25 febrero 2010
“Se propone reformar y adicionar 31 articulos constitucionales (…) Suplencia en caso de falta o incapacidad absolutas del titular del Poder Ejecutivo”.
Propuesta de Reforma Política del PRI.
I
Que la renuncia de Fernando Gómez Mont a la militancia de toda su vida en el Partido Acción nacional adviértese como parte de una acción premeditada –propia de un complot-- que no pocos estudiosos del poder político describirían sin hipérbole como un contragolpe de Estado.
Al renunciar a su militancia panista, el señor Gómez Mont podría ser designado, si la reforma política priísta es aprobada, encargado interino de la Presidencia de la República si Felipe Calderón es removido, como podría ocurrir, del cargo que espuriamente ejerce.
Hágase la salvedad de que el texto completo de la reforma política priísta está disponible en el sitio “web” del senador Manlio Fabio Beltrones, quien es el coordinador de la bancada “tricolor” en la cámara alta colegiada del Poder Legislativo. El leyente la puede consultar allí.
Prosigamos. Formalmente, don Fernando no sería un militante panista si potencial encargado de la Presidencia de la República hasta concluir el sexenio en 2012 o, antes, si la reforma política priísta fuere aprobada, y el Poder Legislativo nombrare un interino.
Éste es, desde luego, aclárese, un escenario prospectivo posible que, si dicha reforma política priísta fuere aprobada, adquiriría el atributo de probable. ¿Por qué? Empecemos por los antecedentes del caso, para discernir los componentes constitutivos del contexto del contragolpe.
Dentro de ese contexto del contragolpe que instalaría, según la reforma política priísta –opuesta a las calderonista y perredista— a don Fernando como encargado de Los Pinos, se pondría fin al interregno panista de nueve años de alternancia fallida en el ejercicio del poder presidencial.
II
Véase, si no, la ilación dialéctica de los elementos constitutivos del caso:
Don Felipe desgobierna en un vacío de poder y parálisis ejecutivas, con las consecuencias dramáticas y espectaculares, evidentísimas, de la debacle económica, política y social que estruja con laceración brutal --en carne viva, pues, y en el alma nacional-- a México y los mexicanos.
Ese desgobierno tiene, por supuesto, orígenes lejanos y cercanos. Los cercanos se emblematizan en la asunción de facto –mediante actuaciones equivalentes a las de un “coup d´État” o golpe de Estado— del señor Calderón como jefe formal de gobierno y de Estado en 2006.
Ese “coup” fue diseñado y consumado por el antecesor del señor Calderón, Vicente Fox, cuyas manipulaciones no pocas veces cínicas y arrogantes se tradujeron en el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declaró válida la elección y ungió a don Felipe.
El dictamen es un testimonio fehaciente, histórico ya, de ese golpe de Estado, que empezó en 2003 con las acciones legaloides en agravio de Andrés Manuel López Obrador, seguida con una colosal campaña mediática de difamación y terror financiada con dinero que sospecharíase sucio.
En ese dictamen, el Trife incurrió en un alarde de maromerismo preceptivo y prescriptivo burdo, pues en vez de apoyarse en la Constitución para elaborar y emitir su fallo sustentó éste sobre las premisas de códigos electorales. No anuló la elección, pese al abrumador desaseo foxista.
La definición de golpe de Estado no sólo es técnica, sino también acusadamente políica, con arreglo a las premisas de las ciencias políticas. Un grupo en el poder se refuerza a sí mismo para perpetuarse un sexenio más usando los entramados y andamiajes institucionales del poder.
III
Y una acción para neutralizar o rectificar o revertir un golpe de Estado es, por definición, un contragolpe, distinto –como lo describen bien los politólogos franceses e italianos-- del golpe de fuerza, civil o militar, que violenta incluso a las instituciones del poder político.
Empero, el desgobierno del señor Calderón como titular del Poder Ejecutivo y cabeza formal del Estado mexicano ha creado descontento tan extendido y hondo que cincela condiciones etno y sociopsicológicas favorables a la remoción del mandatario bajo cualesquier medios.
De hecho, se extiende rápidamente la campaña de recoger firmas exigiendo la renunica del señor Calderón, además de otras expresiones societales orientadas en esa misma dirección y fines. El clima es favorable para la reforma política priísta que incluya la remoción de don Felipe.
Regístranse varias manifestaciones de una creciente insurrección cívica, no del todo articulada en lo ideológico e incluso ni en lo político ni en lo organizativo, en búsqueda de atajos y vías cortas y alimentarias conducentes a un cambio de forma, más no de raíz, en el statu quo.
Tocante a los orígenes lejanos de la debacle, aquellos se remontan al sexenio de Miguel de la Madrid, dominado tras bambalinas por su entonces secretario de despacho de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas. En ese presidencialado se plantó la simiente de la debacle de hoy.
El surco había sido abonado por los predecesores del señor De la Madrid –defenestrado perversamente hace poco por el propio don Carlos--, de Miguel Alemán a José López Portillo, por crear condiciones propicias a la implantación autoritaria, draconiana, del neoliberalismo.
ffponte@gmail.com
Propuesta de Reforma Política del PRI.
