“La decisión de la Suprema Corte de Justicia (de Estados Unidos) de reivindicar la primacía del gobierno federal sobre estados y condados en materia de inmigración, es una victoria para todos los estadunidenses”.
Barack Obama (en 2007).
I
Al igual que en 2007, cuando el entonces senador Barack Obama –quien no había declarado aun su propósito de tratar de obtener la candidatura del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos--, la Suprema Corte tiene ante sí un caso similar.
Señálese que en 2007, el caso atendido y resuelto por la Suprema Corte fue el de la inconstitucionalidad de una ley promulgada por las autoridades locales de Hazleton, Pensilvania, que penalizaba severamente a los inmigrados indocumentados mexicanos.
Esa ley local penalizaba, asimismo, a aquellas empresas o empresarios o particulares que empleaban a indocumentados, a quienes en EU se les llama inapropiadamente ilegales. Ninguna ley estadunidense determina si un ser humano es ilegal o no.
A mayor abundamiento, señálese que existe una distinción cualitativa, moral y jurídica, entre el estatus de un individuo humano y si sus actuaciones o conductas son ilegales. Ahora, hasta en México llamamos “ilegales” a nuestros connacionales en EU.
En el caso de Hazleton, el gobierno federal acudió a la Corte para que ésta determinase, como determinó, la inconstitucionalidad de la legislación local, cuya severidad causó enorme descontento en el empresariado del lugar.
II
Esa severidad provocó incluso actos de violencia en agravio de mexicanos o de estadunidenses cuyos agresores suponían ciudadanos de México. Se dio el caso de un mexicano linchado por un grupo de estudiantes ebrios.
Tocante al caso que la Suprema Corte tiene ante sí ahora es el de la Ley de Inmigración del Estado de Arizona, propuesta y promovida por la entonces gobernadora Janet Napolitano, hoy secretaria de Seguridad Interior (o de la Patria).
Nótese la paradoja siguiente: la secretaria Napolitano forma parte de un gobierno que se opone a la Ley de Inmigración del Estado de Arizona, por considerar que usurpa la potestad constitucional del Poder Ejecutivo federal en materia de inmigración.
La señora Napolitano –amiga de Fernando Gómez Mont, el secretario del despacho de Gobernación del gobierno que, en el sentir de millones de mexicanos, espuriamente encabeza Felipe Calderón— tiene que oponerse hoy a lo que promovió y defendió.
La Suprema Corte ha solicitado precisamente a la secretaria Napolitano el punto de vista del gobierno que preside el señor Obama, precisamente para informarse a fondo acerca del caso y emitir su fallo. El fallo judicial deberá producirse en fechas próximas.
III
Éste asunto --la Ley de Inmigración del Estado de Arizona—se suma al de Hazleton (cuya ley local, por cierto, no ha sido derogada aun pese al fallo de la Suprema Corte, aunque ha dejado de aplicarse) contrastando con un telón de fondo con consecuencias.
Esas consecuencias son de gravedad política. Varios son los Estados y centenares, si no es que miles, las ciudades pequeñas, medianas e incluso grandes y condados que han promulgado leyes locales similares a las de Arizona y Hazleton.
La miriada de leyes estatales y locales –citadinas y condales— son a nuestro ver la secuela de la frustración causada la lentitud del gobierno del Presidente Obama y el Congreso (dominado por el PD) para dicha reforma y un sentir general antimexicano.
Esa reforma fue una de las banderas enarboladas por el señor Obama durante su campaña de proselitismo electoral, pero sábese que su sentir acerca del asunto es el de que no hay condiciones políticas favorables para modificar las leyes de inmigración.
¿Cuáles serían las condiciones ideales para iniciar tal reforma? Don Barack no las ha identificado, pero sospecharíase que por “condiciones ideales” se refiere a los tiempos políticos de índole electoral en 2010 (una Cámara Baja afín) y su reelección en 2012.
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