Gobierno federal gasta 10.8 mil MDP en armas

En este año electoral, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar dispone de 4 mil millones de pesos, casi el 40 por ciento del gasto total del sexenio en este rubro. Las compras de armamento son calificadas como discrecionales por la Auditoría Superior porque, además de adjudicarse directamente, involucran los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Entre 2007 y 2012, el gobierno federal habrá destinado más de 10 mil 800 millones de pesos a la carrera armamentista que sostiene con los cárteles del narcotráfico, 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario. Tan sólo entre julio y diciembre del año pasado se erogaron 3 mil 700 millones de pesos del fondo de compras a la industria bélica extranjera

En plena contienda electoral por la Presidencia de la República, el gobierno federal echará mano de, al menos, 4 mil 68 millones de pesos con la “justificación” de comprar armamento y destinarlo a su “guerra” contra el narcotráfico. Los recursos saldrán del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a menos de seis meses de haber sido depositados en ese fondo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que, entre octubre y diciembre de 2011, la institución que encabeza el general Guillermo Galván Galván destinó al Fideicomiso 2 mil 933 millones 849 mil pesos y con ello aseguró una bolsa de 4 mil millones para el actual ejercicio, revelan informes elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nueve meses antes había ingresado otros 1 mil 443 millones de pesos, que se manejarán al margen del Presupuesto Público por tratarse de una figura fiduciaria, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación en revisiones a las cuentas públicas pasadas.

El monto que se erogará en armamento en estos meses representa el 37.6 por ciento del gasto total del Fideicomiso durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A finales de noviembre próximo, éste sumará al menos 10 mil 814 millones 187 mil pesos, que equivalen a 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario (por 4 mil 83 millones de pesos), ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de las familias en condición de pobreza alimentaria.

A pesar de que se trata de un presupuesto multimillonario, la Sedena no convocará a licitaciones públicas para las “adquisiciones de bienes, tales como equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y obra pública”. Éstas se dan en el marco de “operaciones de orden interior o seguridad nacional, de carácter contingente o urgente”, única referencia que da la dependencia.

Además, la información de las compras se encuentra blindada por los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación ha considerado en su revisión a la Cuenta Pública 2009 que se trata de erogaciones discrecionales.

Gastos no transparentados

Creado ex profeso para adquirir equipo bélico, el Fideicomiso recibió la aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos el 13 de junio de 2007, y con ésta se formalizó su constitución en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil.

De entonces a la fecha se han erogado 7 mil 627 millones 762 mil pesos, revelan los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública para los ejercicios trimestrales del periodo 2007-2011, elaborados por la Secretaría de Hacienda. De este multimillonario monto, el mayor gasto se realizó entre junio y diciembre de 2011: 3 mil 797 millones 802 mil pesos, que representan el 49.7 por ciento de ese total.

De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las órdenes de compra de armas y equipo bélico las da el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna adquisición ha sido ni será licitada: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.

Las erogaciones de junio a diciembre de 2007 ascendieron 85 millones 414 mil pesos. En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil y se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.

Como lo ha informado Contralínea, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indicó que no se garantizaron los principios de cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrató por la vía fiduciaria.

No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refirió que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas (Contralínea 236, 5 de junio de 2011).

Datos oficiales de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).

Los proveedores

Hasta ahora, los más de 7 mil 600 millones que se han ejercido del Fideicomiso han favorecido a la industria bélica mundial. Las proveedoras de la Defensa Nacional son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.

Otras corporaciones que surten de armas a la milicia mexicana son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.

Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.
Aumentar el gasto

El gasto en equipo bélico ha involucrado el traspaso al Fideicomiso de dinero público no presupuestado por la Cámara de Diputados. En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la dependencia. En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.

La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.

En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.

Con estos antecedentes, en 2012 el fondo para compra de armamento podría aumentar otros miles de millones de pesos, mismos que se ejercerían al margen del presupuesto y sin licitar en medio del ambiente electoral.

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Pasivos de Ferronalesjub alcanzarán 63 mil MDP

Las autoridades no calcularon que los ferrocarrileros jubilados vivieran “tantos años” y el dinero que dispusieron para pagar pensiones se ha agotado. El déficit actuarial supera ya los 43 mil millones de pesos. Sin embargo, Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, reconoce que la cifra podría aumentar a 63 mil millones “hasta que muera el último trabajador”. Desde 1997 –cuando se creó el fideicomiso Ferronalesjub– y hasta el 31 de diciembre de 2010, se habían erogado más de 40 mil millones de pesos en las pensiones de los trabajadores. A la fecha, más de 36 mil ferrocarrileros con su futuro incierto. Además, se adeudan 156 millones por juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos.

El “agotamiento” financiero del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 afecta a 36 mil 512 extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en Liquidación. El fondo debía de cubrir el pago de pensiones vitalicias hasta 2032; no obstante, a diciembre de 2010, poseía 1 mil 418 millones 320 mil 300 pesos, que alcanzarían sólo para el primer semestre de 2011. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un déficit actuarial de 43 mil 223 millones 585 mil pesos.

Producto de la licitación de vía general de comunicación ferroviaria del Noreste, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 en Nacional Financiera, con una aportación inicial de 13 mil 529 millones 750 mil pesos. El pasivo actuarial necesario para cubrir las obligaciones de Ferronalesjub, hasta que fallezca el último jubilado, es de 63 mil millones de pesos, reconoce Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México.

Sin embargo, “es muy complicado que el gobierno federal pueda destinar este monto de recursos”; la prioridad será capitalizar el fondo cada año para que, en la medida de lo posible, “en ningún momento se encuentre en peligro el pago de pensiones para jubilados”, explica Jorge Antonio Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación del Proceso de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae).

El déficit actuarial del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2010, era de 43 mil 223 millones 585 mil pesos. A decir de Tello Ludlow, “los recursos se agotaron porque las premisas que se adoptaron en el [primer] estudio actuarial no fueron las adecuadas; [por ejemplo] la mortandad, la expectativa de vida de los pensionados, no fue la acertada. La Secretaría de Hacienda [y Crédito Público] ha decidido capitalizar este fondo de manera anual; es decir, nosotros entregamos un escenario económico de cuántos recursos se van a requerir para el próximo año y se propone a la Cámara de Diputados para el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del Sae solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 8 millones 306 mil 900 pesos para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 del Fideicomiso (oficio DCO/DELE/455/2011, del 15 de agosto). Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación envió a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda los datos para recibir los recursos autorizados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, para el pago de pensiones jubilatorias por 2 millones 777 mil 300 pesos (oficio DGAAF/128/2011, del 15 de diciembre).

El pago de asignación, denominado también “ajuste de pensión jubilatoria por demanda o nómina alterna”, es el procedimiento por medio del cual se cubren las obligaciones determinadas en los laudos. “Cuando se constituyó el Fideicomiso existía la posibilidad de incorporar nuevos jubilados que, a partir de resoluciones judiciales, adquirían derechos. En esta nómina alterna se administran las obligaciones con 2 mil 72 jubilados que no se han podido subir al Fideicomiso. La Secretaría de Hacienda nos da recursos también para atender las obligaciones con este grupo de jubilados de la nómina alterna”, explica Márquez Serralde.

–¿Cuál es el número de jubilados?

??A marzo de este año tenemos 36 mil 512 fideicomisarios. La parte operativa que administra todas las obligaciones del Fideicomiso tiene establecidos mecanismos para verificar la supervivencia de estas personas de forma tal que nos aseguremos que se le está pagando todavía a la gente que vive. Hay 2 mil 72 en la nómina alterna. Puede ser que haya una persona cobrando en el Fideicomiso y en la nómina alterna. El contrato establece la posibilidad de que si una autoridad laboral determina el derecho de una persona a ser jubilado o el ajuste de su pensión, y por nómina alterna cobra los pesos adicionales que no se le pagan en el Fideicomiso.

