■ Ni programas, restructuraciones o innovaciones contra el crimen. Sólo “renuncien”
Trabajadora de la limpieza en un hotel de la colonia Cuauhtémoc Foto: Francisco Olvera
En plena efervescencia electoral (mayo 2006) el Banco Mundial utilizó una encuesta realizada en México, con el fin de identificar, bajo la óptica ciudadana, los principales problemas nacionales. Con base en los resultados, el organismo financiero multilateral supuso que más allá de las machaconas cuan huecas promesas de campaña, quien resultara ungido se concentraría en resolver, rápida y eficazmente, dichos problemas.
Han transcurrido 21 meses desde que el ungido (por los poderes fácticos) se sentó en Los Pinos y esos problemas, lejos, muy lejos de atenderse rápida y eficazmente, como suponían los que por él votaron, se han agudizado a grado extremo hasta colmar la paciencia, los nervios y el estado de ánimo de la ciudadanía. También el Banco Mundial se quedó con las ganas.
Ese año electoral la ciudadanía identificaba tres grandes problemas como los mayores y graves del país, así como los de más urgente solución: inseguridad pública, desempleo y crisis económica. En estos tres renglones concentró su atención casi 70 por ciento de los encuestados. Casi dos años después, esta tercia de asignaturas pendientes campea el escenario nacional y ha desbordado al aparato gubernamental, en particular, y a la clase política, en general, y trae a la ciudadanía al borde de un ataque de nervios.
En 1995, en pleno crack del aparato económico-financiero del país, sólo 3 por ciento de la ciudadanía calificó de grave el problema de la inseguridad pública: un lustro después esa percepción se había multiplicado por cinco (para llegar a 15 por ciento) y por 10 si la consulta se lleva a 2006 (casi 30 por ciento). A estas alturas, exacerbada la ciudadanía, fácilmente esa proporción original se habrá multiplicado por 20, 25 o más. Y si a lo anterior se suma que en 21 meses de estancia calderonista en Los Pinos la tasa oficial de desempleo abierto se ha incrementado 17 por ciento y que la economía va de mal en peor, con un modelo que muestra evidentes signos de agotamiento e ineficiencia, y con resultados verdaderamente patéticos, entonces el ambiente está de mírame, pero no me toques.
En casi tres lustros, que involucran a una tercia de gerentes (Zedillo, Foz y Calderón), las “respuestas” y “soluciones” gubernamentales a las preocupaciones ciudadanas y a los grandes problemas nacionales han sido cientos, miles de discursos, fallidas puestas en escena y promesas incumplidas. ¿Tendría que ser distinto a partir de ahora, toda vez que la “reformulación” y “relanzamiento” de las políticas públicas son meros refritos de errados ejercicios anteriores y con idénticos “responsables” y “operadores”?
Del citado ejercicio que el Banco Mundial hiciera en 2006, retomamos parte del balance sobre la principal, que no la única, preocupación ciudadana: “un tema candente que preocupa a la mayoría de los mexicanos es la inseguridad. Algunas encuestas muestran que la inquietud acerca de la inseguridad es mucho mayor que la preocupación sobre otros problemas como el desempleo, la pobreza y la corrupción. Dado el alto nivel de inquietud expresada por los ciudadanos, se esperaría que un gobierno sensible a las demandas de los electores intentara tomar medidas para tratar todo lo relacionado con el crimen y la violencia. ¿Es esto lo que sucede en México?
“La evidencia anecdótica indica que los políticos tienden a priorizar las medidas contra el crimen tanto durante las campañas electorales, como cuando acceden al poder. Tanto el gobierno federal como los gobiernos subnacionales, como en el caso del estado de Chihuahua (que enfrenta un nivel de criminalidad “promedio”) y el Distrito Federal (que sufre de uno de los niveles más altos de incidencia criminal) han puesto en marcha varias medidas para luchar contra el crimen. Sin embargo, en todos los casos analizados, el impacto de las medidas ha sido limitado. Esto se debe, principalmente, a que las reformas no han atacado uno de los problemas más elementales de la gobernabilidad del sector: las reformas institucionales de gran envergadura en las organizaciones policíacas generalmente consideradas corruptas y carentes de la capacidad profesional adecuada para ser fuerzas eficaces de lucha contra la delincuencia. Estas reformas tienen poca visibilidad para los ciudadanos y tardan tiempo en entrar en vigor. Más bien, la tendencia es que los políticos fomenten medidas más visibles, como la imposición de penas más duras e inversiones físicas en la policía (como uniformes y equipo nuevos), a pesar del significativo escepticismo entre los expertos acerca de la eficacia de estas medidas para controlar el crimen”.
