Censida, 187 MDP sin resultados

Desde 2006, el Censida ha otorgado alrededor de 187 millones de pesos para programas de prevención sin contar con mecanismos que le permitan conocer su efectividad. El director del organismo, José Antonio Izazola Licea, reconoce que el Centro debe transparentar los financiamientos; al tiempo, acepta que su administración carece de evaluaciones de resultados y de impacto.

Mayela Sánchez

Desde hace seis años, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) ha entregado recursos públicos a organizaciones civiles sin contar con reportes de evaluación e impacto de los proyectos que financia.

El monto otorgado suma alrededor de 187 millones de pesos, estima su director general, José Antonio Izazola Licea.

Tan sólo para este año, el organismo dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa) presupuestó 43 millones de pesos, que se entregaron a 65 organizaciones para programas de prevención de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).

Mas el Censida no podrá saber si el trabajo de éstas cumplió efectivamente con su propósito ni si lo ha hecho el de años anteriores, ya que hasta ahora no ha establecido mecanismos para conocer el impacto de los proyectos a los que apoya.

El organismo tampoco ha analizado los resultados de las propuestas financiadas, sino que ha ceñido su trabajo de supervisión al monitoreo de un porcentaje de las organizaciones beneficiadas. Es decir que sólo revisa que éstas cumplan con llevar a cabo las actividades programadas.

En respuesta a la solicitud de información 001200051811, el 9 de marzo pasado el Censida reconoció que no cuenta con reportes de evaluación e impacto de los proyectos que ha financiado desde 2006 a través de la Convocatoria pública para el fortalecimiento de la respuesta en prevención de la sociedad civil ante el VIH/Sida e ITS [infecciones de transmisión sexual].

Izazola Licea confirma lo anterior en entrevista con Contralínea; sin embargo, justifica la inexistencia de los reportes sobre el impacto de los proyectos al decir que “no se puede hacer cada año porque [éste] se ve acumulado”.

Aunque el director del Censida asegura que las evaluaciones sobre el cumplimiento de los procesos existen, éstas no figuran en su página de internet ni tampoco en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Secretaría.

El organismo encargado de promover la prevención y el control del Sida en el país tampoco hace pública la información sobre las organizaciones a las que ha financiado en años anteriores ni los montos que cada una de ella ha recibido.

Izazola Licea aduce la ausencia de dicha información a la falta de capacidad del portal electrónico del organismo: “Los objetivos, el financiamiento, el presupuesto, el convenio firmado [con las organizaciones], todo eso es público; si no está en la página web todo el tiempo no lo sé. No es algo que yo revise, pero debemos tener limitaciones en términos de recursos físicos, que son limitados. Si no depuráramos la página, sería muy difícil de navegar, de sostener”.

Aunado a la ausencia de información sobre los montos entregados y los resultados de los proyectos financiados, también se desconocen los criterios en los que el Censida se basa para seleccionarlos.

Su director General reconoce que no hay un documento que establezca los estándares para evaluar los proyectos, pero afirma que hay instrucciones para los revisores.

Sin embargo, enfatiza que éstas “son exclusivamente para ellos y no [las] vamos a hacer públicas, porque no queremos que alguien pueda entender cuál es el secreto para poner bien la respuesta. Lo que queremos son propuestas sólidas”.

Pero luego revira: “No es tampoco ningún secreto saber que los objetivos tienen que ser alcanzables, medibles, realizables; no hay ningún secreto en ver cómo se hace un presupuesto y cómo se evalúa… La instrucción que damos es: ‘revisen la coherencia de los objetivos con los métodos, los presupuestos y las capacidades ahí descritas para ver si son proyectos factibles’”.

Falta de información, la queja

La falta de información sobre cómo se eligen los proyectos por financiar llevó a nueve integrantes del Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) a solicitar al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, los resultados de los dictámenes de las propuestas registradas “con la finalidad de tener claridad sobre los criterios de selección”.

Se trata de Gerardo Cabrera Reséndiz, Héctor Miguel Corral, María Luisa González Barrios, Jessica Bear Blas, Julián Elizalde Peña y Rosember López Samayoa; todos, vocales del Conasida. Así como Alejandra Gil Cuervo y Oriana López Uribe, suplentes de vocalía.

Además de formar parte de la instancia de coordinación entre los sectores público, privado y social para promover la prevención del VIH/Sida, todos ellos pertenecen a organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En una carta enviada al funcionario el 8 de abril pasado, los firmantes también solicitaron conocer los mecanismos de evaluación y saber si existían guías para los dictaminadores, así como los nombres y perfiles de los integrantes del Equipo Asesor y de Revisión de Proyectos (EARP) “para garantizar las competencias y objetividad de las personas que dictaminan”.

La respuesta, formulada por Izazola Licea, explica el procedimiento para elegir los proyectos, mas no arroja luz sobre cuáles fueron los criterios de selección.

A través del oficio DG/DPPS/0538/11, el director del Censida refiere que las 286 propuestas participantes fueron calificadas con tres evaluaciones “independientes y asignadas aleatoriamente a través de medio electrónico y de manera ciega”.

Y señala que en los casos en que se presentaron “inconsistencias en las evaluaciones”, como que existiera una diferencia mayor a tres puntos entre dos revisores, éstos se examinaron en una reunión presencial del EARP.