La ASF revisó el total juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos en contra de Ferrocarriles. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Sae no habían pagado 482 millones 501 mil pesos de pasivo exigible ?462 millones 700 mil pesos son resultado de 463 procesos con laudo condenatorio firme y 19 millones 801 mil pesos correspondientes a siete asuntos contencioso-administrativos no concluidos?.

Banobras informó que existe una propuesta para dar por concluidos los pasivos laborales; la documentación se encuentra en la Dirección Jurídico Laboral de Ferronales. En tanto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes objetó que, a noviembre de 2011, hubo una disminución del 53.9 por ciento del pasivo exigible y de los siete casos no laborales se tramita el pago por 17 millones 369 mil pesos a favor del organismo Luz y Fuerza del Centro.

“Por lo que respecta al artículo cuarto y segundo transitorio del Decreto de Extinción de Ferrocarriles, las estrategias para la atención de asuntos jurídicos laborales del PML 2010 [Programa Maestro de Liquidación] y de la cláusula décima sexta del Contrato del Fideicomiso Ferronalesjub, se considera que no existe incumplimiento, debido a que quien es garante de las obligaciones laborales por jubilaciones es el gobierno federal; se realizaron acciones a través de la SCT para la obtención de los recursos para hacer frente a las obligaciones laborales”, argumentó el Banobras en la reunión de Preconfronta con el órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados.

En cuanto a los más de 462 millones de pago exigible, Guillermo Tello explica que “el tema de los juicios laborales no es crítico; está bien controlado […] Ese pasivo exigible no se había pagado porque no se contaba con los recursos. En 2011, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación le autorizan a Ferrocarriles una cantidad de recursos, priorizamos en el tema. El saldo a [diciembre de] 2011 es de 152 millones”.

Por otra parte, el costo de liquidación de FNM, del 19 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 2010, asciende a 40 mil 804 millones 307 mil 800 pesos, de los cuales 34 mil 193 millones 980 mil 500 incumben recursos propios y 6 mil 610 millones 327 mil 300 pesos son recursos federales. La Auditoría Superior, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, considera que el Banobras y el Sae no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al proceso de liquidación de Ferrocarriles, por lo que el dictamen de la auditoría fue negativo. El Órgano Interno de Control tendrá que investigar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados.

El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica”. El 25 de junio se emitieron las “bases para llevar a cabo la liquidación”.

El 29 de agosto de 2001, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes designó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como responsable de la liquidación de FNM. El 14 de julio de 2010, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lo sustituyó; el 17 de agosto se dio el nombramiento oficial y el 31 de ese mes se suscribió el Acta de Entrega-Recepción, compuesta por 130 anexos sobre los pasivos, activos y asuntos pendientes.

Con el análisis de los estados financieros de Ferrocarriles Nacionales de México se confirmó un déficit de 13 mil 58 millones 251 mil pesos. Para gastos de operación y pago de pasivos, el monto requerido para 2011 ascendía a 1 mil 64 millones 100 mil pesos; se autorizaron 758 millones 300 mil pesos, los cuales fueron transferidos al Sae como resultado de un convenio suscrito el 25 de marzo de 2011 con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A decir de la Auditoría Superior, los recursos obtenidos no son suficientes para cumplir las obligaciones financieras del Ferronalesjub.

En el Informe también se evidencia la nula atención a 1 mil 157 solicitudes de donaciones de jubilados, pensionados o sus sucesores, de instituciones públicas y asociaciones sin fines de lucro, por una superficie de 11 millones 509 mil 709 metros cuadrados. El Banco Nacional argumentó que el artículo sexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales y segundo del Decreto no establecen tiempos específicos, por lo que no existe incumplimiento por parte de la institución. Se trabajó de manera conjunta con la SCT en la elaboración de lineamientos que regulen las donaciones; el seguimiento lo hacía la Dirección Comercial y de Atención a Gobierno a través de la Gerencia de Consultoría Jurídica y Patrimonio Inmobiliario en Ferrocarriles.

El objetivo de regular cinco predios invadidos, esto es 359 mil 100 metros cuadrados, no se concretó. No existe respaldo documental que ampare la labor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ferrocarriles Nacionales de México y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

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PGR consigna 34 casos de lavado en la banca

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 52 denuncias de hechos ante la PGR por el probable delito de lavado de dinero cometido en el circuito financiero mexicano durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas, se consignaron 34 ante la justicia federal. La Procuraduría General también tuvo conocimiento de otros 70 reportes de inteligencia por operaciones presuntamente hechas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Aunque el combate a este delito es una supuesta prioridad para la “guerra” antinarcóticos, a los delincuentes no se les tocaron sus finanzas: ese año, se lavaron al menos 88 mil millones de dólares en México.

Nancy Flores

En 2010 y en plena “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la inteligencia civil de México sólo logró llevar a juicio 34 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, revela el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero.

Se trata de las 34 averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante la justicia federal, de un total de 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio Público federal a lo largo de ese año, y que integraron igual número de indagatorias judiciales.

Del informe elaborado por el máximo órgano de fiscalización se desprende que el 59.6 por ciento de las denuncias se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. En total, esta área abrió 31 averiguaciones por igual número de denuncias, pero sólo realizó 19 consignaciones.

La Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud recibió el 26.9 por ciento de las denuncias: abrió 14 averiguaciones previas, de las cuales consignó 10. La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas abrió y consignó tres averiguaciones previas. La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas abrió tres indagatorias de las que sólo consignó una. Y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos abrió y consignó una.

Pero aunque en esas 34 operaciones tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la PGR presumieron que se vulneró el circuito financiero mexicano y sí se lavó dinero, hasta ahoraningún dueño, accionista ni alto ejecutivo de instituciones financieras legales ha sido encarcelado.

Además de los 52 casos denunciados, otras 70 transacciones que implican al sistema financiero en operaciones altamente riesgosas prendieron los focos rojos al interior del aparato de inteligencia civil, especializado en políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Éstas, de entre un total de 4 millones 695 mil 31 reportes por operaciones inusuales, preocupantes y relevantes que recibió y analizó la Unidad en ese periodo.

En total, los expertos antilavado de la UIF dieron parte a la Procuraduría General de 122 operaciones en la banca comercial, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles), seguros que consideraron prácticamente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (118 casos) y financiamiento al terrorismo y tráfico de armas (cuatro casos).

Con base en el oficio 110.-A.-065/2011 de la Unidad de Inteligencia Financiera, la ASF refiere que los 70 reportes se presentaron de la siguiente manera: 52 a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ocho a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; seis a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; uno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; y uno más a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Finanzas ilícitas intactas

Las tres decenas de casos llevadas ante la justicia federal, así como los otros 90 casos enterados a la Procuraduría General de la República contrastan con la realidad del lavado de dinero en México, que provee a la criminalidad todo su andamiaje operativo: personal, armas, vehículos, casas de seguridad, capacidad de corrupción.

Desde que inició la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la fecha, este ilícito implicaría operaciones por unos 88 mil millones de dólares anuales: 49 mil millones que trasnacionales y empresas sacan ilícitamente del país a través del sistema financiero y que constituyen operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con la reciente investigación de la consultora Global Financial Integrity (Contralínea 271); y 39 mil millones de dólares que los criminales logran legalizar con éxito en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos (Contralínea 237).

Por tanto, en 2010 los delincuentes de cuello blanco –incluidas las trasnacionales que operan en México con capacidad para realizar facturaciones fraudulentas en otros países– sacaron del país unos 49 mil millones de dólares; mientras que los criminales ingresaron al circuito financiero un porcentaje no determinado de esos 39 mil millones de dólares producto sólo de la venta de narcóticos en Estados Unidos.

