Con ese doble discurso que les caracteriza, Calderón y los voceros del régimen de facto han repetido hasta el hartazgo que AMLO no respeta la ley ni las instituciones. Sin embargo, son ellos quienes una y otra vez trasgreden el Estado de derecho y debilitan las instituciones fundamentales de la nación para entregarlas al capital privado y extranjero.
En este contexto de ilegalidad y antinacionalismo se da el decretazo con el que Calderón pretende desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La medida viola nuestra Carta Magna y diversas disposiciones legales.
Primero hay que precisar que LyFC surge por mandato del Congreso a tráves del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que “las empresas concesionarias entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas… el Ejecutivo dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio…”
Este mandato se cumplió mediante decreto en 1994 y el organismo que se creó fue precisamente LyFC. Es decir, mientras el Congreso no cambie tal disposición, el Ejecutivo carece de facultades para liquidar a la dependencia. Por lo tanto el decretazo es inconstitucional.
Además el artículo 131 dispone que “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para… prohibir las importaciones… a fin de regular… la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”. Uno de los argumentos de Calderón en los que basó su decisión es que LFC “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Es decir, reconoce que es un tema de trascendencia nacional, por lo tanto debió mediar autorización del Congreso.
También, el “Presidente del empleo” (pero de la fuerza pública) viola el la fracción XI constitucional que mandata que “el Congreso tiene la facultad de… crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones”. Los más de 60 mil trabajadores de LyFC, entre activos y pensionados, son empleados del sector público federal, entonces Felipillo carece de atribuciones para echarlos a la calle.
Por si fuera poco, Calderón también trasgredió los artículos 14 y 16 de la máxima norma que regulan los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa de los trabajadores. Es decir, el decretazo se dio sin que a los empleados se les diera la oportunidad de haber sido oídos en juicio por la autoridad correspondiente, lo cual es un derecho jurídico fundamental de cualquier ciudadano mexicano.
Faltan muchos capítulos por escribirse en esta historia. Estamos seguros que el espíritu de lucha de los electricistas, la solidaridad de sindicatos, organizaciones, partidos de izquierda y de la sociedad en general frenarán este nuevo intento privatizador del espurio y su pandilla. Hoy, no hay lugar para diferencias y matices. Salgamos todos a defender a la patria y a exigir que se restablezca el orden constitucional de México.
En este contexto de ilegalidad y antinacionalismo se da el decretazo con el que Calderón pretende desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La medida viola nuestra Carta Magna y diversas disposiciones legales.
Primero hay que precisar que LyFC surge por mandato del Congreso a tráves del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que “las empresas concesionarias entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas… el Ejecutivo dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio…”
Este mandato se cumplió mediante decreto en 1994 y el organismo que se creó fue precisamente LyFC. Es decir, mientras el Congreso no cambie tal disposición, el Ejecutivo carece de facultades para liquidar a la dependencia. Por lo tanto el decretazo es inconstitucional.
Además el artículo 131 dispone que “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para… prohibir las importaciones… a fin de regular… la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”. Uno de los argumentos de Calderón en los que basó su decisión es que LFC “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Es decir, reconoce que es un tema de trascendencia nacional, por lo tanto debió mediar autorización del Congreso.
También, el “Presidente del empleo” (pero de la fuerza pública) viola el la fracción XI constitucional que mandata que “el Congreso tiene la facultad de… crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones”. Los más de 60 mil trabajadores de LyFC, entre activos y pensionados, son empleados del sector público federal, entonces Felipillo carece de atribuciones para echarlos a la calle.
Por si fuera poco, Calderón también trasgredió los artículos 14 y 16 de la máxima norma que regulan los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa de los trabajadores. Es decir, el decretazo se dio sin que a los empleados se les diera la oportunidad de haber sido oídos en juicio por la autoridad correspondiente, lo cual es un derecho jurídico fundamental de cualquier ciudadano mexicano.
Faltan muchos capítulos por escribirse en esta historia. Estamos seguros que el espíritu de lucha de los electricistas, la solidaridad de sindicatos, organizaciones, partidos de izquierda y de la sociedad en general frenarán este nuevo intento privatizador del espurio y su pandilla. Hoy, no hay lugar para diferencias y matices. Salgamos todos a defender a la patria y a exigir que se restablezca el orden constitucional de México.
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