Desapariciones, como en los tiempos priistas

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

Decenas de desapariciones forzadas de personas se cometen cada año en Nuevo León, pero como sucede en otras entidades y también en el nivel federal, las autoridades se las atribuyen al crimen organizado para justificar los nulos avances o el abandono de la investigación. Además, familiares de los desaparecidos aseguran que policías estatales y municipales inhiben las denuncias, y la senadora Rosario Ibarra añade que, frente a estos delitos, lo único que ofrece el régimen panista es la indiferencia y ?la soberbia.

MONTERREY, N.L.- Las desapariciones de personas durante el gobierno de Felipe Calderón ocurren con las mismas características que bajo el régimen priista, pero se atribuyen al narcotráfico aunque son perpetradas por los cuerpos de seguridad que fueron lanzados a las calles junto con el Ejército, sostiene en entrevista la senadora Rosario Ibarra de Piedra.Las autoridades federales consideran a la gran cantidad de desaparecidos de los últimos tres años como víctimas de levantones, y los gobiernos estatales hacen lo propio. Sin embargo, en Nuevo León y Oaxaca, igual que en Chiapas y Guerrero, familiares de las víctimas señalan como responsables a los gobiernos emanados del PRI y del PRD.Ibarra de Piedra señala que las desapariciones forzadas, el encarcelamiento ilegal y la tortura continúan vigentes en todo el país, sin que haya variado la situación en los últimos 40 años, y afirma que en la mayoría de los casos la responsabilidad por autoría o por omisión es de las autoridades.Fundadora del Comité Eureka y actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, explica que en el pasado las víctimas de las desapariciones eran guerrilleros, líderes sociales o personas cercanas a ellos, pero ahora cualquier ciudadano puede desaparecer. La diferencia, dice, es que al menos con los gobiernos del PRI había interlocución, aunque entonces como hoy los resultados eran escasos.Para ella, los priistas “tenían la hipocresía a flor de piel. ‘Sabían’ hacer las cosas, por eso duraron tantos años en el poder. Los priistas no cerraban las calles, nos dejaban entrar a la Secretaría de Gobernación; ahora nos ponen unas vallas horribles”.Según los datos de Eureka, en el gobierno de Luis Echeverría hubo 336 desapariciones que no se esclarecieron; con José López Portillo, 150. Pero este presidente, al decretar la amnistía a “los extremistas con vocación de justicia”, benefició a mil 500 presos políticos, 2 mil exiliados y 57 perseguidos, además de que al abrir las cárceles clandestinas del Campo Militar Número 1, el de Icacos en Acapulco y el de La Joya en Torreón, recuperaron su libertad 153 personas desaparecidas en 1978.Así mismo, en el sexenio de Miguel de la Madrid se conocieron los casos de 36 desaparecidos y el régimen liberó a 370 presos políticos; y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dejó un saldo de sólo 12 desaparecidos, pero la lista de muertos por causas políticas llegó a 603. Desde Ernesto Zedillo ya no hubo interlocución, establece la entrevistada.“Los priistas atendían, aunque no hicieran nada. Era demagogia pura, en grado superlativo, muy bien hecha. Estos (los panistas) tienen la soberbia en grado superlativo, cierran calles, no reciben, nos dan con la puerta en la nariz a todos y no hacen caso absolutamente de nada. Pero las tácticas son las mismas: desaparecen gente.”Como ejemplo pone la participación del actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, frente a la comisión de intermediación para esclarecer los casos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos el 24 de mayo de 2007:“Luego de cambiar las audiencias a su antojo, cuando se celebraron acudimos a un monólogo, un discurso solitario en el que (Gómez Mont) presumía la integridad del gobierno; (era) una alocución sobre su rectitud, pero no resolvía nada, nunca hizo nada y convirtió el reclamo en un proceso espeluznante.”Ibarra también sostiene que el gobierno atribuye otras desapariciones recientes a la delincuencia organizada con el fin de justificar la ausencia de resultados en la investigación, como ocurrió con la desa-parición de trabajadores petroleros de Cadereyta en mayo de 2007, a la que la senadora le atribuye un móvil político. “Yo creo que estamos muy mal, estuvimos muy mal entonces, con Madera, Chihuahua, y los ferrocarrileros, los doctores, los maestros, el encarcelamiento de Vallejo y Campa... Pero ahora están las cárceles repletas de presos comunes, de los cuales muchos no han cometido delitos mayores. La situación es que no hay a cuál (gobierno) irle.“Se avientan la pelota entre el PRI y el PAN, del municipio al estado, del estado a la federación, de la federación al municipio. Es estarse lavando las manos, pero todos violentan el estado de derecho y violentan los derechos humanos más elementales.”
Peligro: policías
En el sitio YouTube se pueden bajar varios videos de El Vaquero Galáctico, un mimo pintado totalmente de color plata que en las plazas públicas realiza movimientos robóticos y se toma fotos con quienes arrojan monedas en su bote, también plateado.Originario del Estado de México, el mimo Melchor Flores Hernández dio vida al personaje durante varios meses afuera del Museo de Historia Mexicana, en la explanada regiomontana que fue sede de muchas actividades del Fórum Universal de las Culturas en 2007. La fama de El Vaquero Galáctico creció pronto, sobre todo después de que elementos de la Policía Regia lo detuvieron varias ocasiones porque supuestamente alteraba el orden público. En una entrevista para la televisión, que se puede ver también en el conocido canal de videos en internet, se le pregunta a Flores Hernández por esas detenciones. El mimo responde:“Tengo derecho a hacer mi trabajo y los policías también. Lo que yo hago, como no tengo dinero para pagar la multa, es que me espero las 36 horas de arresto, voy a mi casa, me baño y me regreso a trabajar.”El pasado 25 de febrero, Melchor fue detenido nuevamente por policías de Monterrey sin su disfraz y cerca de su departamento, en la colonia Deportivo Obispado. Ya no regresó.Sus compañeros de departamento dicen que desde noches anteriores habían detectado movimientos de patrullas afuera del inmueble, que ellos utilizan también como oficina.Refieren que a las 8:00 de la mañana de ese 25 de febrero, uno de ellos, Andrés Batres, exagente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y quien estaba iniciando un negocio de construcción, salió en su vehículo a comprar comida. Melchor Flores salió horas después en su motocicleta. Ninguno de los dos volvió.A eso de las 13:00 horas, Gustavo Castañeda Puentes, un analista de sistemas que Batres contrató para trabajar en los aspectos técnicos de sus proyectos, hablaba por teléfono con su padre afuera del departamento de Deportivo Obispado. De repente la comunicación se cortó.Desde ese día los padres del analista, Gustavo Castañeda y Amada Puentes, fueron a la Procuraduría General de Justicia del Estado a denunciar la desaparición, pero agentes ministeriales les advirtieron que en esa dependencia se filtraba la información a “los malos” –es decir, a los narcos–, y eso amedrentó a la pareja.Sin embargo, los padres de Gustavo iniciaron sus propias investigaciones entre los vecinos de la última zona donde se reportó su hijo. Días después regresaron a la procuraduría con nuevos datos y denunciaron la desaparición (expediente 039/2009/III-3).Gracias a esos informes, la fiscalía estableció que Gustavo Castañeda Puentes fue detenido por los oficiales Refugio Dávila Sánchez y Misael Mendoza, a bordo de la patrulla 5038 de la Policía Regia.Además se averiguó que la patrulla 5040, a bordo de la cual iban Efraín López y Dante Damián, y la 5034, tripulada por el oficial Romel García Canto, se llevaron a Flores Hernández y a Batres, respectivamente.Pese a ello, los policías negaron su participación en los hechos y el expediente no ha avanzado. Para colmo, los testigos que los padres de Gustavo habían encontrado se retractaron luego de ser amenazados por policías.El mencionado expediente incluye un oficio mediante el cual el área de Asuntos Internos de la Policía Regia declina su competencia y afirma al Ministerio Público que no tiene datos relacionados con el caso, aunque Amador Medina, que entonces encabezaba la corporación, se comprometió públicamente a realizar una investigación.Lo mismo ocurre en más de una decena de averiguaciones: policías municipales o ministeriales les transmiten a los familiares de las personas desaparecidas supuestas amenazas de los cárteles de Sinaloa y del Golfo para disuadirlos de interponer sus denuncias.