La balanza de las finanzas ilícitas no es desconocida: en sus reportes International narcotics control strategy report 2010 y 2011, el Departamento de Estado de ese país señala que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero” y que “el contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”.

No obstante, la inteligencia civil destinada a detectar estas operaciones que llegan al circuito financiero en México ni siquiera tiene un sistema confiable, señala la Auditoría Superior: la Unidad reportó un total de 4 millones 695 mil 31 operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, mientras que los organismos reguladores y supervisores reportaron en conjunto 11 mil 558 operaciones, “lo cual refleja que la información no es confiable y los reportes no son congruentes”.

El órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados indica, además, que no se tuvo evidencia para determinar si los sujetos obligados emitieron los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 por todas las operaciones relevantes realizadas mediante el uso de cuentas concentradoras de sus clientes o usuarios.

Ello, porque la UIF se negó a proporcionar los datos con el argumento de que “la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para tener acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, ya que dichas operaciones están relacionadas con posibles actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código y no cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales (sic)”.

Banca trasnacional lava en México

En todo el ejercicio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un caso de probable lavado de dinero que involucró a una trasnacional financiera. Se trató de una oficina de representación de una institución extranjera que se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impedida para realizar actividades de intermediación financiera en el mercado nacional, por no contar con la autorización del gobierno federal.

La Unidad de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “determinó que dicha oficina deberá abstenerse de actuar, directamente o por medio de interpósita persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o trámite alguno para este tipo de operaciones”.

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Calderón se negó a investigar a Fox

• Impunidad promovida en Los Pinos
• Desvíos en millonaria remodelación
• Calderón se negó a investigar a Fox

Miguel Badillo

Sin duda que uno de los principales problemas históricos del país es la corrupción gubernamental. Es ésta la que ocasiona el desvío de recursos públicos y que éstos dejen de llegar a las comunidades más apartadas y más pobres del país; también permite la complicidad de funcionarios con el crimen organizado, con su consecuente expansión y florecimiento como ahora sucede; perturba el orden social y provoca la crisis económica y política que hoy vivimos.

Sin embargo, aunque la corrupción se ha desarrollado a niveles de escándalo en los sectores público y privado, sin que alguien haga algo para detenerla, es la impunidad promovida en los poderes Ejecutivo y Judicial la que ha incentivado el crecimiento de ese cáncer social.

Es tan grave la corrupción, que su combate fue el lema de campaña que llevó a Vicente Fox a la Presidencia de la República y motivó la alternancia en el poder, aunque una vez que éste se instaló en Los Pinos, Fox fue omiso y negligente para atacarla y, por el contrario, hasta fue parte de ella y envolvió a familiares, amigos y panistas que antes la repudiaban.

Un escandaloso caso de corrupción en el que Vicente Fox estuvo involucrado y Felipe Calderón se negó a sancionar, ha vuelto a salir a los medios 10 años después de ocurrido y por eso vale la pena hacer el recuento y probar como una vez que los políticos llegan al poder, como es el caso de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, se olvidan no sólo de las promesas hechas en campaña, sino hacen a un lado sus principios, su moral y la ética profesional con tal de enriquecerse brutalmente.

Hace unos días se publicó en la prensa un informe de la Unidad de Transparencia de su sesión del 14 de septiembre de 2011, en donde se da cuenta del gasto que hizo la Presidencia de la República a principios del gobierno de Vicente Fox (2001), en la remodelación de las cabañas de la residencia oficial de Los Pinos y que ascendió a más de 30 millones de pesos.

Pero lo que no dice en su informe dicha Unidad de Transparencia, es que la operación financiera se hizo sin autorización, sin transparencia y sin vigilar el gasto desmedido, lo que permitió el desvío de recursos públicos sin que hubiera sancionados penalmente, más allá del despido de funcionarios menores. Nuevamente es la impunidad emanada desde la Presidencia de la República la que impide sancionar un hecho de corrupción promovido y ejecutado por el propio Vicente Fox, antecesor, amigo y miembro del mismo partido que el de Felipe Calderón.

Esta es la historia precisa que la Secretaría de la Función Pública aún guarda en sus archivos como un asunto confidencial, por tratarse de un hecho de impunidad presidencial.

La auditoría 2015

Un grueso expediente mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, en donde se comprueban actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el entonces presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.

En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon, fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio del erario público.

La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.

La remodelación de las cabañas en Los Pinos

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que en 2001 sirvieron como pretexto a Fox para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones de la SFP.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.

La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

El resultado fue que se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.

El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (exdirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.

Vulnerada la Seguridad Nacional

El carácter de “confidencial” que le ha dado el gobierno federal a ese caso de corrupción para mantenerlo en el anonimato, es un contrasentido, pues la realidad es que la seguridad de Los Pinos fue vulnerada en el momento en que fueron asignados dichas obras sin licitación de por medio y los contratos se otorgaron de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, el arquitecto Humberto Artigas.

La Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutar este tipo de obras en la residencia oficial de Los Pinos.

Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos, Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.

El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.

El amplio expediente confidencial de la Contraloría, en poder de esta columna desde hace 10 años, precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”

Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.

Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.

Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Investiga el fisco a Humberto Artigas

Pero como el hilo siempre se rompe por lo más delgado, en aquel momento el arquitecto Humberto Artigas y su socio Jorge Conde Guzmán, quienes fueron los responsables de remodelar Los Pinos y el rancho San Cristóbal de la familia Fox, fueron sujeto de investigación por la Procuraduría General de la República y por la Procuraduría Fiscal de la Federación, como una medida para obligarlos a guardar silencio sobre el destino del dinero, pues había la presunción de que fue devuelto al ocupante de Los Pinos.

Pero contrario a lo que se pueda creer, la investigación no es por el delito de corrupción por los daños causados al erario público en la remodelación de Los Pinos, según confirmó la propia Secretaría de la Función Pública, sino por delitos fiscales. Es decir, que la Secretaría de Hacienda encontró tres defraudación fiscales por un monto total de 18.9 millones de pesos por adeudos del IVA y del ISR, lo que significa que no sólo se robaron dinero público, sino que además no pagaron los impuestos que les correspondían por esos recursos y tuvo que ser el fisco el que descubriera transferencia de millones de pesos del arquitecto Artigas a las cuentas bancarias de su cómplice Conde Guzmán. De dicha investigación nunca se supo más, pero lo que si fue un hecho, es que todo quedó en la impunidad presidencial.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Mexicana de Aviación: la quiebra planeada

Todo indica que al gobierno no le interesa que Mexicana de Aviación vuelva a volar. Más bien parece que lo quiere evitar a toda costa. La serie de obstáculos que se le han puesto al salvamento de la que fue la principal línea aérea del país tiene trasfondo: un plan para que Aeroméxico, Interjet y Volaris llenen el hueco que deja aquélla. El problema es que en la rebatiña por el mercado, los beneficiados acaban siendo las aerolíneas y los capitales extranjeros… incluso disfrazados de mexicanos.