I
Que la renuncia de Fernando Gómez Mont a la militancia de toda su vida en el Partido Acción nacional adviértese como parte de una acción premeditada –propia de un complot-- que no pocos estudiosos del poder político describirían sin hipérbole como un contragolpe de Estado.
Al renunciar a su militancia panista, el señor Gómez Mont podría ser designado, si la reforma política priísta es aprobada, encargado interino de la Presidencia de la República si Felipe Calderón es removido, como podría ocurrir, del cargo que espuriamente ejerce.
Hágase la salvedad de que el texto completo de la reforma política priísta está disponible en el sitio “web” del senador Manlio Fabio Beltrones, quien es el coordinador de la bancada “tricolor” en la cámara alta colegiada del Poder Legislativo. El leyente la puede consultar allí.
Prosigamos. Formalmente, don Fernando no sería un militante panista si potencial encargado de la Presidencia de la República hasta concluir el sexenio en 2012 o, antes, si la reforma política priísta fuere aprobada, y el Poder Legislativo nombrare un interino.
Éste es, desde luego, aclárese, un escenario prospectivo posible que, si dicha reforma política priísta fuere aprobada, adquiriría el atributo de probable. ¿Por qué? Empecemos por los antecedentes del caso, para discernir los componentes constitutivos del contexto del contragolpe.
Dentro de ese contexto del contragolpe que instalaría, según la reforma política priísta –opuesta a las calderonista y perredista— a don Fernando como encargado de Los Pinos, se pondría fin al interregno panista de nueve años de alternancia fallida en el ejercicio del poder presidencial.
II
Véase, si no, la ilación dialéctica de los elementos constitutivos del caso:
Don Felipe desgobierna en un vacío de poder y parálisis ejecutivas, con las consecuencias dramáticas y espectaculares, evidentísimas, de la debacle económica, política y social que estruja con laceración brutal --en carne viva, pues, y en el alma nacional-- a México y los mexicanos.
Ese desgobierno tiene, por supuesto, orígenes lejanos y cercanos. Los cercanos se emblematizan en la asunción de facto –mediante actuaciones equivalentes a las de un “coup d´État” o golpe de Estado— del señor Calderón como jefe formal de gobierno y de Estado en 2006.
Ese “coup” fue diseñado y consumado por el antecesor del señor Calderón, Vicente Fox, cuyas manipulaciones no pocas veces cínicas y arrogantes se tradujeron en el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declaró válida la elección y ungió a don Felipe.
El dictamen es un testimonio fehaciente, histórico ya, de ese golpe de Estado, que empezó en 2003 con las acciones legaloides en agravio de Andrés Manuel López Obrador, seguida con una colosal campaña mediática de difamación y terror financiada con dinero que sospecharíase sucio.
En ese dictamen, el Trife incurrió en un alarde de maromerismo preceptivo y prescriptivo burdo, pues en vez de apoyarse en la Constitución para elaborar y emitir su fallo sustentó éste sobre las premisas de códigos electorales. No anuló la elección, pese al abrumador desaseo foxista.
La definición de golpe de Estado no sólo es técnica, sino también acusadamente políica, con arreglo a las premisas de las ciencias políticas. Un grupo en el poder se refuerza a sí mismo para perpetuarse un sexenio más usando los entramados y andamiajes institucionales del poder.
III
Y una acción para neutralizar o rectificar o revertir un golpe de Estado es, por definición, un contragolpe, distinto –como lo describen bien los politólogos franceses e italianos-- del golpe de fuerza, civil o militar, que violenta incluso a las instituciones del poder político.
Empero, el desgobierno del señor Calderón como titular del Poder Ejecutivo y cabeza formal del Estado mexicano ha creado descontento tan extendido y hondo que cincela condiciones etno y sociopsicológicas favorables a la remoción del mandatario bajo cualesquier medios.
De hecho, se extiende rápidamente la campaña de recoger firmas exigiendo la renunica del señor Calderón, además de otras expresiones societales orientadas en esa misma dirección y fines. El clima es favorable para la reforma política priísta que incluya la remoción de don Felipe.
Regístranse varias manifestaciones de una creciente insurrección cívica, no del todo articulada en lo ideológico e incluso ni en lo político ni en lo organizativo, en búsqueda de atajos y vías cortas y alimentarias conducentes a un cambio de forma, más no de raíz, en el statu quo.
Tocante a los orígenes lejanos de la debacle, aquellos se remontan al sexenio de Miguel de la Madrid, dominado tras bambalinas por su entonces secretario de despacho de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas. En ese presidencialado se plantó la simiente de la debacle de hoy.
El surco había sido abonado por los predecesores del señor De la Madrid –defenestrado perversamente hace poco por el propio don Carlos--, de Miguel Alemán a José López Portillo, por crear condiciones propicias a la implantación autoritaria, draconiana, del neoliberalismo.
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