Respecto de la petición de información sobre los integrantes del EARP, el director del Censida contestó que la lista de personas, así como información general de todos los proyectos registrados y los formatos de evaluación, “entre otros documentos”, estarían disponibles en su portal electrónico a partir del 25 de abril.

Izazola Licea, quien ocupa el cargo desde enero de 2009, aclara que tales datos no se podían dar a conocer antes porque había que esperar que concluyera el proceso de selección para publicarlos.

Pero aunque éste ya finalizó, el Censida se reservó la información sobre el monto que entregó a cada organización. Tampoco difundió los formatos de evaluación, sino únicamente las calificaciones de los proyectos ganadores.

Respecto de la información de años anteriores, el funcionario se excusa diciendo que él llegó hace apenas dos años y que es difícil “reconstruir” los resultados de convocatorias previas, en las que el proceso de evaluación era muy laxo.

No obstante, termina por reconocer la ausencia de información en el Censida: “La verdad sí nos puede faltar algo en términos de transparencia, pero de ninguna manera de tal magnitud que se cuestione la validez de la evaluación”.

Izazola Licea arguye que, aun cuando no exista un documento que especifique los criterios de evaluación, ello no significa que no haya un proceso de estandarización en las revisiones.

Tras explicar que como funcionario público, con recursos materiales y humanos limitados, tiene que establecer prioridades, espeta: “¿Quiere que desperdicie mi tiempo en hacer cosas que no son tan cruciales? Para mí es más crucial, por ejemplo, lograr el acceso a antirretrovirales. No estamos sentados ociosos para ver qué se les ocurre a las organizaciones civiles preguntarnos, porque ahorita es eso; el año que entra ¿qué van a pedir?

“Yo creo que es un poco frustrante que se pidan respuestas a todas y cada una de las posibles inquietudes que se tengan cuando algunas no son tan prioritarias”, expresa.

Las organizaciones opinan

La información disponible muestra que los trabajos seleccionados este año alcanzaron, en promedio, una calificación global de 68.23 puntos; además, 32 casos fueron revisados una cuarta vez por el Equipo Asesor presencial debido a discrepancias significativas en sus evaluaciones.

De las 65 organizaciones seleccionadas para recibir financiamiento, la mayoría se encuentra en el Distrito Federal. Se trata de la entidad con mayor número de casos de Sida en el país, de acuerdo con datos de la Ssa.

Le siguen en prevalencia de casos el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Baja California. Sin embargo, entre los ganadores sólo figuran tres organizaciones jaliscienses, tres poblanas y dos mexiquenses, una de la ciudad de Tijuana, Baja California, y ninguna de Veracruz.

Aunque ello puede ser a causa de que no se presentaron propuestas viables de las OSC en esas entidades o a que quizá obtuvieron calificaciones inferiores a la media global, la falta de información impide conocer los criterios que sigue el Censida para seleccionar los proyectos a financiar.

Tal fue la inquietud compartida por miembros de las organizaciones de la sociedad civil que, en su calidad de vocales del Conasida, dirigieron su queja al secretario de Salud.

Entre ellos están Jessica Bear Blas y María Luisa González Barrios, titulares de las asociaciones Fortaleciendo la Diversidad, AC, y Mujeres en Acción Positiva, respectivamente.

Tanto Bear Blas, cuya organización trabaja con personas transgénero en San Luis Potosí, como González Barrios, quien preside la organización que apoya a mujeres que viven con VIH en Ciudad Juárez, Chihuahua, saben que por la población con la que trabajan es difícil obtener apoyo a través de los financiamientos del Censida, que se han enfocado más al grupo con mayor prevalencia en el país: los hombres que tienen sexo con otros hombres.

A pesar de que ambas reconocen que era poco probable que recibieran un financiamiento, coinciden en que los resultados dejaron insatisfechas a sus organizaciones y por eso buscaron una respuesta más clara.

Benjamín Delgado, subdirector de Teatro & Sida, expresa ideas similares, pues su trabajo con adolescentes homosexuales y mujeres que viven con VIH también ha llevado a su organización a padecer de poco apoyo oficial para esas poblaciones.

Delgado crítica que, en materia de prevención, el trabajo de las OSC no ha sido acompañado de acciones concretas del Estado, pues sus campañas son escuetas y no se han dirigido a poblaciones específicas, como aquéllas con las que su organización trabaja.

Sin embargo, algo diferencia a Delgado de las vocales del Conasida: su organización sí resultó beneficiada en la convocatoria de este año.

La propuesta de Teatro & Sida consiste en trabajo de prevención con internos en centros penitenciarios del Distrito Federal, para lo cual le fueron otorgados 400 mil pesos.

El presidente del Comité Lésbico Gay de Occidente, Isidro García, es crítico respecto de cómo se seleccionan los proyectos por financiar, pues considera que, si bien la convocatoria es clara en su contenido, el proceso de selección es “amañado”.

En el mismo tenor califica las evaluaciones del trabajo de las OSC, pues refiere que aunque el Censida debe entregarles una constancia de cumplimiento al final del año, esto no se hace.

Al no haber un documento que avale la conclusión adecuada del trabajo propuesto, la única posibilidad de saber que cumplieron es cuando reciben otro apoyo, asevera.

En opinión de Isidro García –cuya organización se encuentra en Jalisco y resultó seleccionada este año–, los financiamientos del Censida han servido como una forma de acallar a la sociedad civil, pues “la gente que tenga financiamiento no denuncia ciertas irregularidades del Censida porque luego vienen las amenazas de auditorías a las organizaciones.

