jueves, julio 03, 2008

México es el país del NO Derecho

Julio Pimentel Ramírez

En México, enmascarada en el combate al narcotráfico, se agudiza la criminalización: de la pobreza, jóvenes incluidos, la migración (sobre todo de los centroamericanos que no se ponen a "mano" con las autoridades del INM y otros cuerpos policiacos) y de la protesta social, tendencia que se hace patente tanto con informaciones desplegadas ampliamente en los medios de comunicación, como por denuncias ciudadanas escasamente difundidas entre la opinión pública.

La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), organismo que ha visitado nuestro país en diversas ocasiones señala que, como en el pasado, México es el país del no derecho y "el gobierno (mexicano) da una imagen de luchador por la democracia en el mundo. Es una bella vitrina, pero detrás hay un régimen dictatorial y militar vestido de democrático".

Esta aseveración de la CCIODH se sustenta en el VI Informe que elaboró durante el recorrido que realizó por varias entidades de la República en los primeros meses de este año. El documento, de 500 páginas, analiza la situación de los Derechos Humanos en los Estados de Chiapas y Oaxaca y el poblado de Atenco, en el Estado de México. Es un exhaustivo informe que habla de torturas, asesinatos de periodistas, feminicidios y violación de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Según el informe, muchas de las violaciones de los Derechos Humanos están cometidas por organizaciones paramilitares en colaboración con los poderes locales.

El de la comisión europea es un informe más, que sirve de complemento al que presentaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch, a los que se suman las constantes denuncias presentadas por organismos nacionales defensores de los derechos humanos, sobre un país que "cada vez está peor" en su escalada de violencia, a pesar de las promesas del Gobierno de erradicarla.

Cabe señalar que además de los casos abordados en el citado informe hay denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que no son atendidos y permanecen sin solución. Por ejemplo, se cumple un año de la desaparición de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, sin que hasta la fecha las autoridades locales y federales realicen esfuerzos reales para esclarecer su paradero y presentarlas con vida.

Recordemos que hace más de un año que fueron detenidos-desaparecidos Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes, cuyo caso ha alcanzado notoriedad por el hecho de que el EPR y el gobierno federal han establecido un sui géneris "diálogo" a través de una comisión de intelectuales que facilitan el proceso sin contacto físico con el grupo político militar, que permanece en la clandestinidad.

Para los hijos de Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos y luchador social michoacano desaparecido forzadamente en septiembre del 2007, el tiempo pasa con dolor y lenta incertidumbre pero con firmeza continúan exigiendo justicia para su padre.

Pero los casos de hostigamiento y represión no quedan ahí. En el mismo estado del que es oriundo Felipe Calderón, se persigue, intimida, secuestra y tortura a los luchadores sociales. Tal es el caso del comunero Moisés Molina Rodríguez, militante de la Organización Campesina Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM), aglutinada en e Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Molina Rodríguez, quien fue secuestrado el 12 de junio pasado y liberado el 26 del mismo mes, relata las torturas físicas y psicológicas que recibió de manos de sus captores, quienes lo interrogaron sobre situaciones y militantes de su agrupación. Su testimonio, que hace recordar los operativos de las fuerzas policiaco-militares durante la llamada guerra sucia de las décadas de los años 60 a 80, alerta sobre la intensificación de la estrategia represiva en contra de los movimientos sociales.

Así, vemos que tienen razón las diversas voces que alertan sobre el verdadero carácter del Plan México, que a la par de ser un instrumento de lucha unilateral y selectiva en contra del narcotráfico (el New York Times señala que Estados Unidos debería implementar políticas de salud pública que incidan en la disminución del consumo, en tanto el gobierno mexicano debería canalizar más recursos al desarrollo económico y para programas que reformen y fortalezcan el sistema judicial) se utilizará para sofocar y reprimir a la protesta social que se incrementará ante la agudización de la crisis que ya nos alcanzó.

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