Año 6, número 2585
Martes 28, abril del año 2009
La crisis de salud que estruja a la población mexicana trasciende sus causas científicamente discernidas y consecuencias sanitarias propiamente y se ha convertido en una crisis política de obvias repercusiones que, aun sin manifestarse plena y francamente, han adquirido a priori la calidad de histórica.
O así parece al menos, dadas las hiperbólicas –exageraciones desproporcionadas— en el manejo y la administración políticas de los brotes epidémicos atípicos del virus de influenza porcina (o A-H1N1) y sus consecuencias de psicosis colectiva e histeria social.
Considerados esos componentes de la crisis de salud emblematizada en esos brotes epidémicos atípicos del A-H1N1, un mexicano avispado, bien informado y consciente de la realidad e inmunizado contra la desinformación generalizada en torno al tema, concluiría lo siguiente:
--Que se realiza una extraordinariamente masiva (y sin precedentes) campaña de terror cuyo destinataria es la población mexicana.
--Que esa campaña no puede ser de origen espontáneo o accidental, sino deliberada, diseñada con ciertos propósitos y fines, a saber presumiblemente:
Uno, el de crear condiciones legales –por decreto del Presidente de la República, Felipe Calderón, considerado espurio por millones de sus compatriotas-- para un Estado de Excepción por el cual las garantías y derechos constitucionales quedan en suspenso en los hechos.
Y, otro, el de inducir conductas caracterizadas por un conformismo ideológico y político que desactive detonantes de la protesta y la reivindicación sociales organizadas, y distinguida por una inversión de prioridades de vida.
Las premisas de ambas metas son aparentemente válidas. La población, inhibida por terror a la influenza porcina que, según el gobierno, es causa patógena de muchos decesos no comprobados con rigurosa fehacencia y atribuibles a otros motivos, centra su atención en evitar contagios; esto último es prioridad estratégica, de vida; lo demás pasa a segundo plano.
Ello establece, en su turno, condiciones propicias para que, en el Estado de Excepción de hecho creado por el poder político panista del Estado mexicano, sea posible adoptar incluso medidas tan extremas como posponer procesos institucionales/constitucionales –como las elecciones próximas-- y otros ejercicios de albedrío sociopolítico.
Otras conclusiones serían las siguientes:
--Que ese propósito sería el de inducir una conducta colectiva que parecería caracterizarse por la inhibición de las interacciones societales normales propias de una comunidad de tanta diversidad ideológica y pluralidad política y cultural como la mexicana.
--Esas interacciones societales normales abarcan una gama amplísima de actividades y quehaceres, que van desde los económicos y políticos hasta los culturales. Nos ha paralizado.
--Muchas de esas actividades y quehaceres tienen por eje la conciencia colectiva acerca de la crisis de la economía y, en un sentido más dramático, la descomposición del poder político del Estado mexicano, distinta, dígase aclaratoriamente, del Estado mismo.
Concluiríamos parafraseando a una lectora de Diario Libertad, la doctora xalapeña Patricia de Oteyza, quien considera que “debemos actuar sobre todo desde una postura reflexiva y serena para no caer en las trampas mediáticas que el Estado ha echado a andar de manera coordinada, pero incoherente”.
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