El tercer punto del decálogo planteado el 15 de diciembre por el presidente Felipe Calderón consiste en achicar el Congreso. Se trata de reducir la cifra de sus integrantes. El propósito quizá sea plausible, pero no necesariamente lo son las motivaciones aducidas por el Ejecutivo. Y, de ser aprobada por las cámaras cuya dimensión quedaría afectada, se inferiría una grave lesión a los derechos ciudadanos, en vez de satisfacer sus intereses como preconiza en este como en otros planteamientos la iniciativa presidencial, pues disminuiría la representación del electorado.
Se propone que el Senado tenga 96 y no 128 integrantes, para lo cual se eliminarían los 32 que en las cinco legislaturas más recientes han sido elegidos mediante una lista nacional a través del sistema de representación proporcional, más propio de la cámara popular que de la que concreta el pacto federal. La Cámara de Diputados también sería de menor tamaño, para que en vez de 500 quede en 400 el número de sus integrantes. Para eso se suprimirían 40 de las 200 curules ocupadas por candidatos de listas plurinominales. Y el número de distritos en que se efectúa la elección mayoritaria se reduciría de 300 a 240. Esa parte del achicamiento del Congreso perjudicaría la relación numérica entre ciudadanos y legisladores, pues cada diputado representaría un número mayor que el actual, lo que significa que representa menos a cada ciudadano. Hasta la reforma de 1977 el número de diputados se establecía conforme a un criterio demográfico cuya tasa obligaba a incrementar el número de distritos de tanto en tanto, hasta que se estableció el número fijo que ha prevalecido por treinta años.
Las causas por las que esta reforma es necesaria, a juicio del Ejecutivo, y los logros que con ella se obtendrían, también en su opinión, no son sostenibles. Asegura Calderón que se trata de “dar mayor eficiencia al trabajo legislativo y reconocer la exigencia ciudadana de evitar un uso dispendioso de sus recursos”. En ese punto se revela el populismo legislativo que hace suyo el Presidente de la república, porque pone en el centro de la reforma del Congreso su costo y no su funcionamiento, que no es atacado por ninguna de las propuestas de su decálogo decembrino. No puede negarse que el Poder Legislativo es groseramente costoso, como lo son los otros poderes, y que es preciso atender la exigencia ciudadana de gastar menos en su funcionamiento. Pero el ahorro de 32 dietas senatoriales y 100 de diputados, siendo significativo, no es el que se necesita practicar, porque resulta menor comparado con los recursos que se entregan a las fracciones parlamentarias y los francamente dispendiosos de los viajes y comodidades de nuevos ricos que los senadores y diputados se asignan a sí mismos. De ser aprobada la reforma, el Senado tendrá una sede muy holgada, concebida para las dimensiones actuales. Haber construido el edificio de Paseo de la Reforma, a cuya conclusión se destinan este año todavía enormes sumas, es el género de derroches que hay que evitar, porque aquella cámara tuvo desde el diseño original del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en los setentas, su propio espacio en san Lázaro. Hoy la obra negra abandonada en ese lugar es emblema del desperdicio de recursos. Puede parecer una exageración plantearlo, pero la modificación de fondo del presupuesto senatorial debería obligar a ese órgano del Congreso a vender su descomunal nueva casa (que bien podría interesar a los expertos del mercado inmobiliario, aun con las adaptaciones que fuese preciso emprender) y quedarse en Xicoténcatl mientras se recupera y alista el ala oriente del Palacio Legislativo.
No es verdad, como por implicación establece el Ejecutivo, que achicar las cámaras permita dar “mayor eficiencia al trabajo legislativo”. No hay un solo dato que evidencie lo contrario, que el tamaño de la representación dificulte las tareas parlamentarias, que seguirían siendo como son con una composición menos numerosa de las cámaras. Como dijimos ayer, una minoría se ocupa de su funcionamiento, y su ineficacia no resulta de que los legisladores se atropellen al ingresar a las sesiones o a que colmen los recintos de reunión de las comisiones. Sólo se ganaría tiempo, y con ello se aligeraría un factor de la eficiencia legislativa, en las muy contadas ocasiones en que se vota mediante el depósito de papeletas en las urnas. Por lo mismo, tampoco es sostenible que “esta reforma facilitará la construcción de acuerdos y permitirá una toma de decisiones más rápida y efectiva en beneficio de los ciudadanos”.
La aprobación reciente de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no benefició a los ciudadanos, pero ello no fue motivado por el número de legisladores.