Aquí no hay levantones
A través de una solicitud de acceso a la información, este semanario obtuvo la estadística oficial de desapariciones de 2007. Según la procuraduría estatal, ese año no se denunciaron delitos contra la libertad de las personas, tipificados en el código penal de la entidad en sus modalidades de secuestro y privación ilegal de la libertad.Otra es la realidad que se ha hecho pública. Los diarios locales publicaron al menos 88 casos de levantones durante 2007, mientras que según el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Monterrey, Carlos Campos, 30 de sus agremiados sufrieron secuestros exprés. Por su parte el Comité Eureka contó 42 desaparecidos ese año.En el último trienio, esta organización registra en Nuevo León más de 60 desapariciones forzadas en las que pudieron participar autoridades. La lista incluye a los 38 trabajadores petroleros de Cadereyta, ya mencionados.El gobernador y sus colaboradores dijeron a los medios de comunicación que se trataba de un asunto de delincuencia organizada. Incluso el procurador, Luis Carlos Treviño Berchleman, presionó a los familiares del líder sindical Hilario Vega Zamarripa, y a su hijo Josué lo amenazó personalmente con perseguirlo por actividades ilícitas si insistía en sus denuncias (Proceso 1651). La versión de familiares y trabajadores del sindicato petrolero indica que Vega Zamarripa pretendía relevar a Carlos Romero Deschamps, el líder del gremio que meses después de las desapariciones se reeligió. Hasta la fecha la dirigencia nacional del sindicato petrolero no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.“Las desapariciones de Cadereyta tienen que ver con la política sindical y la defensa del petróleo”, asegura Ibarra, ya que Vega Zamarripa se opuso a la privatización de Pemex y denunció que empresas privadas incurrían en corrupción en sus negocios con la paraestatal.En 2008, al cumplirse un año de las desapariciones, Ibarra de Piedra se reunió con el gobernador Natividad González Parás. La senadora acompañaba a los familiares de las víctimas en una manifestación frente al palacio de gobierno y el mandatario mandó invitarla a su despacho.Ibarra accedió, pero llevó consigo a los familiares. Lo que dijeron ahí para el mandatario estatal “fue como si escuchara una canción lejana” y no hizo caso, dice la legisladora.
Disuasión y amenazas
También está pendiente la desaparición, el 2 de mayo de 2007, de José Everardo Lara Hernández, quien fuera guardaespaldas del alcalde panista de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque. La investigación de su caso no registra avances oficialmente.Al contrario, su madre, Maximina Hernández, fue amenazada por el comandante ministerial Manuel González en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI):
–Por tu culpa están matando más policías –le gritó el oficial.
–Pero yo nada más estoy buscando a mi hijo.
–¿Es que no entiendes que soy de Sinaloa? Otro caso sin aclarar es el del reportero Gamaliel López Candanosa y el camarógrafo Gerardo Paredes Pérez, de Televisión Azteca, desaparecidos el 10 de mayo de 2007. Paredes regresaba de reportear los efectos de un tornado en Piedras Negras y de inmediato se le encargó que supliera al camarógrafo de López Candanosa, pero ya no volvió. Su hermano, Juan Paredes, no ha dejado de exigir que se investigue a fondo para hallar a Gerardo y recibió amenazas telefónicas de alguien que dijo ser integrante del cártel del Golfo.Juan respondió que no dejaría de denunciar: “Si es la voluntad de Dios que ustedes me maten, así será”.Ni siquiera se salvan de este riesgo los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Giovany Urbina Aguilera, Julián Eduy Aguilera y Julián Urbina Torres, agentes de tránsito de Monterrey, están desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2008. En la misma situación está el comandante de la Policía Municipal en Apodaca, Juan Manuel Ortiz Rodríguez, desaparecido el 26 de febrero pasado.Además, están pendientes de resolverse las desapariciones de los civiles Marco Antonio Zúñiga Solís (ausente desde el 19 de junio de 2007) y Mario Jorge Tovar Martínez (registrada el 14 de mayo de 2008).Todas estas personas desaparecieron con sus vehículos y las familias no recibieron llamadas para pedir rescate. Además, cuando sus allegados investigan, resulta que fueron detenidos por la Policía Regia, la Policía Ministerial o la AFI, y las instancias competentes no han seguido ninguna línea de investigación. Al pedir información en las corporaciones, éstas niegan que existan registros. Finalmente, los testigos que logran conseguir son amedrentados y dejan de declarar, en tanto que funcionarios y policías intentan disuadir a los familiares de interponer las denuncias correspondientes.“Se lavan las manos diciendo que son de delincuencia organizada, que fue un comando armado y que no tienen línea de investigación. Aunque haya testigos, nadie quiere decir nada”, dice Amada Puentes, madre de Gerardo Paredes.“Las autoridades nos ven que hacemos plantones, que pedimos esclarecer los casos, que pedimos seguimiento, pero los casos están turnados a delitos en general, cuando deberían estar en el Ministerio Público especializado en delitos contra la libertad de las personas”, señala.