Jenaro Villamil

A más de 15 meses de que Mexicana de Aviación suspendiera sus vuelos –el 28 de agosto de 2010–, tras el desfile de 29 posibles compradores y el intento frustrado de tres grupos (PC Capital, Med Atlántica e Iván Barona) por adquirir la principal compañía nacional en este ramo, los grandes beneficiarios son los inversionistas extranjeros que están detrás de Aeroméxico, Volaris e Interjet y que pretenden quedarse con 30% del mercado que tenía la empresa que el grupo de Gastón Azcárraga dejó en la insolvencia.
Por otra parte, los más afectados por la ausencia de Mexicana son los consumidores, quienes se han enfrentado a un incremento real de 40% de los precios del boletaje –según estudio del Tecnológico de Monterrey– y los trabajadores de los tres sindicatos que han buscado salvar sus fuentes de empleo y su participación accionaria de 5% en la compañía, ante el riesgo de que el 10 de febrero de 2012 la empresa se declare en quiebra y no pueda volver a volar.
Informes de la compañía revelan que Mexicana de Aviación está lista para volar desde noviembre de este año, ya que en el proceso de concurso mercantil y saneamiento ha disminuido de 17 mil a 4 mil millones de pesos sus pasivos: con sus acreedores ha renegociado deudas de 10 mil a 700 millones de pesos, el pasivo laboral ha bajado a 971 millones de pesos, con el gobierno federal ha disminuido a mil 200 millones de pesos y sus gastos operativos están en 829 millones de pesos.
“La empresa está lista para volar. Mexicana tiene mucho más valor ahora que antes. Hemos llegado a un acuerdo laboral con ASPA (el sindicato de pilotos) para disminuir en 65% el costo laboral, somos la tercera marca mexicana más conocida en el mundo, pero las autoridades han ido retrasando el proceso”, sintetiza Adolfo Crespo, director de Comunicación Corporativa de Mexicana.
Por su parte, el juez Felipe Consuelo Soto, responsable del juicio por concurso mercantil, ha insistido públicamente en la falta de voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para evitar que la línea se declare en quiebra y deje de operar definitivamente.
“Al tratarse de una empresa bandera de la aviación, con su importancia y todo lo que tiene para iniciar el arranque, el gobierno podría dar otras facilidades a los inversionistas y a los propios trabajadores, esquemas de inversión que después de reactivada la empresa pueda ir recuperando”, declaró el magistrado, juez decimoprimero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, a la agencia CNN-Expansión.
“En estos 15 meses, de todo lo que generaba Mexicana, como impulso a la economía y divisas, se ha perdido mucho”, reiteró Consuelo Soto, quien tuvo graves diferencias con las autoridades de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Trabajo ante el episodio reciente del intento de compra de Iván Barona, empresario minero, último interesado públicamente en adquirir la empresa apoyado por Med Atlántica, del español Christian Cadenas.
Finalmente Barona desistió en la última semana de noviembre, luego del mandato del juez Consuelo de que se investigara la validez de los documentos que había presentado para restructurar Mexicana.
Actualmente hay tres grupos interesados en la adquisición de la aerolínea, pero sus nombres se mantienen en estricta confidencialidad ante las dificultades que se han presentado e incluso las presuntas amenazas y advertencias que otros empresarios recibieron para que no invirtieran en la compañía.
El ahora exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, mantuvo una posición a favor de la quiebra de Mexicana. Apenas el pasado 17 de noviembre les sugirió a los trabajadores que valoraran la pertinencia de ser liquidados antes de que los activos de la aerolínea se sigan depreciando:
“La peor de las sorpresas que se pueden llevar es que se generen expectativas de que lleguen los recursos, pero, como ha sucedido con anteriores inversionistas, el capital no se presente”, les dijo.
“Aunque no le guste al juez Felipe Consuelo, eventualmente tendría que declarar una quiebra de Mexicana”, afirmó Lozano, de acuerdo con el despacho informativo de la agencia Notimex.

Favoritismo a otras compañías

Mexicana se ha sumado a la lista de compañías aéreas que suspendieron actividades este sexenio: Avolar, Aviacsa, Aerocalifornia, Alma y Azteca. En contraste, las más beneficiadas con la desaparición de la competencia han sido Aeroméxico, Interjet y Volaris.
Hay un plan para favorecer a estas tres y se demuestra en un convenio firmado el 27 de octubre de 2005 entre la SCT y los representantes de los grupos aeroportuarios del Sureste (Asur), del Pacífico (GAP) y del Centro Norte (GACN) para otorgar “incentivos” que beneficiaran a las dos líneas aéreas que operaban desde el aeropuerto internacional de Toluca: Interjet y Volaris.
El documento, cuya copia obtuvo Proceso, detalla cómo el gobierno federal obligó a estos grupos a cobrar 50% menos en las cuotas por aterrizaje, estacionamiento, pasillos, seguridad y mostradores en viajes desde y hacia Toluca, subsidiando así los vuelos de Interjet y Volaris desde esa terminal.
La justificación fue “desconcentrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en apoyo al Programa para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País y al Programa de Impulso al Crecimiento de la Aviación Troncal y Regional que lleva a cabo el gobierno federal”.
El mismo convenio establece subsidios fiscales en servicios de radiocomunicación que otorgan los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, así como en cuotas a servicios de combustible.
A raíz de la salida de Aviacsa y de Mexicana del mercado aeronáutico, Volaris, Interjet y Aeroméxico (especialmente su línea de “bajo costo”, Aeroméxico Connect) han sido las más beneficiadas con nuevas rutas y mayor presencia en el AICM.
Pero paradójicamente la flota de aviones comerciales disminuyó (pasó de 287 en julio de 2010 a 180 en marzo de 2011), el servicio se degradó, el precio real del boleto subió y las aerolíneas estadunidenses ocuparon el segmento de mercado que antes tenía Mexicana en vuelos al extranjero.
En septiembre de 2010, a unos días de la suspensión de los servicios de Mexicana (que tenía 28% del mercado) Grupo Aeroméxico incrementó su participación en 12 puntos porcentuales (46.5%), Interjet incrementó nueve puntos al pasar de 13 a 22% de la cuota total del mercado y Volaris ganó 5.5 puntos al subir de 12.5 a 18%, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT.
En su informe estadístico comparativo de octubre de 2010 a octubre de 2011, la DGAC revela que el mayor crecimiento en pasajeros transportados en vuelos nacionales fue de Interjet: pasó de 330 mil a 546 mil (25% del mercado nacional), Aeroméxico disminuyó ligeramente de 930 mil a 887 mil (mantiene una cuota de 41%) y Volaris pasó de 327 mil a 399 mil (18% del total). Otra línea, Vivaaerobús, subió de 203 mil a 237 mil pasajeros (11%).
Por el contrario, las compañías estadunidenses y centroamericanas se beneficiaron con la salida de Mexicana, que antes de suspender sus operaciones transportaba más del doble de pasajeros al extranjero que Aeroméxico. Mexicana tenía 20% y Aeroméxico 10% del total.
Entre octubre de 2010 y el mismo mes de 2011 las dos empresas mexicanas que transportaban pasajeros en vuelos internacionales (Aeroméxico y Volaris) disminuyeron de 5.6 a 3.9 millones de personas. En contraste, las aerolíneas extranjeras subieron de 14.9 millones a 17.1 millones. Es decir, 2.2 millones de pasajeros en vuelos internacionales fueron ganados por compañías extranjeras.
Las aerolíneas estadunidenses fueron las más beneficiadas con el volumen de pasajeros transportados al extranjero desde México: pasaron de 11 a 12.3 millones entre 2010 y 2011. Las de Canadá aumentaron de 1.2 a 1.6 millones y las de Centro y Sudamérica pasaron de 998 mil a 1.4 millones, de acuerdo con datos de la DGAC al 31 de octubre de 2011.
La cuota de 20% que tenía Mexicana en el número de vuelos y pasajeros al extranjero benefició sobre todo a las estadunidenses United Airlines y a Continental Airlines.

