El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció ayer, mediante sus secretarios del interior, Humberto Montes de Oca, y del exterior, Fernando Amezcua, la realización de un paro cívico nacional” para el próximo 11 de noviembre –fecha en que se cumple un mes del asalto policiaco-militar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la posterior liquidación de esa paraestatal–, que incluirá una “magna marcha” en la capital del país y la “toma cívica” de las instalaciones de la extinta empresa, actualmente bajo resguardo de la Policía Federal. Por la tarde, en un mitin realizado en el Monumento a la Revolución, el dirigente nacional del gremio, Martín Esparza, pidió a los diputados afines a su movimiento que se sumaran a dichas acciones para promover la salida de los efectivos federales de los edificios de LFC y “restablecer” las operaciones de la compañía.
Independientemente del impacto y la trascendencia que pueda tener la convocatoria, es claro que ésta constituye, por sí misma, un hecho histórico sin precedentes en el pasado reciente. En efecto, desde que en 1936 el propio SME impulsó la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria –que dio pie al nacimiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– y llamó a realizar una huelga nacional, no se habían repetido manifestaciones sindicales y políticas de esta magnitud en el país. Ello no se debió propiamente a la ausencia de descontento e inconformidad entre los trabajadores y la sociedad en general, sino a la hegemonía corporativa alcanzada por el Estado durante los regímenes priístas, y a los controles, la restricción y represión ejercidos por éstos sobre las organizaciones obreras, campesinas y populares.
Posteriormente, con la imposición en el país del modelo económico depredador aún vigente, las sucesivas administraciones han ido avanzando en el desmantelamiento de las conquistas sindicales, han empujado a millones de trabajadores al sector informal y han provocado una drástica disminución en la demografía gremial, lo que ha erosionado considerablemente las bases de las centrales obreras –como la propia CTM– y las ha reducido a la condición de aliados menores del régimen político, cuando no de meros referentes del pasado autoritario.
Con estas consideraciones, la convocatoria lanzada ayer por el SME es un indicador del tamaño de la respuesta social que pudiera provocar el decreto de extinción de LFC, y obliga a recordar los efectos potencialmente desestabilizadores de esa medida gubernamental. A lo que puede verse, el empeño calderonista por desaparecer el organismo y a su sindicato, y acabar de paso con la fuente de subsistencia de cerca de 50 mil familias, ha terminado por suscitar la convergencia de organizaciones sindicales y movimientos sociales opositores, para los que la actual administración ha ido demasiado lejos en su ofensiva contra los trabajadores, la población en general y la propiedad pública. De esta forma, la realización de este paro nacional permitirá medir, en días próximos, la correlación de fuerzas entre el sindicalismo independiente y su entorno social de simpatizantes, y el aparato oficial y los consorcios empresariales y mediáticos cercanos al poder.
Cabe esperar, por último, que el paro cívico y las otras medidas de lucha anunciadas por el SME se desarrollen en un entorno de civilidad y respeto a la ley por ambas partes; que los participantes en las acciones de protesta eviten caer en provocaciones y se conduzcan siempre por la vía pacífica, y que las autoridades entiendan que, en el momento presente, todo intento represor puede ser desastroso para la gobernabilidad y la estabilidad –de por sí precaria– del país.
Independientemente del impacto y la trascendencia que pueda tener la convocatoria, es claro que ésta constituye, por sí misma, un hecho histórico sin precedentes en el pasado reciente. En efecto, desde que en 1936 el propio SME impulsó la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria –que dio pie al nacimiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– y llamó a realizar una huelga nacional, no se habían repetido manifestaciones sindicales y políticas de esta magnitud en el país. Ello no se debió propiamente a la ausencia de descontento e inconformidad entre los trabajadores y la sociedad en general, sino a la hegemonía corporativa alcanzada por el Estado durante los regímenes priístas, y a los controles, la restricción y represión ejercidos por éstos sobre las organizaciones obreras, campesinas y populares.
Posteriormente, con la imposición en el país del modelo económico depredador aún vigente, las sucesivas administraciones han ido avanzando en el desmantelamiento de las conquistas sindicales, han empujado a millones de trabajadores al sector informal y han provocado una drástica disminución en la demografía gremial, lo que ha erosionado considerablemente las bases de las centrales obreras –como la propia CTM– y las ha reducido a la condición de aliados menores del régimen político, cuando no de meros referentes del pasado autoritario.
Con estas consideraciones, la convocatoria lanzada ayer por el SME es un indicador del tamaño de la respuesta social que pudiera provocar el decreto de extinción de LFC, y obliga a recordar los efectos potencialmente desestabilizadores de esa medida gubernamental. A lo que puede verse, el empeño calderonista por desaparecer el organismo y a su sindicato, y acabar de paso con la fuente de subsistencia de cerca de 50 mil familias, ha terminado por suscitar la convergencia de organizaciones sindicales y movimientos sociales opositores, para los que la actual administración ha ido demasiado lejos en su ofensiva contra los trabajadores, la población en general y la propiedad pública. De esta forma, la realización de este paro nacional permitirá medir, en días próximos, la correlación de fuerzas entre el sindicalismo independiente y su entorno social de simpatizantes, y el aparato oficial y los consorcios empresariales y mediáticos cercanos al poder.
Cabe esperar, por último, que el paro cívico y las otras medidas de lucha anunciadas por el SME se desarrollen en un entorno de civilidad y respeto a la ley por ambas partes; que los participantes en las acciones de protesta eviten caer en provocaciones y se conduzcan siempre por la vía pacífica, y que las autoridades entiendan que, en el momento presente, todo intento represor puede ser desastroso para la gobernabilidad y la estabilidad –de por sí precaria– del país.
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