Acoso oficial a periodistas

GLORIA LETICIA DíAZ

Víctima de acciones judiciales desde que publicó declaraciones de un empresario gasero que dijo haber apoyado con dinero a Felipe Calderón durante su campaña por la Presidencia, la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza vio agravada su situación tras acusar al presidente de la República, a César Nava y a Juan Camilo Mouriño de amenazas, acoso y persecución. El origen de estos últimos hechos, refiere a Proceso, fue la difusión en la revista Contralínea -cuyo director, Miguel Badillo, fue recientemente detenido- de los contratos que Mouriño firmó con Pemex siendo funcionario público. Gloria Leticia DíazEl 4 de noviembre de 2008 por la noche, la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza se enteró de la muerte de Juan Camilo Mouriño justamente cuando, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR, era sometida a un examen psicológico en seguimiento a una queja que había presentado contra el secretario de Gobernación. En entrevista con Proceso, la periodista de la revista Contralínea recuerda que al estar siendo atendida por sus acusaciones de "acoso, amenazas, persecución y represión" en contra de Mouriño, del presidente Felipe Calderón y de César Nava, entre otros funcionarios, la psicóloga encargada de su caso entró a la oficina donde ella permanecía y le soltó: "¡Ya se acabaron sus problemas!".Ana Lilia, desconcertada, le preguntó a qué se refería, y la psicóloga le comunicó que Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos acababan de morir al desplomarse en la Ciudad de México el avión en que viajaban. Helada por la noticia, y mientras recordaba que la persecución de que era objeto comenzó al publicar el reportaje en el que revelaba que entre 2001 y 2004 Mouriño firmó contratos con Pemex siendo funcionario público -copia de los cuales ella misma entregó a Andrés Manuel López Obrador-, allí en la Fiscalía Especializada le preguntaron qué sentía."No sé qué esperaban que dijera, pero me insistieron tanto que entonces decidí cancelar el procedimiento. Al salir de la PGR, me dirigí a mi domicilio. Advertí mayor vigilancia sobre mi persona, un acoso que comenzó después de que, en febrero de 2008, publicamos en Contralínea información sobre los contratos de Pemex firmados por Mouriño", narra la periodista de 32 años, egresada de la ENEP Aragón, de la UNAM. Dice que, en cuanto dio a conocer los contratos rubricados por Mouriño, "empecé a recibir llamadas de amenazas de muerte y mi casa comenzó a ser permanentemente vigilada desde autos con vidrios polarizados".Y cuando López Obrador difundió también esa información, asegura, el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, le adelantó: "les va a costar caro lo que le hicieron a Juan Camilo".A partir de esa fecha "se agudizó aún más el acoso judicial que en mi contra había iniciado el empresario gasero Jesús Zaragoza López". Explica que Jesús Zaragoza López, socio mayoritario del consorcio gasero Grupo Zeta -que concentra 72% del mercado nacional-, emprendió una batalla legal en contra de la revista donde labora luego de que ella publicó un par de entrevistas en las que el multimillonario no sólo reconocía su relación con Felipe Calderón desde que éste era secretario de Energía, sino también haberlo apoyado económicamente durante su campaña electoral por la Presidencia de la República. El gasero Jesús Zaragoza López consideró difamatorias esas publicaciones e inició un juicio por "daño moral".
El influyente empresario ganó en todas las instancias.
Sin embargo, no conforme con este caso, el mayor accionista del Grupo Zeta abrió otras dos acciones judiciales en contra de la empresa editora de la revista Contralínea, de Miguel Badillo -director de la misma- y de Ana Lilia Pérez, a través del juez 13 de lo Civil, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, de Guadalajara, donde "radica el padre de uno de los abogados de Zaragoza, Francisco Cuéllar Ontiveros".Afirma la periodista que "detrás de la persecución y el acoso, yo creo que está Felipe Calderón, quien tuvo como intermediarios con los gaseros a Juan Camilo Mouriño y a César Nava, pues en las investigaciones que he hecho sobre actos de corrupción en Pemex estos tres nombres siempre salen a relucir. Sospecho que después de que Jesús Zaragoza habló de su relación con Calderón, recibió tal regaño que la emprendió contra nosotros. Él está haciendo el trabajo sucio". El 12 de septiembre de 2008, Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y otras dos reporteras denunciaron la violación de sus garantías ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La detención de Badillo
La semana pasada, la reportera de Proceso logró entrevistar a Ana Lilia Pérez luego de que permaneció escondida, lejos de su familia e incomunicada durante tres días, hasta que su abogado, Horacio Gómez Mendieta, consiguió ampararla ante una orden de aprehensión. Los temores de Ana Lilia de ser detenida se acrecentaron el viernes 16 de enero, fecha en que el director de la revista quincenal, Miguel Badillo, fue arrestado y trasladado por personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, conocido como "El Torito". En ese sitio, Miguel Badillo permaneció retenido 11 horas, hasta que su abogado consiguió que el juez octavo de Distrito en Materia Civil le otorgara un amparo.Por la intervención de la PBI, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la revista Contralínea interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). "En mis 30 años como abogado, nunca la PBI ha ejecutado un exhorto judicial. Esas acciones le corresponden a la Policía Judicial", sostiene Gómez Mendieta.En respuesta a la difusión que tuvo la detención de Badillo en diversos diarios de circulación nacional, el Grupo Zeta mandó publicar -a través de su