“Es como un círculo vicioso: yo no te denuncio, tú no me denuncias. Es como el rollo del clientelismo que usa el gobierno”, valora.

Para Maribel Ortega Álvarez, presidenta del Consejo Directivo de Acciones Voluntarias sobre Educación en México, AC, los mecanismos de transparencia “son perfectibles” y califica como “un área de oportunidad para Censida” la actual ausencia de información sobre los resultados y el impacto de los proyectos financiados.

La organización, que ha participado y ha sido seleccionada en casi todas las convocatorias del Censida, recibió esta vez apoyo para dos propuestas: una es la difusión de mensajes de prevención a través de la red social Facebook y la otra, que es continuación de un proyecto anterior, se aboca a la promoción de modelos saludables entre jóvenes gay.

Héctor Miguel Corral está al frente de otra organización que logró financiamiento: la Agencia Familiar Binacional. Pero Corral figura, además, entre los vocales del Conasida que firmaron la misiva a Córdova Villalobos.

El tijuanense dice que su trabajo es representar a la sociedad civil y, por tanto, tenía que atender la inconformidad de algunas organizaciones sobre cómo se había llevado a cabo el proceso de selección de proyectos.

“Nos dimos a la tarea de conocer cuáles eran las opiniones de esas organizaciones, dónde estaban las inconformidades, y nosotros, como miembros de la sociedad civil, también hicimos algunas críticas al respecto, que después fueron aclaradas por Izazola a través de una carta y de una reunión”, explica.

Para Gerardo Cabrera Reséndiz, el más visible promotor de la queja ante el secretario de Salud, el tema del proceso de selección ya ha quedado aclarado por las autoridades del Censida.

El director de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/Sida dice que ahora se encuentran en negociaciones con el organismo “para ver cómo podemos mejorar la convocatoria”.

Cabrera Reséndiz no pasa por alto que el Censida comenzó a dar información a partir de la queja que se hizo y reconoce que el organismo está en la disposición de ver cómo pueden mejorarse esos procesos. “Pero yo creo que eso lo vamos a poder ver reflejado hasta el año que entra. Éste no podría hablar todavía de esa parte”, acota.

Mientras tanto, lo concerniente a las evaluaciones de resultados y del impacto de los proyectos sigue pendiente, pues los vocales del Conasida no abordaron el tema con Izazola Licea.

Ello significa que la forma para ponderar los resultados del trabajo de las OSC seguirá siendo a través de los monitoreos del Censida y de los dos reportes (uno parcial y otro final) que éstas entregan al organismo.

Los ganadores

En la convocatoria de este año se presupuestaron 43 millones de pesos para entregarse a proyectos de las organizaciones civiles e instituciones académicas inscritos en siete distintas categorías; una octava categoría, relativa al tema de declaración ministerial, está por lanzarse.

Entre los beneficiados del primer proceso de selección, que concluyó en abril pasado, figuran dos organizaciones que no cumplen con uno de los requisitos establecidos, que es contar con Clave Única de Identificación (Cluni).

Se trata de Diversidad, Deporte y Sexualidad, AC (Didesex), y de Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, AC. Aunque las dos organizaciones figuran en el directorio de OSC –elaborado por el Censida– con su Cluni “en trámite”, los proyectos de ambas fueron palomeados.

Didesex es, además, la organización que obtuvo el más bajo puntaje de todas las seleccionadas. A pesar de que los tres evaluadores “ciegos” le concedieron pobres calificaciones (la más alta fue de 62.51 puntos) y de que su evaluación promedio fue de 38.39 puntos, su proyecto fue aprobado en una cuarta revisión del EARP.

La propuesta de la organización, cuyo presidente es Rafael Humberto Villanueva Hernández, lleva por título “La homofobia está out. El reality” y fue el único trabajo seleccionado en la categoría “Estrategia de modificación de normas sociales”.

Pero el de Didesex no fue el único proyecto con puntaje reprobatorio que consiguió financiamiento. El Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, AC, alcanzó 58.77 puntos, y Salud Integral para la Mujer, con 40.65 puntos, también fueron elegidos. Al igual que con Didesex, la decisión se tomó tras una cuarta evaluación del EARP.

Uno de los 28 integrantes de ese grupo presencial fue Izazola Licea, quien en entrevista expresó que un proyecto con tres evaluaciones bajas tiene altas probabilidades de que tenga una baja calidad en su planteamiento. Aun así, los tres proyectos resultaron ganadores.

Condones y pederastas, los enredos de Ratzinger

El papa Benedicto XVI.

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 23 de noviembre (apro).- Demasiado tarde o demasiado tímido, el papa Benedicto XVI ha levantado una nueva ola de reacciones al ser publicadas algunas de sus declaraciones en el libro-entrevista La luz del mundo, en relación con los dos talones de Aquiles que su pontificado recibió como herencia de Juan Pablo II: la contundente negativa al uso del condón como método de anticoncepción y de prevención del VIH-sida, y las investigaciones por encubrimiento en los escándalos de pederastia que no se limitan sólo al caso de los Legionarios de Cristo y su fundador Marcial Maciel, sino también a otros prominentes sacerdotes como Lawrence Murphy y Peter Hullerman.

