La familia se llena de angustia, quiere llorar, mira al funcionario experto en mentir, protector de los intereses políticos
Escuchar a Nelson Vargas, ver su mirada de padre abatido, mezcla de angustia y desesperación, es recordar la ineficacia del sistema de justicia mexicano y las complicidades de los servidores públicos implicados en la no-investigación del secuestro.
Nelson está atrapado en las redes del sistema, lo intuye pero no puede admitirlo, porque su hija es rehén de una banda criminal. Mientras Nelson y su familia son rehenes de la Procuraduría General de la República, de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva. Y al lado de la familia Vargas el resto de la sociedad es rehén del sistema.
Narran los sobrevivientes de secuestros que sus captores a ratos les tratan bien, luego les desprecian. Les dan información cruzada para mantener el control sobre ellos. Cuando les necesitan para seguir manipulando sus intereses, les piden que hablen ante una cámara, que demuestren que se encuentran bien y que existe cierto grado de confiabilidad en los secuestradores.
La persona secuestrada no se atreve a rebelarse porque su vida peligra. Y lo sabe. La víctima se siente amenazada y agradecida con sus captores, porque sabe que depende de ellos. La víctima les aprecia, aunque en el fondo sabe bien que no estaría en esa situación de peligro si no fuera por culpa de su secuestrador.
Quienes se han enfrentado al sistema de justicia, saben bien de qué hablo. Los funcionarios de la PGR son expertos, saben que las víctimas dependen de su “buena voluntad” de su “deseo de ayudar”. Con el cinismo propio de los cómplices de la impunidad, los especialistas en derechos humanos de la PGR tienen como tarea apaciguar la ira y la desesperación de las familias victimizadas.
Cuando el perfil del caso es público y notorio, utilizan siempre la misma estrategia. Reciben a la víctima, personalizan la conversación, muestran fotografías familiares, establecen vínculos de empatía, juran que ya pronto se resolverá. Piden paciencia.
Con la sutileza del más cruel de los torturadores emocionales explican en voz bajita que si se sigue haciendo ruido en los medios, se afectarán las investigaciones.
La familia secuestrada por la autoridad se llena de angustia, algo dentro de su pecho duele, quiere llorar, mira al funcionario público experto en mentir, protector de los intereses políticos de una falsa estabilidad.
Por un momento decide volver a creer. Al día siguiente aportan más pruebas, el Ministerio Público las ignora. Vuelve la ira, la desesperanza. La familia investigadora se profesionaliza, abandona su vida normal para resolver el caso. La autoridad falla reiteradamente. Vuelve a pedir paciencia.
Así el ciclo se perpetúa, hasta que las víctimas se saben secuestradas por la autoridad. Su vida y la de su familiar plagiado dependen de ese pequeño hombre de traje gris, incompetente y engañador, puesto allí para manejar políticamente los golpes de “asuntos delicados” el secuestrador lo sabe.
Mientras tanto la familia Vargas se da a la tarea de creer que su niña Silvia volverá con vida. Que en algún lugar sus captores se conmoverán y por fin la liberarán. Y si no, ha dicho Nelson, que le devuelvan el cuerpo de su hija. Millones de personas acompañamos a Silvia y exigimos que la liberen. Todas y todos somos la familia Vargas, aunque secuestrados por un sistema viciado e incompetente, exigimos la libertad y soñamos con un país en que nuestras hijas e hijos no vivan con miedo. Silvia no está sola, su familia tampoco.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario