Boletín Informativo ISA núm 679

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Sumario:

I. Para apoyar a los mineros en paro, López Obrador se trasladará el próximo miércoles a Cananea

II. Transparencia y ética. La vacuna de VPH, por Asa Cristina Laurell

III. Violencia contra jóvenes, por Bernardo Bátiz V.

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PARA APOYAR A LOS MINEROS EN PARO, LÓPEZ OBRADOR SE TRASLADARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES A CANANEA

Andrés Manuel López Obrador informó que viajará el próximo miércoles a Cananea, Sonora, con el propósito de expresar su solidaridad y su apoyo total a la lucha que libran los mineros de la empresa Grupo México.

En la asamblea informativa celebrada hoy con integrantes del movimiento en defensa de la economía popular de Jalisco, el presidente legítimo de México destacó “la resistencia y valor de los mineros de Cananea, ante los embates del gobierno espurio de Felipe Calderón y del gobernador Eduardo Bours”.

Mencionó también que invitará a senadores del PRD, PT y Convergencia, que forman el Frente Amplio Progresista, para que lo acompañen y puedan comprobar el clima de represión e intimidación que se ha desatado en contra de cerca de mil 200 mineros y sus familias.

Al respecto, recordó que las autoridades estatales llegaron al grado de suspender el suministro de agua potable de los trabajadores en huelga desde hace 22 meses y de cerrar un centro hospitalario.

También señaló que el dueño del mencionado consorcio minero, Germán Larrea, es apoyado por Calderón, “porque el empresario contribuyó económicamente con la campaña del presidente usurpador. Sin embargo, los mineros enfrentan la ofensiva oficial, que es una prueba de cómo domina la oligarquía en el país”, aclaró.

“Por si fuese poco, el abogado de Minera México fue hasta hace unos meses el actual secretario de Gobernación del gobierno espurio, Fernando Gómez Mont, un abogado corrupto”, afirmó.

En las últimas semanas, los mineros han denunciado que el clima de hostigamiento en su contra aumentó a raíz de la presencia de alrededor de unos mil elementos de la Policía Federal Preventiva en los principales accesos a la mina, que preparan un eventual desalojo.

Como se sabe, el sindicato minero obtuvo el pasado 16 de abril una suspensión provisional del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Laboral, al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la rescisión del contrato laboral de los trabajadores en huelga desde el 30 de julio de 2007.

Durante el encuentro con los integrantes de los comités en defensa de la economía popular de Jalisco, López Obrador aseguró que millones de familias padecen los efectos de la crisis, “pero el gobierno espurio de Calderón prefiere apoyar a los banqueros y grandes empresarios que lo impusieron en la Presidencia de la República ”.

Consideró una irresponsabilidad el hecho de que Calderón haya solicitado una línea crediticia por 47 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, porque dicha cantidad no se utilizará para rescatar a los campesinos, ejidatarios, comuneros, productores y pequeños y medianos comerciantes y empresarios, sino para salvar a los mismos de siempre, entre ellos a la Cementera Cemex , que tiene adeudos por 15 mil millones de dólares.

Con la contratación de nuevos créditos, Calderón incrementará de un plumazo la deuda externa y pasará de 86 mil millones a más de 163 mil millones de dólares, destacó al reiterar su propuesta de aplicar un plan de austeridad para obtener ahorros presupuestales por 200 mil millones de pesos anuales.

Al término de la asamblea informativa, el presidente legítimo de los mexicanos inauguró la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular en Guadalajara.

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TRANSPARENCIA Y ÉTICA. LA VACUNA DE VPH

por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 17 de abril de 2009)

En mi anterior artículo (4/3), traté el conflicto de interés de los investigadores que han participado en las pruebas clínicas de las vacunas contra el virus del papiloma humano (Gardasil y Cervarix). En ambos casos, prácticamente todos reportan una relación financiera o de trabajo con estas compañías, lo que lleva a desconfiar de su imparcialidad. La imbricación entre la ciencia médica y las actividades de lucro obligan al Estado a construir mecanismos de regulación para proteger a la población. Es una tarea primordial de la autoridad sanitaria. La credibilidad de las autoridades sanitarias depende en gran medida de su calidad técnica y de una actuación transparente y ética.

En México, el control de los fármacos y vacunas y el seguimiento de sus reacciones adversas recaen en la Secretaría de Salud y su organismo desconcentrado, la Cofepris (Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios). Cabe preguntarse qué han hecho respecto de las vacunas contra el VPH. Una primera acción debería ser dar seguimiento cercano a su aplicación masiva en el país, particularmente en vista de que una de ellas –Cervarix– está autorizada aquí, pero, por ejemplo, no en Estados Unidos. El "protocolo" de vacunación para el personal que aplica las vacunas (proporcionado por la Ssa ) no tiene ningún apartado específico de seguimiento de las vacunadas referido a reacciones adversas de esta vacuna en particular, ni una explicación a las vacunadas contra qué enfermedad protege. Las condiciones de la población vacunada, de extrema pobreza y habitante de lugares apartados, hace poco probable que pueda hacer escuchar su voz.