Más capital extranjero

El artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera establece un tope máximo de 25% de la tenencia accionaria foránea en las compañías aéreas mexicanas. Pero en Aeroméxico y Volaris este tope se ha violado para beneficiar a fondos de inversión extranjeros, principalmente estadunidenses y centro y sudamericanos.
Al 1 de noviembre de 2011, en Aeroméxico 44.7% de la tenencia accionaria está en manos de Telecomunicaciones Holding Mx, una subsidiaria de Citigroup, accionista mayoritario de Banamex. Citigroup incrementó su participación bajo la figura de “inversión extranjera neutra” autorizada por la Secretaría de Hacienda desde mayo de 2002.
Los otros 15 consejeros propietarios mexicanos en Aeroméxico tienen una participación mínima y pulverizada: Banco Inbursa, de Carlos Slim, tiene 4.98% a través del fideicomiso 1542; los pilotos poseen 4%; Valentín Díez Morodo, del Grupo Modelo, posee 3.18%, igual porcentaje que Juan Francisco Beckman Vidal, propietario del Grupo Cuervo; Fernando Canales Clariond y sus parientes Marcelo, Susana y María del Consuelo Canales tienen cada uno 1.99%; Eduardo Tricio Haro, principal accionista de Grupo Lala, cuenta con 1.29%, y María Asunción Aramburuzabala –la “mujer más rica” del país– y su hermana Lucrecia tienen poco más de 2%.
María Asunción Aramburuzabala, del Grupo Modelo, fue una de las 29 inversionistas que mostró interés en adquirir Mexicana de Aviación, pero finalmente desistió. Al parecer fueron las presiones y obstáculos oficiales que desinteresaron a la también exaccionista de Grupo Televisa.
El caso de Grupo Volaris, empresa creada y dirigida por Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda durante el sexenio salinista, también apunta a una mayor participación accionaria foránea, a pesar del tope.
En julio de 2010 los grupos Televisa e Inbursa vendieron las participaciones de 25% que cada uno tenía en la aerolínea, a un grupo de inversionistas que se unió al fondo de inversión extranjera Indigo Partners, presidido por Bill Franke, exdirector y presidente de American West Airlines. Esta firma tiene participación en la línea estadunidense Spirit Airlines, en Tiger de Singapur, en la rusa Avianova y en la húngara Wizz Air.
Volaris nació en 2005 con una inversión de 100 millones de dólares en el Fondo Protego-Discovery, donde participaron tanto Aspe (a través del fondo Discovery Ameritas), como Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim, así como la compañía aérea salvadoreña Taca, que se fusionó con la colombiana Avianca. Estos grupos mantienen su participación accionaria en Volaris.
A finales de enero de 2011 el director general de Interjet, José Luis Garza, denunció ante la SCT que la inversión foránea en Volaris, Aeroméxico y Vivaaerobús (donde hay fondos de Ryan Air) violan el tope de 25% establecido en la Ley de Inversión Extranjera.
Paradójicamente unas semanas antes Miguel Alemán Magnani, hijo de Miguel Alemán Velasco, había declarado que Interjet también evaluaba la posibilidad de una mayor participación de accionistas estadunidenses en la compañía de bajo costo, que se ha convertido en la segunda más importante del mercado nacional.

21 entidades ocultan deuda por 48 mil MDP

Veintiún entidades federativas han ocultado su endeudamiento por más de 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La deuda total de los estados supera los 360 mil millones de pesos y pone en riesgo las finanzas públicas, alerta la Auditoría Superior. Los pasivos más importantes los concentran el Gobierno del Distrito Federal, del perredista Marcelo Ebrard, y la pasada administración del priísta Enrique Peña Nieto, en el Estado de México: más de 95 mil millones, que equivalen al 26.3 por ciento del total.

Nancy Flores

El Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard, y el Estado de México, administrado hasta el 15 de septiembre pasado por el precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, son las dos entidades federativas más endeudadas del país, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Sus pasivos con la banca privada, la de desarrollo y el mercado financiero superan los 95 mil millones de pesos.

En tercer lugar se ubica Nuevo León, dirigido por Rodrigo Medina de la Cruz. Y es hasta el cuarto peldaño donde se ubica Coahuila, cuya deuda por más de 30 mil millones de pesos fue adquirida en las administraciones de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López. Los tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Estas cuatro entidades forman parte, a su vez, de la lista de las 21 que habrían ocultado un porcentaje de sus adeudos a las autoridades federales, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. De acuerdo con esa instancia gubernamental, al primer trimestre de 2011 la deuda de los estados y el Distrito Federal ascendió, en total, a 363 mil 422 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo recibió reportes por 315 mil 18 millones 300 mil.

“De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas y municipios ascendió a 363 mil 422 millones, lo que equivale a una diferencia de 48 mil 994 millones 100 mil pesos, un 15.6 por ciento adicional respecto del monto establecido en el registro de obligaciones financieras administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que las entidades federativas reportan a esta dependencia principalmente la deuda garantizada con las participaciones en ingresos federales”, detalla el Análisis.

En su reporte, entregado a la Cámara de Diputados en junio pasado, la Auditoría Superior observa que “el riesgo ni siquiera se puede determinar de manera confiable y objetiva, porque no se conocen los montos totales de la deuda, de otros pasivos financieros de corto plazo y de contingencias presupuestarias relevantes como las pensiones”.

El diputado perredista Vidal Llerenas Morales –integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– señala que “la deuda de los estados está muy mal regulada, salvo la del Distrito Federal que tiene una regulación de carácter federal. En los estados hay poco control sobre la deuda. El caso de [Humberto] Moreira es el que más clarifica este fenómeno: los estados tienen reglas muy laxas y recurren al endeudamiento a corto plazo con bancos, que es muy caro, luego lo consolidan a largo plazo; no usan la deuda para infraestructura y pagan tasas muy altas”.

Pero los adeudos que dejó el exlíder nacional del PRI en Coahuila no son los más altos. La deuda real del Distrito Federal suma 55 mil 200 millones de pesos, aunque a la Secretaría de Hacienda únicamente se le reportaron 52 mil 258 millones 700 mil pesos. En el caso del Estado de México, el monto real es de 40 mil 738 millones 300 mil, pero el enterado a Hacienda fue de sólo 37 mil 731 millones 200 mil pesos.

Nuevo León que adeuda 36 mil 903 millones 500 mil pesos, sólo dio a conocer pasivos por 34 mil 634 millones 400 mil. Y la deuda real de Coahuila –cuya situación financiera ha sido utilizada con fines políticos por el exsecretario de Hacienda y actual precandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero– es de 31 mil 973 millones 100 mil pesos, pero sólo reportó 8 mil 329 millones 300 mil. Con ello, se coloca como el estado que ocultó el mayor monto a las autoridades federales, 23 mil 643 millones 800 mil pesos.

Más deuda

Los pasivos por contratación de empréstitos de esas administraciones gubernamentales representan el 45.3 por ciento de los más de 363 mil millones que deben en total las entidades federativas, de acuerdo con los datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.

Pero eso no es todo: al endeudamiento real hay que agregar las líneas de crédito recién solicitadas. Tan sólo, el pasado 17 de noviembre, Standard & Poor’s dio a conocer que le asignó calificación de largo plazo en escala nacional de mxAAA a los certificados bursátiles fiduciarios del gobierno capitalino. Ello posibilitará que, en breve, la administración de Ebrard contrate un crédito de hasta 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con la calificadora, los certificados estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario derivados de las disposiciones que realice el Gobierno del Distrito Federal conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de garantía suscrito entre el gobierno federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, como acreditante. Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al Fideicomiso F/00831, constituido en The Bank of New York Mellon, para constituir el patrimonio en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.

En el caso de Coahuila, a inicios de noviembre pasado se contrataron créditos por, al menos, otros 2 mil millones de pesos. El objetivo fue para refinanciar la deuda global, ante las presiones políticas que recibió el gobierno interino tras darse a conocer la deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones fueron contratados con documentación falsa.

Para el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez, el problema del ocultamiento de la deuda “está en ambos frentes: por una parte, cualquier falsificación de documentos o faltas a la normatividad estatal o federal constituye un delito, por lo que quienes sean responsables tendrán que enfrentar las consecuencias. Por otra, la lección que nos queda es que la Secretaría de Hacienda tiene que mejorar sus mecanismos de control y regular con mayor claridad la información que se debe de reportar, ya que hay instrumentos que no se toman en cuenta que sí deberían hacerlo”.