Las declaraciones que se han ventilado en la prensa parecen ir en contra de su reciente homilía en la basílica de la Sagrada Familia, ese portentoso templo construido por Antonio Gaudí, durante su reciente visita a Barcelona. En ella, Benedicto XVI habló como el Ratzinger que todos conocemos desde su época como responsable para la Congregación de la Doctrina de la Fe.

En Santiago de Compostela y en Barcelona, el pontífice católico hizo una loa a la noción unívoca y unilateral que tiene de la familia: hombre, mujer e hijos, donde la segunda está subordinada al hogar y demandó que el Estado sea lo suficientemente generoso para subvencionar a este modelo familiar. No se movió un milímetro de la negativa de El Vaticano frente al condón y generó una airada polémica por sus declaraciones en el avión papal, cuando afirmó que existe en España un “laicismo agresivo”, similar al de los años treinta, en clara referencia al periodo de la guerra civil que desembocó en la larga dictadura franquista.

El filósofo Fernando Savater se burló de la posición de Ratzinger en su artículo “¿Hasta Cuándo?”, publicado en El País. Afirmó que el Papa “destaca en teología, una de las ciencias más útiles y con mayor futuro, la única que inventa su objeto de estudio, mientras dogmatiza sobre él”, ironizó Savater.

Pero menos de dos semanas después de su desangelada visita a España, Ratzinger vuelve a generar reacciones encontradas, a raíz de algunas declaraciones que se han filtrado, derivadas del libro La luz del mundo, cuyo título también es equívoco, porque remite a la denominación de otra creencia religiosa condenada por la Iglesia católica.

En ese libro, Ratzinger afirma que “puede haber casos particulares justificados” para el uso del condón. “Por ejemplo, cuando un prostituto usa un condón y esto puede ser un primer paso hacia una moralización, un primer acto de responsabilidad para desarrollar nuevamente la conciencia del hecho de que no todo está permitido y no se puede hacer todo lo que uno desea”, abunda.

No pasó ni un día de que comenzaran a circular estas palabras de Ratzinger cuando el diario oficial de El Vaticano, L’Osservatore Romano, precisó que el uso del condón “no es el verdadero modo de derrotar a la infección”. Incluso, el periódico recordó que el propio Papa, durante su visita a Africa, continente devastado por la pandemia, insistió en que el condón no debía ser usado porque podía empeorar la propagación del sida. Obviamente, habló, como señala Savater, desde su autoridad teológica, sin preocuparse por sustentar sus dichos en ninguna prueba científica.

Ahora abrió un mensaje tan ambiguo y moralista (el ejemplo de la prostitución más bien parece una reiteración a la condena moral al sexoservicio disfrazada de indulto papal al condón) que ha obligado a distintos voceros de El Vaticano a negar que se trate de un cambio de posición. Federico Lombardi, vocero papal, aseguró que sus palabras no constituyen “un cambio revolucionario” en la doctrina de la Iglesia.

Onusida consideró que a pesar de ser limitado, el “indulto” de Ratzinger al condón es un “paso adelante”. Otros voceros de las agencias gubernamentales responsables de enfrentar la pandemia subrayaron que el Papa olvida que la mayoría de los casos de VIH-sida en Africa no se relacionan con la prostitución masculina, sino con “la falta de emancipación de la mujer” y la insistente negación a la homosexualidad.

Extraído de los fragmentos del mismo libro, Ratzinger admitió que frente a las reiteradas denuncias contra el sacerdote mexicano Marcial Maciel, existieron “atrasos y lentitud” en El Vaticano para atender a las víctimas e ir al fondo de los casos. Califica al fundador de los Legionarios de Cristo como “un falso profeta” que tuvo una “vida disipada y extraviada”.

“Lamentablemente, hemos llegado con mucha lentitud y atraso al abordar estas cuestiones. De alguna manera estaban muy bien ocultas y sólo desde aproximadamente el año 2000 contamos con asideros concretos al respecto”, señala Benedicto XVI.

Las afirmaciones papales no pueden quedarse en un mea culpa. Si realmente existe una voluntad para enfrentar el “atraso y la lentitud” frente a los escándalos de pederastia, como el caso emblemático de Maciel, El Vaticano debe asumir una responsabilidad jurídica y social con las víctimas.

¿Qué busca Ratzinger con estas declaraciones? ¿Pretende ventilar un debate o vacunar su pontificado ante la crisis de credibilidad y de fe que ha provocado la negligencia de El Vaticano (por decirlo de manera amable) frente a los casos reiterados de pederastia y la condonfobia, homofobia y misoginia que han caracterizado los últimos 40 años de contrarreforma doctrinal?

El enredo puede ser mayor si Benedicto XVI pretende dejar todo en palabras teologales. El Papa ya abrió una caja de Pandora que millones de creyentes y no creyentes han esperado por lustros. La pregunta es si está preparando un contrataque frente a las fuerzas conservadoras y los intereses en juego que pueden sepultar esta pequeña rendija de autocrítica frente a una milenaria tradición de ocultamiento.

