos de porte tipo militar. Entraron a la casa del comunero José Reyes Águilar, a quien interrogaron utilizando insultos. Le preguntaron por su esposa, él les pidió explicaciones pero los agresores lo golpearon más, después, le apuntaron con pistolas largas y escuadras, calibre .38, le dispararon en la pierna y luego huyeron con rumbo desconocido.
El 4 de julio, un integrante de la Comisión Jurídica, fue secuestrado por 12 horas. Regresó muy golpeado y nuevamente los torturadores le advirtieron que dejara de luchar por las tierras.
Los agredidos fueron aterrorizados porque nunca antes habían vivido la experiencia de sufrir desaparición, tortura y persecuciones.
Moisés Molina Rodríguez continúa bajo cuidados médicos. Al principio tenía miedo de hablar de lo que le sucedió ya que durante los 14 días en que estuvo secuestrado, sus torturadores le sentenciaron que si seguían defendiendo las tierras, "iban a matar parejo, a niños, mujeres y hombres".
Avenicio Reyna Cruz, se está recuperando físicamente porque tenía lesiones internas muy fuertes que le causaron en el pulmón y cuatro costillas rotas. También sufrió daños psicológicos.
José Reyes Aguilar se encuentra en una condición delicada pues recibió el impacto de bala en la pierna izquierda pero todavía se encuentra en el hospital porque corre el riesgo de que le corten la pierna debido a que el balazo le lesionó el nervio ciático.
Según los denunciantes, el gobernador Leonel Godoy Rangel, de extracción perredista, se ha negado a intervenir para solucionar este conflicto de carácter agrario y en su lugar permite la participación de la policía, por lo que consideran que el gobernador es cómplice del presidente municipal priísta, Fausto Vallejo Figueroa (quien gobierna desde 1994).
En las 97 hectáreas de tierra hay bosques, cerca se encuentra la presa Corintio, hay muchas áreas verdes en las cuales los empresarios pueden invertir en zonas residenciales o turísticas que les generarían jugosos negocios.
ANTE LA REPRESION Y MILITARIZACION GENERALIZADA EN VARIOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, NOSOTROS, COMO INMIGRANTES MEXICANOS EXPULSADOS DE NUESTRA PATRIA POR LAS POLITICAS ECONOMICAS GENOCIDAS DEL SISTEMA CAPITALISTA, NOS PRONUNCIAMOS POR UN:
-ALTO AL ESTADO POLICIACO-MILITAR EN MEXICO
-CESE A LA REPRESION INSTITUCIONALIZADA
-ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL Y LA LUCHA POPULAR
-JUSTICIA EN LOS CASOS DE ASESINATOS POLITICOS Y CRIMENES DE LESA HUMANIDAD (DESPARICIONES, TORTURA, ENCARCELAMIENTOS Y REPRESION POR MOTIVOS POLITICOS)
-ALTO A LAS PRACTICAS CONTRAINSURGENTES Y GUERRA DE BAJA INTENSIDAD EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS QUE DEFIENDEN SUS DERECHOS
-ALTO A LAS POLITICAS 'NEOLIBERALES' Y LAS PRACTICAS FASCISTAS DE FELIPE CALDERON Y LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL.
LOS MEXICANOS TENEMOS DERECHO A LA ORGANIZACIÓN, LIBRE EXPRESION, MANIFESTACION Y POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS Y POLITICAS.
-PRESENTACION CON VIDA DE LOS LUCHADORES SOCIALES DESAPARECIDOS Y LIBERTAD A TODOS LOS Y LAS PRES@S POLITICOS DEL PAIS.
"LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO, LA REPRESION ES UN DELITO".
COMITÉ PRO DEMOCRACIA EN MEXICO, LOS ANGELES CALIFORNIA, A 9 DE AGOSTO DE 2008, PROTESTA FRENTE AL CONSULADO MEXICANO EN LOS ANGELES
2401 W 6th Street, Los Angeles, California, 90047. A PARTIR DE LAS 9:00 DE LA MAñANA
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