Los más endeudados

La Auditoría Superior señala que “el proceso de mayor endeudamiento se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica”.

Agrega que “el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente de ingresos de las finanzas públicas locales (estimados en más del 90 por ciento del total), además de su débil capacidad recaudatoria actual”.

De las tres principales fuerzas políticas del país, ninguna queda a salvo del endeudamiento desmedido. Entre los estados con más compromisos crediticios están Veracruz, que encabeza el priísta Javier Duarte de Ochoa, con adeudos por 22 mil 566 millones 800 mil pesos; Jalisco, gobernado por el panista Emilio González Márquez, con pasivos por 21 mil 122 millones 900 mil pesos; Chihuahua, representado por el priísta César Duarte Jáquez, con pasivos por 18 mil 273 millones 800 mil.

En el octavo peldaño se encuentra Sonora, administrado por el panista Guillermo Padrés Elías, cuyo endeudamiento asciende a 17 mil 287 millones 400 mil pesos. Y le sigue Michoacán, aún en manos del perredista Leonel Godoy Rangel, con una deuda de 15 mil 37 millones 400 mil pesos.

El diputado panista Alfredo Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que “hay estados que tienen la situación tan complicada, tan delicada financieramente, que tendrán que tomar la decisión de no optar por acceder a nuevos recursos [vía créditos] porque su capacidad de deuda está al límite. Tienen comprometido prácticamente el ciento por ciento de su presupuesto con el gasto corriente y con las deudas que actualmente tienen”.

Crisis previsible

En su Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, la Auditoría Superior destaca “el riesgo moral” de los estados. Ello implica que “las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia debido a que tienen la expectativa de que el gobierno federal –Legislativo y Ejecutivo– tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se generarían a la economía del país”.

Por ello, urge fortalecer los mecanismos institucionales para regular el endeudamiento local y racionalizar el destino de los recursos obtenidos mediante los diferentes mecanismos de financiamiento.

El máximo órgano de fiscalización de México señala que “si no se toman las decisiones apropiadas respecto del endeudamiento acelerado de las entidades federativas y se fortalecen sus finanzas públicas, se puede configurar un escenario que ponga en riesgo la estabilidad económica y el desarrollo social del país.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con los responsables de las finanzas públicas de las 32 entidades del país. Hasta el cierre de edición, sólo se obtuvo respuesta del gobierno de Baja California Sur.

Al respecto, el maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas, explica que en Baja California Sur “se ha tratado de mantener un nivel de endeudamiento acorde al monto total de recursos que maneja el estado. Consideramos que la deuda es útil y sirve siempre que venga a incrementar el potencial de crecimiento del estado y que el perfil de la deuda corresponda con el perfil de las cosas que se van a hacer. Contratamos deuda a largo plazo porque se invierte en cosas que van a tener una vida útil, por lo menos equivalente al tiempo que vamos a pagar la deuda”.

La entidad es una de las que menos deuda han contratado; también una de las que sí han reportado su adeudo total a las autoridades federales. Aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reporta que el adeudo del estado asciende a 2 mil 30 millones 800 mil pesos, Hernández Vicent asegura que el saldo es de 1 mil 272 millones al 13 de septiembre pasado.

Respecto del destino de ese dinero, afirma que ha sido la inversión pública productiva. “Se invirtieron en el hospital Salvatierra, las contrapartes, en obras de pavimentación. Hay créditos que vienen de hace muchos años y cuyos saldos negociamos en su tiempo, pero la totalidad se llevó a inversión pública”.

[RECUADRO]

Bono cero, nueva vía de endeudamiento

La Auditoría Superior de la Federación señala que si los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus ingresos y racionalizan el gasto –reduciendo los egresos aplicados en programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y social, así como las erogaciones en actividades operativas, de administración, comunicación social y servicios personales, principalmente–, el déficit público persistirá y las necesidades de financiamiento aumentarán con el tiempo.

Y aunque el órgano fiscalizador señaló al Congreso de la Unión que la solución del problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos locales requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un “bono cero” –deuda– por 50 mil millones de pesos para las 32 entidades federativas.

Al respecto, el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez explica que la deuda de los estados y municipios como porcentaje del producto interno bruto sigue siendo baja (de 2.3 por ciento). “Es cierto que algunas entidades tuvieron incrementos muy acelerados, pero no estamos ante un problema estructural. El bono o cupón cero que adquirirá el gobierno federal para respaldar la emisión de las entidades tiene la enorme ventaja de que tiene garantizado el pago del principal con los recursos que nosotros ya etiquetamos para tal fin en el Presupuesto. Es decir, las entidades sólo deberán preocuparse por los intereses, los cuales serán muy bajos, ya que se fondearán a una tasa similar a la del gobierno federal. Algo que muy pocos estados podrían hacer por sí mismos”.

El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Rodríguez Dávila, coincide. “Es una deuda bastante noble, porque los estados pagarán los intereses y la federación pagará al término de los 20 años el capital. Entonces, es como si te ofrecen a ti comprar una casa y solamente vas a pagar los intereses y al término de los 20 años no tendrás que pagar el capital”.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados admite que no existen reglas de operación definidas al ciento por ciento respecto de este nuevo endeudamiento, porque ésas dependen de la Secretaría de Hacienda y se darán a conocer en enero de 2012.

Rodríguez Dávila indica que las entidades que contraten estas deudas deberán registrarlas en sus congresos locales, como lo marca la mayoría de las legislaciones estatales. “Lo que se quiere es que no suceda lo que ya pasó en otros estados, como Coahuila, que nadie sabe. Ahora lo tienes que denunciar”.

Para el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, el bono cero es una buena manera de aprovechar las finanzas públicas. Detalla que esta deuda “es muy manejable, es barata para los estados, y te va a permitir financiar infraestructura en un momento en el que tienes que financiar esta infraestructura, que es el año que entra, para reactivar la economía”. (Mariela Paredes)

Estados que sí reportaron su deuda total

Entidad	Deuda
Jalisco	21,122.9
Sonora	17,287.4
Sinaloa	4,879.3
San Luis Potosí	4,823.5
Nayarit	3,150.9
Aguascalientes	2,603.1
Querétaro	2,219.8
Baja California Sur	2,030.8
Morelos	1,269.6
Campeche	328.6

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011

Fuente: Revista Contralínea 262 / 04 diciembre de 2011

Deuda: "él te dirá cómo"

México SA

*Deuda: "él te dirá cómo"
*FC, cinco años después
*El Fobaproa que vos matáis

Carlos Fernández-Vega

¿Qué sucedió? ¿Qué misterio habrá?, porque quien prometió desendeudar a los mexicanos y liberarlos de peligrosos personajes, el que sabía cómo hacer las cosas sin endeudar a los moradores de este país, el que les diría cómo; quien, en fin, develaría las formas de que México avance sin deudas (ya se imaginarán quién es el brillante autor de tan bonitas frases) ha llevado el débito público a niveles históricos (5.17 billones de pesos) durante su estancia en Los Pinos, de tal suerte que cada habitante de esta nación, incluidos los neonatos, debe 45 mil pesos (sin considerar el débito del estado de la República donde resida), o lo que es lo mismo, más del doble que cinco años atrás.

Presumía Vicente Fox que durante mi mandato se ha reducido la deuda pública, y Felipe Calderón pregona que durante el suyo tal débito se ha manejado con prudencia. Pues bien, producto de la “reducción y la prudencia, el saldo de dicho adeudo se incrementó 153 por ciento entre el primero de diciembre de 2000 y el 30 de septiembre de 2011, es decir, a lo largo de los dos gobiernos panistas, cuyos militantes sólo registran cómo creció la deuda del estado de Coahuila, pero se niegan, para no sufrir, cómo lo ha hecho el débito federal, responsabilidad del par de joyas que osaron seleccionar para salvar a los mexicanos de los malosos.