Comentarios: www.jenarovillamil.wordpress.com

Persecución y ejecución de mujeres

SARA LOVERA

MÉXICO. D.F., 12 de noviembre (apro).- La doctora Norma Blázquez Graf en su texto El Retorno de las Brujas, documenta con los datos mas confiables de la literatura difundida en los últimos 50 años, que entre el siglo XIII y el XIV al menos 110 mil mujeres fueron expulsadas, perseguidas y torturadas, 60 mil de ellas ejecutadas, todas acusadas de "brujería".
El libro, que explica la historia femenina de la creación de conocimiento, sostiene que esa estrategia de exterminio tenía que ver con que las víctimas habían transgredido el poder de la época, negarse al control de su cuerpo y de su pensamiento, por haber actuado y crecido.
Acalladas por su capacidad y sus propuestas de transformar el mundo mujeres, "brujas" o locas, pero finalmente presas de conciencia son ejemplo de que no admitir el sometimiento en todos los planos nos hace vulnerables. Un relato se diría del pasado remoto, instalado por la horrenda historia inquisitoria y funesta.
Ello viene a cuento en esta hora por el listado creciente de denuncias cotidianas que circulan en las redes ciberespaciales y de comunicación que llegan a mi computadora todos los días: persiguen y amenazan a periodistas mujeres por los temas que tratan, otrora no considerados peligrosos para el poder: la trata, el aborto, la corrupción de funcionarios públicos, la denuncia de pederastia y violaciones, por pronunciarse a favor de la libertad sexual de las mujeres.
Asuntos todos que me conectan con ese pasado y me remiten al famoso texto El Martillo de las Brujas o la guía práctica de los verdugos que debían identificar y someter a sus víctimas.
Pienso que es ahí donde se han inspirado los políticos, caciques, emperadores modernos para mantener en la cárcel a Sara López Gómez por oponerse en Campeche a las intolerables tarifas eléctricas; para atemorizar la libre expresión de Gabriela Gallegos, directora de la revista electrónica Contra Línea de Durango, cuya casa fue asaltada hace unos días por oscurantistas que se llevaron sus materiales de trabajo y sus archivos.
También me remito a la estudiante de la UNAM, Lucía Moret, amenazada por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Y recuerdo el largo peregrinaje de la periodista Lydia Cacho y las amenazas y represiones contra Sanjuana Martínez por haber denunciado la pederastia.
Lo grave es que no se trata únicamente de la política conservadora del desgobierno calderonista que ha encarcelado a más de 30 mujeres en Guanajuato por haberse practicado un aborto.
Hoy, escenificamos una política global contra la acción y las palabras de las mujeres defensoras de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, denuncias que se acumulan en las oficinas domésticas de Derechos Humanos o internacionales, ante un silencio que va dañando cada día nuestra humanidad.
Déjenme tomar las palabras de una periodista cono sureña que me escribió desde Argentina:
"Me solidarizo con todas las colegas que vienen sufriendo agresiones de toda índole, tan sólo por atrevernos a denunciar hechos irregulares y corrupción que con desparpajo incurren los que tienen el poder... Soy periodista y me declaro vehemente cuando se trata de "destapar" la corrupción que está frente a mis narices; por ello he sido golpeada físicamente y vivo bajo el acecho permanente de quienes desearían mi desaparición.
"En enero del 2007, dos fornidos funcionarios del municipio de Chosica, distrito al Este de Lima, Perú, trataron de silenciarme, golpeándome en la cabeza y abdomen por que me había atrevido a denunciar la vida licenciosa del alcalde Luis Bueno Quino, acusado penalmente de ser pedófilo y de transmitir el VIH bajo chantaje sexual a sus trabajadores de seguridad ciudadana.
"Hice la denuncia policial respectiva pero como era de esperarse al final yo pasé de ser agredida a agresora, es decir, yo fui quien los golpeó y maltraté. Mi programa de radio fue cancelado, ordenaron a nivel judicial mi captura y se vino la avalancha de denuncias en mi contra.
Y reflexiona: "siguen muriendo más infectados de VIH, siguen aumentando sus incondicionales proveedores de niños (trabajadores del municipio); siguen desapareciendo "circunstancialmente" sus opositores como la periodista Consuelo Ruiz, asesinada en el 2004".
También ilustra lo que hace unos días sucedió a una funcionaria de la municipalidad de Santa Rosa, en la Pampa, Argentina, Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género.
Denuncia que una llamada anónima, con voz masculina advirtió a Molina: "le vamos a cortar el cogote y la vamos a colgar en el mástil para que flamee junto con la bandera frente al municipio...".
En posteriores declaraciones a los medios de prensa, Mónica denunció que es muy probable que las amenazas tengan que ver con el allanamiento de Le Coq Doré, un cabaret de Santa Rosa, clausurado por un procedimiento conjunto entre el Municipio y Gendarmería Nacional, donde se encontró a una menor a quien se explotaba sexualmente.
Mónica impulsó sanciones que eliminó las whiskerías, cabarets y night clubs de las habilitaciones municipales y denunció una red de tratantes de mujeres y niñas con objeto de explotación sexual, que terminó con más de una docena de presuntos proxenetas procesados y el cierre de numerosos prostíbulos encubiertos.
Agrego sólo unas líneas de la emblemática periodista nicaragüense Sofía Montenegro, quien nos informa que la Comisión Permanente de Derechos Humanos de aquel país denunció a Daniel Ortega de crear bandas para agredir a dirigentes de la sociedad civil, donde, recuerda Sofía, "mi nombre está en esa lista destinada a aterrorizar a un grupo de mujeres que somos voceras de organizaciones ciudadanas, tales como Doña Vilma Núñez de Escocia (un verdadero monumento nacional); Luisa Molina, de la Coordinadora Civil; Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua; Juanita Jiménez y Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres".
Subraya el caso de Leonor Martínez, del Movimiento Juvenil, emboscada y vapuleada casi enfrente de su casa en días recientes por denunciar el asalto a la Constitución que prohíbe toda forma de interrupción del embarazo, así como la insólita situación de la periodista independiente María Mercedes Urbina sometida a abusos por el poder judicial, por investigar irregularidades del gobierno local en la comunidad de Nagarote.
Una denuncia adicional que envió una prominente feminista argentina, agrega otras fechorías de Ortega, como el caso de la nicaragüense Patricia Orozco, feminista, histórica defensora de los derechos humanos, periodista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, la cual fue golpeada y detenida ilegalmente por agentes policiales de la delegación departamental de León. Su trasgresión era haber realizado un taller de derechos de las mujeres.
Sobre esta situación, que ya ha llevado a numerosas feministas a pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han manifestado organizaciones civiles de todo el mundo, así como instancias internacionales de derechos humanos.
En Campeche, a Sara López González, junto con dos personas más le construyeron una acusación de "'privación ilegal de la libertad" y "secuestro" al ingeniero Leovigildo Domínguez López, cuando en realidad dialogaron con él y exigieron a la Comisión Federal de Electricidad suspender los cortes e interrupciones de suministro eléctrico que estaba aplicando a decenas de casas de la comunidad de Candelaria, en septiembre de 2008.
Hoy, Sara está en la cárcel de Kobén en Campeche, desde julio y Amnistía Internacional podría declararla junto a sus compañeros presa de conciencia al conocer que pertenece a una organización civil opositora al desmesurado aumento de tarifas eléctricas.
El caso de la periodista Gabriela Gallegos, advertida y perseguida sin causa visible, sólo por contar algunas realidades duranguenses, por decir, algunas cosas del manejo financiero de gobiernos y empresas, está ya en la mira.
El asalto es claramente una amenaza, porque no se llevaron sino los instrumentos de trabajo, computadoras, grabadoras, máquinas que diseñan su revista, archivos y su último pecado es haber aceptado ser la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras.
Lo cierto es que ha reaparecido en América Latina el Martillo de las Brujas para hacernos entrar en razón. Las mujeres no podemos revelarnos ni pensar o actuar contra la injusticia del uso y abuso de nuestros cuerpos; menos atentar describiendo o actuando como funcionarias, sobre lo que hacen los empoderados y caciques. Algo muy grave está conspirando contra los derechos de las ciudadanas y de las periodistas que decidieron dejar atrás su historia de dominación y su papel de espectadoras en un mundo que se quiere sólo reafirmar como autoritario y hostil a las otras y a los otros.
Noviembre se conoce como el mes de promoción de la tarea para eliminar la violencia contra las mujeres. La última semana en Colombia, con el amparo del gobierno y las instituciones de ese país, un nutrido grupo de periodistas discutirá cómo hacer un periodismo no sexista.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género tiene la gran oportunidad de abordar y resolver sobre la urgencia de promover en el mundo la justicia para las mujeres, sin tanta parafernalia de la tecnocracia de género. En el seno de un gobierno represor, que convendría no avalar con el silencio y la autocomplacencia.
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx
Fuente: Proceso

