24 septiembre 2009
Las versiones oficiales insisten en que son hechos absolutamente aislados. Que nada tienen que ver las explosiones, el extraño secuestro del avión y el asesino del Metro Balderas.
Sin embargo, para buena parte de la opinión pública no se trata de casualidades, sino de causalidades. Por ejemplo, en el caso de los bombazos —que se han querido minimizar por la baja potencia de los explosivos—, todos están dirigidos a establecimientos representativos de los ricos de este país: bancos, una agencia de automóviles nuevos y una elegantísima boutique de Masaryk donde venden vestidos importados de cientos y hasta miles de dólares. Y son ya cinco las explosiones tan sólo en lo que va de este mes.
Por lo que hace a los inéditos episodios de los ya célebres Josmar y Luis Felipe Hernández Castillo también se advierten coincidencias. Aquí en EL UNIVERSAL se han vertido opiniones de expertos sociólogos que alertan sobre la posibilidad de que hechos como éstos se produzcan cada vez más frecuentemente a causa de “la inseguridad y la inestabilidad de nuestra frágil sociedad actual”. En opinión de Gisela Frid Chernitsky, de nuestra UNAM, “el desempleo, la indiferencia, la desensibilización que vivimos a través de esta crisis económica producen todo tipo de estallamientos de violencia”.
Añada usted la rabia manifestándose en las calles, los asaltos a trenes y camiones de comida y la sangre nuestra de cada día por la guerra contra el narco, y tenemos un panorama escalofriante que sólo el autismo interesado no quiere ver.
Y por si todo esto fuera poco hay quienes desde el gobierno atizan la hoguera con actos de bárbaro terrorismo de Estado. Como es el caso de la Procuraduría General de la República que parece decidida a atizar la furia contra el gobierno. Como en la recientísima provocación que ha sido su respuesta de antier al exhorto de la Cámara de Diputados para hacer justicia en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Un funcionario de medio pelo mandó decir que la PGR “no presentó conclusiones acusatorias en el caso de Jacinta, no por la ausencia de imputaciones sino porque éstas fueron afectadas por nuevos elementos que llevaron a considerar la figura jurídica de la duda razonable”. Aunque nunca aclara a qué rayos se refiere con lo de los “nuevos elementos”.
Pero en el colmo de la estulticia agrega sobre la liberación de Jacinta que “de ninguna manera significa que se haya demostrado la inocencia de Jacinta, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos, por lo que se sigue el proceso en su contra”.
Primero, la aberración de que como no pudieron probarle su culpabilidad ella estaba obligada a probar su inocencia. Luego la amenaza infame de seguir persiguiéndola perrunamente y volver a meterla a la cárcel.
Segundo, la ignorancia supina del 20 constitucional que ampara la presunción de inocencia. Además de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
¿Y así quieren contener el estallido social?
Sin embargo, para buena parte de la opinión pública no se trata de casualidades, sino de causalidades. Por ejemplo, en el caso de los bombazos —que se han querido minimizar por la baja potencia de los explosivos—, todos están dirigidos a establecimientos representativos de los ricos de este país: bancos, una agencia de automóviles nuevos y una elegantísima boutique de Masaryk donde venden vestidos importados de cientos y hasta miles de dólares. Y son ya cinco las explosiones tan sólo en lo que va de este mes.
Por lo que hace a los inéditos episodios de los ya célebres Josmar y Luis Felipe Hernández Castillo también se advierten coincidencias. Aquí en EL UNIVERSAL se han vertido opiniones de expertos sociólogos que alertan sobre la posibilidad de que hechos como éstos se produzcan cada vez más frecuentemente a causa de “la inseguridad y la inestabilidad de nuestra frágil sociedad actual”. En opinión de Gisela Frid Chernitsky, de nuestra UNAM, “el desempleo, la indiferencia, la desensibilización que vivimos a través de esta crisis económica producen todo tipo de estallamientos de violencia”.
Añada usted la rabia manifestándose en las calles, los asaltos a trenes y camiones de comida y la sangre nuestra de cada día por la guerra contra el narco, y tenemos un panorama escalofriante que sólo el autismo interesado no quiere ver.
Y por si todo esto fuera poco hay quienes desde el gobierno atizan la hoguera con actos de bárbaro terrorismo de Estado. Como es el caso de la Procuraduría General de la República que parece decidida a atizar la furia contra el gobierno. Como en la recientísima provocación que ha sido su respuesta de antier al exhorto de la Cámara de Diputados para hacer justicia en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Un funcionario de medio pelo mandó decir que la PGR “no presentó conclusiones acusatorias en el caso de Jacinta, no por la ausencia de imputaciones sino porque éstas fueron afectadas por nuevos elementos que llevaron a considerar la figura jurídica de la duda razonable”. Aunque nunca aclara a qué rayos se refiere con lo de los “nuevos elementos”.
Pero en el colmo de la estulticia agrega sobre la liberación de Jacinta que “de ninguna manera significa que se haya demostrado la inocencia de Jacinta, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos, por lo que se sigue el proceso en su contra”.
Primero, la aberración de que como no pudieron probarle su culpabilidad ella estaba obligada a probar su inocencia. Luego la amenaza infame de seguir persiguiéndola perrunamente y volver a meterla a la cárcel.
Segundo, la ignorancia supina del 20 constitucional que ampara la presunción de inocencia. Además de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
¿Y así quieren contener el estallido social?
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