Columna semanal del periodista Miguel Badillo

Oficio de Papel

*Preocupación mundial por lavado de dinero
*En México impune el 98% del dinero sucio
*Corrupción permite el blanqueo de capitales

Miguel Badillo

Al blanqueo de capitales, o “lavado” de dinero como se le conoce comúnmente, se le considera la punta del iceberg que subyace debajo de los escombros que está dejando la debacle financiera iniciada en Estados Unidos con la venta masiva e irresponsable de instrumentos de deuda ligados a hipotecas cuyo pago nunca estuvo del todo garantizado. De hecho, no es casualidad que el primer punto de la agenda del Grupo de los 20 (G-20) haya sido el combate contra el “lavado” de dinero.
Reconocido mundialmente como el principal centro de “lavado” de dinero, Estados Unidos hizo de los créditos a la vivienda el motor de crecimiento de su economía sin medir riesgos. De esa política pública surgieron millones de intermediarios que buscaron a toda costa replicar las ganancias, y fue en medio de ese aparente auge cuando se anidó el fraude como una práctica recurrente en los circuitos financieros de EU.
Para los representantes del G-20, que en estos días se reunirán en Londres como un intento por reconstruir los paradigmas de las finanzas internacionales, el “lavado” de dinero aparece desde sus documentos constitutivos como una de las principales preocupaciones y amenazas de las economías desarrolladas y emergentes.
En breve se dará a conocer la Estrategia Nacional Contra el Blanqueo de Capitales a un año de que el gobierno de Estados Unidos dijo que revelaría los avances en este sector que incluyen los trabajos de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF), a través de campañas directas dirigidas al sector privado en regiones de todo el mundo. La tendencia y la coyuntura, sin embargo, impondrán nuevos retos a las autoridades mexicanas.
El G-20, que aún encabeza Estados Unidos junto con las principales economía de Europa y Japón, y en el que también México es invitado con categoría de “participante”, ha reconocido indirectamente que los miles de millones de dólares que se esfumaron durante los últimos años debieron haber sido escondidos, transferidos y, finalmente, blanqueados a través de los circuitos financieros. Las actividades fraudulentas predominaron en un ambiente dentro del sector bancario, bursátil y económico que quiso convencerse a sí mismo de que, entre menos transparencia, más bonanza y beneficios para todos.
Pero el resultado ha sido catastrófico. La reforma al sector financiero que se propone para detener los abusos que pusieron en riesgo a la economía mundial tendrá que revisar forzosamente cada una de las reglas que, hasta ahora, habían aparecido como el decálogo dictado por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial.
Por ello, mientras en las principales naciones de Europa y América se pide a este club de los países más poderosos del mundo que hagan lo posible para que las economías vuelvan a generar empleos y riqueza, la preocupación se centra en detener las fugas y filtraciones que permitieron que el fraude se apoderara del sector bancario y bursátil al prometer abiertamente ganancias fáciles y altamente redituables. En otras palabras: recuperar la confianza.
En México, las autoridades han negado una y otra vez que un contagio directo se hubiera presentado en el sector financiero local a raíz de la crisis de las hipotecas subprime. Sin embargo, varios ejemplos hablan mal, muy mal de la regulación mexicana y la aplicación de las legislaciones vigentes, las cuales, sin embargo, se han exaltado como legislaciones de avanzada.
El caso Standford, por ejemplo, cuya autorización para gestionar una administradora de fondos de inversión terminó por retirarse del territorio mexicano, o la clausura de Inverban que captaba recursos sin autorización y, finalmente, las inversiones en títulos de empresas hipotecarias como Metrofinanciera que se capitalizaron y excedieron los límites de sus actividades al convertirse prácticamente en empresas inmobiliarias, son sólo la muestra de una colección de alertas que las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendría que estar observando, pero sobre todo preparándose para modificar los marcos regulatorios que vigilan a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), a los fondos de inversión, a las Sociedades Financieras de Inversión en Fondos para el Retiro (Siefores) y, por supuesto, a la banca instalada en México.
En los últimos dos años y medio las autoridades de la CNBV han autorizado al menos 900 Sofomes, de las cuales no opera ni siquiera la tercera parte. Son, de hecho, el intermediario más buscado para realizar negocios en el sector financiero, dado el escaso nivel de vigilancia y regulación. Así se aprueban y constituyen en el ánimo de ampliar el financiamiento para la población, pero no ha sucedido y los grandes bancos e intermediarios las están utilizando para reducir sus obligaciones de rendición de cuentas y transparencia frente a las autoridades regulatorias. Junto con las uniones de crédito, las Sofomes podrían representar una verdadera bomba de tiempo al convertirse en un riesgo sistémico para la economía mexicana que se encuentra en caída libre.

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