Calderón recorta los recursos para la atención a las víctimas del sida

Gladis Torres Ruiz
Argenpress

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) –que atiende a mujeres y hombres que viven con VIH/Sida– podría sufrir en 2010 un recorte presupuestal de 70 por ciento; asimismo, la suma destinada a los hospitales que dan atención médica a esta población descendería en 30 por ciento.

Esta situación es particularmente grave si se toma en cuenta que en el INER son hospitalizadas anualmente de 200 a 250 personas, y que la institución atiende de manera ambulatoria a 950 pacientes más, 20 por ciento de los cuales son mujeres. Lo anterior se desprende del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2010, denunciaron esta mañana en conferencia de prensa organizaciones de la sociedad civil (OSC), mismas que demandaron a la Cámara de Diputados no apoyar los “recortes que ponen en riesgo la vida de miles de personas”.

Axela Romero, de Salud Integral para la Mujer (Sipam), señaló que lo anterior deja claro que en México estamos frente a una “voluntad política autoritaria que deja de lado los derechos de las personas. Recorta lo destinado para la salud de las y los mexicanos y aumenta el presupuestos de rubros como seguridad pública; algunos otros, como el de Comunicación Social de la Presidencia, no sufren recorte alguno”. Hasta marzo de este año, en México se registraron 130 mil 969 casos de Sida, de los cuales 23 mil 095 corresponden a mujeres y 107 mil 874 a hombres, según información de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida).

Con la reducción del prepuesto se debilitaría gravemente la prevención y atención de la pandemia, lo que implicaría un déficit en la atención de los pacientes e, incluso, un aumento de la mortalidad hospitalaria a tasas superadas hace cinco años, afirmó Miguel Ángel Pulido, del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Por su parte, Rubén Valdéz, del comité de pacientes que viven con VIH/Sida del INER, afirmó que, a pesar de que la mortalidad entre ellas y ellos es muy alta, ha disminuido gradualmente en los últimos cinco años gracias a la mejor atención que les brinda personal multidisciplinario y especializado. El recorte en números El PPEF presentado por el Ejecutivo federal asignó al programa “Prevención y Atención al VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual” 133.92 millones de pesos, 59.41 millones de pesos menos que en 2009.