Existe una instancia específica de vigilancia, el Consejo Nacional de Fármacovigilancia de la Cofepris y los correspondientes consejos estatales, que deben realizar esta tarea y hacer cumplir la NOM-220 -SSA1-2002, vigente desde febrero de 2005. Esta norma de observancia obligatoria establece que cuando se trata de un fármaco o una vacuna nueva deben reportarse eventuales reacciones adversas, como mínimo, cada seis meses, y en el caso de reacciones graves en un plazo no mayor de 15 días. En la página web de la Cofepris existe, en efecto, un lugar sólo para reportar reacciones adversas, pero el público no puede consultar esta información, a diferencia, por ejemplo, de la página correspondiente de Estados Unidos –del Sistema de Notificación de Eventos Adversos en Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés). La falta de transparencia imposibilita al público saber que está pasando y formarse un criterio propio. No hay manera de conocer si se han reportado reacciones adversas en la aplicación de los cientos de miles de vacunas contra el VPH en México, mientras que el VAERS reportaba más de 13 mil casos, incluyendo mil 142 hospitalizaciones y 40 defunciones el 29 de marzo de 2009.

La otra instancia involucrada en la vacunación masiva realizada por las instituciones públicas –el Consejo Nacional de Vacunación– tomó una medida súbita e inusual respecto de la inoculación contra el VPH, comunicada en una conferencia de prensa (4/3/09). El Consejo modificó el esquema de aplicación probado en el ensayo clínico publicado por otro, en el cual se incrementa el lapso entre la segunda y la tercera dosis de seis meses a cinco años, argumentando que hará su propio ensayo clínico, ante lo cual el laboratorio productor se deslindó de toda responsabilidad. O sea, se aprobó un ensayo experimental con una vacuna en seres humanos, ensayo presumiblemente conducido por dos instancias de la Ssa – la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). El público no fue informado con qué diseño, bajo qué protocolo, con autorización de qué Comité de Ética imparcial y en qué población se hará este experimento masivo. Cabe añadir que según la información pública, el INPS recibió donaciones por 37 millones 183 mil 954 pesos para investigación sobre las vacunas de los dos laboratorios productores de ellas (Merck, Gardasil y Glaxo, Cervarix) en el periodo 2006 a 2009. El mencionado instituto además está organizando seminarios sobre la temática de las vacunas para profesionales de salud.

Estamos ante una cuestión de ética en salud pública y médica de primer orden. Se ha aplicado masivamente una vacuna contra el VPH, presentada engañosamente como contra el cáncer cérvico-uterino, sin información transparente sobre efectos adversos reportados en otros países. Luego, sin explicación, se cambió el esquema de vacunación y se transitó a un ensayo clínico, presumiblemente masivo.

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VIOLENCIA CONTRA JÓVENES

por Bernardo Bátiz V., secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 18 de abril de 2009)

Con motivo de mi colaboración en el gobierno legítimo como secretario de Justicia y Seguridad, he tenido ocasión de conocer diversos casos de jóvenes que son involucrados en delitos graves o aparentemente graves, por los cuales van al reclusorio y soportan procesos judiciales sin derecho a libertad causional.

Muchos casos son hechos inventados o exagerados por los policías que buscan obtener las recompensas que sus jefes les dan si logran detenciones importantes; en mi colaboración anterior para la sección Capital de La Jornada , mencioné el caso de una joven que en una discusión sin importancia, sobre un juego de futbol, arrebató una playera con un valor ínfimo al simpatizante de un equipo rival y fue detenida por granaderos, puesta a disposición del Ministerio Público y luego consignada por robo agravado en pandilla; llegó al timorato juez que le dictó auto de formal prisión y con ello convirtió una travesura, que merecía cuando mucho una reprimenda o un arresto de pocas horas, en una tragedia para la vida de una estudiante de 18 años.

He sabido de otros casos en los que los policías que intervienen en discusiones o pleitos entre taxistas y sus pasajeros aconsejan a los primeros para que acusen a sus rivales en una pelea intrascendente, de asaltantes en transporte público, que también constituye una agravante y por tanto incremento de la pena y prisión preventiva por largos meses, en tanto que se acredita la verdad.

Lo anterior, hace que en las cárceles abunden jóvenes, mujeres y hombres que entran a un verdadero calvario por actos que pueden ser antisociales, pero que no merecen una pena como la que los muchachos y muchachas reciben en los reclusorios. Es indispensable que las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia y judiciales sean muy cuidadosas en los asuntos en los que sale peor el remedio que la enfermedad. La sociedad pierde mucho si un estudiante o un joven trabajador es segregado de su entorno familiar, para quedar rodeado de un ambiente dañino en alto grado para su formación, costoso para su familia en grado extremo, y todo por la aplicación rigorista y sin criterio de disposiciones destinadas a verdaderos delincuentes y no a personas que cometen errores, que no son asesorados debidamente o que, de ser responsables, deben pagar en justicia, pero sin excesos.

Es más valioso socialmente que una muchacha o un muchacho reciban asesoría adecuada de la defensoría de oficio y del Ministerio Público en forma oportuna a que tengan que padecer, ellos y sus familias, un verdadero drama que se prolonga por largos y angustiosos meses y a veces años.

Mucha razón tiene el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, al señalar lo grave que es que en la capital del país se queden sin acceso a la educación superior más de 200 mil aspirantes; nuestros dirigentes sociales deben poner mayor atención en una política preventiva, que pasa necesariamente por la educación y reducir las acciones represivas que tan graves daños causan a las personas, en particular, y a la sociedad en su conjunto.