Las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, parecen haber sido sacadas del más reciente informe del influyente centro Stratfor Global Intelligence. La efectividad del uso de los militares en tareas de combate al narcotráfico no se obtiene con “simplemente poner la botas en el sueño”, señala el estudio. Reconoce que el Ejército Mexicano cada vez es más señalado de violar los derechos humanos de los civiles, llevar a cabo operativos y registros no autorizados, torturar sospechosos y ocasionar la muerte de civiles cuando los confunden con “tiradores hostiles”.
Elaborado por Stephen Meiners y Fred Burton, el estudio señala que en su visita a México, Richard Gil Kerlikowske, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, se limitó a afirmar que Estados Unidos se compromete a reducir el uso de drogas, apoyar la aplicación de la ley contra los narcotraficantes y a trabajar con otros países en la definición de las áreas de producción y trasvase hacia su país.
Lo que a este funcionario le faltó mencionar fue el posicionamiento de Estados Unidos sobre el papel que juega el Ejército Mexicano en la batalla contra los cárteles de la droga. Los autores del análisis subrayan que durante la estancia de Kerlikowske en México, estaba en su apogeo el debate sobre el rol que deben jugar las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico y las denuncias contra ellas por sus abusos contra los derechos civiles a lo largo del territorio.
El análisis de Stratfor describe que la decisión que tomó el mandatario mexicano cuando asumió el cargo, en diciembre de 2006, de desplegar más de “35 mil tropas federales” en las operaciones de seguridad en todo el país, “ha acaparado los titulares” de la prensa nacional e internacional. Aunque los anteriores presidentes también recurrieron a las fuerzas armadas en operaciones antinarcóticos, sólo lo hicieron en casos aislados, puntualiza.
El análisis explica que la participación de los militares con la estrategia de Calderón “alcanzó nuevas alturas”. Destaca que las operaciones encomendadas al Ejército en este momento asumen una amplia gama de tareas que se agrupan en tres categorías. La primera, consiste en desarrollar funciones que tradicionalmente han emprendido las fuerzas armadas de México, como la captura de información técnica y la vigilancia marítima y aérea, así como la intercepción. Para ejecutar esas misiones, las fuerzas armadas están bien adaptadas, pues tienen el equipo, la formación y la experiencia para realizarlas.
La segunda incluye la tradicional aplicación de la ley civil y las obligaciones judiciales. Esto incluye las detenciones, el procesamiento y condena a los acusados, así como la imposición de penas. Meiners y Burton describen que estas tareas, tradicionalmente en manos de las autoridades civiles, ahora también se ejecutan por los militares.
La “zona gris”
El papel de los militares mexicanos en la guerra del cártel refiere que existe una tercera misión que constituye una “zona gris”. Son misiones que se superponen entre las fuerzas armadas de México y los organismos de aplicación de la ley, y es en esa zona en la que los militares se han involucrado cada vez más durante los últimos años. Esas acciones son también las que han ocasionado mayor controversia, debido a que las tropas fueron puestas en contacto más estrecho con la población civil.
Las tareas más sobresalientes de esa “zona gris”, que comparten los militares y las dependencias de aplicación de la ley, incluyen: la erradicación de cultivos de droga y las incautaciones en laboratorios de metanfetaminas, la inmigración indocumentada y el control de aduanas, los allanamientos y detenciones de alto valor, así como tareas generales de seguridad pública y aplicación de la ley.
En las labores de erradicación e incautaciones, el estudio de Stratfor señala que éstas han sido una tarea compartida tanto por militares como por las dependencias de aplicación de la ley.
En cuanto a la vigilancia de la inmigración y el control de aduanas en los puntos de salida, los autores consideran que las fuerzas armadas han desempeñado “un papel clave”. En algunas de las incautaciones de drogas más notables de los últimos años, incluida la incautación de cocaína más grande del país en Manzanillo, durante noviembre de 2009, tuvo participación el Ejército.
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