Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC

Claudia Sheinbaum Pardo

Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los “privilegios” de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.