¡Felipe Calderón te dirá cómo! (crecería México sin deudas), divulgaba la propaganda panista en el proceso electoral de 2006, y un lustro después el crecimiento brilla por su ausencia (de hecho, el gobierno del susodicho registra el peor resultado económico en tres décadas, cuando menos), mientras el débito público crece y crece, y sigue creciendo, y alcanza niveles nunca antes registrados. Según datos oficiales, a lo largo del inquilinaje blanquiazul en Los Pinos el inventario nacional se incrementó en alrededor de 15 millones de nuevos mexicanos, quienes en lugar de torta, arribaron con un pagaré bajo el brazo para cubrir la rebanada de deuda que le corresponde por cortesía del personaje que prometió exactamente lo contrario.

La Jornada (Israel Rodríguez) nos ilustra: la deuda total del sector público creció 608 mil 568.2 millones de pesos en los últimos 12 meses, lo que representó un ritmo de endeudamiento de mil 667 millones de pesos diarios, reveló la Secretaría de Hacienda (¡un millón 157 mil pesos por minuto!). Así, al cierre de septiembre de 2011 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el componente más amplio de los compromisos totales, ascendió a un nuevo máximo de 5 billones 173 mil 894.3 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 13 por ciento entre el tercer trimestre de 2010 y el mismo periodo de este año. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que incluye la deuda neta del sector público presupuestario, las obligaciones netas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura, los asociados a los proyectos de inversión pública financiada por el sector privado (Pidiregas), los correspondientes a los programas de apoyo a deudores, así como la pérdida esperada de la banca de desarrollo y los fondos de fomento, fueron equivalentes a 35.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), un crecimiento de 0.8 punto porcentual respecto del mismo periodo del año pasado.

La información anterior no proviene de los malosos que endeudarían al país, sino de la Secretaríax de Hacienda del calderonato (el que salvaría a la nación), la cual revela que dicho saldo pasó de poco más de 2 billones de pesos en diciembre de 2000 a 5.17 billones en septiembre de 2011, o lo que es lo mismo, a lo largo de los gobiernos –si así puede llamárseles– de Fox y Calderón. Con este último el débito público creció el equivalente a casi 7 puntos porcentuales del producto interno bruto para llegar, al cierre del mes pasado, a 35.8 por ciento del PIB. Y lo peor del caso es que se ha contratado deuda para pagar deuda.

En sus años como inquilino de Los Pinos, Vicente Fox aseguró con insistencia (Calderón no toca el tema, aunque mucho tuvo que ver en él) que el asunto del Fobaproa ya está resuelto, mientras su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz –hoy al servicio de una trasnacional telefónica española–, era feliz, porque el rescate bancario está enterrado. Pues bien, el muerto goza de cabal de salud, y sigue sangrando a la nación, toda vez que al cierre de septiembre pasado el saldo de este atraco fue de 786 mil 485 millones de pesos. Y los mexicanos llevan 16 años pagando por un festín al que no fueron convidados.

En el reporte de la SHCP (Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2011) se detalla que el monto de la deuda neta del sector público federal, que incluye los compromisos totales del gobierno, los de los organismos y empresas controladas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la de la banca de desarrollo, se ubicó en 4 billones 597 mil 526 millones de pesos, lo que representó 31.8 por ciento del PIB, nivel superior en 1.1 puntos porcentuales respecto del observado al cierre del tercer trimestre de 2010 (30.7), cuando se fijó en 4 billones 2 mil 730 millones de pesos. En el lapso enero-septiembre de 2011 el gobierno realizó pagos por intereses y comisiones asociados a la deuda del gobierno federal por 131 mil 344 millones de pesos (La Jornada, Israel Rodríguez).

Se tiene previsto que las amortizaciones del sector público federal por deuda interna alcancen durante el cuarto trimestre del año un monto de 384 mil 119 millones de pesos. En tanto, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal aumentó 11 mil 781 millones de dólares en términos anualizados, que significó un crecimiento de 11.8 por ciento para ubicarse en 111 mil 638 millones de dólares (equivalentes a un billón 498 mil 380 millones de pesos), monto superior a los 99 mil 857 millones de dólares registrados al cierre de septiembre del año pasado (ídem).

Queda claro, pues, que el susodicho conoce muy bien las formas de que México avance sin deudas.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, durante los trabajos de la 21 Cumbre Iberoamericana en Asunción, Paraguay, Felipe Calderón exigió que “los bancos asuman las pérdidas de la crisis de la deuda que vive Europa en vez de trasladar a la comunidad internacional esos costos. Es injusto que la comunidad internacional, y menos la gente más pobre, asuma los costos de esa irresponsabilidad de quien los gobierna…” ¿Y el Fobaproa, apá?

cfvmexico_sa@hotmail.com

Cordero y Jordy Herrera autorizaron rebajas petroleras a favor de EU

Cinco secretarías de Estado, el Banxico y Pemex están involucrados en los descuentos discrecionales que aplica el gobierno federal al precio del petróleo, por más de 860 millones de dólares anuales. Entre los funcionarios que han avalado los factores K y K’ destacan el ahora precandidato del PAN a la Presidencia, Ernesto Cordero; el secretario de Energía, Jordy Herrera, y el director de la petrolera, Suárez Coppel. Las multimillonarias pérdidas del erario se “justifican” para “competir” contra los petroprecios de Venezuela, país vigilado escrupulosamente por México. Documentos oficiales dan cuenta de la estrategia de los funcionarios para mantener el tema alejado de los medios de comunicación.

Nancy Flores/Segunda parte

El precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Ernesto Cordero Arrollo; el actual secretario de Energía, Jordy Herrera Flores; y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se encuentran entre los funcionarios que han conocido y avalado los multimillonarios descuentos a los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira.

Tan sólo en este sexenio, el erario habría perdido más de 4 mil 300 millones de dólares en sus exportaciones del energético por las ofertas unilaterales que aplica, desde al menos hace una década, el gobierno federal. Actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional obtenidas por Contralínea revelan la discusión de una estrategia para evitar que los medios de comunicación investiguen estos descuentos millonarios que favorecen, principalmente, a Estados Unidos.

Otros panistas y servidores públicos de esta administración que han sido informados de las discrecionales rebajas son los secretarios y exsecretarios de Estado Bruno Ferrari García de Alba, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Salvador Vega Casillas, Gerardo Ruiz Mateos, Georgina Kessel Martínez y Germán Martínez Cázares. En esa lista también se encuentra Agustín Carstens Carstens, director del Banco de México y extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo informó Contralínea (edición 253, 2 de octubre de 2011), esas depreciaciones del crudo favorecen sobre todo a Estados Unidos, pero también a Italia, España, China e India. Y es que los denominados factores K y K’, que se aplican a las ventas internacionales del petróleo, fijan decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado.

Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, representarían una sangría al erario de 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. Así, las pérdidas –que se “justifican”, de acuerdo con Pemex, como “ajustes de precio por competitividad”– podrían superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año.

Decisión unilateral

Pese a la importancia de los montos implicados, el Poder Ejecutivo establece de manera unilateral tanto el descuento como las condiciones del mismo. El Congreso de la Unión no sólo no participa en la designación de los “ajustes”, sino que ni siquiera es informado de la aplicación de éstos. Dicha situación motivó que la Cámara de Diputados creara la Comisión de Investigación en Relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo, el 15 de marzo de 2005.

Pero de Vicente Fox a Felipe Calderón, nada cambió. La subsidiaria PMI Comercio Internacional sólo consensúa esta medida con cinco secretarías de Estado –Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Función Pública y Relaciones Exteriores–, el Banco de México, Pemex Corporativo y sus subsidiarias Refinación, Exploración y Producción, y Gas y Petroquímica Básica.

