18 febrero 2010
Pocos casos de corrupción se han documentado con tanto detalle como el del programa Procampo por EL UNIVERSAL. Son ya siete largos meses donde se detallan mecanismos, funcionarios y beneficiarios de este pestilente saqueo a la nación. Y tal vez lo más escandaloso es que el gobierno calderonista no ha hecho absolutamente nada.
Una larga cadena de abusos todavía más ominosos porque se trata, una vez más, de despojar a los que menos tienen desde el poder político, económico y ahora también del crimen organizado. La perversión de un programa que nació en el México salinista de hace 15 años supuestamente con el propósito de apoyar a los campesinos más pobres que se veían afectados por la competencia desquiciadamente ventajosa de la maquinaria agrícola gringa. Una brutal asimetría provocada paradójicamente por la implementación de lo que se presentaba como la maravillosa panacea neoliberal: el Tratado de Libre Comercio.
Un barril sin fondo por el que han salido tan pronto como llegan más de 171 mil millones de pesos, que en su mayor parte han sido robados por las garras voraces de los abusivos de siempre, con la complicidad de los gobiernos priístas y panistas por igual. Lo mismo con Salinas, que con Zedillo, luego Fox y ahora Calderón.
Y en todos los casos la burla gigantesca de que, del total de 2 millones 700 mil beneficiarios, un 80% de los empadronados pobres recibe una limosna de apenas 700 pesos al año. Mientras que, en sentido contrario, el privilegiado 20% de influyentes se llevan el 73% de recursos millonarios.
Con todo, el verdadero perjuicio no es sólo el saqueo voraz del dinero, sino el daño irreparable que todos estos pulpos chupeteadores —que diría el gran Palillo— le han causado a la nación. Porque la sustracción que esos ríos de billetes ha significado: el deterioro cada vez más cruel de un campo que pierde anualmente medio millón de hectáreas productivas; un agro que de tan pobre expulsa a por lo menos 400 mil migrantes que ya no van a buscar ningún sueño sino apenas la sobrevivencia; una miseria que provoca esa otra migración interna de decenas de miles de jornaleros de los estados más pobres como Oaxaca, que con todo y familias andan errantes en campamentos misérrimos y explotados por los grandes terratenientes y empresas transnacionales que se han apoderado de lo que queda del campo mexicano.
Pero lo más grave es que los gobiernos panistas recientes han oficializado el saqueo al más alto nivel. En la Secretaría de Agricultura primero con Javier Usabiaga, el llamado Rey del Ajo, y luego con los socios Alberto Cárdenas y Javier Mayorga quien, con toda su parentela, aparece hermanado con familias tan distinguidas como los Guzmán Loera, los Beltrán Leyva y toda una caterva de apellidos ilustres, todos ellos rateros de pluma fuente porque ni siquiera han estado jamás en un surco.
En resumen, el miasma del Procampo y la Sagarpa se le está desbordando al gobierno de Felipe Calderón. Que no sólo nos debe una explicación a todos los mexicanos, sino requiere de acciones urgentes para detener a las sanguijuelas antes de que sea demasiado tarde y quede marcado para siempre.
Una larga cadena de abusos todavía más ominosos porque se trata, una vez más, de despojar a los que menos tienen desde el poder político, económico y ahora también del crimen organizado. La perversión de un programa que nació en el México salinista de hace 15 años supuestamente con el propósito de apoyar a los campesinos más pobres que se veían afectados por la competencia desquiciadamente ventajosa de la maquinaria agrícola gringa. Una brutal asimetría provocada paradójicamente por la implementación de lo que se presentaba como la maravillosa panacea neoliberal: el Tratado de Libre Comercio.
Un barril sin fondo por el que han salido tan pronto como llegan más de 171 mil millones de pesos, que en su mayor parte han sido robados por las garras voraces de los abusivos de siempre, con la complicidad de los gobiernos priístas y panistas por igual. Lo mismo con Salinas, que con Zedillo, luego Fox y ahora Calderón.
Y en todos los casos la burla gigantesca de que, del total de 2 millones 700 mil beneficiarios, un 80% de los empadronados pobres recibe una limosna de apenas 700 pesos al año. Mientras que, en sentido contrario, el privilegiado 20% de influyentes se llevan el 73% de recursos millonarios.
Con todo, el verdadero perjuicio no es sólo el saqueo voraz del dinero, sino el daño irreparable que todos estos pulpos chupeteadores —que diría el gran Palillo— le han causado a la nación. Porque la sustracción que esos ríos de billetes ha significado: el deterioro cada vez más cruel de un campo que pierde anualmente medio millón de hectáreas productivas; un agro que de tan pobre expulsa a por lo menos 400 mil migrantes que ya no van a buscar ningún sueño sino apenas la sobrevivencia; una miseria que provoca esa otra migración interna de decenas de miles de jornaleros de los estados más pobres como Oaxaca, que con todo y familias andan errantes en campamentos misérrimos y explotados por los grandes terratenientes y empresas transnacionales que se han apoderado de lo que queda del campo mexicano.
Pero lo más grave es que los gobiernos panistas recientes han oficializado el saqueo al más alto nivel. En la Secretaría de Agricultura primero con Javier Usabiaga, el llamado Rey del Ajo, y luego con los socios Alberto Cárdenas y Javier Mayorga quien, con toda su parentela, aparece hermanado con familias tan distinguidas como los Guzmán Loera, los Beltrán Leyva y toda una caterva de apellidos ilustres, todos ellos rateros de pluma fuente porque ni siquiera han estado jamás en un surco.
En resumen, el miasma del Procampo y la Sagarpa se le está desbordando al gobierno de Felipe Calderón. Que no sólo nos debe una explicación a todos los mexicanos, sino requiere de acciones urgentes para detener a las sanguijuelas antes de que sea demasiado tarde y quede marcado para siempre.
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