representante legal, Manuel Fernando Berea Muñoz- un desplegado en el que se acusa a Badillo de hacer del "chantaje una forma de vida", de propalar mentiras y de "servir a intereses inconfesables".Dicho texto señala que el también director de la revista Fortuna difamó al Grupo Zeta, encabezado por Zaragoza López, y asienta: "Después de presentarle personalmente a Miguel Badillo y su equipo pruebas de las mentiras publicadas por sus revistas y solicitar aclarar la situación, recibimos a cambio nuevos ataques". A eso se debe, dice, que el consorcio decidiera recurrir a los tribunales.El caso, prosigue el Grupo Zeta, lo perdió Contralínea, pero Badillo se "niega a publicar las aclaraciones pertinentes que el juez dictaminó, contraviniendo la orden judicial" de reproducir la resolución en las páginas de la revista.Una "chicana"Esa orden de arresto fue girada por el juez 49 de lo Civil del Distrito Federal en atención a un exhorto del juez 13 de lo Civil de Jalisco, quien dio entrada a una queja de la empresa Multigas, del Grupo Zeta. Pero ni el abogado Gómez Mendieta ni los inculpados conocen su motivación. "(El pasado miércoles 21 de enero) cuando fui a revisar el expediente que dio origen a las órdenes de arresto, me enteré de que el 7 de enero el juez 49 lo regresó íntegro a Guadalajara. Así que, en este caso, no tenemos idea de por qué se demanda a mis clientes, de manera que la orden de arresto por desacato era improcedente, porque nunca fueron notificados. Además, la acción del juez es ilegal por territorialidad", aclara.La orden de arresto por desacato se giró en contra de los periodistas y de una persona de nombre Abraham Rodríguez Ortega. Según el abogado Gómez Mendieta, "no tenemos idea de quién es esta persona, pero pensamos que se trata de una chicana para que se justifique la actuación del juez de Guadalajara".Para el equipo de Contralínea y su defensa, no es esta la primera actuación "ilegal" del juez 13 de lo Civil de Jalisco, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, en su contra, pues ya en abril de 2008 dio entrada a una promoción de la empresa Thermogas, también del Grupo Zeta, a "medios preparatorios de juicio ordinario civil en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V.", la empresa editora de Contralínea.Por esa intervención judicial, el 5 de agosto de 2008 abogados del Grupo Zeta y personal de PBI, así como del Juzgado 30 de lo Civil que atendió el exhorto del juez Cárdenas Rodríguez, se presentaron en oficinas de la empresa periodística, ubicada en el Distrito Federal, para revisar sus libros contables. Dicha acción, según la queja que presentaron los periodistas de Contralínea ante la CNDH, se realizó con violencia y con amenazas al personal de la revista.El abogado defensor explica que el Grupo de Zaragoza López pretendía encontrar en los estados contables de la publicación "supuestos pagos de empresas competidoras del Grupo Zeta que, según ellos, estarían financiando lo que consideran una campaña de desprestigio".Pero, puntualiza, se proponían "ejecutar una pesquisa que, de acuerdo con el Código de Comercio, artículo 42, es ilegal".Contralínea buscó en esa ocasión la protección de la justicia federal ante los actos del juez 13 de lo Civil de Jalisco, del juez 30 de lo Civil del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina. El 14 de noviembre de 2008, el juez cuarto de Distrito de lo Civil otorgó el amparo a Contralínea porque en los informes de los juzgados 13 y 30 el juzgador federal no encontró que antes de la actuación del 5 de agosto se hubiera notificado a Contralínea.Para el juez federal, los jueces civiles incurrieron en "una violación de la garantía de audiencia del peticionario de amparo (Contralínea), toda vez que nunca fue notificado de manera previa de la tramitación de los medios preparatorios a juicio, cuyo objeto era la revisión y estudio de su documentación contable, situación que incluso fue ordenada en autos y no se cumplió". En el caso de la SSP, la resolución judicial notificó que el juez 30 "giró oficio con el objeto de que interviniera" dicha secretaría en la diligencia del 5 de agosto. Frente a todo lo anterior, el abogado Horacio Gómez, quien ha defendido a varios periodistas frente a demandas relacionadas con el secreto profesional y de tipo laboral, sostiene que el caso de Contralínea es un "claro ataque a la libertad de expresión y al secreto profesional, pues los demandantes han buscado conocer las fuentes de información de los reporteros".Comenta que Ana Lilia Pérez enfrenta un juicio sólo por hacer su trabajo, en tanto que la periodista manifiesta que antes del nuevo juicio abierto contra ella, y por el cual estuvo detenido su jefe el pasado 16 de enero, ya veía venir acciones en su contra."En días previos al arresto de Miguel Badillo -relata-, advertí mayor vigilancia sobre mi persona. Vehículos con aspecto de patrullas, pintados de rojo, se mantenían en las inmediaciones de mi domicilio y también cerca de la oficina. Fue un hostigamiento muy evidente." Agrega que el día en que se detuvo a Miguel Badillo, "una persona de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR me insistió que acudiera a las oficinas a rendir una declaración. Eso me pareció muy sospechoso. Tuve la impresión de que querían que saliera de mi oficina para que me detuvieran, y no acudí".La desconfianza de Ana Lilia Pérez Mendoza se debe a que "nunca me llamaron de la fiscalía para dar seguimiento a mi caso y ni siquiera me han dado copia de la queja que interpuse".Además, revela, personal de la PGR les ha recomendado que "mejor retiremos la demanda; dicen que nunca va a progresar por el calibre de los demandados, empezando por Felipe Calderón, quien, de acuerdo con lo que nos han dicho, no nos va a perdonar lo que le hicimos a Juan Camilo: haber difundido sus contratos". l