Cualquiera de los “sin embargo” que anotan los estudiosos del Banco Mundial se repiten y pululan por estos días: desde el llamado “Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la jegalidad” hasta el incremento presupuestal para las policías, sin olvidar los setenta y tantos “compromisos”, los 300 discursos que sobre el tema ha ofrecido el inquilino de Los Pinos, los “resultados” en el corto plazo y, desde luego, la enjundiosa participación de los mismos personajes (de todos los colores y sabores) que a lo largo de los últimos años han sido los operadores de todos los “relanzamientos”, “restructuraciones”, “reformulaciones”, “innovaciones” y conexos tendientes a “combatir” la inseguridad pública y el crimen organizado. Y los resultados están a la vista.
Lo malo es que la ciudadanía también se ha quedado corta, y de ello es muestra fiel la actual frase de batalla, casi un himno, acuñada por el empresario Alejandro Martí, quien sólo a raíz de la tragedia por la pérdida de su hijo se animó a participar en un esfuerzo colectivo: “si no pueden, renuncien”. Obvio es que no han podido, ni podrán, porque las “nuevas medidas” para combatir la inseguridad son simples refritos de otras “medidas” (igualmente “nuevas” cuando se anunciaron, las que a su vez fueron copias de anteriores “nuevas iniciativas”, etcétera, etcétera) que ostentosamente han fracasado y que cada día resultan más onerosas en lo económico y en lo social.
Así, la exigencia simple y sencillamente tendría que ser “renuncien”. Punto. ¿Qué político, de existir en el país el referéndum revocatorio del mando, sobreviviría un día en su puesto por los nulos resultados en seguridad, empleo, crecimiento económico y demás?
Las rebanadas del pastel
Y para “celebrar” su segundo “informe de gobierno”, con todo y su voluminoso baúl de “logros” virtuales, el inquilino de Los Pinos, premonitorio, se cayó del triciclo.
Han transcurrido 21 meses desde que el ungido (por los poderes fácticos) se sentó en Los Pinos y esos problemas, lejos, muy lejos de atenderse rápida y eficazmente, como suponían los que por él votaron, se han agudizado a grado extremo hasta colmar la paciencia, los nervios y el estado de ánimo de la ciudadanía. También el Banco Mundial se quedó con las ganas.
Ese año electoral la ciudadanía identificaba tres grandes problemas como los mayores y graves del país, así como los de más urgente solución: inseguridad pública, desempleo y crisis económica. En estos tres renglones concentró su atención casi 70 por ciento de los encuestados. Casi dos años después, esta tercia de asignaturas pendientes campea el escenario nacional y ha desbordado al aparato gubernamental, en particular, y a la clase política, en general, y trae a la ciudadanía al borde de un ataque de nervios.
En 1995, en pleno crack del aparato económico-financiero del país, sólo 3 por ciento de la ciudadanía calificó de grave el problema de la inseguridad pública: un lustro después esa percepción se había multiplicado por cinco (para llegar a 15 por ciento) y por 10 si la consulta se lleva a 2006 (casi 30 por ciento). A estas alturas, exacerbada la ciudadanía, fácilmente esa proporción original se habrá multiplicado por 20, 25 o más. Y si a lo anterior se suma que en 21 meses de estancia calderonista en Los Pinos la tasa oficial de desempleo abierto se ha incrementado 17 por ciento y que la economía va de mal en peor, con un modelo que muestra evidentes signos de agotamiento e ineficiencia, y con resultados verdaderamente patéticos, entonces el ambiente está de mírame, pero no me toques.
