Alteración del orden público

Ricardo Andrade Jardí

“No se ha alterado el orden público”, afirman los ministros de la Suprema Corte de (in)justicia, es decir, el asesinato, con total impunidad, de 49 niños no es una alteración del orden público.

Las subrogadas guarderías, que son trampas mortales, porque nadie se ocupa de los niños, sino de lo que vale cada niño para los socios de las mismas, no alteran el orden público y el hecho de que los familiares de funcionarios públicos acaparen esas guarderías, no es, según los señores ministros, alteración del orden público. Y en ese sentido resolverán, en la sesión quedó del todo claro, aunque obligados a “investigar” por 8 votos en contra de la resolución del ponente, que ni investigar quería, avalada por el presidente de la Corte y dos más de los más cínicos aunque también menos hipócritas, entre ellos el que se promueve para presidente de la CNDH, por aquello de que no se puede renunciar fácilmente a cuatro millones mensuales de pesos.
Bajo esa pequeñez de imaginario el orden público no se altera tampoco cuando una pandilla de banqueros saquea al país y luego se declara en quiebra para que el Estado les rescate, con dinero público, sus estupideces o cuando un gobernador ligado a las redes de pederastas secuestra a una periodista o cuando un concesionario de un bien público favorece a un negocio familiar, violando la ley, convertido en político partido “Verde” violando la ley. O cuando la fuerza bruta, perdón, pública, viola, tortura y asesina, a campesinos y estudiantes que defienden su derecho a la tierra y menos aún se altera el orden público cuando un narcotraficante y asesino confeso sale liberado y los campesinos que defienden sus tierras son condenados a cien (100) años de cárcel.
En esos infantiles imaginarios se desenvuelve la (in)justicia de la pretendida democracia mexicana, un sistema bien organizado para que la IMPUNIDAD sea la norma que garantice los privilegios corruptos de minorías rapaces.
“No se ha alterado el orden público”, dicen los ministros, ante los cadáveres de 49 niños que fueron asesinados por el hecho de que sus padres, trabajadores todos, se vieron en la obligación a confiar en un sistema que sólo les garantiza violencia, humillación e injusticia.
Aunque lo cierto es que en países con una democracia real el gobernador de Sonora y el director del IMSS, el Secretario de Salud y el de Educación, habrían tenido que renunciar, no por 49 niños asesinados, sino por un sólo herido, y es muy posible que hoy, a dos meses del incendio, los socios, los inspectores, el delegado del IMSS y todos los funcionarios involucrados en el proceso de subrogar, a particulares, la obligación que el estado tiene con sus trabajadores, ya estarían presos.
Pero eso es harina de otro costal, se dirán para sus adentros los ministros, y tendrán razón: es un asunto de democracia y justicia, que están lejos de nuestra fingida e importada “Democracia Corporation S.A.” y lejos, muy lejos de los imaginarios corruptos de jueces y políticos...
Pero, las declaraciones de los señores jueces, son también el anuncio de que, para que la justicia sea, se requiere la alteración del orden público, es decir, que las familias y ciudadanos indignados por el asesinato cobarde de 49 niños, más los que quedarán con las secuelas permanentes de la impunidad y la corrupción, deberán seguir saliendo a las calles hasta que logren la atención internacional que van camino de lograr en el país vía, tampoco, la Suprema Corte de (In) Justicia. Y entonces, quizá, así la Corte, en lugar de jugar en la red social del Internet, presuntamente financiada por la CIA, se ocupe un poco de la justicia, o mejor aún, la justicia, de los 49 niños, se ocupe de ellos y se le demuestre al mundo que ahí donde el Estado falla la sociedad puede hacer y construir contra-estados ejerciendo lo que por derecho nos pertenece a todos, aunque algunos buitres detrás de su armadura institucional intenten todo para arrebatárnoslo.