De esta cantidad, únicamente 34.4 millones de pesos serán asignados a los tres hospitales y los cuatro institutos que atienden a personas que viven con VIH/Sida, lo que representa un descenso presupuestal de aproximadamente 30 por ciento con respecto a 2009. El organismo más afectado es el INER, ya que a pesar de que es el instituto que hospitaliza al mayor número de pacientes con este padecimiento, en la propuesta del Ejecutivo su presupuesto se reduce en 70.78 por ciento: sólo se le asignarán 7. 37 millones de pesos de los 41 millones que el INER requiere para brindar atención. Menos dinero, más muertes En palabras de Rubén Valdéz, esta notable reducción presupuestal tendrá un impacto negativo en la población que vive con VIH/Sida, entre la que se cuentan familias completas.

Por lo regular, “el primero en llegar a hospitalizarse es el hombre; a los pocos días llega su compañera, que la mayoría de la veces también esta infectada”. Según Valdéz, esto provocará un aumento en la mortalidad hospitalaria: de cada 250 pacientes con VIH/Sida, morirán 100; asimismo, esto dificultará la obtención de fármacos especiales para tratar las enfermedades oportunistas asociadas al Sida –que son las que finalmente conducen a las y los pacientes a la muerte– y, debido a la falta de tecnología de punta, se dificultará el diagnóstico y se realizarán menos procedimientos médicos. Por todo lo anterior, añadió, “tanto el costo económico como el humano serán mucho mayores a corto, mediano y largo plazo”.

Por su parte, las OSC informaron que, en lo referente a la prevención, el Censida recibirá 22.44 millones de pesos menos que en 2009, lo que afectará la compra de condones y pruebas rápidas de detección, la realización de campañas de prevención y el financiamiento de ONG que trabajan con poblaciones clave. Ante ello las OSC, llamaron a las y los diputados a no aprobar la propuesta del Ejecutivo y a tomar en cuenta sus observaciones antes de tomar una decisión sobre el tema. Asimismo, informaron que la semana pasada sostuvieron reuniones con las comisiones de Salud, Derechos Humanos, Equidad y Género, Grupos Vulnerables y Hacienda para informarles sobre las intenciones del Ejecutivo. La salud de las y los mexicanos, a la baja Según un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 el gasto público destinado para la salud será de 354 mil 734.1 millones de pesos, lo que significa una disminución real del 0.1 por cierto con respecto a 2009.

El documento “Gasto Público en la Función Salud” indica que, no obstante, a la subfunción de Protección Social en Salud –que concentra el programa del Seguro Popular– se propone asignarle 57 mil 181.1, es decir 13.0 por ciento más que en este año. Así, de los 354 mil 734.1 millones de pesos propuestos para la salud de las y los mexicanos, 44.8 por ciento, es decir 158 mil 973 pesos, lo ejercería el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significa una disminución real de 5.1 por ciento en comparación con 2009 respecto a lo aprobado en el 2009. Para la Secretaría de Salud (SS) se destinará 24.4 por ciento, esto es, 86 mil 666.1 millones, lo que es apenas 0.3 por ciento más que el presupuesto de 2009. El CEFP precisa que para el 2010 se pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ejerza 38 mil 621.8 millones –10.9 por ciento del presupuesto en salud–, lo que significa un incremento del 9.4 por ciento respecto a lo aprobado en el 2009.

En 2008, el instituto ejerció 35 mil 221.2 millones, 9.7 por ciento menos de lo proyectado para el 2010. Asimismo, 15 por ciento se destinaría al Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con una cifra de 53 mil 100.1 millones, monto superior en 4.2 por ciento al asignado en 2009. A través de este fondo, en el 2008 se gastaron 52 mil 481.7 millones. Además, 4.9 por ciento del presupuesto, es decir, 17 mil 373.1 millones de pesos, será asignado al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Social y a las Provisiones Salariales y Económicas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar). El documento del CEFP enfatiza que para la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona se asignaron 260 mil 842.6 millones de pesos en el PEF 2010, lo que representa un decremento, en términos reales, del 0.3 por ciento con respecto a lo aprobado en el 2009.

- Fuente: http://www.argenpress.info:80/2009/10/mexico-reduce-calderon-recursos-para.html

Construir otro México

Por Lydia Cacho

He aprendido mucho desde que soy bloguera. Me fascina el ciberespacio para “hacer comunidad”, para compartir ideales, debatir ideas y descubrir perspectivas sobre lo que nos ocupa y preocupa. Y para construir movimientos sociales.
Con los años me he topado de todo. Los que navegan buscando los pequeños errores para descalificar, los que insultan o amenazan, los pesimistas endémicos, los asesinos en potencia que recomiendan aniquilar políticos. Los que critican lo que no dijimos y no lo que sí se planteó. O quienes creen que opinar sobre un caso es generalizar sobre todos. Están las angustiadas solidarias que preguntan qué hacer y cómo ayudar en tal o cual causa. Están quienes siempre aportan algo más a los textos y nos ayudan a aprender más. Y quienes se comprometen a partir de estos debates.
Durante 25 años he sido parte de un movimiento social de mujeres que ha logrado transformar efectivamente la manera en que percibimos la violencia contra mujeres, niños y niñas. Abrimos un albergue para personas con VIH-sida, hartas de sentir la angustia de saber que cientos de jóvenes en nuestra comunidad morían en el abandono médico y emocional. Años después fundé, con unas amigas, un refugio para mujeres maltratadas. Donde reconstruyen su vida con sus hijos e hijas. Es el trabajo más luminoso que he hecho en mi vida.
Nunca dejé de trabajar como periodista. Eso no me hace especial, ni heroica; sólo tomé una decisión de vida, decidí ser parte de una sociedad civil profesional, trabajar por una vida digna para mí y mi comunidad.
Sé que las transformaciones sociales tienen que ver con estrategias, no con sacrificios. Establecer una agenda concreta, como la erradicación de la violencia, implica crear mensajes precisos y actuar en congruencia; dejar de reaccionar ante el conflicto y enfocarnos en atención y prevención directa. Prevenir no es decirle a la gente lo que está mal, sino enseñarle herramientas para enfrentar y salir de esas dinámicas.
Necesitamos encontrar un discurso común sobre qué significa la violencia y qué significa la paz. Si para lograr la paz exigimos la participación del Ejército, la contradicción conceptual genera más conflictos que soluciones. Evidentemente no es fácil, porque la transformación social precisa de evolución individual. Para trabajar contra la violencia, necesitamos admitir la violencia que ejercemos todos los días en pequeña o gran escala.
La cultura nos nutre de mitos que dificultan la acción social positiva. La gente repite que la violencia es “connatural al hombre”, que la prostitución es “el negocio más antiguo de la humanidad” y que la corrupción política “es inevitable”. Pero sabemos que ejercer violencia es una decisión, que la explotación sexual es parte de una industria multimillonaria, y que los políticos deben rendir cuentas y la sociedad puede, si quiere, transformar a sus gobiernos. La fuerza de la sociedad civil no está solamente en señalar lo que está mal, sino en sus estrategias para transformarlo. Es un trabajo colectivo, y la manera de reaccionar determina nuestro papel para construir la paz o para nutrir la violencia. Cambiar el discurso sería el principio. México no es un país corrupto, muchos mexicanos eligen serlo. Los golpeadores eligen maltratar a las mujeres. La guerra-circo contra el narco no hacía falta. Se necesita enjuiciar a los gobernadores, empresarios y banqueros cómplices, no negociar con ellos. Construir la paz no es un sueño, sino una estrategia, ¿o no?

México, la Swazilandia de América

Francisco Rodríguez
Indice Político

Estamos muy lejos de ser “la Suiza americana”, pero cada vez nos acercamos más a ser la Swazilandia de este continente. Porque, de acuerdo a datos de la organización Transparencia Internacional, en materia de corrupción estamos en el mismo escalón que el pequeño reino sudafricano. El 72 de 180, nada más.
Y no nada más en ese terreno somos como los mexicanos cual los swazi, que provienen de la etnia bantú. Porque si el pequeño país al este de Mozambique no tiene salida al mar, los mexicanos ya no tenemos salidas de ningún tipo.
Allá, como aquí, los gobierna una monarquía absoluta. Aquella es dinástica, la nuestra es también hereditaria pero sexenal. Debido al VIH, allá tienen una de las más bajas esperanzas de vida, apenas 32 años y medio.
Por la violencia y el narcotráfico, la impunidad y la corrupción, en México los niños mueren a los 13 años, las jóvenes desaparecen apenas saliendo de la pubertad.
Las principales características de la organización política swazi son idénticas a las de aquí. El rey nombra a los ministros y ejerce simultáneamente las ramas ejecutiva y legislativa. El parlamento o Libandla se limita a debatir las propuestas del gobierno y a aconsejar al rey.
Por ejemplo, si uno de sus ministros es acusado de contagio por el extendido mal de la corrupción, le persuaden que ahí lo deje, para que la enfermedad se vuelva endémica, terminal.
Los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelaciones son también nombrados por el Rey. Idéntico a lo que sucede acá.
Electoralmente, en Swazilandia entonan bien las rancheras. A pesar de la aparente apertura política impulsada por el rey, debido principalmente a presiones internacionales, varios partidos políticos todavía se encuentran en la ilegalidad, existiendo incluso persecuciones políticas a aquellos miembros de los partidos antimonárquicos. ¿Le suena?
Por lo que hace a los derechos humanos el panorama se antoja similar. No ha mucho, Amnistía Internacional denunció las torturas policíacas. Un poco más civilizados que acá, allá no “corrieron” del país al equivalente de Amérigo Incalcaterra, cual sí aconteció por “este Laredo”.
El Rey Mswati III es frecuentemente criticado por vivir tan lujosamente en una nación afligida por la tasa de infección de VIH más alta del mundo. Su multitud de coches de lujo, los millones gastados en restaurar las ostentosas mansiones de sus numerosas mujeres, no es acorde a la realidad de un país en el cual aproximadamente el 34 por ciento de la población activa se encuentra desempleada, de los cuales casi el 70 por ciento vive con menos de un dólar al día, y alrededor del 39 por ciento de los adultos se encuentran infectados por el VIH.
Muy parecido, lo anterior, a las desoídas críticas que aquí frecuentemente se vierten sobre los escandalosos salarios del ocupante en turno de Los Pinos y los de su respectiva corte imperial, que en nada corresponden a los ingresos de los habitantes de una nación a la que se prometió dar empleo –aunque la oferta nunca tocó aquello de “bien remunerado”—, seguridad, salud, educación, vivienda digna, rubros en los que nuestro querido país se encuentra en los lugares más rezagados del Continente. Haití, incluido but of course.
Lejos de Suiza y de Dios. Cada vez más cerca de Swazilandia, ¿o no?
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