Estas dependencias y organismos conforman el Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, revelan documentos oficiales. Éste se encarga de discutir, de manera periódica, los análisis técnico/comerciales del mercado, elaborados por el llamado “brazo comercial” de Pemex, y fijar los montos de las rebajas por cada cliente extranjero, especialmente para los radicados en Estados Unidos.

De esta unilateral medida, los análisis de mercado no son los únicos elementos que se mantienen bajo reserva, también los nombres de los servidores públicos que representan la voz y el voto de cada dependencia y organismo del Grupo Interinstitucional. Además de establecer los descuentos, esos funcionarios tendrían la obligación de informar a los titulares de las dependencias y organismos involucrados los acuerdos alcanzados en cada reunión.

De manera directa, tanto Jordy Herrera Flores como Juan José Suárez Coppel han avalado los multimillonarios descuentos, descubren actas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. El primero, en su calidad de director de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, situación que no variará ahora que asumió la titularidad de la Secretaría de Energía.

Análisis del mercado

De acuerdo con PMI Comercio Internacional, filial comandada por María del Rocío Cárdenas Zubieta, cada vez que se modifican los factores K y K’ se realizan análisis técnico/comerciales de mercado. Éstos se encuentran reservados, según lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al revisar el recurso 0123/05, interpuesto por este semanario en mayo de 2005.

Sin embargo, copias de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de PMI –que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan algunos aspectos contenidos en dichos estudios. Basados en los principios de oferta y demanda, los análisis incluyen, por ejemplo, la medición del inventario de los clientes extranjeros.

En el caso de Estados Unidos –que consume el 84 por ciento de las exportaciones de crudo mexicano–, se considera una medición formal basada en reportes semanales elaborados por el Departamento de Energía de ese país, que muestran el movimiento de inventarios y el nivel de proceso de las refinerías, y una segunda medición con base en la percepción de mercado que deriva de la utilización de buques denominados VLCC.

El acta de la 12 sesión extraordinaria del Consejo, realizada el 18 de mayo de 2009, indica que para esa fecha las estimaciones se ubicaban en 80 mil millones de barriles almacenados alrededor del mundo, de los cuales el 50 por ciento se concentraba en la Costa Norte del Golfo de México.

Los análisis también determinan la cantidad y el tipo de crudo almacenado por cliente (ligero africano, medios y pesados de medio oriente, crudos venezolanos e iraníes), así como el costo del almacenamiento que se cubre con el valor futuro del energético.

Una vez que se tienen esos datos, se realiza una proyección que incluye una curva a mediano y largo plazo “en contango” (que significa la aplicación de un descuento al precio de las ventas de futuros). Así, para los clientes de Pemex se crean oportunidades de negocio al comprar petróleo a precios actuales. Éstos, incluso, pueden generar especulación en el mercado, al ser vendidos por esos clientes de forma inmediata, pero más caros a los precios que se negocian en los contratos de futuros.

Cuando la “curva a mediano y largo plazo en contango se debilita, existe un incentivo para ofertar el crudo almacenado, presionando puntualmente las cotizaciones de crudo a la baja”, dice el acta de la subsidiaria, consultada por este semanario.

El mismo documento revela la preocupación de los directivos de la paraestatal por ocultar esta información a la sociedad mexicana. Al discutir el impacto del descuento de 2.25 dólares por cada barril exportado entre noviembre de 2008 y el primer trimestre de 2009, Bernardo de la Garza Hesles –actual subdirector corporativo de Pemex Refinación– explicó al entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, la “expectativa interna”.

Ésta, dijo, dependía de la coyuntura política que se vivía entonces. “El tema sensible que pueden explotar los medios [de comunicación] sería respecto al presupuesto y los ingresos, ya que los recursos petroleros serían un factor adicional a los que venían vulnerando al ingreso del país” (sic), dijo De la Garza Hesles. Sobre este punto, Reyes Heroles pidió que “se vigilara el enfoque [periodístico] con que se plantearía al público dicho tema”.

En su sexta página, el acta de la 12 sesión extraordinaria apunta que el exdirector de la paraestatal dijo a los consejeros y asistentes que “si en este caso el diferencial entre los crudos mexicanos [exportados con descuentos] con los crudos marcadores había estado particularmente cerrado, sería sensato establecer que se estaba presenciando un regreso a la normalidad”.

Ese regreso a la normalidad del que hablaba no significaría otra cosa que la caída de los petroprecios. El contexto de la declaración de Reyes Heroles se enmarcaba en la bonanza del mercado, con las más altas cotizaciones registradas en la historia petrolera que, por lo visto, no habrían beneficiado a las finanzas públicas de México.

Fiscalización a Venezuela

Los análisis técnico/comerciales que derivan en el abaratamiento del crudo nacional también incluyen una puntual fiscalización de las ventas realizada por sus principales competidores, Venezuela y Arabia Saudita. Entre otras cosas, se evalúa el comportamiento de sus precios, sobre todo el relacionado con el ajuste de éstos a la baja.

Así, se presume el escenario que enfrentará PMI en materia de cotizaciones en el corto plazo y mediano plazo. Es en esa “guerra” por ganar mercados en la que el brazo comercial de Pemex está dispuesto a depreciar los crudos de exportación.

Sobre el país que dirige Hugo Chávez, los estudios de Petróleos Mexicanos también han tenido por objeto determinar si existen diferencias entre el volumen de producción reportado por las autoridades venezolanas y el volumen reportado por agencias independientes, entre las que destaca la Agencia Internacional de Energía, evidencia el acta de la 88 sesión ordinaria del Consejo de Administración de PMI.

Fechado el 1 de septiembre de 2009, el documento indica que el entonces director de la paraestatal, Reyes Heroles, ordenó analizar también a Brasil y Canadá, “por ser posibles factores que afectaran la competencia de los crudos pesados en la Costa Norte del Golfo de México”.

Para la elaboración de este trabajo, se gestionó conocer las versiones de las secretarías de Energía, con Héctor Escalante Loma, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Relaciones Exteriores, con Adela Montaño, de la Coordinación de Comunicación Social; de Economía, con Joaquín Álvarez, director de Información; de la Función Pública, con Moisés Ciriaco Salvador, director de Prensa; de Hacienda, con Jorge Juárez, subdirector de Medios; del Banco de México, con Claudio Guzmán, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Pemex y PMI, con Francisco Montaño, coordinador de Información; así como del precandidato Ernesto Cordero, con su actual colaborador Antonio Cervantes. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de ninguno.

“Ajustes de precio” internos

Los llamados “ajustes de precio” no sólo se dan en las ventas del crudo en el mercado internacional, también entre las subsidiarias Pemex Exploración y Producción (PEP) y PMI Comercio Internacional, revela la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el informe, “la emisión de los ajustes en precio se encuentran soportados por los términos y condiciones establecidas en el contrato de compraventa de petróleo crudo signado entre PEP y PMI, cláusula 6 ‘Precio’ y Anexo 2 ‘Precios y Periodos de Valoración’, así como en los convenios celebrados entre la partes”.

La Auditoría agrega que también en “la emisión de un procedimiento que establezca las actividades necesarias para realizar y elaborar la solicitud de ajuste de nota de crédito o débito por ‘ajuste en precio’ no resulta en un impacto normativo en el proceso de comercialización de petróleo crudo, en virtud de que dichos ajustes en precio no son ‘negociables’ y su cálculo se determina por la aplicación de los esquemas de valoración contractuales y acordados entre las partes”.

Según explicaron funcionarios de PEP a la Auditoría Superior, “las causas principales de tales ajustes son la aplicación de precios estimados en los cierres mensuales, los precios provisionales en las valoraciones especiales y los cambios en los precios de los crudos marcadores”.

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011