Pueden en cambio obrar perjuicios a los ciudadanos la enmienda al mecanismo de elección senatorial incluida en este punto. Con el pretexto —que más parece adulatorio de una ciudadanía que hasta donde mi memoria alcanza no se ha manifestado a este respecto— de que sean los ciudadanos y no los partidos los que decidan la integración del Senado, la modificación propuesta (“los ciudadanos emitirán un voto que definirá cuántos escaños obtiene cada partido y quienes tienen preferencia para ocuparlos, es decir, la decisión de quién encabeza la representación en el Senado”) es innecesaria, porque ya es posible lograr algunos de sus objetivos con el sistema actual, y peligrosa porque se instituyen diferencias entre los senadores.— México, D.F.
karina_md2003@yahoo.com.mx
Se propone que el Senado tenga 96 y no 128 integrantes, para lo cual se eliminarían los 32 que en las cinco legislaturas más recientes han sido elegidos mediante una lista nacional a través del sistema de representación proporcional, más propio de la cámara popular que de la que concreta el pacto federal. La Cámara de Diputados también sería de menor tamaño, para que en vez de 500 quede en 400 el número de sus integrantes. Para eso se suprimirían 40 de las 200 curules ocupadas por candidatos de listas plurinominales. Y el número de distritos en que se efectúa la elección mayoritaria se reduciría de 300 a 240. Esa parte del achicamiento del Congreso perjudicaría la relación numérica entre ciudadanos y legisladores, pues cada diputado representaría un número mayor que el actual, lo que significa que representa menos a cada ciudadano. Hasta la reforma de 1977 el número de diputados se establecía conforme a un criterio demográfico cuya tasa obligaba a incrementar el número de distritos de tanto en tanto, hasta que se estableció el número fijo que ha prevalecido por treinta años.
Las causas por las que esta reforma es necesaria, a juicio del Ejecutivo, y los logros que con ella se obtendrían, también en su opinión, no son sostenibles. Asegura Calderón que se trata de “dar mayor eficiencia al trabajo legislativo y reconocer la exigencia ciudadana de evitar un uso dispendioso de sus recursos”. En ese punto se revela el populismo legislativo que hace suyo el Presidente de la república, porque pone en el centro de la reforma del Congreso su costo y no su funcionamiento, que no es atacado por ninguna de las propuestas de su decálogo decembrino. No puede negarse que el Poder Legislativo es groseramente costoso, como lo son los otros poderes, y que es preciso atender la exigencia ciudadana de gastar menos en su funcionamiento. Pero el ahorro de 32 dietas senatoriales y 100 de diputados, siendo significativo, no es el que se necesita practicar, porque resulta menor comparado con los recursos que se entregan a las fracciones parlamentarias y los francamente dispendiosos de los viajes y comodidades de nuevos ricos que los senadores y diputados se asignan a sí mismos. De ser aprobada la reforma, el Senado tendrá una sede muy holgada, concebida para las dimensiones actuales. Haber construido el edificio de Paseo de la Reforma, a cuya conclusión se destinan este año todavía enormes sumas, es el género de derroches que hay que evitar, porque aquella cámara tuvo desde el diseño original del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en los setentas, su propio espacio en san Lázaro. Hoy la obra negra abandonada en ese lugar es emblema del desperdicio de recursos. Puede parecer una exageración plantearlo, pero la modificación de fondo del presupuesto senatorial debería obligar a ese órgano del Congreso a vender su descomunal nueva casa (que bien podría interesar a los expertos del mercado inmobiliario, aun con las adaptaciones que fuese preciso emprender) y quedarse en Xicoténcatl mientras se recupera y alista el ala oriente del Palacio Legislativo.
No es verdad, como por implicación establece el Ejecutivo, que achicar las cámaras permita dar “mayor eficiencia al trabajo legislativo”. No hay un solo dato que evidencie lo contrario, que el tamaño de la representación dificulte las tareas parlamentarias, que seguirían siendo como son con una composición menos numerosa de las cámaras. Como dijimos ayer, una minoría se ocupa de su funcionamiento, y su ineficacia no resulta de que los legisladores se atropellen al ingresar a las sesiones o a que colmen los recintos de reunión de las comisiones. Sólo se ganaría tiempo, y con ello se aligeraría un factor de la eficiencia legislativa, en las muy contadas ocasiones en que se vota mediante el depósito de papeletas en las urnas. Por lo mismo, tampoco es sostenible que “esta reforma facilitará la construcción de acuerdos y permitirá una toma de decisiones más rápida y efectiva en beneficio de los ciudadanos”.
La aprobación reciente de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no benefició a los ciudadanos, pero ello no fue motivado por el número de legisladores.
Pueden en cambio obrar perjuicios a los ciudadanos la enmienda al mecanismo de elección senatorial incluida en este punto. Con el pretexto —que más parece adulatorio de una ciudadanía que hasta donde mi memoria alcanza no se ha manifestado a este respecto— de que sean los ciudadanos y no los partidos los que decidan la integración del Senado, la modificación propuesta (“los ciudadanos emitirán un voto que definirá cuántos escaños obtiene cada partido y quienes tienen preferencia para ocuparlos, es decir, la decisión de quién encabeza la representación en el Senado”) es innecesaria, porque ya es posible lograr algunos de sus objetivos con el sistema actual, y peligrosa porque se instituyen diferencias entre los senadores.— México, D.F.
karina_md2003@yahoo.com.mx
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