En casi tres lustros, que involucran a una tercia de gerentes (Zedillo, Foz y Calderón), las “respuestas” y “soluciones” gubernamentales a las preocupaciones ciudadanas y a los grandes problemas nacionales han sido cientos, miles de discursos, fallidas puestas en escena y promesas incumplidas. ¿Tendría que ser distinto a partir de ahora, toda vez que la “reformulación” y “relanzamiento” de las políticas públicas son meros refritos de errados ejercicios anteriores y con idénticos “responsables” y “operadores”?
Del citado ejercicio que el Banco Mundial hiciera en 2006, retomamos parte del balance sobre la principal, que no la única, preocupación ciudadana: “un tema candente que preocupa a la mayoría de los mexicanos es la inseguridad. Algunas encuestas muestran que la inquietud acerca de la inseguridad es mucho mayor que la preocupación sobre otros problemas como el desempleo, la pobreza y la corrupción. Dado el alto nivel de inquietud expresada por los ciudadanos, se esperaría que un gobierno sensible a las demandas de los electores intentara tomar medidas para tratar todo lo relacionado con el crimen y la violencia. ¿Es esto lo que sucede en México?
“La evidencia anecdótica indica que los políticos tienden a priorizar las medidas contra el crimen tanto durante las campañas electorales, como cuando acceden al poder. Tanto el gobierno federal como los gobiernos subnacionales, como en el caso del estado de Chihuahua (que enfrenta un nivel de criminalidad “promedio”) y el Distrito Federal (que sufre de uno de los niveles más altos de incidencia criminal) han puesto en marcha varias medidas para luchar contra el crimen. Sin embargo, en todos los casos analizados, el impacto de las medidas ha sido limitado. Esto se debe, principalmente, a que las reformas no han atacado uno de los problemas más elementales de la gobernabilidad del sector: las reformas institucionales de gran envergadura en las organizaciones policíacas generalmente consideradas corruptas y carentes de la capacidad profesional adecuada para ser fuerzas eficaces de lucha contra la delincuencia. Estas reformas tienen poca visibilidad para los ciudadanos y tardan tiempo en entrar en vigor. Más bien, la tendencia es que los políticos fomenten medidas más visibles, como la imposición de penas más duras e inversiones físicas en la policía (como uniformes y equipo nuevos), a pesar del significativo escepticismo entre los expertos acerca de la eficacia de estas medidas para controlar el crimen”.
Cualquiera de los “sin embargo” que anotan los estudiosos del Banco Mundial se repiten y pululan por estos días: desde el llamado “Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la jegalidad” hasta el incremento presupuestal para las policías, sin olvidar los setenta y tantos “compromisos”, los 300 discursos que sobre el tema ha ofrecido el inquilino de Los Pinos, los “resultados” en el corto plazo y, desde luego, la enjundiosa participación de los mismos personajes (de todos los colores y sabores) que a lo largo de los últimos años han sido los operadores de todos los “relanzamientos”, “restructuraciones”, “reformulaciones”, “innovaciones” y conexos tendientes a “combatir” la inseguridad pública y el crimen organizado. Y los resultados están a la vista.
Lo malo es que la ciudadanía también se ha quedado corta, y de ello es muestra fiel la actual frase de batalla, casi un himno, acuñada por el empresario Alejandro Martí, quien sólo a raíz de la tragedia por la pérdida de su hijo se animó a participar en un esfuerzo colectivo: “si no pueden, renuncien”. Obvio es que no han podido, ni podrán, porque las “nuevas medidas” para combatir la inseguridad son simples refritos de otras “medidas” (igualmente “nuevas” cuando se anunciaron, las que a su vez fueron copias de anteriores “nuevas iniciativas”, etcétera, etcétera) que ostentosamente han fracasado y que cada día resultan más onerosas en lo económico y en lo social.
Así, la exigencia simple y sencillamente tendría que ser “renuncien”. Punto. ¿Qué político, de existir en el país el referéndum revocatorio del mando, sobreviviría un día en su puesto por los nulos resultados en seguridad, empleo, crecimiento económico y demás?
Las rebanadas del pastel
Y para “celebrar” su segundo “informe de gobierno”, con todo y su voluminoso baúl de “logros” virtuales, el inquilino de Los Pinos, premonitorio, se cayó del triciclo.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario