Plan B. Narcoseguridad privada

Por Lydia Cacho

17 septiembre 2009

La SIEDO lleva a cabo un operativo conjunto en Cancún, militares y agentes especiales arrestan a un grupo de policías, entre ellos el jefe de una de las corporaciones. Los cargos son serios: protección y colusión con el cártel del Golfo en Quintana Roo. Uno de ellos en particular, según las autoridades, se convirtió en sicario para dicho grupo criminal. Los envían a la cárcel de Mérida, tres años después un juez federal les libera y nadie le cuestiona. La SIEDO está ocupada con los próximos 10 arrestos del mes.

Cuando el ex jefe policiaco sale de prisión, en entrevista con los medios asegura que abrirá una agencia de seguridad privada porque es buen negocio. Decido investigar el número de agencias de seguridad privada en el país cuyos propietarios y directivos son ex miembros de corporaciones policiacas que fueron despedidos o arrestados. La falta de regulación de estas empresas resulta sorprendente; también lo son las pocas estadísticas sobre los delitos cometidos en colusión con dichas empresas en contra de quienes les contratan. Cada vez hay más agentes privados en edificios, calles y colonias de clase media, quienes pagan con la esperanza de sentir que sus familias están seguras.

Las cifras varían entre una y otra procuraduría local; sin embargo, el promedio coincide. En 45% de los secuestros el chofer de la familia está implicado de alguna forma, al igual que agentes de seguridad privada, como informantes.

La mayoría de las empresas de seguridad privada en el país están conformadas por ex policías. Antes, cuando un agente era despedido por mal comportamiento (alcoholismo, corrupción, adicciones, insubordinación y otros delitos menores que no son perseguidos penalmente), se iba a otro estado a pedir trabajo. Ahora, con el registro nacional, las corporaciones buscan prever dichas contrataciones y los expulsados se van al sector privado; a donde en su mayoría llevan los viejos vicios. Encuentro anécdotas de vecinos que luego de sufrir un robo se unieron para pagar seguridad privada, sólo para ser robados por agentes de esa empresa. Algunos, por miedo a represalias (los guardias conocieron a la perfección sus rutinas diarias), se niegan a denunciar.

Si bien es cierto que algunas empresas son fiables, resulta fundamental establecer regulaciones para las agencias de seguridad para que no se conviertan en negocios lícitos que permitan blanquear dinero y controlar territorios de personajes vinculados con el crimen organizado.